Práctica en Derecho Internacional - Exámenes Junio 2024

AIKAS -empresa marroquí domiciliada en Casablanca (Marruecos)- vende cuatro mil toneladas de fertilizante a una distribuidora suiza con sede en Berna (Suiza). El contrato de compraventa contiene una cláusula de sumisión a tribunales españoles, en tanto que foro neutral. Tras unos análisis en el laboratorio suizo, la empresa distribuidora suiza concluye que el fertilizante no es apto para ser comercializado. AIKAS entiende que se le adeuda íntegramente la cantidad estipulada en el contrato. Por su parte, la distribuidora suiza entiende que se le debe una indemnización por daños y perjuicios. AIKAS presenta la correspondiente demanda ante los tribunales españoles. La empresa suiza se persona y excepciona la competencia, por entender que no está vinculada a la cláusula de sumisión a los tribunales españoles. La cuestión que se plantea es: ¿qué norma tendrá que aplicar el juez español para determinar si la cláusula de sumisión a tribunales españoles es válida?. Será de aplicación el articulo 22 bis 2 de la LOPJ, pues como las partes no están domiciliadas en la UE, no puede aplicarse ningún Reglamento europeo. Será de aplicación el Reglamento Bruselas I refundido, pues, para esta cuestión en concreto, basta con que la sumisión se haga a los tribunales de un Estado miembro, con independencia de la residencia de las partes. En la medida en que el demandado reside en Suiza, no es aplicable el reglamento Bruselas I refundido, sino el Convenio de Lugano.

En los litigios sobre validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, el R. 1215/2012 o R. Bruselas I (refundido) establece que: Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde tenga su domicilio la sociedad. Son competentes los órganos jurisdiccionales del país donde desarrolla su actividad principal. Son competentes, a elección del demandante, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde la sociedad tenga su domicilio o los del país de su constitución.

Un matrimonio de nacionalidad rumana, residentes en Madrid, decide, de común acuerdo, poner fin a su matrimonio, interponiendo demanda de divorcio ante los juzgados de su domicilio en Madrid, correspondientes al lugar de su residencia habitual hasta el momento de la presentación de la demanda, aunque el marido ha regresado a Rumanía: La competencia judicial internacional de los Tribunales españoles se determinará por la LOPJ. La competencia judicial internacional de los Tribunales españoles se determinará por el Reglamento 2019/2011. La competencia judicial internacional de los Tribunales españoles se determinará por la LCJIMC.

Una pareja de nacionales españoles residen con sus hijos en Miami. Tras años de serias desavenencias deciden poner fin a su matrimonio. La esposa interpone demanda de divorcio, así como solicita la custodia de ambos menores, ante los Tribunales españoles: Los Tribunales españoles serán competentes para conocer en todo caso sobre el divorcio, pero no siempre en cuanto a la medida de custodia solicitada sobre los menores. Los Tribunales españoles serán competentes para conocer en todo caso tanto sobre el divorcio como sobre la medida de custodia solicitada sobre ambos menores. Los tribunales españoles no serán competentes para conocer en ningún caso ni sobre el divorcio ni sobre la medida de custodia solicitada sobre ambos menores.

Se presenta una demanda de divorcio ante un tribunal español por demandante español frente a demandado con domicilio en Lyon (Francia). La notificación de la demanda por parte de la autoridad española ha de producirse: Por las vías establecidas en el Reglamento de notificaciones. Por las vías de notificación establecidas en el Reglamento 1215/2012 aplicable, dado que el domicilio del demandado está localizado en el territorio de un Estado miembro. Por las vías de notificación establecidas en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil, dado que la demanda se presenta ante Tribunal español.

Por sentencia dictada el 6 de junio del 2023 por la AP de Barcelona, se condena a la empresa alemana Hins S.L. a pagar la cantidad de dos millones de euros por los daños y perjuicio causados debido al retraso en la entrega de material contratado con la empresa española Six S.A. Ante el incumplimiento, la sociedad española insta el reconocimiento de la decisión ante un juzgado de Stuttgart. Resulta aplicable la LCJI al proceso de reconocimiento, dado que se trata de una sentencia española. Resulta aplicable la normativa interna alemana dado que el demandado en el proceso de reconocimiento es la empresa con domicilio en alemania. Resulta aplicable el Reglamento 2015/2012 para el reconocimiento de la decisión.

Foro general y foros especiales son: Alternativos entre sí: el demandante puede elegir cuál activar. Jerarquizados entre sí: solo en defecto de foro general puede activarse el foro especial. Jerarquizados entre sí: solo en defecto de foro especial puede activarse el foro general.

