Práctica en Derecho Internacional

AIKAS -empresa marroquí domiciliada en Casablanca (Marruecos)- vende cuatro mil toneladas de fertilizante a una distribuidora suiza con sede en Berna (Suiza). El contrato de compraventa contiene una cláusula de sumisión a tribunales españoles, en tanto que foro neutral. Tras unos análisis en un laboratorio suizo, la empresa distribuidora suiza concluye que el fertilizante no es apto para ser comercializado. AIKAS entiende que se le adeudaba íntegramente la cantidad estipulada en el contrato. Por su parte, la distribuidora suiza entiende que se le debe una indemnización de daños y perjuicios. AIKAS presenta la correspondiente demanda ante los tribunales españoles. La empresa suiza se persona y excepciona la competencia, por entender que no está vinculada a la cláusula de sumisión a los tribunales españoles. La cuestión que se plantea es: ¿qué norma tendrá que aplicar el juez español para determinar si la cláusula de sumisión a tribunales españoles es válida?: Será de aplicación el artículo 22 bis 2 de la LOPJ, pues como las partes no están domiciliadas en la UE, no puede aplicarse ningún reglamento europeo. Será de aplicación el Reglamento Bruselas I refundido, pues, para esta cuestión en concreto, basta con que la sumisión se haga a los tribunales de un Estado miembro, con independencia de la residencia de las partes. En la medida en que el demandado reside en Suiza, no es aplicable el Reglamento Bruselas I refundido, sino el Convenio de Lugano.

En los litigios sobre la validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, el R. 1215/2012 o R. Bruselas I (refundido) establece que: Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde tenga su domicilio la sociedad. Son competentes los órganos jurisdiccionales del país donde se desarrolla su actividad principal. Son competentes, a elección del demandante, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde la sociedad tenga su domicilio o los del país de su constitución.

Un matrimonio de nacionalidad rumana, residentes en Madrid, decide de común acuerdo, poner fin a su matrimonio, interponiendo demanda de divorcio ante los juzgados de su domicilio en Madrid, correspondientes al lugar de su residencia habitual hasta el momento de la presentación de la demanda, aunque el marido ha regresado a Rumanía: La competencia judicial internacional de los tribunales españoles se determinará por la LOPJ. La competencia judicial internacional de los tribunales españoles se determinará por el Reglamento 2019/1111. La competencia judicial internacional de los tribunales españoles se determinará por la LCJIMC.

Una pareja de nacionales españoles reside con sus hijos en Miami. Tras años de serias desavenencias deciden poner fin a su matrimonio. La esposa interpone demanda de divorcio, así como solicita la custodia de ambos menores, ante los tribunales españoles: Los tribunales españoles serán competentes para conocer en todo caso sobre el divorcio pero no siempre en cuanto a la medida de custodia solicitada sobre los dos menores. Los tribunales españoles serán competentes para conocer en todo caso tanto sobre el divorcio como sobre la medida de custodia solicitada sobre ambos menores. Los tribunales españoles no serán competentes para conocer en ningún caso ni sobre el divorcio ni sobre la medida de custodia sobre ambos menores.

Se presenta una demanda de divorcio ante un tribunal español por demandante español frente a demandado con domicilio en Lyon (Francia). La notificación de la demanda por parte de la autoridad española ha de producirse: Por las vías establecidas en el Reglamento de notificaciones. Por las vías de notificación establecidas en el Reglamento 1215/2012 aplicable dado que el domicilio del demandado está localizado en el territorio de un Estado miembro. Por las vías de notificación establecidas en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil dado que la demanda se presenta ante tribunal español.

Por sentencia dictada el 6 de junio de 2023 por la AP de Barcelona, se condena a la empresa alemana Hins S.L. a pagar la cantidad de dos millones de euros por los daños y perjuicios debido al retraso en la entrega de material contratado con la empresa española Six S.A. Ante el incumplimiento la sociedad española insta el reconocimiento de la decisión ante un juzgado de Stuttgart. Resulta aplicable la Ley de Cooperación Jurídica Internacional al proceso de reconocimiento dado que se trata de una sentencia española. Resulta aplicable la normativa interna alemana dado que el demandado en el proceso de reconocimiento es la empresa con domicilio en Alemania. Resulta aplicable el Reglamento 1215/2012 para el reconocimiento de la decisión.

Foro general y foros especiales son: Alternativos entre sí: el demandante puede elegir cuál activar. Jerarquizados entre sí: sólo en defecto de foro general puede activarse el foro especial. Jerarquizados entre sí: el foro especial siempre prevalece sobre el foro general.

La aceptación expresa de la competencia contenciosa del Tribunal Internacional de Justicia puede realizarse: Únicamente mediante compromiso o declaración unilateral. Únicamente mediante la firma de un compromiso entre los estados interesados. Mediante compromiso, cláusula compromisoria o declaración unilateral.

