Planificación y Gestión de Políticas Públicas

La segunda fase del proceso de planificación es: La evaluación. La investigación de base. La programación. La ejecución.

Una vez examinadas la realidad, los recursos y las necesidades, estamos en condiciones de formular: El presupuesto. El diagnóstico de la situación. El reglamento interno. La evaluación final.

El diagnóstico social permite conocer: El balance de la situación y la magnitud del déficit existente. Únicamente los recursos económicos. Solo las necesidades futuras. Exclusivamente la organización administrativa.

En la etapa de programación deben formularse: Los presupuestos generales. Las prioridades de acción. Las normas jurídicas. Las auditorías externas.

El establecimiento de prioridades se justifica porque: Siempre existen más recursos que necesidades. Las necesidades superan a los recursos disponibles. Los recursos son ilimitados. Todas las necesidades pueden atenderse simultáneamente.

Establecer prioridades supone: Atender todas las necesidades al mismo tiempo. Jerarquizar las alternativas de acción según las necesidades y los recursos disponibles. Eliminar las necesidades menos importantes. Incrementar automáticamente el presupuesto.

El proceso de ordenación de prioridades fija: Los salarios del personal. Las necesidades que serán atendidas y los plazos para iniciar las acciones. Los criterios de evaluación. Las competencias de las Administraciones.

Según Ander-Egg, la pregunta «¿Qué se quiere hacer?» hace referencia a: Los objetivos. La naturaleza del programa y el tipo de actividades a realizar. Los recursos económicos. La localización geográfica.

La pregunta «¿Para qué se va a hacer?» se refiere a: La financiación. Los objetivos generales, intermedios y particulares. La duración del programa. Los recursos humanos.

La pregunta «¿Cuánto se va a hacer?» consiste en: Traducir cuantitativamente los objetivos y expresarlos en metas. Calcular el presupuesto. Determinar el personal necesario. Establecer la metodología.

La pregunta «¿Por qué se va a hacer?» pretende determinar: La localización geográfica. El origen, fundamento y las necesidades que justifican el programa. El calendario de actividades. Los indicadores de evaluación.

La pregunta «¿Cómo se va a hacer?» hace referencia a: El aspecto metodológico-operativo del programa. La duración del proyecto. La evaluación final. La localización territorial.

Dentro de las medidas administrativas se incluyen: Las disposiciones legales y la contratación del personal. Los indicadores sociales. Los mapas de recursos. Las técnicas de evaluación.

Las medidas financieras hacen referencia a: La elaboración del presupuesto. La contratación de profesionales. La evaluación diagnóstica. La localización geográfica.

Las medidas tecnológicas consisten en: Elaborar el calendario. Elegir las técnicas que se utilizarán. Formular objetivos. Seleccionar la población destinataria.

La pregunta «¿Dónde se va a hacer?» hace referencia a: Los recursos humanos. La localización geográfica del programa. La evaluación del proyecto. La financiación.

La pregunta «¿Cuándo debe hacerse?» se refiere a: La calendarización de las actividades. La evaluación económica. La contratación del personal. La formulación de políticas.

La pregunta «¿Cómo se va a costear?» implica: Determinar los recursos materiales y financieros necesarios. Seleccionar los objetivos. Diseñar los indicadores. Formular el diagnóstico.

La pregunta «¿Quién o quiénes lo van a hacer?» pretende conocer: La disponibilidad de recursos humanos. El presupuesto total. La localización geográfica. La evaluación de resultados.

Según Redondo de la Serna y Friedman, la primera actividad básica de la programación consiste en: Formular objetivos y metas específicas. Elaborar el presupuesto. Diseñar la evaluación. Crear los Mapas de Servicios Sociales.

La segunda actividad básica de la programación consiste en: La formulación de políticas. La evaluación de resultados. La implementación del programa. La asignación presupuestaria.