La aceptación expresa de la competencia contenciosa del Tribunal Internacional de Justicia puede realizarse: Únicamente mediante compromiso o declaración unilateral. Únicamente mediante la firma de un compromiso entre los Estados interesados. Mediante compromiso, cláusula compromisoria o declaración unilateral.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede recibir demandas individuales: Solo cuando el Estado demandado haya formulado una declaración reconociendo tal competencia al Tribunal. Solo cuando el demandante haya agotado los recursos internos existentes en el Estado que presuntamente ha cometido la violación de derechos humanos. Respecto de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en sus Protocolos Adicionales o en las resoluciones de la Comisión de Venecia.

¿Cuál es la importancia del principio de agotamiento de recursos internos según el artículo 35 del Convenio Europeo de Derechos Humanos?. Garantizar la protección de los derechos humanos a nivel nacional antes de recurrir a instancias internacionales. Permitir a los demandantes evitar el proceso judicial nacional y acceder directamente a instancias internacionales. Establecer un límite de tiempo para presentar demandas relacionadas con violaciones de derechos humanos.

¿Qué situación puede desplazar la carga de la prueba a la parte demandada según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?. La falta de evidencia por parte del demandante sobre las acusaciones de conducta indebida. La total pasividad de las autoridades internas ante graves acusaciones de conducta indebida o de ocasionar daños por parte de oficinas estatales. La falta de cooperación del demandante durante la investigación de los hechos denunciados.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al proceso de examen de una solicitud de asilo según las Directivas de la UE?. El examen de una solicitud de asilo puede realizarse de forma grupal. Los solicitantes de asilo no tienen derecho a ser informados del procedimiento y los plazos en una lengua comprensible para ellos. El examen debe ser individual, objetivo e imparcial, basándose en información actualizada y respetando los derechos y garantías de los solicitantes.

La cuestión prejudicial permite que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión Europea sometan, con carácter prejudicial, al TJUE: Una cuestión que se refiera únicamente a la interpretación del Derecho de la Unión. Únicamente cuestiones sobre la validez de un acto adoptado por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. Una cuestión que se refiera a la interpretación o validez del Derecho de la Unión.

Entre las circunstancias excepcionales que justifican la aplicación del procedimiento acelerado en la petición de decisión prejudicial en la UE se encuentran: El riesgo inminente y grave para la salud pública. La existencia de un gran número de personas afectadas por la resolución que el órgano jurisdiccional remitente dictará. La existencia de un gran número de situaciones jurídica afectadas por la resolución que el órgano jurisdiccional remitente dictará.

La orden europea de detención y entrega puede llegar al Juzgado Central: Únicamente a través de las autoridades policiales, o de la Interpol, en su caso. Por remisión directa de la autoridad judicial del Estado solicitante, que conoce el paradero del reclamado, o por puesta a disposición del detenido por parte de las autoridades policiales. Únicamente a través de la autoridad judicial del Estado solicitante.

No es posible aplicar el foro de la autonomía de la voluntad en el marco del Reglamento Bruselas I (refundido) o Reglamento 1215/2012 cuando: El supuesto versa sobre competencias exclusivas. El supuesto versa sobre materia exclusivas o foros especiales por razón de la materia. Con independencia de los supuestos, el foro de la autonomía de la voluntad siempre es posible en el marco del R. Bruselas I (refundido).

W. H., nacional norteamericano, con residencia habitual en Nueva York, alquila durante 2 años su residencia en Mallorca a R.Z., también nacional norteamericano con domicilio en la misma ciudad (Nueva York). Ante el impago del alquiler, W. H. pretende demandar a R. Z. ante los tribunales de Nueva York, pues entiende que la sentencia que se dicte será ejecutable más fácilmente. A este respecto: El Reglamento 1215/2012 no es de aplicación a este supuesto. El Reglamento 1215/2012 prohíbe expresamente al demandante acudir a otro tribunal que no sea el del lugar donde está sito el bien inmueble. Estamos ante un foro exclusivo previsto en el Reglamento Bruselas 1215/2012 que solo es de aplicación cuando el demandado tenga su residencia habitual en la UE.

La competencia judicial internacional de las autoridades españolas ante una demanda de divorcio presentada por demandante nacional argelino con residencia en Tarragona y demandada de la misma nacionalidad con residencia en Madrid se determinará: Por el Reglamento 2019/2011. Por la LOPJ, dado que son dos nacionales de un país tercero y, por tanto, el Reglamento 2019/2011 no es aplicable. Por la LEC dado que hay que determinar la competencia territorial de cada tribunal.

