Practica en derecho internacional
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Título del Test:![]() Practica en derecho internacional Descripción: Máster de acceso a la abogacía y a la procura 2024 |




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1.- La orden de detención europea: a. Se aplica en todos los países que forman parte de la Unión Europea. b. Sólo se aplica en los países que forman parte del espacio Schengen. c. Se aplica en todos los países miembros de la OSCE. 2.- Para la emisión de la orden de detención europea: a. Es requisito necesario que antes de hayan agotado los recursos internos. b. Es requisito necesario que exista un procedimiento penal contra la persona respecto de quien se va a emitir la orden. c. Es requisito necesario que exista un procedimiento penal, o civil de mayor cuantía, contra la persona respecto de quien se va a emitir la orden. 3.- La autoridad competente en España para ejecutar una orden de detención europea es: a. El Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional cuando el reclamado es mayor de edad. b. La Sala Segunda, de lo penal, del Tribunal Supremo. c. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma donde se haya seguido el procedimiento La. 4.- La Corte Penal Internacional posee competencia sobre: a. Genocidio, terrorismo, crímenes de lesa humanidad y violaciones al art.3 a común a los Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolo Adicional II. b. Violaciones del art.3 común a los Convenios de Ginebra y violaciones de las leyes y usos de la guerra, genocidio, terrorismo y agresión. c. Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. 5.-La Corte Penal Internacional tendrá competencia para enjuiciar: a. Los crímenes cometidos por un nacional de un Estado Parte exclusivamente. b. Los crímenes cometidos en el territorio de un Estado Parte, en el territorio de un Estado no Parte si lo comete un nacional de un Estado Parte y en el territorio de cualquier Estado, si el asunto es remitido por el Consejo de Seguridad. c. Los crímenes cometidos contra un nacional de un Estado Parte exclusivamente. 6.- Pueden remitir un asunto ante la Corte Penal Internacional: a. Exclusivamente el Fiscal. b. Un Estado Parte, el Consejo de Seguridad o el Fiscal. c. Sólo los tribunales nacionales. 7.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está compuesto por: a. El Tribunal de Justicia propiamente dicho y el Tribunal General. b. El Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública. c. El Tribunal de Justicia, el Tribunal Genera y el Tribunal de Primera Instancia. 8.- Conforme al Derecho de la Unión Europea, la competencia para conocer de los recursos interpuestos por un Estado miembro contra el Parlamento Europeo o Consejo corresponde: a. Únicamente al Tribunal de Justicia propiamente dicho. a. Exclusivamente al Tribunal General. b. Al Tribunal de Justicia y al Tribunal General. 9.- Conforme al Derecho de la Unión Europea, la competencia sobre las cuestiones prejudiciales: a. Es exclusiva del Tribunal General. b. Es exclusiva del Tribunal de Justicia. c. Es compartida por los dos tribunales. 10.- La petición de decisión prejudicial en la UE debe referirse: a. A la interpretación o a la validez del Derecho de la UE. b. A la interpretación o a la validez del Derecho nacional. c. A cuestiones de hecho suscitadas en el litigio nacional. 11.- El órgano jurisdiccional nacional está obligado a someter una petición de decisión prejudicial al TJUE: a. Siempre que las decisiones del asunto pendiente no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho Interno. b. Cuando las decisiones del asunto pendiente no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho Interno, a menos que exista ya una jurisprudencia asentada en la materia o no quepa ninguna duda razonable sobre el modo correcto de interpretar la norma jurídica. c. Cuando así lo soliciten las partes en el litigio nacional pendiente de resolución. 12.-En el procedimiento prejudicial previsto en el Derecho de la UE, la fase oral: a. Es necesaria siempre y sin excepciones. b. Puede no desarrollarse, de manera que el TJUE resuelva sin que tenga ésta lugar. c. No existe, puesto que el procedimiento se compone sólo de fase escrita. 13.