El TEDH puede recibir demandas individuales: Sólo cuando el Estado demandado haya formulado una declaración reconociendo tal competencia al tribunal. Sólo cuando el demandante haya agotado previamente los recursos internos existentes en el Estado que presuntamente ha cometido la violación de DDHH. Respecto de los derechos reconocidos en Convenio Europeo de DDHH, en sus Protocolos Adicionales o en las resoluciones de la Comisión de Venecia.

¿Cuál es la importancia del principio de agotamiento de recursos internos según el art. 35 del Convenio Europeo de DDHH?. Garantizar la protección de los DDHH a nivel nacional antes de recurrir a instancias internacionales. Permitir a los demandantes evitar el proceso judicial nacional y acceder directamente a instancias internacionales. Establecer un límite de tiempo para presentar demandas relacionadas con violaciones de DDHH.

¿Qué situación puede desplazar la carga de la prueba a la parte demandad según el TEDH?. La falta de evidencia por parte del demandante sobre las acusaciones de conducta indebida. La total pasividad de las autoridades internas ante graves acusaciones de conducta indebida o de ocasionar daños por parte de oficiales estatales. La falta de cooperación del demandante durante la investigación de los hechos denunciados.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al proceso de examen de una solicitud de asilo según las Directivas de la UE?. El examen de una solicitud de asilo puede realizarse de forma grupal para agilizar el proceso. Los solicitantes de asilo no tienen derecho a ser informados del procedimiento y los plazos en una lengua comprensible para ellos. El examen debe ser individual, objetivo e imparcial, basándose en información actualizada y respetando los derechos y garantías de los solicitantes.

La cuestión prejudicial permite que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE sometan, con carácter prejudicial, al TJUE: Una cuestión que se refiera únicamente a la interpretación del Derecho de la Unión. Únicamente cuestiones sobre la validez de un acto adoptado por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Una cuestión que se refiera a la interpretación o validez del Derecho de la Unión.

Entre las circunstancias excepcionales que justifican la aplicación del procedimiento acelerado en la petición de decisión prejudicial en la UE se encuentran: El riesgo inminente y grave para la salud pública. La existencia de un gran número de personas afectadas por la resolución que el órgano jurisdiccional remitente dictará. La existencia de un gran número de situaciones jurídicas afectadas por la resolución que el órgano jurisdiccional remitente dictará.

La orden europea de detención y entrega puede llegar al Juzgado Central: Únicamente a través de las autoridades policiales o, de la Interpol, en su caso. Por remisión directa de la autoridad judicial del Estado solicitante, que conoce el paradero del reclamado, o por puesta a disposición del detenido por parte de las autoridades policiales. Únicamente a través de la autoridad judicial del Estado solicitante.

No es posible aplicar el foro de la autonomía de la voluntad en el marco del Reglamento de Bruselas I (refundido) o Reglamento 1215/2012 cuando: El supuesto versa sobre competencias exclusivas. El supuesto versa sobre materias exclusivas o foros especiales por razón de la materia. Con independencia de los supuestos, el foro de la autonomía de la voluntad siempre es posible en el marco del.

W.H. nacional norteamericano con residencia habitual en Nueva York alquila durante dos años su residencia en Mallorca a R.Z, también nacional norteamericano con domicilio en la misma ciudad (Nueva York). Ante el impago del alquiler, W. H. pretende demandar a R. Z. ante los tribunales de Nueva York, pues entiende que la sentencia que se dicte será ejecutable más fácilmente. A este respecto: El Reglamento 1215/2012 no es de aplicación a este supuesto. El Reglamento 1215/2012 prohíbe expresamente al demandante acudir a otro tribunal que no sea el del lugar donde está sito el inmueble. Estamos ante un foro exclusivo previsto en el Reglamento de Bruselas 1215/2001 que sólo es de aplicación cuando el demandado tenga su residencia habitual en la UE.

La competencia judicial internacional de las autoridades españolas ante una demanda de divorcio presentada por demandante nacional argelino con residencia en Tarragona y demandada de la misma nacionalidad con residencia en Madrid se determinará por: Por el Reglamento 2019/1111. Por la LOPJ dado que son dos nacionales de un país tercero y por tanto el Reglamento 2019/1111 no es aplicable. Por la LEC dado que hay que determinar la competencia territorial de cada tribunal.

D. E. González Téllez, residente en San Sebastián, fue intervenido de una lesión ocular en una clínica en la localidad francesa de Burdeos. Por razones poco claras, la intervención fue un fracaso y ante la negativa de la clínica a dar cualquier explicación, el paciente decide demandar para reclamar una responsabilidad y eventualmente indemnización por los daños y perjuicios causados, Le pregunta a usted como abogado dónde tiene que interponer la citada demanda: Ante los Juzgados de Burdeos por coincidir con el lugar del domicilio del demandado y los del lugar de producción del daño. Puede interponer la demanda ante los juzgados de San Sebastián por ser los del lugar de su domicilio. Puede interponer demanda ante los tribunales españoles por coincidir con el domicilio del demandante.

