Preguntas de aritmética aplicada

1. El principio de proporcionalidad en el procedimiento administrativo garantiza que: a) La administración pueda actuar libremente sin límites. b) Las medidas sean adecuadas y necesarias para el fin previsto. c) Todo acto administrativo sea discrecional. d) Se priorice la eficacia sobre la legalidad.

2. Cuando una autoridad pública emite un acto sin competencia, dicho acto es: a) Válido pero impugnable. b) Ilegal pero eficaz. c) Nulo de pleno derecho. d) Convalidable mediante silencio administrativo.

3. El silencio administrativo positivo procede cuando: a) La administración rechaza de manera expresa una petición. b) Ha transcurrido el plazo legal sin pronunciamiento. c) El servidor público lo autoriza por escrito. d) Se trata de actos discrecionales.

4. La revocatoria de actos administrativos favorables requiere: a) Una orden judicial obligatoria. b) Consentimiento del administrado o causa legal. c) Simple decisión jerárquica. d) Dictamen de la Procuraduría.

5. El derecho de repetición implica que: a) El Estado nunca responde por sus agentes. b) El Estado responde y puede cobrar al servidor culpable. c) Los daños los asume el administrado. d) La responsabilidad se extingue automáticamente.

6. La prescripción de la potestad sancionadora en materia administrativa opera en: a) El plazo que fije la autoridad discrecionalmente. b) Los plazos expresamente señalados en la ley. c) Cinco años contados desde la infracción siempre. d) Nunca prescribe.

7. La delegación de competencias administrativas implica: a) Transferencia definitiva de atribuciones. b) Transferencia parcial pero sin responsabilidad. c) Delegación del ejercicio pero no de la titularidad. d) Exoneración total del delegante.

8. El principio de interdicción de la arbitrariedad obliga a la administración a: a) Actuar únicamente con base en precedentes judiciales. b) Fundamentar siempre sus actos en normas y razones. c) Justificar los actos solo si son desfavorables. d) Seguir instrucciones de superiores sin motivación.

9. La potestad reglamentaria corresponde principalmente a: a) La Contraloría. b) El Presidente de la República. c) La Corte Constitucional. d) Los jueces administrativos.

10. Los actos administrativos se presumen: a) Ilegales. b) Válidos. c) Inexistentes. d) Arbitrarios.

11. El COA establece que el procedimiento administrativo debe regirse por el principio de: a) Eficiencia exclusiva. b) Unidad jurisdiccional. c) Legalidad. d) Jerarquía sobre la igualdad.

12. La nulidad absoluta de un acto administrativo se configura cuando: a) Hay vicio de forma no esencial. b) Se afecta de manera grave el ordenamiento jurídico. c) El administrado no interpone recursos. d) La autoridad es competente pero omite motivación.

13. El silencio administrativo negativo significa que: a) La petición queda automáticamente aceptada. b) La falta de respuesta equivale a rechazo. c) El administrado pierde el derecho de recurso. d) La administración reconoce derechos adquiridos.

14. El principio de eficacia en el derecho administrativo busca: a) Alcanzar resultados sin considerar la legalidad. b) Garantizar que las decisiones cumplan el fin previsto. c) Que las resoluciones sean rápidas aunque ilegales. d) Que los recursos se agoten siempre.

15. La presunción de legitimidad de los actos administrativos significa que: a) Son válidos hasta que un juez declare lo contrario. b) No pueden ser impugnados. c) Carecen de motivación. d) Son discrecionales en todos los casos.

16. El acto administrativo favorable a un particular: a) Puede revocarse en cualquier momento. b) Solo puede anularse si hay causa legal expresa. c) Siempre prevalece sobre el interés público. d) Se extingue por caducidad inmediata.

17. La potestad sancionadora de la administración se fundamenta en: a) Principio de tipicidad y legalidad. b) Discrecionalidad absoluta. c) Costumbre administrativa. d) Doctrina jurisprudencial.