La formulación de políticas tiene como finalidad: Dirigir la consecución de un objetivo mediante políticas colaterales. Sustituir los programas. Elaborar únicamente el presupuesto. Diseñar la evaluación final.

Según el manual, el elemento decisivo de la planificación es: El presupuesto. La formulación de programas. La evaluación. La investigación de base.

Un programa puede definirse como: Un conjunto articulado de medidas concretas dirigidas al cumplimiento de un mismo objetivo. Un documento presupuestario. Un conjunto de normas jurídicas. Una evaluación diagnóstica.

Los programas deben jerarquizarse según: El número de profesionales. El grado de prioridad de los objetivos y el tiempo de aplicación. El presupuesto disponible. La población del municipio.

El diseño del plan se realiza: A medida que se dispone de mayor información sobre el fenómeno objeto de intervención. Antes de realizar el diagnóstico. Después de la evaluación final. Sin necesidad de información previa.

La determinación de proyectos parte de: Todos los objetivos del plan simultáneamente. Uno solo de los objetivos planteados en el programa. La evaluación diagnóstica. La planificación estratégica.

De cada programa se derivan: Varios proyectos de actuación. Un único proyecto obligatorio. Una única evaluación. Un único presupuesto.

Los proyectos contienen: Medidas específicas de actuación para lograr los objetivos. Únicamente previsiones económicas. Solo indicadores sociales. Exclusivamente normas administrativas.

Según el manual, los proyectos deben: Estar enumerados con precisión, especificar su duración, prever el coste económico y vincularse a un programa u objetivo. Contener únicamente un presupuesto. Carecer de duración determinada. Ser independientes del programa.

Para alcanzar el éxito de la planificación se requiere: Objetividad, racionalidad y objetivos realistas. Exclusivamente aumentar el presupuesto. Reducir el número de objetivos. Centralizar toda la gestión.

Según el manual, uno de los obstáculos para una planificación plenamente racional es que: No siempre existe un decisor completamente racional. Siempre existe información suficiente. Los objetivos son siempre perfectamente claros. Nunca aparecen conflictos.

La formulación del problema dentro de la agenda pública surge porque: No todas las necesidades reciben la misma atención por parte de los responsables políticos. Todos los problemas se convierten automáticamente en políticas públicas. La Administración responde siempre a todas las demandas. No existen recursos limitados.

Según Meny y Thoening, una de las visiones sobre el origen de la política pública sostiene que: La población plantea demandas que son canalizadas por partidos políticos y grupos de interés. Los ciudadanos nunca participan en la agenda pública. Solo los jueces elaboran políticas públicas. La agenda surge exclusivamente por decisiones económicas.

La denominada «tiranía de la oferta» considera que: Son las autoridades públicas quienes modelan las necesidades de la población. Las necesidades nacen exclusivamente de los ciudadanos. Los partidos políticos carecen de influencia. Las asociaciones vecinales determinan todas las políticas.

Una tercera visión sobre el nacimiento de la política pública destaca: La influencia de los grupos de presión y la interacción entre actores. La desaparición de los conflictos. El predominio absoluto del mercado. La inexistencia de negociación.

Según el manual, la agenda del sistema político se caracteriza por: Plantear problemas definidos de forma muy general. Ofrecer soluciones concretas y detalladas. Elaborar exclusivamente normas jurídicas. Limitarse a cuestiones económicas.

La agenda de gobierno se caracteriza porque: Define los problemas de forma más precisa y propone soluciones concretas. Solo recoge demandas ciudadanas generales. Carece de medidas específicas. Se limita a estudios sociológicos.

En la formación de la agenda pública debe tenerse en cuenta: El grado de apoyo al problema, su impacto social y la viabilidad de la solución. Únicamente el presupuesto disponible. Solo la opinión de los expertos. Exclusivamente el número de afectados.

Entre los elementos que analiza Subirats para la formación de la agenda se encuentra: La organización de los grupos afectados. El salario de los funcionarios. El crecimiento del PIB. La estructura del sistema tributario.

