practica preguntas examen regimen II

¿Cómo ha de fijarse la contraprestación económica de un servicio público?. Siempre a través de tasas, que tienen carácter tributario. Mediante la fijación de unos precios públicos, en todo caso. Los servicios públicos son gratuitos y por ello no pueden imponer retribuciones. Cuando el servicio lo presta un concesionario se fijará mediante el cálculo de una tarifa.

El principio de Igualdad en el acceso, funcionamiento y utilización del servicio público implica. Que todos los servicios públicos han de ser gratuitos. La necesidad de establecer discriminaciones positivas y reglas especiales para los ciudadanos que se hayan en situaciones de desigualdad. Que todos, sin excepción, debemos pagar el mismo precio por el uso de los servicios públicos. Que es inconstitucional dar trato de favor a las personas con discapacidad, pues no se tolera la discriminación.

Concreta los objetivos y efectos que se pretenden con el establecimiento de una subvención, así como los costes previsibles y sus fuentes de financiación. Plan estratégico de subvenciones. Convocatoria. Pliego de cargos. Bases reguladoras.

El reintegro de una subvención. Es la devolución de las cantidades percibidas. Es similar a la nulidad de la misma. Es una modalidad de reversión. Es el pago de los intereses de demora.

No constituye una actividad de servicio público. El suministro de agua, gas y electricidad. El transporte de altos cargos en coches oficiales. La educación primaria en un colegio concertado. El transporte en una línea regular de autobuses.

¿Qué deber se desprende de la normativa comunitaria del reconocimiento de una actividad como servicio universal?. Que la misma ha de ser ofertada exclusivamente por una Administración Pública. Que la prestación en la que consiste dicha actividad ha de ser gratuita para toda la población. Que constituye un servicio que deberá ofertarse más allá de las fronteras europeas. Que quienes desarrollen esta actividad han de garantizar unas prestaciones mínimas y de calidad.

El concepto tradicional de Servicio Público desarrollado por la doctrina francesa ha sido cuestionado por. La Comisión Europea. El Derecho Comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Directiva 2006/123/CE, referida a los Servicios en el mercado interior.

Si una administración no presta un servicio público al que está obligada por ley, ¿qué pueden hacer los ciudadanos afectados?. Cuentan con la convocatoria de manifestaciones como principal recurso jurídico. Tan solo pueden ejercer un derecho de queja, con una reclamación ante dicha administración. No existe nada parecido a un "derecho al establecimiento de servicio" en nuestro ordenamiento. Pueden incluso llegar a plantear un recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la administración.

La gestión indirecta de un Servicio Público tras la modificación operada por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Se realizará por una Sociedad mercantil cuyo capital social sea de titularidad pública. Se entenderá realizada al contrato de concesión de servicios y al contrato de servicios. Será asumida por un órgano especial de la propia Entidad local. Correrá a cargo de una Entidad pública empresarial local.

Forma de intervención en que la Administración restringe la libertad o derechos de los particulares sin sustituir su actividad. Actividad sancionadora. Actividad de limitación. Actividad inspectora. Actividad coactiva.

A partir de la Directiva de Servicios 2006/123/CE, la autorización administrativa. Deja de ser el modo normal de intervención. Su régimen jurídico se asimila al de la concesión. Se refuerza como medida de limitación por excelencia. Se generaliza para todos los países miembros de la Unión Europea.

La subvención se considera como. Una donación graciable. Una relación jurídica contractual. Un acto administrativo discrecional. Un acto administrativo unilateral necesitado de aceptación.

La noción de "servicio universal" en la legislación de la Unión Europea aparece vinculada. A los servicios sociales, asistenciales y culturales. A los servicios públicos que implican ejercicio de autoridad. A la educación y la sanidad. A servicios de carácter económico como las telecomunicaciones.

¿Qué forma de gestionar los servicios públicos permite la participación activa de una empresa privada?. La gestión directa sin órgano especial. La gestión directa con órgano especial. La gestión directa de los servicios públicos. La gestión indirecta de los servicios públicos.

Actividad desarrollada por la Administración Pública de carácter voluntario u obligatorio que decide controversias o conflictos entre ciudadanos o derechos públicos o privados. Arbitral. Coactiva. Limitación. Sancionadora.

La declaración responsable es. Un documento suscrito por la Administración. Un documento suscrito por el interesado. Una autorización especial. Una notificación.

Las prohibiciones como medidas de limitación son. Órdenes negativas que impiden al sujeto realizar una determinada conducta. Órdenes positivas que obligan al interesado a una determinada actividad. Apercibimientos de la Administración al titular de un derecho. Requerimientos de la Administración al titular de un derecho.

El carácter de subsidio de las subvenciones significa que estas. Son consideradas una ayuda para financiar determinadas actividades. Son un beneficio, lucro o premio para la Administración. Son una modalidad de pensiones. Son un beneficio, lucro o premio para el particular.

La actividad de fomento tiene como finalidad. Fomentar el orden público y la seguridad ciudadana. Imponer a los administrados determinados comportamientos para fomentar el Patrimonio nacional. Satisfacer los intereses privados para el fomento de la actividad privada. Estimular o incentivar actuaciones privadas que coinciden con el interés general.

La actividad de servicio público es aquella que ofrece a la ciudadanía prestaciones de carácter económico o social, cuya titularidad asume una Administración que se responsabiliza directamente de su gestión... ...o la encomienda a entidades de base privada bajo su supervisión o control. ...dirigiendo la acción de los particulares hacia fines de interés general. ...en régimen de monopolio a través de empresas públicas nacionalizadas. ...restringiendo la libertad o derechos de los particulares, sustituyendo con su actuación la libertad de éstos.