18. El recurso administrativo que se presenta ante la misma autoridad que dictó el acto es: a) Revisión. b) Recurso de reposición. c) Recurso de apelación. d) Recurso extraordinario.

19. La convalidación de un acto administrativo es posible cuando: a) Existen vicios subsanables. b) El acto es nulo de pleno derecho. c) No existe legitimidad del servidor. d) El acto nunca surtió efectos.

20. La administración pública debe actuar bajo el principio de buena fe, lo que implica que: a) Puede apartarse de la legalidad por conveniencia. b) Debe respetar la confianza legítima de los ciudadanos. c) Solo aplica en contratos privados. d) Permite revocar actos a discreción.

21. Según la Constitución, la administración pública se rige por principios de: a) Supremacía judicial y autonomía absoluta. b) Eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación y transparencia. c) Jerarquía sobre legalidad y control político. d) Subsidiariedad y discrecionalidad.

22. El artículo 233 de la Constitución establece que: a) Ningún servidor público está sujeto a responsabilidad civil. b) Ningún servidor público está exento de responsabilidad penal, civil y administrativa. c) El Estado no puede repetir contra el servidor culpable. d) La inmunidad protege a todos los funcionarios públicos.

23. El principio de supremacía constitucional significa que: a) La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma. b) Las leyes orgánicas pueden modificar la Constitución. c) Los reglamentos se aplican por encima de la Constitución. d) Los decretos ejecutivos tienen igual jerarquía.

24. El derecho de acción constitucional que protege frente a violaciones de derechos por autoridades públicas es: a) Habeas data. b) Acción de protección. c) Acción extraordinaria de protección. d) Acción por incumplimiento.

25. La Procuraduría General del Estado tiene la función de: a) Supervisar a la Contraloría. b) Defender judicialmente al Estado. c) Expedir normas con rango de ley. d) Revisar sentencias de última instancia.

26. La Contraloría General del Estado ejerce principalmente: a) Función legislativa. b) Control externo de la administración pública. c) Función jurisdiccional. d) Competencias disciplinarias internas.

27. El principio de legalidad implica que: a) La administración solo actúa si una norma lo autoriza. b) Los actos discrecionales están por encima de la ley. c) Los jueces deben aplicar primero los decretos. d) Todo funcionario tiene inmunidad legal.

28. La participación ciudadana en la administración pública es: a) Un principio secundario. b) Un deber exclusivo de los GAD. c) Un derecho reconocido en la Constitución. d) Una potestad discrecional de los ministerios.

29. El Estado se organiza en funciones: a) Legislativa, Ejecutiva, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. b) Legislativa, Ejecutiva y Judicial únicamente. c) Ejecutiva, Legislativa, Militar y Electoral. d) Ejecutiva, Judicial y Fiscalizadora.

30. La acción extraordinaria de protección procede contra: a) Cualquier acto administrativo. b) Sentencias judiciales que vulneren derechos constitucionales. c) Contratos privados. d) Decisiones políticas del Ejecutivo.

31. El principio de igualdad ante la ley implica que: a) El Estado puede establecer privilegios. b) Todas las personas gozan de los mismos derechos y deberes. c) Solo aplica para nacionales. d) No rige en materia administrativa.

32. La consulta popular en la Constitución se considera un mecanismo de: a) Democracia directa. b) Democracia representativa. c) Democracia indirecta. d) Control judicial.

33. La autonomía de la administración pública está limitada por: a) La discrecionalidad del Presidente. b) La supremacía de la Constitución y la ley. c) El principio de jerarquía administrativa. d) La voluntad del funcionario.

34. La responsabilidad del Estado por error judicial está reconocida en la Constitución como parte del derecho a: a) Debido proceso. b) Tutela judicial efectiva. c) Acción de incumplimiento. d) Acción extraordinaria.