Una sociedad portuguesa tiene un establecimiento en Madrid y desde hace siete años actúa como centro de operaciones de la referida sociedad, prestando servicios de asesoramiento y supervisión sobre distintos aparatos a clientes españoles. En el caso de que uno de sus clientes quiera plantear una demanda por incumplimiento de contrato frente a ella, ¿podrá hacerlo ante los tribunales españoles?. Sí, aplicando el criterio del domicilio de la sucursal conforme al reglamento Bruselas I (refundido). Sí, aplicando el criterio del domicilio de la sucursal conforme a la LOPJ. No, sólo podrá hacerlo ante los tribunales portugueses por ser la sociedad portuguesa.

Un matrimonio de nacionalidad pakistaní residente en Madrid con sus dos hijos menores presentan una demanda de divorcio. El tribunal español que determina su competencia para conocer del divorcio también podrá conocer de la responsabilidad parental sobre los menores: En base al criterio de la residencia habitual de los menores en España establecido en el Convenio de La Haya de 1996 del que España es Estado parte. En base al criterio de la residencia habitual de los menores en España establecido en el artículo 22 quater de la LOPJ. En base al criterio de la residencia habitual de los menores en España establecido en el Reglamento 2019/1111.

La sentencia de divorcio obtenida por una pareja de españoles residentes en Nueva York para que surta efectos civiles en España convendría que fuera reconocida e inscrita en el Registro Civil español. Siguiendo el procedimiento y condiciones previstas en el Reglamento 2019/1111 dado que se trata de una sentencia de divorcio y además las partes son nacionales de un Estado miembro. Siguiendo el procedimiento y las condiciones previstas en la normativa interna española salvo que existe un convenio internacional. No es necesario instar su reconocimiento.

El Tribunal Internacional de Justicia: Únicamente emite opiniones consultivas que son obligatorias para las Naciones Unidas y sus Estados miembros. Dicta sentencias que son obligatorias para los Estados que presentan una demanda ante la Corte. Dicta sentencias, opiniones consultivas y recomendaciones que son vinculantes para cualquier Estado que haya ratificado el Estatuto del Tribunal.

Tras la entrada en vigor del Protocolo nº15, el plazo para presentar una demanda ante el TEDH es: Cuatro meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. Cinco meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. Seis meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva.

¿Qué requisito debe cumplir un recurso para ser considerado eficaz según el TEDH?. Debe resolver el caso en un plazo no superior a dos años y medio. Debe funcionar sin demora excesiva para evitar prolongaciones injustificadas del procedimiento. Debe garantizar una compensación económica al demandante.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las decisiones sobre las solicitudes de asilo según la Directiva sobre procedimiento de asilo?. Las decisiones deben tomarse sin tener en cuenta el plazo máximo establecido. La autoridad responsable tiene un plazo máximo de seis meses para tomar una decisión, que puede ser extendido hasta veintiún meses en ciertas circunstancias. El solicitante no tiene derecho a ser informado sobre el plazo para la decisión o las vías de recursos posibles.

¿Qué establece el artículo 46 (Derecho a un recurso efectivo) de la Directiva sobre procedimientos de asilo en relación con el derecho a un recurso efectivo?. El artículo 46 no garantiza el derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional. El artículo 46 garantiza el derecho a permanecer en el territorio durante todo el proceso de recurso. El artículo 46 permite que el órgano que resuelve el recurso decida si el solicitante puede permanecer en el territorio durante el tiempo necesario para examinar su solicitud, dependiendo de la naturaleza de la solicitud.

Conforme al Derecho de la UE, la competencia para conocer de los recursos entre instituciones: Corresponde en exclusiva al Tribunal de Justicia propiamente dicho. Corresponde únicamente al Tribunal General. Corresponde en primera instancia al Tribunal General y en casación al Tribunal de Justicia.

En el procedimiento prejudicial, el pronunciamiento sobre las costas de las partes del litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional corresponde: Al Tribunal de Justicia de la UE. Al órgano jurisdiccional nacional remitente. A cualquiera de los dos tribunales.

Cuando la orden europea de detención llega a un juzgado que no es competente, este juzgado: La devolverá a la autoridad judicial de emisión. Dará traslado de la orden al Juez Central de Instrucción. Dará traslado de la orden a la autoridad policial competente.