- El Convenio Europeo de Derechos Humanos: a. establece que cualquier persona física o jurídica puede presentar una queja por violación de derechos humanos ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa. b. establece que los particulares, víctimas de violaciones de derechos humanos, pueden presentar directamente sus demandas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. c. establece un sistema de protección de los derechos humanos del que se benefician todas las personas sometidas a la jurisdicción de un Estado parte. 14.- Respecto al requisito de agotamiento de los recursos internos, si el derecho interno prevé varios recursos paralelos en diferentes jurisdicciones, que tienen esencialmente el mismo objetivo: a. el demandante está obligado a utilizar únicamente uno de ellos. b. el demandante ha de interponer todos los recursos previstos. c. el demandante que ha intentado obtener reparación a través de uno de estos recursos, está obligado a utilizar los otros previstos en el derecho interno. 15.- Tras la entrada en vigor del Protocolo nº 15, el plazo para presentar una demanda ante el TEDH es: a. cuatro meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. b. cinco meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. c. seis meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. 16.- La Directiva 2013/32/UE, sobre procedimientos de asilo se aplica: a. A las solicitudes de asilo presentadas en el territorio de los Estados miembros de la UE que han de aplicarla, en particular en las fronteras, en las aguas territoriales y en las zonas de tránsito. b. A las solicitudes de asilo diplomático presentadas en las representaciones de los Estados miembros. c. A las solicitudes de asilo territorial presentadas en las representaciones de los Estados miembros. 17.-Conforme a la Directiva 2013/32/UE, los solicitantes de asilo: a. Tienen siempre derecho a permanecer en el territorio de un Estado miembro de la UE hasta que se adopte una decisión sobre su solicitud o durante el proceso de revisión judicial en el caso de que se haya presentado recurso. b. Tienen derecho a permanecer en el territorio de un Estado miembro en las situaciones anteriormente señaladas, pero con excepciones como en caso de ciertas solicitudes repetidas o en casos de extradición. c. No tiene derecho de permanencia en el Estado miembro durante el examen de la solicitud. 18.- Conforme a la Directiva 2013/32/UE, las decisiones sobre las solicitudes de asilo: a. Se han de adoptar en un plazo máximo de seis meses, sin posibilidad de prórroga. b. Se han de adoptar en un plazo máximo de seis meses, con posibilidad de prórroga. c. Se han de adoptar en un plazo máximo de 4 meses, sin posibilidad de prórroga. 19.- El Tribunal Internacional de Justicia: a. está formado por 15 jueces con un mandato de nueve años, siendo los jueces reelegibles. b. está formado por 18 jueces con un mandato de nueve años, siendo los jueces reelegibles. c. está formado por 14 jueces con un mandato de nueve años, no siendo los jueces reelegibles. 20.-Cualquier Estado miembro de Naciones Unidas puede aceptar la competencia obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia: a. mediante la declaración unilateral prevista en el artículo 36 del Estatuto del TIJ. b. mediante la ratificación del Estatuto del TIJ. c. mediante una declaración formulada al ratificar la Carta de Naciones Unidas y el Estatuto del TIJ. 21.-El Tribunal Internacional de Justicia puede pronunciarse en vía contenciosa sobre: a. todas las controversias de orden jurídico que le sean sometidas por los Estados partes en las mismas. b. cualquier controversia de orden jurídico que le sea sometida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. c. cualquier controversia de orden jurídico entre dos o más Estados, sin necesidad de consentimiento de las partes, siempre que el Consejo de Seguridad lo autorice. 22.-Las principales funciones de un asesor jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores son: a. Precaver, responder, defender y juzgar. b. Precaver, responder y defender. c. Precaver, responder y mediar. 23.- En las negociaciones de tratados internacionales, la labor más habitual de la asesoría jurídica es: a. Ser un miembro más de la delegación española y apoyar en los escollos jurídicos que surjan durante la negociación. b. Participar en la negociación sólo en el momento de la ratificación del tratado. c. Apoyar a la delegación española en las consultas jurídicas que puedan surgir, pero exclusivamente como asesor externo a la delegación. 24.