____________, es propia de los sistemas jurídicos legalistas o mejor conocidos como civil law, en donde la jurisprudencia es considerada una fuente auxiliar pues no tiene la capacidad de generar obligaciones generales y abstractas, sino que se limita a interpretar la ley en su aplicación, y dicha interpretación tiene un mayor o menor grado de autoridad, pero exclusivamente frente a los Jueces/zas, Magistrados/as de menor jerarquía en sus decisiones y no como normas obligatorias para la administración en general.
Cosa diferente sucede con los países del common law, en donde la jurisprudencia cobra un sentido diferente, pues se trata de la ley surgida de los casos, ________. En el common law, la regla no surge de la interpretación de una ley, sino que se trata de la implementación de una regla para la solución de un problema concreto en que los hechos juegan un papel fundamental. La regla de ______ no puede entenderse desligada de los hechos, pues es solo frente a la hipótesis que ellos plantean que la regla es aplicable, y frente a esa hipótesis, la regla resulta de obligatorio cumplimiento, tanto para los Jueces/zas, Magistrados/as inferiores como para los tribunales que la expidan e incluso frente a la administración.” (Corte Constitucional, sentencia C-621 de 2015).
Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de:
Doctrina probable – case of law – case of law. Case of law – doctrina probable – case of law. Precedente jurisprudencial – doctrina probable – case of law. Precedente jurisprudencial – case of law – doctrina probable.
Las opiniones consultivas que realiza la Corte IDH son producto de la competencia que le concede el Pacto de San José (artículos 41e y 64)
Esta función interpretativa se ejerce sobre cualquier tratado internacional que fuese parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, las opiniones consultivas tienen limitaciones entre las cuales se encuentran:
1.Que el tratado carezca de implicaciones directas en la garantía de los DDHH en un Estado que hace parte del Sistema Interamericano.
2.Que la solicitud de consulta esté enfocada en reafirmar la Jurisdicción Contenciosa de la Corte IDH.
3.Que el tratado tenga implicaciones directas en la garantía de los DDHH en un Estado que hace parte del Sistema Interamericano.
4.Que la solicitud de consulta esté enfocada en desvirtuar la Jurisdicción Contenciosa de la Corte IDH.
1 y 2 son correctas 2 y 3 son correctas 3 y 4 son correctas 1 y 4 son correctas.
Desde un plano teórico del constitucionalismo global puede entenderse que el reconocimiento de principios es una agenda política y académica que identifica y aboga por la aplicación de principios internacionales de Derechos Humanos a problemas jurídicos surgidos en una comunidad jurídico-política local, a través de criterios hermenéuticos que les den fuerza vinculante a las disposiciones desarrolladas por el orden jurídico internacional.
Esta teoría le da un enfoque diferente al tradicional constitucionalismo que se fundamenta en la obligatoriedad de las normas y reglas jurídicas del Derecho interno o nacional frente a las disposiciones del Derecho Internacional, cuyo valor vinculante se fundamenta especialmente en el principio de pacta sunt servanda. Esta situación deja a criterio de las autoridades de cada Estado la aplicación o no de las disposiciones que crean y rigen a las autoridades y organismos internacionales, especialmente, aquellas que tienen facultades jurisdiccionales.
Por lo expuesto, dentro de las características que ha desarrollado el constitucionalismo global contemporáneo se encuentran:
1. Legitimación del ejercicio del poder público.
2. Prevalencia del Derecho positivo interno sobre las reglas del Derecho Internacional.
3. Interpretación de las reglas del Derecho local – nacional, aplicando criterios de interpretación que armonicen las disposiciones constitucionales que hacen parte del sistema jurídico nacional.
4. El juicio de ponderación como técnica de interpretación de las disposiciones constitucionales para la resolución de problemas que tengan relación con los Derechos Humanos.
1 y 2 son correctas 3 y 4 son correctas 2 y 3 son correctas 1 y 4 son correctas .
La teoría jurídica considera que las reglas y los principios son categorías de normas jurídicas que establecen aquello que debe ser (regla) y lo que es (principio). Por ello, estas dos disposiciones tienen una vocación normativa que se ve reflejada en permisiones, mandatos y prohibiciones para limitar y exigir un comportamiento específico. A pesar de la aparente similitud entre estos conceptos jurídicos la Corte Constitucional desde los albores de creación jurisprudencial ha considerado que tienen diferencias sustanciales pero que, al momento de la interpretación judicial, construyen una sinergia necesaria para la eficacia de las disposiciones constitucionales. Así, los principios son normas a través de las cuales se estructuran y fundamentan las distintas instituciones jurídicas que le dan fundamento. Por el contrario, las reglas son normas de conducta que consagran imperativos categóricos que deben ser exactamente cumplidos, independientemente del ámbito fáctico o jurídico en el que se originan.