La adquisición a título gratuito por la Administración pública de bienes y derechos: Es el único medio de adquisición de bienes y derechos con el que cuenta la Administración. Está prevista exclusivamente para el caso de las Entidades Locales. No está permitida por el ordenamiento jurídico. Es uno de los medios de adquisición previstos por el ordenamiento jurídico como, por ejemplo, una donación o herencia en la que el beneficiario es la Administración.

La afectación es el cauce. A través del cual un bien entra a formar parte del dominio público. Que implica el cambio de afectación de un bien que, no obstante, se mantiene dentro del dominio público. Es una condición de los bienes patrimoniales de las Administraciones públicas. Que implica la salida de un bien del régimen demanial o de dominio público.

La caducidad de un procedimiento sancionador. No impide la incoación de uno nuevo para sancionar la misma infracción mientras ésta no haya prescrito. Equivale a un acto presunto estimatorio. Impide la incoación de un nuevo procedimiento sancionador. No está prevista por el Ordenamiento Jurídico.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia... ...ejerce su poder regulador a través de circulares sin valor normativo. ...desde 2013, es el único ente regulador que acoge nuestro Ordenamiento jurídico. ...está legitimada para actuar ante la Jurisdicción Contenciosa en defensa de la unidad de mercado. ...está habilitada para imponer penas privativas de libertad en defensa de la competencia.

La despublicación o pérdida de la titularidad pública de una empresa, servicio o actividad es lo que se denomina. Gestión pública indirecta. Desregulación. Liberalización. Privatización.

La fuerza mayor. La fuerza mayor opera exclusivamente en el Derecho penal. Es la única causa que exonera de responsabilidad patrimonial a la Administración Pública, según el art. 106.2 CE. Para que exista fuerza mayor tiene que probarse la intervención de un tercero. No exime de responsabilidad patrimonial a la Administración Pública.

La iniciación del procedimiento expropiatorio tiene lugar con: La declaración de necesidad de ocupación. La formulación de la hoja de aprecio. La declaración de la causa expropiandi. La determinación del justiprecio.

La LPAC establece como especialidad del procedimiento administrativo sancionador el derecho a: Ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos cuando se sea privado de libertad. Utilizar la lengua oficial de la Comunidad donde radique el centro penitenciario donde se interne al administrado. Exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por su responsabilidad como Estado Juez ante errores judiciales. La presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

La mutación demanial: Es una condición de los bienes patrimoniales de las Administraciones públicas. Es el cauce a través del cual un bien entra a formar parte del dominio público. Implica el cambio de afectación de un bien que no obstante se mantiene dentro del dominio público. Implica la salida de un bien del régimen demanial o de dominio público.

El justiprecio: Viene siempre determinado por el Jurado de Expropiación. Puede determinarse de forma amistosa entre el expropiado y la Administración mediante un convenio. Viene determinado por la hoja de aprecio formulada por la Administración expropiante que debe ser aceptada por el expropiado. Viene determinada por la hoja de depósito formulada por la Administración expropiante.

El concepto tradicional del servicio público en España: Tiene su origen en el modelo de jurisprudencia anglosajona. Se trata de una creación típicamente española. Tiene su origen en el modelo doctrinal francés. Tiene su origen en la doctrina alemana.

El principio de proporcionalidad como principio que informa el ejercicio de la potestad sancionadora: No se aplica en materia sancionadora. Es sinónimo al principio de irretroactividad. Sirve de moderador de posibles excesos en la tipificación de las sanciones. Entronca con el principio de reformatio in peius.

El régimen de prescripción que establece la LRJSP... ...es igual en cuanto a los plazos para las infracciones y para las sanciones. ...no es operativo, ya que hay demasiadas leyes sectoriales que infringen su regulación general. ...impone los plazos de prescripción aplicables a todo procedimiento administrativo sancionador. ...es subsidiario en defecto de determinación en las leyes sectoriales.

En el procedimiento de otorgamiento de una subvención: El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses y el efecto del silencio administrativo, desestimatorio. El plazo máximo de resolución es de seis meses y el efecto del silencio administrativo, estimatorio. El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses y no tiene cabida el silencio administrativo. El plazo máximo de notificación es de seis meses y el efecto del silencio administrativo, estimatorio.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, ¿es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente?. Sí, en todo caso, pero no es vinculante. No es preceptivo en ningún caso, pero el Gobierno puede solicitarlo cuando lo estime oportuno. Es preceptivo en los casos en que lo proponga el órgano instructor del procedimiento. Es preceptivo en las reclamaciones ante la Administración General del Estado a partir de 50.000€.

En relación con el dominio público, está sujeto a licencia o autorización administrativa previa: Uso común especial. Uso común general. Uso común particular. Uso privativo.

Forma de extinción de la responsabilidad administrativa sancionadora que acontece por el transcurso de un determinado período de tiempo desde la imposición en firme de la sanión sin que la Administración decida iniciar las actuaciones para ejecutarla o exigir su cumplimiento: Caducidad. Silencio administrativo negativo. Desistimiento. Prescripción.

Garantía material o sustantiva del derecho administrativo sancionador que está consagrada en el artículo 25.1 de la Constitución Española y prohíbe la responsabilidad objetiva: Principio de culpabilidad. Principio de legalidad. Principio de tipicidad. Principio non bis in idem.