- En las actividades propias del poder legislativo, la Asesoría Jurídica: a. No desempeña ningún papel, se limita a la asesoría en cuestiones de política exterior. b. Participa activamente en la elaboración de anteproyectos de ley en materias relacionadas con el Ministerio de Asuntos Exteriores. c. Tiene prohibido participar para respetar la neutralidad política de sus actuaciones. 25.- Nueces Mouriño, empresa portuguesa con sede en Lisboa, demanda en Lisboa a NAVIERAS TRES SL, empresa española con sede en Valencia, por provocar un accidente en el puerto de Lisboa. Le preguntan como abogado por la competencia judicial y la ley aplicable al fondo de la controversia. a. Los tribunales portugueses pueden ser competentes y la ley aplicable, en defecto de acuerdo, es la ley portuguesa. b. Los únicos tribunales competentes son los tribunales portuguese y la ley aplicable es, en todo caso, la ley portuguesa. c. Los únicos tribunales competentes son los tribunales españoles en tanto que tribunales del domicilio del demandado, pero la ley aplicable es, en defecto de acuerdo, la ley portuguesa. 26. Contrato de compraventa de semiconductores entre español y portugués. La entrega se pacta el Lisboa. El contrato no tiene cláusula de sumisión a tribunales. La mercancía llega y el empresario portugués no paga. El español quiere saber dónde puede demandar. a. Solamente en España. b. Solamente en Portugal. c. Tanto en España como en Portugal, a su elección. 27.- En un contrato celebrado entre una empresa española y otra italiana para el suministro de una determinada mercancía en España: a. Las partes únicamente pueden pactar la ley aplicable al contrato en el momento de la celebración. b. Las partes no pueden elegir el derecho aplicable al contrato, rige la ley española. c. Las partes pueden pactar el derecho aplicable al contrato en cualquier momento. 28. D. EVL y Dña. IJI, ambos nacionales españoles y con residencia en España, contratan a un estudio de arquitectura ubicado en Tokyo para arreglar su casa en Marbella. En el contrato acuerdan que todos los aspectos relativos al diseño, así como otros detalles se realizarán en nueve meses. El contrato contiene una cláusula de jurisdicción en favor de los Tribunales españoles, pero no así sobre el derecho aplicable. Ante la insatisfacción de los contratantes estos deciden interponer demanda ante los Tribunales españoles. ¿Qué ordenamiento jurídico regulará el asunto?. a. El derecho español dado que se produce unión del fórum-ius y, por tanto, el tribunal que conoce del asunto aplica su derecho interno. b. Con independencia de elección de ley será aplicable el ordenamiento jurídico japonés. c. Ante la falta de elección de ley será aplicable el derecho japonés por corresponder la residencia del prestador del servicio. 29.- Unos importantes laboratorios franceses, fabricantes también en España, tienen conocimiento de la violación por parte de una empresa española con domicilio en Madrid, de una de sus patentes más relevantes, que describe la composición y proceso de fabricación de una medicación para combatir la infertilidad. El producto “copiado” se está comercializando por distintos países de la UE y Marruecos, causándoles un grave perjuicio económico. Los laboratorios franceses quieren interponer una demanda contra la empresa española. a. Puede demandar bien ante los tnales españoles por ser el lugar donde se produce el hecho causal, bien ante los tribunales de cada uno de los países donde se produjo el perjuicio económico. b. Con carácter previo deben pactar la jurisdicción. c. Puede acudir únicamente a los tribunales españoles por ser de los del domicilio del demandado. 30.- La declaración de ausencia de una ciudadana canadiense cuyo único domicilio estuvo en Elche se rige por: a. La ley canadiense. b. La ley española y, subsidiariamente, la ley canadiense. c. Únicamente la ley española. 31.- Un tribunal de Miami (USA) dicta una resolución de divorcio en la que se contiene una condena de alimentos a favor de un menor residente en España. Según el Convenio de La Haya de 2007, la decisión en materia de alimentos que se pretende reconocer en España: a. Debe ser reconocida previo examen de los motivos de denegación del R. 4/2009. b. Será reconocida sin procedimiento alguno de acuerdo con las normas de la LCJI. c. Puede ser denegada, entre otros, si en España ya existía un procedimiento abierto entre las mismas partes y con el mismo objeto. 32.