35. La organización territorial del Estado ecuatoriano se fundamenta en: a) Descentralización y autonomías. b) Centralización absoluta. c) Régimen militar. d) Exclusiva discrecionalidad del Ejecutivo.

36. La transparencia en la gestión pública implica: a) Derecho de acceso a la información pública. b) Reserva total de actos administrativos. c) Publicidad discrecional de documentos. d) Limitación al control ciudadano.

37. La Defensoría del Pueblo tiene como función principal: a) Proteger derechos humanos y de la naturaleza. b) Fiscalizar contratos públicos. c) Ejercer control constitucional. d) Expedir reglamentos internos.

38. El principio de juridicidad significa que: a) La administración actúa solo conforme a derecho. b) Los servidores pueden decidir sin ley. c) La costumbre prevalece sobre la norma. d) La jurisprudencia reemplaza a la Constitución.

39. El Estado ecuatoriano se declara en la Constitución como: a) Unitario, plurinacional e intercultural. b) Federal, multicultural y descentralizado. c) Confederado, plurinacional y federal. d) Autárquico y centralizado.

40. El derecho a la resistencia, previsto en la Constitución, faculta a: a) La ciudadanía a rebelarse contra cualquier acto político. b) La ciudadanía a oponerse a actos que vulneren derechos. c) Solo a partidos políticos a cuestionar leyes. d) Los jueces a declarar nulas las leyes.

41. El COOTAD tiene como objetivo principal: a) Fortalecer la centralización administrativa. b) Garantizar la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD. c) Suprimir la autonomía financiera de los municipios. d) Otorgar todas las competencias al Ejecutivo.

42. El principio de subsidiariedad implica que: a) El gobierno central puede asumir todas las competencias locales. b) Las competencias deben ejercerse en el nivel más cercano a la población. c) Los gobiernos provinciales tienen supremacía sobre los cantonales. d) La función legislativa concentra todas las atribuciones.

43. La solidaridad, como principio del COOTAD, significa: a) Redistribución de recursos para compensar inequidades. b) Supremacía de un nivel de gobierno sobre otro. c) Prioridad exclusiva a las ciudades capitales. d) Preeminencia de la administración central.

44. La planificación en los GAD debe articularse: a) Únicamente con los planes cantonales. b) Con el Plan Nacional de Desarrollo. c) Con el reglamento de la Presidencia. d) Con las resoluciones de la Asamblea.

45. La autonomía de los GAD no puede interpretarse como: a) Facultades normativas propias. b) Independencia financiera. c) Separación o secesión del territorio nacional. d) Autogestión en su circunscripción.

46. La transferencia de competencias del Ejecutivo a los GAD debe ser: a) Discrecional. b) Obligatoria y progresiva. c) Temporal y revocable. d) Exclusiva de los municipios.

47. La organización territorial en el Ecuador se fundamenta en: a) Descentralización obligatoria y progresiva. b) Centralización administrativa. c) Regionalización voluntaria. d) Exclusiva discrecionalidad presidencial.

48. Los ingresos de los GAD provienen de: a) Aportes discrecionales del Ministerio de Finanzas. b) Impuestos, tasas, contribuciones y transferencias del Estado. c) Donaciones privadas exclusivamente. d) Créditos internacionales únicamente.

49. El COOTAD establece que los recursos se distribuyen entre los GAD según: a) Igualdad matemática entre cantones. b) Criterios de población, necesidades básicas y equidad. c) Exclusivamente según PIB cantonal. d) Preferencia a ciudades capitales.

50. Los gobiernos parroquiales rurales son: a) Órganos dependientes de los municipios. b) Gobiernos autónomos descentralizados de menor nivel. c) Autoridades delegadas de la provincia. d) Órganos de control estatal.

51. La función normativa en los GAD cantonales corresponde a: a) Alcalde. b) Concejo municipal. c) Gobernador. d) Presidente de la República.

