El procedimiento administrativo puede iniciarse: Por cualquier ciudadano. Por quienes tienen la vecindad administrativa. Solo por la Administración. Por la Administración o por los interesados.
La fase de instrucción consiste en: La iniciación del procedimiento. Las actuaciones para esclarecer los hechos. La última parte del procedimiento. La fase de preparación de los funcionarios.
Antes de iniciarse un procedimiento el órgano competente: Puede resolver anticipadamente. Puede adoptar medidas provisionales. No debe investigar sobre el asunto. Debe abrir un periodo de información pública.
El órgano competente ha de resolver sobre las medidas provisionales en: El plazo de 15 días como máximo. El plazo de 10 días El plazo de entre 15 y 20 días. El plazo de 5 días hábiles.
La presentación de denuncia puede implicar: La iniciación de procedimiento a instancia de parte. La iniciación de procedimiento de oficio. El archivo de las medidas provisionales. La presentación de medidas provisionales.
Tras la petición de otros órganos, el competente: Debe iniciar el procedimiento. Puede no iniciar el procedimiento. Debe solicitar de su superior la apertura del procedimiento. Ninguna de las respuestas es correcta.
La denuncia: Otorga la condición de interesado a quien la presenta. Debe presentarse por escrito. No conlleva la condición de interesado a quien la presenta. Debe presentarse por medios telemáticos.
La solicitud de iniciación de procedimiento debe indicar entre otras: La edad del solicitante. La vecindad administrativa del solicitante. Domicilio habitual del solicitante. Fundamento jurídico de la petición.
La solicitud de iniciación de procedimiento puede presentarse en: En cualquier ayuntamiento. En todas las Diputaciones provinciales. En las oficinas de correos. En las oficinas del Congreso de los Diputados.
Si en la solicitud falta información que debe incluirse: Se archiva la solicitud. Se adoptan medidas provisionales. Se concede un plazo de 15 días para subsanar la solicitud. Se puede instar a los interesados para que mejoren la solicitud.
El acuerdo de iniciación debe: Incluir el sentido del silencio en el caso de que se produzca. Adoptarse, aunque la solicitud tenga defectos. Publicarse en el BOE. Indicar los trámites a realizar.
La declaración responsable: Se debe presentar en la práctica de las pruebas. Supone el compromiso de que una persona ejerce un actividad o derecho. Se hace por el órgano competente. Supone que se puede ejercer el derecho tras caer resolución.
La instrucción del procedimiento: Se tramita por el órgano competente para resolver. No se puede tramitar por el órgano competente para resolver. Se tramita por el instructor. No es obligatoria en el procedimiento.
El impulso de oficio del procedimiento: Supone que el procedimiento se inicia de oficio. Supone que es el interesado el que debe dar paso a los siguientes trámites. Supone que la Administración vela por el desarrollo del procedimiento. Supone que se han de cumplir los plazos establecidos.
El principio de contradicción: Supone la posibilidad de hacer alegaciones por los interesados. Implica que cualquier ciudadano puede hacer alegaciones. Supone que hay que aclarar los trámites confusos. Supone la preponderancia de la Administración en el procedimiento.
El dies a quo: Es siempre el primer día del procedimiento. Es el día en que termina el cómputo del plazo. Es el día que comienza el cómputo del plazo. Es el día que termina el procedimiento.
Si los plazos se computan por horas: Se entiende que son hábiles. No ha de contarse nunca las 12 horas. Se entiende que son días naturales. No pueden tener una duración superior a 48 horas.
Los días naturales: Incluyen sábados domingos y festivos. No incluyen sábados ni domingos. Excluyen los festivos. No pueden ser objeto de cómputo por días.
Salvo disposición expresa, los informes: Son siempre vinculantes. Son facultativos y vinculantes. Son facultativos y no vinculantes. Son preceptivos.
Los interesados pueden hacer alegaciones: En cualquier momento del procedimiento antes del trámite de audiencia. Siempre tras el trámite de audiencia. Solo si son titulares de derechos subjetivos. Solo si son titulares de intereses legítimos.
La valoración de las pruebas en el procedimiento se hace según criterios establecidos en: La Ley de enjuiciamiento criminal. La Ley de enjuiciamiento civil. La Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. La Ley del régimen jurídico del sector público.
Los hechos considerados probados en sentencia penal firme: No vinculan a la Administración sancionadora. Vinculan a la Administración sancionadora si son desfavorables. Vinculan a la Administración sancionadora. Vinculan a la Administración si son favorables.
Quienes participan en el trámite de información pública: Se consideran interesadas en el procedimiento. Son interesadas en el procedimiento si son titulares de derechos. No son interesadas por el solo hecho de participar en este trámite. Son interesadas si son titulares de intereses legítimos.
La resolución del procedimiento: Solo puede decidir las cuestiones planteadas por los interesados. Ha de decidir las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del procedimiento. Solo puede ser expresa. Puede empeorar la situación jurídica del solicitante.
Cuando el interesado desiste en el procedimiento: Reniega de sus derechos sobre el procedimiento. Manifiesta su interés en no continuar en el procedimiento. No puede volver a reiniciarlo. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
La declaración de caducidad de un procedimiento sancionador: No interrumpe el plazo de prescripción de las infracciones. Interrumpe el plazo de prescripción de infracciones. Impide a la Administración iniciar otro procedimiento sancionador. Produce el silencio negativo.
La terminación convencional: Puede versar sobre cualquier materia. No puede versar sobre materias indemnizatorias. Debe publicarse siempre. Puede suponer la finalización del procedimiento.
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