Se dicta sentencia por un Tribunal español en la que se condena a la empresa canadiense LUXUS S.L. al pago de dos millones de euros a la empresa española SAX S.A. por incumplimiento contractual debido al retraso en la entrega de maquinaria pesada objeto del contrato. La demanda de incumplimiento del contrato la interpuso la empresa SAX frente a la empresa LUXUS. El lugar de entrega de la maquinaria estaba pactado en el puerto de Valencia, y en el marco del contrato las partes no habían incluido ninguna cláusula de elección de foro. Sobre este asunto: El Tribunal español determinó su competencia judicial internacional en base al Reglamento UE 1215/2012. El Tribunal español determinó su competencia judicial internacional en base a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. El Tribunal español determinó su competencia en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se dicta sentencia por un Tribunal español en la que se condena a la empresa canadiense LUXUS S.L. al pago de dos millones de euros a la empresa española SAX S.A. por incumplimiento contractual debido al retraso en la entrega de maquinaria pesada objeto del contrato. La demanda de incumplimiento del contrato la interpuso la empresa SAX frente a la empresa LUXUS. El lugar de entrega de la maquinaria estaba pactado en el puerto de Valencia, y en el marco del contrato las partes habían incluido una cláusula de elección de foro en favor de los Tribunales españoles. Sobre este asunto: El Tribunal español determinó su competencia judicial internacional en base al Reglamento UE 1215/2012. El Tribunal español determinó su competencia judicial internacional en base a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. El Tribunal español determinó su competencia en base a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dos ciudadanos alemanes, casados en Alemania y residentes en España desde hace un año quieren divorciarse. ¿Ante que tribunales se podría presentar la demanda de divorcio según el Reglamento UE 2019/1111 o Bruselas II ter?. Sólo los tribunales alemanes por ser ambos nacionales de Alemania. Los tribunales españoles o alemanes, ambos tendrían competencia. Sólo los tribunales españoles por ser los del Estado de su residencia habitual.

En el contexto del Reglamento UE 2020/1784 sobre la notificación y traslado de documentos, ¿qué se entiende por "organismo transmisor" en España?. Los jueces de primera instancia de los diferentes tribunales. Los procuradores de los tribunales. Los Letrados de la Administración de Justicia de los distintos juzgados y tribunales.

Un ciudadano portugués contrajo matrimonio con una española en España. Posteriormente, obtiene sentencia de divorcio dictada por un tribunal en Portugal en rebeldía. La esposa es contraria al divorcio por motivos religiosos y no contestó a la demanda cuando recibió la notificación. ¿Puede la esposa oponerse al reconocimiento de la sentencia en España según el Reglamento UE 2019/1111 o Reglamento Bruselas II ter?. Sí, ya que ella, de acuerdo con el orden público español, tiene su derecho a no ser obligada al divorcio. Sí, porque la sentencia fue dictada en rebeldía y esto es uno de los motivos que menciona el Reglamento para la denegación del reconocimiento. No, la esposa fue correctamente notificada de la demanda por lo que no cabe oponerse a la rebeldía.

No es posible aplicar el foro de la autonomía de la voluntad en el marco del Reglamento Bruselas I (refundido) o Reglamento UE 1215/2012 cuando: El supuesto versa sobre competencias exclusivas. El supuesto versa sobre materias exclusivas o foros especiales por razón de la materia. Con independencia de los supuestos, el foro de la autonomía de la voluntad siempre es posible en el marco del Reglamento Bruselas I (refundido).

Cualquier Estado miembro de Naciones Unidas puede aceptar la competencia obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia: Mediante la declaración unilateral prevista en el artículo 36 del Estatuto del TIJ. Mediante la ratificación del Estatuto del TIJ. Mediante una declaración formulada al ratificar la Carta de Naciones Unidas y el Estatuto del TIJ.

Una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos requiere el agotamiento de los recursos internos y: Su presentación en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la resolución definitiva. Su presentación en el plazo de cinco meses a partir de la fecha de la resolución definitiva. Su presentación en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la resolución definitiva.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos: Establece que cualquier persona física o jurídica puede presentar una queja por violación de Derechos Humanos ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Establece que los particulares, víctimas de violaciones de Derechos Humanos, pueden presentar directamente sus demandas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Establece un sistema de protección de los Derechos Humanos del que se benefician todas las personas sometidas a la jurisdicción de un Estado parte.

Don M.P.J., nacional de Guinea Bissau, ha presentado un recurso solicitando asilo en España durante una estancia temporal en este país. Manifiesta saberse perseguido por una mafia en su Estado de origen. Su mayor temor es que las autoridades competentes decidan devolverlo a su país. La Directiva sobre procedimientos de asilo, en relación con el derecho a un recurso efectivo, establece lo siguiente: No garantiza el derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional. Garantiza el derecho a permanecer en el territorio español durante todo el proceso de recurso. Permite que el órgano que resuelve el recurso decida si el solicitante puede permanecer en el territorio durante el tiempo necesario para examinar la solicitud, dependiendo de la naturaleza de la misma.

En la actualidad, los litigios entre la Unión Europea y sus agentes: Son competencia del Tribunal General de la Unión. Son competencia exclusiva del Tribunal de Justicia. Son examinados por el Tribunal de la Función Pública de la Unión.

