1. El Comité de DDHH de las Naciones Unidas: a) No contempla ningún sistema de informes periódicos de los Estados. b) Es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. c) Contempla un sistema de informes periódicos que deben presentar los Estados parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. d) Contempla un sistema de informes periódicos que solo afecta a los Estados que hayan ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
2. Las denuncias (llamadas comunicaciones individuales) ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: a) Pueden ser presentadas por cualquier individuo bajo la jurisdicción de un Estado parte en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que sea víctima de la violación del Pacto. b) Pueden ser presentadas por cualquier individuo bajo la jurisdicción de un Estado parte en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, siempre que sea nacional de ese Estado. c) Solo pueden ser presentadas por el abogado de un individuo bajo la jurisdicción de un Estado parte en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. d) No pueden ser presentadas por el abogado de un individuo bajo la jurisdicción de un Estado parte en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
3. En virtud de la competencia consultiva del Tribunal Internacional de Justicia: a) Los nacionales de un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas pueden solicitarle la emisión de dictámenes. b) Los jueces de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas pueden solicitarle la emisión de dictámenes. c) La Asamblea General de las Naciones Unidas puede solicitarle la emisión de dictámenes. d) Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas pueden solicitarle la emisión de dictámenes.
4. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar: a) Los nacionales de un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas pueden solicitarle la emisión de dictámenes. b) Los jueces de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas pueden solicitarle la emisión de dictámenes. c) La Asamblea General de las Naciones Unidas puede solicitarle la emisión de dictámenes d) Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas pueden solicitarle la emisión de dictámenes.
5. En el ejercicio de la función jurisdiccional de la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: a) No ejerce ninguna función dentro del procedimiento contencioso. b) Puede solicitar a la Corte la suspensión de un procedimiento que haya iniciado, pero la suspensión no podrá exceder de doce meses, si bien podrá ser renovada. c) Puede solicitar la incoación de un procedimiento a través de la Fiscalía, pero no su suspensión una vez que se ha iniciado. d) Solo participará en la función jurisdiccional si lo ha autorizado la Asamblea General de las Naciones Unidas.
6. ¿Cuál es la respuesta correcta en relación con la lengua del procedimiento en los procedimientos prejudiciales, según el Reglamento de Procedimiento del TJUE? a) En los procedimientos prejudiciales, la lengua de procedimiento será la del órgano jurisdiccional remitente, sin excepciones, ni siquiera para la fase oral. b) La lengua del procedimiento será, efectivamente, la del órgano jurisdiccional remitente, pero el Reglamento permite que, previa petición debidamente justificada presentada por una de las partes del litigio principal se pueda autorizar, tras oír a la otra parte del litigio principal y al Abogado General, el empleo en la fase oral del procedimiento de otra de las lenguas mencionadas en el artículo 36 del Reglamento de Procedimiento TJUE. c) La lengua del procedimiento en los procedimientos prejudiciales será la que pacten de mutuo acuerdo el tribunal remitente y el TJUE d) Ninguna de las anteriores es correcta. La lengua del procedimiento en los procedimientos prejudiciales es el inglés o el francés.
7. En relación con el procedimiento prejudicial ante el TJUE elija la única respuesta correcta: a) El procedimiento prejudicial lo han de promover las partes del proceso ante el TJUE, previa deliberación del Juzgado o Tribunal de última instancia de la jurisdicción que conozca del asunto, y sólo cuando cuente con el visto bueno del tribunal nacional, y deje en suspenso el procedimiento de origen pueden plantearlo directamente las partes ante el TJUE. b) El procedimiento prejudicial es elevado al TJUE directamente por las partes del proceso, que se comunican también directamente con el TJUE. c) Junto al texto de preguntas que formule el órgano jurisdiccional ante el TJUE debe aportar: (i) exposición concisa del objeto del litigio y de los hechos; (ii) texto de disposiciones nacionales aplicables al caso y en su caso jurisprudencia nacional y (iii) razones que llevan a preguntarse la interpretación o validez de las disposiciones del Derecho UE y relación entre la normativa europea y la nacional. d) Ninguna de las anteriores es correcta.
8. Un cliente le pregunta sobre si ante el TJUE, en los recursos directos, existen formas de terminación del procedimiento distintos del dictado de resolución final que resuelva la cuestión de fondo: a) Sí existe, pero sólo cabría el sobreseimiento por pérdida sobrevenida del objeto, tal como prevén las normas procesales españolas b) Sí existen. Cabe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo amistoso, que se desista del procedimiento y también existe la posibilidad de un sobreseimiento. c) No cabe dicha posibilidad. Todos los asuntos se terminan mediante el dictado de una sentencia que habrá de resolver sobre el fondo, excepto en las demandas y recursos manifiestamente inadmisibles o infundados que se resuelven mediante auto motivado. d) Sí existen: cabe desistimiento y el sobreseimiento, pero no el acuerdo amistoso, que está expresamente prohibido ante el TJUE.
9. Se le pregunta sobre el mandato y revocación de los jueces del TEDH: a) El periodo de elección es de 9 años y no pueden ser reelegidos. Sólo puede relevarlos de sus funciones la Alta Parte contratante del Convenio que lo haya propuesto al cargo b) Periodo de elección 9 años, sin posibilidad de ser reelegido y un juez sólo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de dos tercios, que dicho juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo. c) El mandato es de 5 años. No pueden ser relevados de su cargo, una vez elegidos y habiendo jurado el cargo, salvo delinto flagrante d) El Convenio Europeo de Derechos Humanos no dice nada al respecto.