- La aplicación del Convenio de La Haya 1996 sobre protección internacional de menores a efectos de reconocimiento de una decisión extranjera se aplicará por las autoridades españolas: a. Para determinar el derecho aplicable, dado que el CLH de 1996 sobre protección internacional de menores no regula el reconocimiento de decisiones. b. Para reconocer decisiones que provengan de un tercer Estado que sea parte del CLH de 1996 sobre protección internacional de menores. c. Para reconocer decisiones que provengan de otro Estado miembro de la UE que también sea parte del CLH de 1996 sobre protección internacional de menores. 33. Henry, nacional australiano, y Jane, nacional maltesa, residieron juntos en Barcelona. Para Jane, de esa relación nació su hijo, Juan. Henry se niega a reconocerlo. En la actualidad Henry reside en Londres y Jane en Bruselas. Jane advierte a Henry que va a proceder a demandarle, solicitando se reconozca la filiación de su hijo, y le propone a Henry que conozcan los tribunales de Barcelona. Henry le pregunta a usted como abogado si es posible pactar la sumisión a los tribunales de Barcelona en este caso. Su respuesta debe ser: a. Sí es posible, si se cumplen los requisitos que establece la LOPJ. b. No es posible, la autonomía de la voluntad no opera en este ámbito. c. Sí es posible, si se cumplen los requisitos del Código Civil. 34. Si un extranjero residente en España se dirige a usted como abogado y le pregunta cómo hacer testamento válido, la respuesta correcta será: a. Debe hacerlo conforme a lo que disponga su ley nacional. b. Debe hacerlo conforme al derecho español. c. Puede atenerse a lo que disponga su ley nacional o la ley española por ser la del país de su residencia habitual. 35. Dos cónyuges de nacionalidad marroquí litigan ante los tribunales españoles sobre su divorcio y accesoriamente la obligación de alimentos para las dos hijas menores. Según el Protocolo de La Haya de 2007 sobre ley aplicable a la obligación de alimentos: a. En defecto de elección de ley para este procedimiento específico, se aplicará a la ley de la residencia habitual del acreedor de alimentos. b. En defecto de elección de ley para este procedimiento específico, se aplicará la ley de la nacionalidad común de los cónyuges y de las menores. c. No es posible la elección de ley para este procedimiento específico al tratarse de obligación de alimentos para menores de edad. 36. La capacidad para contraer matrimonio de dos extranjeros residentes en España se rige: a. Por la ley española por ser la de su residencia habitual. b. Por la ley española por ser el país de celebración del matrimonio. c. Por la ley nacional de cada uno de los contrayentes. 37. Se insta en España la declaración de ausencia de una ciudadana francesa cuyo último domicilio estuvo en Ibiza. Los tribunales españoles,. a. Pueden conocer de la declaración de ausencia y fallecimiento de acuerdo con lo establecido en la LOPJ. b. No tienen competencia pues la ley aplicable a los efectos de la declaración de ausencia es la ley nacional del desaparecido (ley francesa). c. Puede conocer de la declaración de ausencia y fallecimiento de acuerdo con lo establecido en el R. 650/2012. 39. Testamento mancomunado otorgado por dos españoles en Austria (Estado que tiene ratificado el Convenio de La Haya 1961 sobre forma de los testamentos). Se plantea su validez en España, suponiendo que sí son válidos conforme al ordenamiento jurídico austríaco. a. Debe considerarse válido en España. b. Debe considerarse inválido en España por aplicación de la cláusula de orden público. c. Solo puede considerarse válido en España cuando el testamento se eleve a público ante notario español. 39. Carles y Dolors, de nacionalidad española y vecindad civil catalana, celebraron su matrimonio el 26 de febrero de 2019 en Barcelona. Tras la celebración del matrimonio trasladan su residencia habitual común a Niza (Francia). En defecto de elección por las partes, la ley aplicable al régimen económico matrimonial será: a. La española por ser la de la nacionalidad común en el momento de la celebración del matrimonio. b. La legislación catalana por ser la ley con la que ambos cónyuges tenían la conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio. c. La francesa por ser la de la primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio. 40. De acuerdo con el Reglamento Roma I, el principal punto de conexión para determinar la ley aplicable al contrato: a. La autonomía de la voluntad de las partes. b. La residencia habitual de las partes. c. El lugar de celebración del contrato. 