En el procedimiento prejudicial previsto en el Derecho de la UE, la fase oral: Es necesaria siempre y sin excepciones. Puede no desarrollarse, de manera que el TJUE resuelva sin que tenga ésta lugar. No existe, puesto que el procedimiento se compone sólo de fase escrita.

La autoridad competente en España para ejecutar una orden de detención europea es: El Juez Central de Instrucción de la audiencia Provincial cuando el reclamado sea mayor de edad. La Sala Segunda del Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma que corresponda.

El órgano jurisdiccional nacional está obligado a someter una petición de decisión prejudicial al TJUE: Siempre que las decisiones del asunto pendiente no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho Interno. Cuando las decisiones del asunto pendiente no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho Interno, a menos que exista ya una jurisprudencia asentada en la materia o no quepa ninguna duda razonable sobre el modo correcto de interpretar la norma jurídica. Cuando así lo soliciten las partes en el litigio nacional pendiente de resolución.

Se dicta una sentencia por un Tribunal de la provincia de Alberta (Canadá) en la que se condena a la empresa española LUXUS S.L. al pago de dos millones de euros por el incumplimiento contractual debido al retraso en la entrega de maquinaria pesada objeto del contrato. El material de entrega de la maquinaria estaba pactado en el puerto de Valencia, y en el marco del contrato las partes no habían incluido ninguna cláusula de elección de foro. Sobre este asunto se pretende el reconocimiento de la sentencia en España: Será aplicable el Reglamento UE 1215/2012 dado que se trata de reconocer una sentencia en España y la empresa demandada tiene su domicilio en España. Será aplicable la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil dado que se trata de reconocer una sentencia extranjera en España, salvo que exista un convenio en la materia. Ninguna de las anteriores es correcta.

Una empresa con sede estatutaria en Países Bajos firma un contrato de arrendamiento de unas naves industriales, situadas en Rotterdam, con otra empresa con sede estatutaria en España. Ante el incumplimiento contractual, la empresa española quiere demandar a la empresa holandesa. ¿Son competentes los tribunales españoles?. Los Tribunales españoles son competentes por aplicación del Reglamento Bruselas I bis, por el foro especial del art. 7. Los Tribunales españoles son competentes por aplicación del Reglamento Bruselas I bis, por el foro exclusivo del art. 24. Los Tribunales españoles no ostentan foro de competencia en este caso por ninguna norma.

El matrimonio formado por los españoles Luis E. y Pilar S. vive con sus dos hijos pequeños en Bélgica. Se divorcian en este país y en la sentencia de Divorcio y Medidas se atribuye la custodia de los menores al padre, Luis. La madre está disconforme y se traslada con los hijos a España. Luis quiere ejecutar la sentencia de medidas en España y acude a usted como abogado para saber qué tiene que hacer: Conforme al Reglamento 2019/1111 la sentencia belga deberá pasar por un procedimiento de execuátur y posterior ejecución de acuerdo con la LEC. Conforme al Reglamento 2019/1111 la sentencia belga es directamente ejecutable en España sin necesidad de una declaración previa. Conforme al Reglamento 2019/1111 el Tribunal español controlará el ordenamiento conforme al que se dictó la sentencia belga.

Tras el procedimiento de ejecución referida en la pregunta anterior, los ex cónyuges llegan a un acuerdo, y deciden atribuir la custodia a la madre, quedándose los menores a vivir en España. ¿Qué tribunal tiene competencia para fijar estas nuevas medidas?. Conforme al Reglamento 2019/1111 los tribunales belgas, ya que fue el tribunal que ha dictado las primeras medidas. De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil son competentes los tribunales belgas por ser el tribunal que ha tomado las primeras medidas y no pierde su competencia por un traslado. Conforme al Reglamento 2019/1111 los juzgados españoles, ya que se ha cambiado la residencia habitual de los menores y la jurisdicción belga ha perdido la competencia internacional.

Una empresa con sede social en Estados Unidos y otra con sede social en Italia, litigan por un incumplimiento de contrato que debía cumplirse en Portugal, Francia y España. Acuerdan que la jurisdicción competente será la portuguesa. La empresa estadounidense presenta su demanda ante los tribunales de Madrid. ¿Son competentes los tribunales de Madrid?. Son competentes por aplicación del art. 22 bis.3 de la LOPJ, ya que existe una sumisión tácita, pues al impugnar la competencia se entiende que acepta la competencia tácitamente. Si la parte demandada no impugna la competencia, los tribuales españoles tendrán jurisdicción a pesar de la cláusula anterior de sumisión expresa a tribunales portugueses, de acuerdo con el Reglamento 1215/2012 o Reglamento Bruselas I (refundido). No son competentes en ningún caso por aplicación del Reglamento 1215/2012 o Bruselas I (refundido) por haber cláusula de sumisión expresa previa.