La tercera fase del proceso de planificación es: La investigación de base. La programación. La implementación. La evaluación.

La finalidad de los programas y proyectos es: Elaborar estudios teóricos. Ponerlos en práctica para producir los resultados de cambio deseados. Diseñar presupuestos. Elaborar estadísticas.

Según Eugene Bardach, implementar un programa es: Un proceso automático. Más difícil que diseñarlo sobre el papel. Una tarea exclusivamente administrativa. Un procedimiento sin dificultades.

El estudio de la implementación de programas sociales comenzó a desarrollarse especialmente: En la década de 1950. En la década de 1960. En la década de 1970. En la década de 1990.

El interés por estudiar la implementación surgió, entre otras razones, por: El éxito de todos los programas sociales. El fracaso de numerosos programas impulsados por las administraciones Kennedy y Johnson. La desaparición del Estado del bienestar. La reducción del gasto social.

Según Subirats, implementar un programa: Equivale simplemente a ejecutarlo. No puede identificarse con una ejecución automática. Consiste únicamente en aplicar una norma. Es una actividad exclusivamente burocrática.

La implementación se sitúa entre: La evaluación y el seguimiento. La definición política o normativa y la evaluación de resultados. La investigación y el diagnóstico. La programación y el presupuesto.

La «implementation research» pone el énfasis en: Los aspectos causales de los éxitos y fracasos de los programas. La elaboración del presupuesto. La contratación de personal. La planificación económica.

Desde un punto de vista operativo, la implementación se ocupa de determinar: Los medios necesarios para poner en marcha el programa. Únicamente el presupuesto. Solo la normativa aplicable. Exclusivamente los recursos humanos.

Según Levitt, uno de los factores técnicos de la implementación es: La naturaleza del problema. La organización política. La negociación sindical. La evaluación económica.

¿Cuál de los siguientes pertenece a los factores técnicos de Levitt?. Cronograma. Naturaleza del problema. Relaciones entre organizaciones. Instrumentos para la política.

Entre los factores administrativos señalados por Levitt se encuentra: El cronograma. La severidad del problema. El papel de las organizaciones. El estado del conocimiento técnico.

¿Cuál de los siguientes es un factor administrativo?. Costes financieros y recursos. Naturaleza del problema. Organizaciones interesadas. Relaciones entre organizaciones.

Entre los factores interorganizacionales figura: Las organizaciones interesadas. El cronograma. La severidad del problema. El conocimiento técnico.

La responsabilidad de la fase de implementación corresponde principalmente al ámbito de: La investigación. La gestión. La legislación. La evaluación.

Según Bueno Abad, durante la implementación debe contemplarse: El conocimiento de los recursos disponibles. Únicamente el control presupuestario. Solo la contratación de personal. Exclusivamente la evaluación final.

Entre los requisitos de la implementación se encuentra: Una clara especificación de quién debe tomar las decisiones. La eliminación de la coordinación. La supresión del control. La desaparición del calendario de actuación.

También resulta necesario durante la implementación: Coordinar todos los elementos personales que intervienen en la gestión y aplicación del programa. Reducir la participación de los profesionales. Eliminar las previsiones económicas. Evitar el control de actuaciones.

Según Bueno Abad, uno de los aspectos metodológicos fundamentales de la ejecución del programa es: Los sistemas de organización. La reforma constitucional. La descentralización política. La negociación colectiva.

El presupuesto por programas constituye: Una presentación sistemática de las actividades del programa en función de las metas y de su coste de ejecución. Únicamente una previsión de ingresos. Un documento exclusivamente contable. Una evaluación final del programa.

Según Bueno Abad, el presupuesto por programas debe incluir: Únicamente los gastos de personal. La descripción del programa o subprograma, los gastos o ingresos y los indicadores económicos. Solo el presupuesto anual. Exclusivamente los objetivos generales.