41. Un hijo mayor de edad, nacido de una relación extramatrimonial que su madre mantuvo con un profesor de nacionalidad francesa y residente en Francia, se plantea ahora la posibilidad de una acción de reclamación de filiación. Siendo como son competentes los tribunales españoles, la ley aplicable a la admisibilidad de dicha acción sería: a. La ley francesa por ser la correspondiente a la nacionalidad del presunto padre. b. La ley española por ser la de la residencia habitual del hijo. c. La ley española por ser la de la nacionalidad del hijo. 42. Se insta en España la declaración de ausencia de una ciudadana francesa cuyo último domicilio estuvo en Ibiza. Dicha persona tiene bienes inmuebles en España. ¿Qué ley regirá las causas por las que se puede declarar ausente a dicha persona?. a. La ley de situación de los bienes inmuebles. b. La ley de la última residencia habitual. c. La ley de la nacionalidad. 43. Un ciudadano sudafricano y una ciudadana británica residentes en España desean contraer matrimonio en Alicante. Según lo dispuesto en el Código Civil, podrá celebrarse el matrimonio de acuerdo con: a. La forma establecida por la ley del lugar de celebración, pero no por la forma establecida por la ley personal. b. La forma prescrita para los españoles o cumpliendo la establecida por la ley personal de cualquiera de ellos. c. La forma establecida por la ley personal pero no la forma prescrita para los españoles. 44. De acuerdo con lo establecido en el Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional,. a. Incluye en su ámbito de aplicación las normas de ley aplicable a la adopción internacional. b. Cabe la conversión de la adopción simple constituida en el Estado de origen si la ley del Estado de recepción lo permite y cumplidas las condiciones del Convenio respecto de los consentimientos otorgados. c. Incluye en su ámbito de aplicación las normas de competencia judicial que determinarán la autoridad competente ante la que ha de constituirse la adopción internacional. 45. La elección de la conexión residencia habitual para determinar la competencia y la ley aplicable supone: a. La división entre el fórum y el ius de forma que la autoridad competente aplicará el ordenamiento que más convenga a la situación. b. La unidad fórum-ius, pero propiciando con ello la aplicación de un ordenamiento extranjero. c. La unidad fórum-ius evitando la aplicación de un ordenamiento extranjero. 46. Contrato de prestación de servicios entre español y francés. El servicio consiste en que la parte española recolectará toda la producción agrícola de una finca sita en Burdeos. El contrato no tiene ni cláusula de sumisión a tribunales ni cláusula de ley aplicable. El español quiere saber dónde puede demandar y qué ley rige el contrato: a. Depende del tribunal competente: si se plantea la demanda en España se aplicará la ley española; si se plantea la demanda en Francia se aplicará la ley francesa. b. Solo puede demandar en España y el contrato se rige por la ley española. c. Solo puede demandar en Francia y el contrato se rige por la ley española. 47. En una televisión española, un importante miembro del Gobierno hace públicas unas declaraciones en las que acusa a un conocido deportista francés de dopaje. Ante esta situación, el afectado decide iniciar las acciones legales pertinentes. a. Podrá hacerlo ante lo tnales españoles quienes en aplicación de la norma de conflicto de fuente interna determinarán el derecho aplicable. b. Podrá hacerlo ante los Tribunales franceses quienes en aplicación del R. Roma II determinarán el derecho aplicable. c. Podrán hacerlo ante los Tribunales franceses quienes en aplicación del R. Bruselas I refundido determinarán el derecho aplicable. 48. El Certificado Sucesorio Europeo creado en el marco del R. 650/2012: a. Es un título que permite a los herederos, legatarios y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia probar su cualidad de tales en otros Estados miembros y ejercer sus derechos. b. El Reglamento no prevé ningún certificado sucesorio. c. Es un título que permite la inscripción de la sucesión en cualquier Estado miembro. 