52. Los GAD provinciales tienen como competencia exclusiva: a) Planificar el desarrollo de la provincia. b) Dictar sentencias judiciales. c) Regular la política monetaria. d) Gestionar las notarías.

53. La mancomunidad entre GAD significa: a) Unión voluntaria para gestionar competencias comunes. b) Fusión definitiva de municipios. c) Absorción de competencias por provincias. d) Intervención directa del Ejecutivo.

54. La descentralización fiscal implica: a) Recaudación y distribución de ingresos por parte de los GAD. b) Monopolio del Estado central en tributos. c) Exclusiva dependencia de aportes internacionales. d) Eliminación de impuestos locales.

55. Los niveles de gobierno autónomo descentralizado en Ecuador son: a) Provincial, cantonal, parroquial y regional. b) Nacional, militar y judicial. c) Ejecutivo, legislativo y municipal. d) Capital, cabecera cantonal y comunidad.

56. El principio de equidad interterritorial busca: a) Igualdad de acceso a servicios y recursos. b) Prioridad de grandes ciudades sobre zonas rurales. c) Exclusiva inversión en provincias amazónicas. d) Limitación de transferencias estatales.

57. La participación ciudadana en los GAD es: a) Un deber exclusivo del alcalde. b) Un derecho obligatorio de la ciudadanía. c) Una potestad discrecional del gobernador. d) Una acción limitada a la consulta popular.

58. El COOTAD establece que la coordinación entre niveles de gobierno debe basarse en: a) Corresponsabilidad. b) Jerarquía política. c) Supremacía del nivel central. d) Exclusividad de competencias.

59. El régimen especial de Galápagos se regula por: a) Normas de excepción en la Constitución y el COOTAD. b) Reglamentos provinciales. c) Decisiones cantonales. d) Decretos de alcaldes.

60. Según el COOTAD, los GAD tienen como fines: a) Promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable. b) Centralizar la gestión pública. c) Suprimir la autonomía ciudadana. d) Reducir la participación comunitaria.

61. El principio de transparencia en contratación pública implica: a) Publicidad de procesos y acceso ciudadano a la información. b) Reserva de expedientes hasta la adjudicación. c) Difusión únicamente a proveedores internacionales. d) Secreto administrativo en la adjudicación.

62. La modalidad de contratación aplicable de manera excepcional, con autorización previa, es: a) Subasta inversa. b) Contratación directa. c) Licitación. d) Concurso público.

63. El régimen especial en contratación pública se aplica a: a) Compras corporativas obligatorias. b) Contratos entre entidades del sector público. c) Subastas inversas obligatorias. d) Compras menores a un salario básico.

64. El procedimiento de menor cuantía se refiere a: a) Procesos cuyo monto no supera un umbral legal. b) Cualquier contratación sin concurso. c) Solo adquisiciones internacionales. d) Únicamente consultorías.

65. La máxima autoridad de la entidad contratante puede delegar el procedimiento a: a) Un comité de compras internas. b) La Asamblea Nacional. c) Exclusivamente al Presidente de la República. d) Un juez administrativo.

66. En caso de emergencia declarada, la contratación pública permite: a) Adjudicar directamente respetando los principios de legalidad. b) Exonerar de toda formalidad. c) Evitar controles posteriores. d) Contratar sin disponibilidad presupuestaria.

67. Los pliegos en los procesos de contratación deben contener: a) Requisitos técnicos, legales y económicos. b) Solamente especificaciones de precio. c) Únicamente cláusulas discrecionales. d) Exclusivamente la firma del contratista.

68. La adjudicación de un contrato público corresponde a: a) El presidente de la República. b) La máxima autoridad o su delegado. c) La Contraloría General. d) El procurador síndico.

69. La subasta inversa se caracteriza por: a) Ofertas crecientes hasta adjudicar. b) Ofertas decrecientes de precio. c) Únicamente consultorías. d) Aplicación discrecional del proveedor.