10. Un cliente le consulta sobre las características de las sentencias y decisiones del TEDH. Escoja la única respuesta correcta conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos: a) Las sentencias serán motivadas. Todas han de adoptarse por unanimidad b) El convenio no incluye ningún artículo relativo a la motivación de sentencias y decisiones porque va de suyo que toda sentencia tiene que razonarse. Tampoco se pronuncia sobre el voto particular, por lo que, en cada pronunciamiento, el TEDH vota también sobre si acepta o no votos particulares c) Sólo han de motivarse las sentencias que resuelvan sobre el fondo, pero no las que acuerden la inadmisión de la demanda por defectos de forma insubsanables. No caben votos particulares. d) El Convenio estipula que las sentencias, así como las decisiones que declaren las demandas admisibles o inadmisibles, serán motivadas. Además, si la sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, todo juez tendrá derecho a unir a ella su opinión (voto particular).
11. La interposición del recurso de amparo: a) Puede dar lugar a la suspensión, pero a ninguna otra medida cautelar: art. 56.3 LOTC. b) Puede dar lugar a la suspensión de la resolución recurrida si, una vez admitido el recurso, el Tribunal constitucional acuerda la suspensión en la oportuna pieza separada: art. 56 LOTC. c) Suspende automáticamente la ejecución de la resolución recurrida. d) No puede dar lugar a la suspensión.
12. Para la admisión del recurso de amparo: a) Es preciso que se denuncie una lesión grave de un derecho fundamental. b) Basta que el asunto tenga especial trascendencia constitucional, no hace falta que se de lesión del derecho fundamental. c) Es preciso que se denuncie lesión de un derecho fundamental y que el asunto tenga especial trascendencia constitucional: STC 155/2009, FJ 2. d) Es preciso que se denuncie lesión muy grave de un derecho fundamental.
13. La negativa manifiesta a acatar la doctrina de Tribunal Constitucional, para que sea fundamento de la admisión de un recurso de amparo: a) Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha de ser clara, notoria y grave. b) Ha de ser clara, notoria y grave según la STC 155/2009. c) Puede ser implícita (SSTC 5/2017 y 6/2017, ambas de 16 de enero) d) Ha de ser explícita.
14. El principio de proporcionalidad es aplicado… a) Por el TEDH, el TJUE y el Tribunal Constitucional. b) Sólo por el TJUE. c) Sólo por el TEDH y el Tribunal Constitucional. d) Sólo por el TEDH y el TJUE.
15. El principio de proporcionalidad comprende el análisis… a) Sólo de la necesidad de la medida. b) Solamente de la idoneidad o aptitud de la medida o restricción del derecho fundamental c) De la idoneidad o aptitud, de la necesidad y de la proporcionalidad en sentido estricto. d) Solamente de la idoneidad (o aptitud) y de la necesidad de la medida.
16. La necesidad, como criterio integrante del principio de proporcionalidad, consiste en analizar... a) Que los intereses públicos en juego compensen la gravedad de la lesión. b) Determinados aspectos marginales, ya que se trata del criterio menos relevante de los tres en que consiste el análisis de la proporcionalidad. c) Que la intervención pública o limitación del derecho sea necesaria o indispensable por no existir un instrumento más moderado para la consecución del fin. d) Que la medida sea apta para alcanzar el fin perseguido.
17. Las garantías que establece el art. 25.2 CE para el proceso penal: a) No son aplicables al procedimiento administrativo sancionador b) Han de observarse con ciertos matices en el procedimiento administrativo sancionador (STC 89/1995, de 6 de junio c) Se aplica al procedimiento administrativo sancionador el derecho de defensa (STC 4/1982), pero no el derecho a ser informado de la acusación (SSTC 31/1986, 190/1987, 29/1989). d) Se aplica al procedimiento administrativo sancionador el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (STC 2/1987, de 21 de enero), pero no la presunción de inocencia (STC 138/1990, de 17 de septiembre).
18. Para que se satisfaga el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE): a) Basta que la resolución judicial sea motivada. b) Basta que la resolución judicial no incurra en error patente. c) Basta que la resolución judicial sea motivada y fundada en Derecho. d) Si el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) se presenta en conexión con otro derecho fundamental el deber de motivación es más riguroso.
19. El juez ordinario predeterminado por la Ley debe ser determinado: a) Con discrecionalidad gubernativa, si así lo permite la ley. b) En una Ley en sentido estricto (STC 101/1984, de 8 de noviembre, FJ 4). c) En Ley o en Decreto-Ley. d) En una Ley orgánica necesariamente.
20. La presunción de inocencia: a) No se aplica ni en el proceso civil, ni respecto de las condenas civiles en los procesos penales (SSTC 257/1993, de 20 de julio, FJ2 y 367/1993, de 13 de diciembre, FJ 2). b) No se aplica en el ámbito administrativo sancionador (STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 8). c) Rige en el proceso laboral (STC 30/1992, de 18 de marzo). d) No se aplica en el proceso civil, pero sí en las condenas civiles en los procesos penales.
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