En la descripción del programa o subprograma debe figurar: El ámbito de actuación, el objetivo general, su cuantificación, la periodicidad y el orden de prioridad. Únicamente el presupuesto. Solo la evaluación final. Exclusivamente el personal asignado.

Los indicadores económicos del presupuesto por programas deben presentarse: Solo al finalizar el programa. Durante y al final del ejercicio. Antes del inicio del programa. Únicamente cuando existan incidencias.

La investigación sobre implementación de programas se conoce como: Planning research. Implementation research. Social research. Policy evaluation.

El enfoque «Top-Down» se caracteriza porque: La acción se desarrolla de abajo arriba. Las decisiones siguen una trayectoria de arriba abajo. Los usuarios diseñan las políticas. Los funcionarios sustituyen a los responsables políticos.

En el modelo «Top-Down» los objetivos fijados por los decisores: Son modificados libremente por quienes ejecutan el programa. Son cumplidos por los ejecutores sin ponerlos en tela de juicio. Carecen de importancia. Son sustituidos por decisiones locales.

Según Mazmanian y Sabatier, para asegurar una implementación efectiva es necesario que: Los objetivos de la política sean claros y consistentes. Los objetivos permanezcan ambiguos. Se elimine la legislación. No exista evaluación.

La legislación debe incorporar: Una teoría causal adecuada. Exclusivamente normas sancionadoras. Solo previsiones presupuestarias. Únicamente indicadores económicos.

Según Mazmanian y Sabatier, los responsables de la implementación deben: Poseer suficiente capacidad política y de gestión. Limitarse a tareas administrativas. Carecer de autonomía. Actuar únicamente bajo supervisión judicial.

Para una implementación efectiva el programa debe recibir: El apoyo de grupos organizados y legisladores clave. Únicamente financiación internacional. Solo apoyo de los medios de comunicación. Exclusivamente respaldo judicial.

Una de las condiciones señaladas por Mazmanian y Sabatier consiste en evitar que: Cambios políticos o socioeconómicos desplacen la prioridad de los objetivos. Existan evaluaciones. Se elaboren indicadores. Se formulen programas.

Cuando no existe una teoría causal válida, los autores proponen: Incorporar procesos de aprendizaje, investigación y evaluación. Suprimir la política. Eliminar los programas piloto. Actuar únicamente mediante intuición.

Si los objetivos de una ley son ambiguos, se recomienda: Clarificarlos mediante el proceso de enmiendas. Mantenerlos sin cambios. Eliminar la ley. Posponer su aplicación.

Cuando la implementación no recae sobre instancias plenamente comprometidas, resulta necesaria: La intervención de actores externos independientes. La supresión de la evaluación. La eliminación de la participación ciudadana. La centralización absoluta.

Si no existe un control sistemático de la implementación, este debe conseguirse mediante: La recopilación sistemática de datos e informes periódicos. La eliminación de indicadores. La reducción del presupuesto. La sustitución del programa.

Desde la perspectiva «Top-Down» existen fundamentalmente dos grupos de actores: Ciudadanos y asociaciones. Políticos y ejecutores administrativos. Empresas públicas y privadas. Jueces y fiscales.

Uno de los principios básicos del modelo «Top-Down» es: La primacía jerárquica de la autoridad. La ausencia de jerarquía. La igualdad entre todos los niveles administrativos. La descentralización absoluta.

Según el modelo «Top-Down», la Administración debe actuar: Con neutralidad política y sin cuestionar las decisiones políticas. Modificando libremente las decisiones políticas. Sustituyendo a los representantes políticos. Elaborando las políticas públicas.

Otro valor del enfoque «Top-Down» consiste en: La búsqueda del principio de eficiencia. La eliminación del control. La ausencia de planificación. La improvisación constante.