70. La inhabilidad para contratar con el Estado recae en: a) Servidores públicos y sus parientes cercanos. b) Todo ciudadano extranjero. c) Todas las personas jurídicas privadas. d) Quienes tengan RUC inactivo temporalmente.

71. El principio de igualdad en contratación pública garantiza que: a) Todos los oferentes reciban trato no discriminatorio. b) Los proveedores locales tengan siempre preferencia. c) El precio más bajo siempre gana. d) Se elimine la participación internacional.

72. Los contratos de obra pública se celebran bajo la modalidad de: a) Concurso público o licitación. b) Subasta inversa obligatoria. c) Contratación directa en todos los casos. d) Régimen especial de emergencia.

73. El registro de proveedores en el portal del SERCOP es: a) Requisito previo para participar en procesos de contratación. b) Opcional para contrataciones mayores a un millón. c) Exigible solo en contrataciones internacionales. d) No aplicable a personas naturales.

74. La terminación unilateral del contrato por parte de la entidad contratante procede: a) Cuando hay incumplimiento grave del contratista. b) Siempre que la autoridad lo decida. c) Únicamente con autorización judicial. d) Solo si hay mutuo acuerdo.

75. Los contratos de consultoría se adjudican principalmente bajo: a) Concurso público de méritos y oposición. b) Subasta inversa electrónica. c) Menor cuantía. d) Régimen especial.

76. El principio de eficiencia en contratación pública implica: a) Obtener el mejor resultado con el uso racional de recursos. b) Priorizar la rapidez sobre la calidad. c) Contratar siempre con el oferente más rápido. d) Evitar la competencia entre proveedores.

77. La publicación de los procesos de contratación se realiza a través de: a) Portal del SERCOP. b) Boletín oficial de la Asamblea. c) Registro Oficial. d) Ministerio de Economía.

78. Los anticipos en contratos de obra deben estar garantizados mediante: a) Pólizas o garantías aceptadas por la ley. b) Certificado bancario simple. c) Contrato verbal del proveedor. d) Promesa unilateral de pago.

79. La Contraloría General del Estado en materia de contratación pública tiene como función: a) Control posterior de legalidad y uso de recursos. b) Autorizar directamente la adjudicación. c) Elaborar pliegos de condiciones. d) Designar a los contratistas.

80. La figura de terminación por mutuo acuerdo en contratos públicos requiere: a) Consentimiento expreso de las partes. b) Aprobación de la Asamblea Nacional. c) Decisión unilateral de la entidad. d) Autorización de la Corte Constitucional.

81. La Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra (conocida como Ley de Plusvalía) : a) Reformada parcialmente en 2023. b) Derogada. c) Vigente y aplicable. d) Reformada en el año 2015.

82. Antes de la reforma al COOTAD de 2023, el principio de paridad de género en los GAD: a) No existía. b) Se aplicaba solo en parroquias rurales. c) Estaba limitado a gobiernos provinciales. d) Era de aplicación exclusiva en la Asamblea Nacional.

83. La Constitución de 1998 establecía la reelección presidencial: a) Por una sola vez consecutiva. b) Ilimitada. c) Prohibida absolutamente. d) Cada 5 años.

84. En el régimen anterior a la Constitución de 2008, la Contraloría tenía: a) Competencia de control previo. b) Únicamente control posterior. c) Funciones jurisdiccionales. d) Ninguna competencia sobre contratación pública.

85. La Ley Orgánica de Contratación Pública de 2001 fue reemplazada por: a) La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. b) El Código Orgánico Administrativo de Contratación Pública. c) La Constitución de 2008 directamente con procedimientos de contratación. d) El Código Civil en procesos de Contratación.

86. En la Constitución de 1998, los municipios eran denominados: a) Gobiernos seccionales. b) Gobiernos autónomos descentralizados. c) Órganos desconcentrados. d) Gobiernos de parroquias rurales.