D. E. González Téllez, residente en San Sebastián, fue intervenido de una lesión ocular en un Clínica en la localidad francesa de Burdeos. Por razones poco claras, la intervención fue un fracaso y ante la negativa de la Clínica a dar cualquier explicación, el paciente decide demandar para reclamar una responsabilidad y eventualmente indemnización por los daños y perjuicios causados. Le pregunta a usted como abogado dónde tiene que interponer la citada demanda: Ante los Juzgados de Burdeos por coincidir con el lugar del domicilio del demandado y los del lugar de producción del daño. Puede interponer la demanda ante los Juzgados de San Sebastián por ser los del lugar de su domicilio. Puede interponer la demanda ante los tribunales españoles por coincidir con el domicilio del demandante.

Una sociedad portuguesa tiene un establecimiento en Madrid y desde hace siete años actúa como centro de operaciones de la referida sociedad, prestando servicios de asesoramiento y supervisión sobre distintos aparatos a clientes españoles. En el caso de que uno de sus clientes quiera plantear una demanda por incumplimiento de contrato frente a ella, ¿podrá hacerlo ante los tribunales españoles?. Sí, aplicando el criterio del domicilio de la sucursal conforme al Reglamento Bruselas I refundido. Sí, aplicando el criterio del domicilio de la sucursal conforme a la LOPJ. No, solo podrá hacerlo ante los tribunales portugueses por ser la sociedad portuguesa.

Un matrimonio de nacionalidad pakistaní residente en Madrid con sus dos hijos menores presentan una demanda de divorcio. El Tribunal español que determina su competencia para conocer del divorcio también podrá conocer de la responsabilidad parental sobre los menores: En base al criterio de la residencia habitual de los menores en España establecido en el convenio de La Haya de 1996 el que España es Estado parte. En base al criterio de la residencia habitual de los menores en España establecido en el artículo 22 quater de la LOPJ. En base al criterio de la residencia habitual de los menores en España establecido en el Reglamento 2019/1111.

La sentencia de divorcio obtenida por una pareja de españoles residentes en Nueva York para que surta efectos civiles en España convendría que fuera reconocida e inscrita en el registro civil español. Siguiendo el procedimiento y condiciones previstas en el Reglamento 2019/1111 dado que se trata de una sentencia de divorcio y además las partes son nacionales de un Estado miembro. Siguiendo el procedimiento y las condiciones previstas en la normativa interna española salvo que exista un convenio internacional. No es necesario instar su reconocimiento.

El Tribunal Internacional de Justicia: Únicamente emite opiniones consultivas que son obligatorias para las Naciones Unidas y sus Estados miembros. Dicta sentencias que son obligatorias para los Estados que presentan una demanda ante la Corte. Dicta sentencias, opiniones consultivas y recomendaciones que son vinculantes para cualquier Estado que haya ratificado el estatuto del Tribunal.

Tras la entrada en vigor del Protocolo n.º 15, el plazo para presentar una demanda ante el TEDH es: Cuatro meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. Cinco meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva. Seis meses desde que la decisión dictada en el procedimiento de agotamiento de los recursos internos es definitiva.

¿Qué requisito debe cumplir un recurso para ser considerado eficaz según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?. Debe resolver el caso en un plazo no superior a dos años y medio. Debe funcionar sin demora excesiva para evitar prolongaciones injustificadas del procedimiento. Debe garantizar una compensación económica al demandante.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las decisiones sobre las solicitudes de asilo según la Directiva sobre procedimientos de asilo?. Las decisiones deben tomarse sin tener en cuenta el plazo máximo establecido. La autoridad responsable tiene un plazo máximo de seis meses para tomar una decisión, que puede ser extendido hasta veintiún meses en ciertas circunstancias. El solicitante no tiene derecho a ser informado sobre el plazo para la decisión o las vías de recurso posibles.

¿Qué establece el artículo 46 (Derecho a un recurso efectivo) en la Directiva sobre procedimiento de asilo en relación con el derecho a un recurso efectivo?. El artículo 46 no garantiza el derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional. El artículo 46 garantiza el derecho a permanecer en el territorio durante todo el proceso de recurso. El artículo 46 permite que el órgano que resuelve el recurso decida si el solicitante puede permanecer en el territorio durante el tiempo necesario para examinar la solicitud, dependiendo de la naturaleza de la solicitud.

Conforme al Derecho de la Unión Europea, la competencia para conocer de los recursos entre instituciones. Corresponde en exclusiva al Tribunal de Justicia propiamente dicho. Corresponde únicamente al Tribunal General. Corresponde en primera instancia al Tribunal General y en casación al Tribunal de Justicia.

En el procedimiento prejudicial, el pronunciamiento sobre las costas de las partes de litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional remitente corresponde: Al Tribunal de Justicia de la UE. Al órgano jurisdiccional nacional remitente. A cualquiera de los dos tribunales.

Cuando la orden europea de detención llega a un juzgado que no es competente, este juzgado: La devolverá a la autoridad judicial de emisión. Dará traslado de la orden al Juez Central de Instrucción. Dará traslado de la oren a la autoridad policial competente.