El enfoque «Bottom-Up» plantea que: El proceso debe analizarse desde los resultados e impactos hacia el diseño inicial, considerando la influencia de múltiples actores. Las decisiones solo pueden proceder de la cúspide administrativa. La implementación debe ser completamente automática. Los actores sociales no influyen en el desarrollo del programa.

El gran desafío actual de los Estados de Bienestar es: La privatización de los servicios sociales. El desarrollo e implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. La desaparición de la planificación social. La reducción del gasto público.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aparecen bajo el auspicio de: La Unión Europea. La OCDE. La ONU. El Consejo de Europa.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio estuvieron vigentes durante el período: 1995-2010. 2000-2015. 2005-2020. 2010-2025.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio estaban dirigidos principalmente a: Todos los países del mundo. Los países con menos recursos económicos. Los países europeos. Los países miembros de la OCDE.

La principal innovación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es: Que solo incluyen objetivos económicos. Que relacionan inclusión social, crecimiento económico y protección del medio ambiente. Que sustituyen las políticas sociales. Que solo se aplican a países desarrollados.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen carácter: Regional. Europeo. Universal. Nacional.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron elaborados por: Expertos exclusivamente. Estados miembros de la ONU, sociedad civil, expertos y otros sectores. La Comisión Europea. El Banco Mundial.

La Agenda 2030 incluye como objetivo: Erradicar la pobreza en todas sus formas. Reducir el número de Administraciones Públicas. Privatizar los servicios sociales. Eliminar la cooperación internacional.

Según el manual, de los ODS se deduce: La separación entre desarrollo social y medioambiental. La imbricación entre los aspectos sociales y medioambientales. La prioridad exclusiva del crecimiento económico. La desaparición del Estado del bienestar.

El Big Data se caracteriza por: La disminución de la información disponible. El enorme volumen de datos y nuevas estrategias para recopilarlos y gestionarlos. La desaparición de las estadísticas. La reducción del uso de tecnologías.

Según el texto, el Big Data permite: Identificar patrones y predecir resultados mediante programas informáticos. Sustituir completamente a los profesionales. Eliminar la investigación social. Reducir la participación ciudadana.

Entre los riesgos del Big Data para el bienestar social se encuentran: La polarización de las desigualdades y la discriminación. La desaparición del Estado. La eliminación de la pobreza. El aumento automático de la igualdad.

Según la Universidad de Cardiff, las Administraciones deben: Mantener el carácter público de los datos y de la metodología utilizada. Publicar todos los datos personales. Permitir el acceso libre a cualquier dato. Eliminar la protección de datos.

La Universidad de Cardiff también propone: Favorecer la participación de la sociedad civil y de los usuarios. Reducir la participación ciudadana. Delegar la gestión exclusivamente en empresas privadas. Eliminar la intervención pública.

Otra recomendación de la Universidad de Cardiff es: Proteger los datos privados para evitar la discriminación. Hacer públicos los historiales personales. Eliminar la privacidad. Compartir libremente los datos personales.

Según la Universidad de Cardiff, los ciudadanos deben: Poder optar por no participar en la recopilación de datos personales. Estar obligados a facilitar todos sus datos. Ceder siempre sus datos a empresas privadas. Compartir toda su información sanitaria.

Las personas que analicen datos relacionados con el bienestar social necesitan formación: Exclusivamente informática. Técnica, humana y ética. Jurídica únicamente. Económica exclusivamente.

Según Dunleavy, el Big Data constituye: Una herramienta de gestión pública. Un sistema judicial. Un procedimiento estadístico. Un método exclusivamente económico.

El modelo desarrollado por Dunleavy recibe el nombre de: SMART. NATOE. SWOT. PESTEL.

Según el manual, el Big Data puede contribuir principalmente a: Organizar mejor los servicios, mejorar la asignación de subvenciones y sistematizar la información. Reducir el número de profesionales. Eliminar la planificación social. Sustituir completamente la intervención humana.