87. Según el COA, ¿cuál es el efecto principal de la ejecutoriedad de un acto administrativo válido?. a) Obliga únicamente a la Administración. b) Permite su cumplimiento forzoso incluso contra la voluntad del administrado. c) Genera cosa juzgada administrativa. d) Suspende automáticamente los recursos administrativos.

88. En el procedimiento administrativo sancionador, ¿cuál de las siguientes NO constituye un principio rector expreso del COA?. a) Presunción de inocencia. b) Tipicidad. c) Celeridad. d) Doble instancia obligatoria.

89. De acuerdo con la Constitución de 2008, ¿cuál es el límite para la delegación de competencias administrativas?. a) No puede comprender potestades normativas. b) No puede comprender potestades financieras. c) No puede comprender potestades jurisdiccionales ni legislativas. d) Puede comprender cualquier potestad salvo la disciplinaria.

90. ¿Qué recurso procede contra un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa?. a) Recurso de revisión. b) Recurso extraordinario de alzada. c) Recurso extraordinario de revisión. d) Recurso jerárquico especial.

91. Conforme al COA, ¿qué acto administrativo se considera “expreso”?. a) El que resulta tácitamente aprobado por silencio administrativo positivo. b) El que se exterioriza mediante documento escrito con motivación suficiente. c) El que ha sido publicado en el Registro Oficial. d) El que ha adquirido firmeza en vía administrativa.

92. De acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), ¿qué principio rige la selección de oferentes en los procedimientos precontractuales?. a) Principio de proporcionalidad. b) Principio de subsidiariedad. c) Principio de igualdad, transparencia y concurrencia. d) Principio de oportunidad administrativa.

93. ¿Cuál es el plazo máximo para que la Administración resuelva un recurso administrativo, salvo disposición especial?. a) 15 días hábiles. b) 30 días hábiles. c) 60 días calendario. d) 90 días calendario.

94. El contrato administrativo en Ecuador se diferencia del contrato civil principalmente porque: a) Su objeto siempre es la prestación de servicios públicos. b) Se rige por normas de derecho privado. c) Está sujeto a un régimen exorbitante en favor de la Administración. d) Puede ser celebrado sin procedimiento previo de selección.

95. En el sistema ecuatoriano, ¿cuál es la consecuencia directa de la caducidad de un procedimiento administrativo?. a) Nulidad de todos los actos emitidos. b) Extinción de la pretensión administrativa, sin perjuicio de iniciar otro procedimiento. c) Suspensión del acto administrativo final. d) Conversión automática en silencio administrativo negativo.

96. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento esencial del acto administrativo según doctrina y legislación ecuatoriana?. a) Sujeto competente. b) Objeto lícito. c) Forma escrita y publicación. d) Motivación suficiente.

97. ¿Cuál de los siguientes órganos ejerce función administrativa y no jurisdiccional ni legislativa?. a) Corte Constitucional al dictar sentencias de control abstracto. b) Consejo de la Judicatura en su potestad disciplinaria. c) Asamblea Nacional al expedir leyes orgánicas. d) Tribunal Contencioso Electoral al resolver recursos electorales.

98. El control previo de legalidad de contratos administrativos en Ecuador se encuentra principalmente a cargo de: a) La Procuraduría General del Estado. b) La Contraloría General del Estado. c) El Ministerio de Economía y Finanzas. d) El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

99. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las ordenanzas municipales?. a) Reglamentos subordinados a la ley. b) Actos administrativos de efectos particulares. c) Normas con rango de ley dentro del territorio del GAD. d) Directrices internas de la administración municipal.

100. Según el COA, cuando una autoridad administrativa es incompetente para conocer un asunto, debe: a) Declarar la nulidad del procedimiento. b) Rechazar la petición de plano. c) Remitir las actuaciones a la autoridad competente. d) Consultar al órgano superior para decidir.