49. Según el R. 1215/2012, en relación con litigios relativos a la titularidad de derechos derivados de la propiedad industrial, el conocimiento de la acción corresponde exclusivamente a: a. Los órganos jurisdiccionales del Estado donde se haya producido la infracción de los derechos. b. El Reglamento 1215/2012 no contempla un foro exclusivo para estos litigios. c. Los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro. 50. Un señor de nacionalidad alemana y residente en Lyon (Francia) se encapricha con un apartamento en la Costa del Sol del que es propietario un amigo suyo también alemán y residente en Lyon. Celebran el contrato en Lyon y el nuevo adquirente formaliza la inscripción en el Registro de la Propiedad. Comenzado el disfrute del mismo descubre que adolece de serios vicios que requieren enorme reparación. De modo que eso altera, cuanto menos, el precio establecido en el contrato. El vendedor lo niega, así que se plantea emprender una acción judicial. a. Serán competentes los tribunales españoles por ser los del lugar donde radica el inmueble. b. Pueden ser competentes los tribunales franceses por ser los del lugar de celebración del contrato. c. Pueden ser competentes los tribunales que escoja el demandante. 52. En un contrato celebrado entre una empresa española y una italiana, para el suministro de una determinada mercancía en España, en previsión de diferencias futuras: a. Las partes únicamente pueden pactar la jurisdicción en el momento de la celebración del contrato. b. Las partes únicamente deben someterse a los foros objetivos de competencia en materia de contratos internacionales. c. Las partes pueden pactar la jurisdicción a la que querrían someterse en cualquier momento anterior a la iniciación del litigio incluso a falta de pacto expreso pueden someterse por sumisión tácita. 52. En el supuesto de un menor de nacionalidad extranjera y residente en España, sometido a tutela, la ley aplicable al poder de disposición de los bienes por parte del tutor: a. Lo que disponga la ley nacional del menor. b. Cabe escoger entre lo que disponga la ley nacional del menor y la ley española. c. La ley española por coincidir con la residencia habitual del menor. 53. Dos particulares nacionales portugueses y con residencia en Lisboa firman un contrato de arrendamiento sobre un apartamento que uno de ellos tiene en Formentera para el alquiler del inmueble dos meses en verano. El demandante podrá presentar la demanda: a. Al ser foro exclusivo de competencia solo ante los Tribunales españoles conforme al artículo de la LOPJ. b. Indistintamente ante los Tribunales españoles o ante los portugueses. c. Únicamente ante los Tribunales españoles conforme al R. Bruselas I refundido. 54. Si un extranjero residente en España se dirige a usted como abogado y le pregunta cómo hacer testamento válido, la respuesta correcta sería: a. Debe hacerlo conforme al derecho español. b. Debe hacerlo conforme a lo que disponga su ley nacional. c. Puede atenerse a lo que disponga su ley nacional o la ley española por ser la del país de su residencia habitual. 55. Se pretende la restitución de un cuadro que un empresario español con residencia en Madrid ha trasladado sin autorización a una instalación en Estoril (Portugal). Le preguntan, como abogado, el tribunal ante el que plantear la demanda. Su respuesta es: a. Solo puede demandar ante los tribunales portugueses. b. Solo puede demandar ante los tribunales españoles. c. Puede demandar tanto ante los tribunales portugueses como españoles. 56. Henry, nacional australiano, y Jane, nacional maltesa, han establecido su residencia en Barcelona. Pretenden contraer matrimonio en esta ciudad y someter el régimen económico matrimonial al Derecho maltés. a. Conforme a la norma aplicable, el sometimiento a derecho maltés no es posible. b. Conforme a la norma aplicable, el sometimiento a derecho maltés es posible. c. Conforme a la norma aplicable, solo es posible el sometimiento a derecho español, pues es en España donde tiene su residencia y España será el lugar de celebración del matrimonio. 57. La autonomía conflictual limitada en el marco del Reglamento 2016/1103 supone: a. Que las partes podrán elegir cualquier ordenamiento jurídico como derecho aplicable. b. Que las partes no podrán elegir el derecho aplicable salvo que se lo autorice la autoridad ante el que se presenta la demanda. c. Que las partes podrán elegir el derecho aplicable si bien solo entre los ordenamientos que la norma indica. 58. Juan constituye una sociedad en Ámsterdam. Dicha sociedad no tendrá actividad en dicha ciudad. No obstante, pretende inscribir una sucursal de dicha sociedad en España que sí tendrá actividad. ¿Debe inscribirse dicha sociedad en el registro?. a. En tanto que sucursal de una sociedad constituida conforme al derecho de otro Estado miembro de la UE, no es necesaria la inscripción. b. En tanto que sucursal de una sociedad constituida conforme al derecho de otro Estado miembro de la UE, es necesaria la inscripción. c. En tanto que sucursal de una sociedad constituida conforme al derecho de otro Estado miembro de la UE, la inscripción es facultativa. 