Los foros de competencia judicial internacional previstos en el Reglamento 2019/1111 relativo a la competencia judicial internacional, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial: Se basan en el principio de la autonomía de la voluntad. No se basan en el principio de la autonomía de la voluntad. Se basan en el principio de la autonomía de la voluntad, pero esta autonomía está parcialmente limitada.

Una pareja de nacionales chinos con residencia en Sevilla presentan demanda de divorcio ante los juzgados de la mencionada ciudad. Se da la circunstancia de que las partes tienen dos hijos, uno de 15 años que reside con ellos y otra de 13 que reside con sus abuelos en China. La esposa le cuestiona a usted como abogado si podría solicitar ante las autoridades españolas la disolución del matrimonio y medidas paterno filiales respecto de los dos hijos: Conforme al Reglamento 2019/1111 la jurisdicción española es competente para el divorcio. Por el mismo motivo puede la jurisdicción española dictar las medidas paternofiliales sobre todos los hijos del matrimonio al atraer el procedimiento de divorcio las medidas paternofiliales. Conforme al Reglamento 2019/1111 la jurisdicción española puede ser competente para el divorcio y para las medidas paterno filiales sobre el menor residente en España. Si bien, en el caso del menor residente en China, para las medidas paternofiliales las partes, entre otras condiciones, tienen que estar de acuerdo con que sea la jurisdicción española la competente. No se aplica el Reglamento 2019/1111, por ser nacionales de un tercer Estado y, por tanto, desvinculados del citado instrumento jurídico.

Una mujer española contrae matrimonio en Venezuela con un nacional portugués. Durante 2 años vivieron en Brasil, pero el 1 de octubre de 2023 la esposa trasladó su residencia a Italia. Los Tribunales italianos, ¿pueden conocer del asunto presentado ante ellos en abril de 2024?. En aplicación del Reglamento 2019/1111 (Bruselas II ter) no puede divorciarse aún en Italia si es ella demandante, ya que no llevará más de 1 año residiendo en Italia. Al continuar el demandado domiciliado en un tercer Estado los tribunales italianos podrán declararse competentes conforme a su normativa interna de competencia judicial internacional. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

El Tribunal Internacional de Justicia: Únicamente emite opiniones consultivas que son obligatorias para las Naciones Unidas y sus Estados miembros. Dicta sentencias que son obligatorias para los Estados que presentan una demanda ante la Corte. Dicta sentencias, opiniones consultivas y recomendaciones que son vinculantes para cualquier Estado que haya ratificado el estatuto del Tribunal.

¿Qué requisito debe cumplir un recurso para ser considerado eficaz según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?. Debe resolver el caso en un plazo no superior a dos años y medio. Debe funcionar sin demora excesiva para evitar prolongaciones injustificadas del procedimiento. Debe garantizar una compensación económica al demandante.

Una persona es detenida en España bajo una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por Hungría por delitos de tráfico de drogas. El reclamado alega que en España el autoconsumo de drogas no está penado y que el delito por el que es reclamado no tiene equivalente en la legislación española. ¿Qué debe hacer el Juez Central de Instrucción en este caso?. Proceder con la entrega ya que la orden ha sido emitida por un Estado miembro de la Unión Europea. Denegar la entrega debido a la ausencia de doble incriminación. Remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia antes de proceder a la entrega.

Un país ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma, pero se enfrenta a una crisis interna donde un grupo rebelde ha cometido crímenes graves contra la población civil. El gobierno del país no tiene la capacidad de enjuiciar a los responsables debido a la falta de recursos y la inestabilidad. ¿Cómo podría intervenir la CPI en este caso, y qué principio del Estatuto de Roma se aplicaría para justificar su intervención?. La CPI podría intervenir si el Consejo de Seguridad remite el caso, aplicando el principio de complementariedad. La CPI podría intervenir automáticamente debido a la gravedad de los crímenes, sin necesidad de remisión. La CPI podría intervenir si el gobierno del país solicita su intervención, aplicando el principio de complementariedad.

La decisión de tramitar un procedimiento acelerado o de urgencia de la decisión prejudicial corresponde al TJUE, que la adopta: Únicamente sobre la base de una petición distinta debidamente motivada del órgano jurisdiccional remitente en al que se expongan las circunstancias de Derecho o de hecho que lo justifiquen. Siempre de oficio. Excepcionalmente de oficio, cuando considere que la naturaleza o las circunstancias específicas del asunto así lo requieren.

Contra el auto que, en ejecución de una orden europea de detención, resuelve acerca de la entrega de una persona: Cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No cabe recurso alguno. Solo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Según el artículo 31.8 de la Directiva sobre procedimientos de asilo, ¿en qué circunstancias se pueden aplicar procedimientos acelerados?. Cuando el solicitante ha presentado pruebas suficientes de persecución. Cuando la solicitud se considera infundada porque el solicitante procede de un país de origen seguro. Cuando el solicitante ha sido reconocido como refugiado en otro país.