59. La autonomía de la voluntad en el marco del Protocolo de La Haya de 2007: a. Es ilimitada de forma que se aplica a todos los supuestos. b. No está recogida como criterio de solución para ningún supuesto. c. Se prohíbe en una serie de casos que específicamente recoge el texto. 60. En el ordenamiento español, como regla general, cuando el notario debe contrastar la capacidad de un nacional marroquí para contrastar la capacidad de un nacional marroquí para constituir una hipoteca sobre un inmueble con un banco español: a. Debe verificarla conforme a la ley nacional del interesado. b. La capacidad del extranjero está sujeta a las mismas restricciones que las previstas para los españoles. c. Debe verificarla conforme a la ley española por ser la ley del lugar de situación del inmueble. 61. Un menor con residencia en Italia es desplazado por el progenitor custodio sin el consentimiento del otro progenitor a España. La solicitud de restitución desde España a Italia: a. Se tramitará conforme al Convenio de La Haya de 1980. b. Se tramitará conforme a las previsiones del Código de proceso italiano dado que es el estado al que tiene que regresar el menor. c. No será posible instar la restitución del menor dado que quien desplazó al menor tenía el derecho de custodia en exclusiva. 62. Un nacional extranjero obtiene sentencia de divorcio en España. Pretende volver a contraer matrimonio en España. a. Podrá hacerlo dado que habrá recuperado la capacidad nupcial por la sentencia de divorcio. b. No podrá hacerlo en tanto ni inste en el Estado de su nacionalidad un proceso de divorcio. c. No podrá hacerlo en tanto no reconozca en el Estado de su nacionalidad la sentencia española de divorcio. 63. Contrato de compraventa de semiconductores entre vendedor español y comprador portugués. La entrega se pacta en Lisboa y esta llega defectuosa. El contrato no tiene ni cláusula de sumisión a tribunales ni cláusula de ley aplicable. El portugués quiere saber dónde puede demandar y qué ley se aplica al contrato. a. Solo puede demandar en España y la ley aplicable es la española. b. Solo puede demandar en Portugal y la ley aplicable es la portuguesa. c. Puede demandar tanto en España como en Portugal a su elección, y la ley aplicable es la española. 64. Dos cónyuges de nacionalidad marroquí litigan ante los tribunales españoles sobre su divorcio y accesoriamente la obligación de alimentos para las dos hijas menores. Según el Protocolo de la Haya de 2007 sobre ley aplicable a la obligación de alimentos: a. No es posible la elección de ley para este procedimiento específico al tratarse de obligación de alimentos para menores de edad. b. En defecto de elección de ley para este procedimiento específico, se aplicará la ley de la residencia habitual del acreedor. c. En defecto de elección de ley para este procedimiento específico, se aplicará la ley de la nacionalidad común de los cónyuges y de las menores. 65. Una conocida actriz española contrajo matrimonio con su pareja en un país asiático conforme al rito religioso local. Ahora se plantea si es posible promover el reconocimiento e inscripción de dicho matrimonio en el Registro civil español: a. Puede, si hay una equivalencia entre el matrimonio contraído conforme a la ley local extranjera y las formas admitidas en España. b. Puede, si el matrimonio es válido en cuanto a la forma conforme a la ley del lugar de celebración. c. El ordenamiento español no admite más matrimonios que los contraídos en las formas religiosas legalmente previstas. 66. Un matrimonio de nacionales holandeses insta demanda de divorcio ante las autoridades españolas. El matrimonio tiene dos hijos menores que se habían quedado en Holanda por motivos escolares con la abuela materna: a. El tribunal español podrá establecer medidas de protección sobre los menores siempre que se cumplan las condiciones que establece el artículo 12.1 del Reglamento 2201/2003. b. El tribunal español no podrá en ningún caso adoptar medidas de protección sobre los menores dado que España no es el país de residencia habitual de los mismos. c. El Tribunal español podrá siempre adoptar medidas de protección sobre los menores dado que las autoridades españolas son competentes para conocer del divorcio entre los progenitores. |