¿Qué debe hacer un órgano jurisdiccional remitente si, durante el procedimiento prejudicial, se produce un incidente procesal que afecta al conocimiento del asunto por parte del Tribunal de Justicia?. Continuar con el procedimiento nacional sin informar al Tribunal de Justicia. Informar al Tribunal de Justicia de inmediato sobre el incidente procesal, incluyendo desistimientos o soluciones amistosas del litigio principal. Solicitar una prórroga del plazo para resolver el litigio principal.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? En materia de reconocimiento y ejecución, en el caso de sentencia inconciliables extranjeras, el Reglamento Bruselas I refundido: Da preferencia a la dictada con anterioridad. Da preferencia a la dictada en el procedimiento que se hubiese iniciado con anterioridad. Da preferencia a la notificada con anterioridad.

Una empresa domiciliada en La Haya (Holanda) realiza un pedido de cien bombas de agua a otra empresa domiciliada en Bruselas (Bélgica). El contrato se celebra por medios electrónicos, acordándose que el pago del precio se debe llevar a cabo en Bélgica, y la entrega de las mercancías en La Haya. Además, se incluye una cláusula de sometimiento a los tribunales de Bruselas para cualquier litigio derivado del contrato. Recibidas las bombas, se comprueba que no resultan técnicamente adecuadas para el uso previsto, por lo que, tras intentar un arreglo amistoso, la firma holandesa demandó a la belga ante los tribunales de La Haya. La parte demandada compareció contestando al fondo de la demanda. ¿Debe considerarse competente el juez holandés?. Sí, pues La Haya es el lugar pactado para la entrega de la mercancía. No, porque la cláusula de sumisión obliga a considerar a los tribunales belgas como los únicos competentes. Sí, ya que al no impugnarse su competencia se produce una sumisión tácita del demandado, que prevalece sobre la anterior sumisión expresa.

Una firma francesa celebra un contrato de prestación de servicios de asesoría con una firma española (destinaria de los servicios). El contrato se celebra en Madrid, pero pactan que el servicio se preste en Ámsterdam (Holanda). Tras surgir ciertas desavenencias entre las partes, la firma española se plantea reclamar a la firma francesa por incumplimiento contractual. ¿Ante qué tribunales podrá hacerlo?: Ante los tribunales franceses o ante los tribunales españoles, ya que el contrato se celebró en Madrid. Ante los tribunales franceses o ante los tribunales holandeses en función del foro de competencia elegido por el demandante. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Una empresa con sede estatutaria en Kyoto y otra con sede estatutaria en Berlín, firman un contrato de suministro. El contrato se firma en el aeropuerto de Bilbao pero debía ejecutarse íntegramente en Kyoto. La empresa japonesa quiere demandar a la alemana por incumplimiento de contrato y presenta la demanda ante los tribunales de Bilbao. ¿Son competentes los tribunales españoles por el Reglamento Bruselas I (refundido)?. No son competentes porque la norma aplicable, el Reglamento Bruselas I (refundido), no cumple con su ámbito de aplicación personal. Sí, pues la norma aplicable, el Reglamento Bruselas I (refundido), cumple los cuatro ámbitos de aplicación y otorga foro de competencia al firmarse el contrato en España. No son competentes, pues aunque el Reglamento Bruselas I (refundido) es aplicable al caso, no serían los tribunales españoles competentes.

Una empresa con sede social en México y otra con sede social en Brasil, litigan por un incumplimiento de contrato que debía cumplirse en Portugal, Francia y España. Acuerdan que la jurisdicción competente será la portuguesa. La empresa brasileña presenta su demanda ante los tribunales de Madrid. ¿Son competentes los tribunales de Madrid?. Son competentes por aplicación del art. 22 bis.3 de la LOPJ, ya que existe una sumisión tácita, pues al impugnar la competencia se entiende que acepta la competencia tácitamente. Si la parte demandada no impugna la competencia, los tribuales españoles tendrán jurisdicción a pesar de la cláusula anterior de sumisión expresa a tribunales portugueses, de acuerdo con el Reglamento Bruselas I (refundido). No son competentes porque ni por el Reglamento Bruselas I (refundido), ni por la LOPJ, se acepta la sumisión tácita cuando ninguna de las partes tiene sede en España.

Una mujer española contrae matrimonio en Venezuela con un venezolano. Durante 2 años vivieron en Brasil, pero el 1 de octubre de 2023, la esposa trasladó su residencia a España. Los Tribunales españoles, ¿pueden conocer del asunto presentado ante ellos en abril de 2024?. En aplicación del Reglamento 2019/1111 (Bruselas II ter) puede divorciarse en España si es ella demandante, ya que llevará más de 6 meses en España y es nacional española. No existe ningún foro de competencia en el Reglamento 2019/1111 (Bruselas II ter) que otorgue competencia a España. Puede divorciarse en España por el art. 22 quárter de la LOPJ ya que el esposo es de Venezuela, que no es parte en el Reglamento 2019/1111 (Bruselas II ter).

Una pareja de nacionales chinos con residencia en Sevilla presentan demanda de divorcio ante los juzgados de la mencionada ciudad. Se da la circunstancia de que las partes tienen dos hijos, uno de 15 años que reside con ellos y otra de 13 que reside con sus abuelos en China. La esposa le cuestiona a usted como abogado si podría solicitar ante las autoridades españolas la disolución del matrimonio y medidas paterno filiales respecto de los dos hijos: Conforme al Reglamento 2019/1111 la jurisdicción española es competente para el divorcio. Por el mismo motivo puede la jurisdicción española dictar las medidas paternofiliales sobre todos los hijos del matrimonio al atraer el procedimiento de divorcio las medidas paternofiliales. Conforme al Reglamento 2019/1111 la jurisdicción española puede ser competente para el divorcio y para las medidas paterno filiales sobre el menor residente en España. Si bien, en el caso del menor residente en China, para las medidas paternofiliales las partes, entre otros requisitos, tienen que estar de acuerdo con que sea la jurisdicción española la competente. No se aplica el Reglamento 2019/1111, por ser nacionales de un tercer Estado y, por tanto, desvinculados del citado instrumento jurídico.

Tras la entrada en vigor del Protocolo nº 15, el plazo para presentar una demanda ante el TEDH es: Cuatro meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. Cinco meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. Seis meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva.

La petición de decisión prejudicial en la UE: No puede tramitarse mediante procedimientos acelerados. Puede tramitarse mediante procedimientos acelerados o procedimiento de urgencia únicamente en los casos previstos. Puede tramitarse mediante procedimientos acelerados o de urgencia siempre que lo solicite el órgano nacional remitente.

El Tribunal Internacional de Justicia: Es un tribunal internacional permanente creado por la Carta de las Naciones Unidas. Es un tribunal internacional no permanente creado por la Asamblea General en 1950 para ejercer las funciones judiciales en el seno de Naciones Unidas. Es un tribunal internacional permanente encargado de resolver todos los litigios que surjan entre la Organización de Naciones Unidas y sus Estados miembros.

Un Estado Parte de la CPI se niega a entregar a un acusado de crímenes de guerra, alegando que ya ha iniciado un juicio nacional contra el acusado. ¿Qué principio del Estatuto de Roma se aplicaría para resolver este conflicto, y qué debería evaluar la CPI para determinar la admisibilidad del caso?. El principio de complementariedad, y la CPI debería evaluar si el juicio nacional es genuino y cumple con los estándares internacionales de debido proceso. El principio de jurisdicción universal, y la CPI debería evaluar si el acusado puede ser juzgado en otro país. El principio de territorialidad, y la CPI debería evaluar si los crímenes fueron cometidos en el territorio del Estado Parte.

Un abogado representa a una empresa acusada de no cumplir con una normativa de la Unión Europea sobre protección de datos. La empresa argumenta que la normativa no es clara y que su interpretación podría variar. El abogado decide asesorar al cliente sobre la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial. ¿Qué debería hacer para apoyar la solicitud de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia?. Proporcionar al juez nacional una exposición detallada de los hechos y de la relevancia de la normativa en el caso. Presentar una queja formal ante la Comisión Europea. Solicitar una audiencia con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El artículo 256 del TFUE establece la competencia del Tribunal General para conocer en primera instancia de los recursos de anulación y por omisión. ¿Qué tipos de actos pueden ser impugnados ante el Tribunal General y cuál es su papel en estos casos?. Pueden ser impugnados únicamente los actos legislativos del Parlamento Europeo, y el Tribunal General revisa la legalidad de estos actos. Pueden ser impugnados los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, y el Tribunal General asegura que estos actos cumplan con el Derecho de la Unión. Pueden ser impugnados los actos administrativos de los Estados miembros, y el Tribunal General supervisa la implementación de estos actos.

¿Qué principio general ha establecido el TEDH sobre lo que constituye un recurso efectivo ante una instancia nacional en los asuntos relativos a la expulsión de solicitantes de asilo?. El recurso debe ser presentado ante una autoridad internacional. El recurso debe abordar el fondo de cualquier queja defendible en virtud del CEDH. El recurso debe ser resuelto en un plazo máximo de seis meses.

¿Qué criterio utiliza el TEDH para determinar si una situación constituye una "práctica administrativa" que exime del agotamiento de los recursos internos?. La repetición de actos internos incompatibles con el Convenio y la permisividad oficial por parte de las autoridades estatales que hacen ineficaz el procedimiento. La existencia de un solo acto interno incompatible con el Convenio. La convicción del letrado de que los recursos internos disponibles serán desestimados.