Por lo anterior, es posible afirmar que:
Las reglas son una mera descripción de una conducta prevista en un precepto jurídico, mientras que los principios se limitan a exigir un comportamiento concreto y determinado. Las reglas exigen un comportamiento concreto y determinado, mientras que los principios les dan valor a las conductas previstas en un precepto jurídico por medio de la unificación de los soportes de las instituciones jurídicas. Los principios y reglas son normas jurídicas que tienen diferencias sustanciales en su vocación normativa.
Los principios y reglas son normas jurídicas que poseen una vocación normativa relativa porque no hacen parte del sistema jurídico al carecer de fuerza vinculante para la interpretación judicial.
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“_______ son normas que establecen fines dirigidos en general a las autoridades creadoras del derecho y en especial al legislador; ______ son normas que establecen un deber ser específico del cual se deriva un espacio de discrecionalidad legal y judicial. La diferencia entre principios y valores no es de naturaleza normativa sino de grado y, por lo tanto, de eficacia. _______, por el hecho de tener una mayor especificidad que los valores, tienen una mayor eficacia y, por lo tanto, una mayor capacidad para ser aplicados de manera directa e inmediata, esto es, mediante una subsunción silogística. ________, en cambio, tienen una eficacia indirecta, es decir, sólo son aplicables, a partir de una concretización casuística y adecuada de los principios constitucionales.” (
Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de:
Principios – valores – principios – valores. Reglas – valores – principios – valores. Valores – principios – valores – principios. Reglas – principios – valores – principios.
El precedente constitucional es una herramienta de protección de la confianza legítima y la buena fe. Contribuye a evitar la interpretación arbitraria de los elementos del sistema jurídico por las autoridades judiciales al momento de resolver los problemas jurídicos puestos a su consideración. El alcance que llegue a tener depende de la autoridad judicial que lo emita. La jurisprudencia constitucional ha establecido que existen dos tipos de precedentes según su origen: horizontal y vertical. El primero comprende las decisiones judiciales emitidas por autoridades de la misma jerarquía o por la autoridad judicial. El segundo es aquel desarrollado por las instancias superiores que unifican la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.
Lo expuesto en el párrafo precedente resulta esencial porque si una autoridad judicial decide apartarse del precedente, debe exponer las razones suficientes que permitan la aplicación de un nuevo criterio de interpretación, según los lineamientos jurisprudenciales que faculten adoptar esa separación.
Por lo expuesto, la separación del precedente constitucional implica:
Desconocer la obiter dictum que se desarrolla en los casos de control concreto de constitucionalidad, porque no es vinculante para las autoridades judiciales que están sometidas al precedente vertical Desconocer la ratio decidendi de las sentencias de control concreto de constitucionalidad cuando éstas hacen parte del precedente vertical. Desconocer la seguridad jurídica que surge del obiter dictum en el control concreto de constitucionalidad. Desconocer la ratio decidendi de las decisiones de control concreto de constitucionalidad elaboradas por autoridades judiciales sometidas al precedente vertical. .
La Corte Constitucional ha desarrollado lineamientos relacionados con el precedente jurisprudencial como son: el rol que éste desempeña en del sistema jurídico colombiano, los criterios para separarse cuando la regla jurisprudencial fue elaborada por otras autoridades de cierre judicial como la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado y la implementación de las decisiones adoptadas por organismos internacionales como criterios de interpretación para las autoridades jurisdiccionales nacionales.
Algunos de los lineamientos esbozados por el Tribunal Constitucional colombiano que tienen relación con los asuntos expuestos previamente son:
1. Las reglas y estándares fijados por la jurisprudencia de las autoridades jurisdiccionales internacionales son un criterio hermenéutico relevante, así el legislador no los mencione expresamente.
2. El apartamiento jurisprudencial es un elemento esencial de la autonomía judicial, porque permite separarse de las decisiones judiciales adoptadas por los órganos de cierre y unificación jurisprudencial, incluyendo la Corte Constitucional, de manera excepcional y empleando argumentos jurídicos.
3. Las reglas y estándares fijados por la jurisprudencia de las autoridades jurisdiccionales internacionales son un criterio hermenéutico relevante siempre y cuando el legislador los mencione expresamente.
4. El apartamiento jurisprudencial es un elemento esencial de la autonomía judicial, porque permite separarse de las decisiones judiciales adoptadas por los órganos de cierre y unificación jurisprudencial, excluyendo la Corte Constitucional, de manera excepcional y empleando argumentos jurídicos.
2 y 3 son correctas 1 y 2 son correctas 3 y 4 son correctas 1 y 4 son correctas .
La Corte Constitucional ha definido los lineamientos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales: la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, así como la prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales. Este equilibrio se logra gracias a la procedencia excepcional de este
mecanismo judicial en los presupuestos previamente mencionados.
En este sentido y con relación al primero de los supuestos puede afirmarse que:
La acción de tutela contra sentencias no es procedente porque las autoridades judiciales son autónomas para interpretar las disposiciones que integran el sistema jurídico y con ello, separarse del precedente judicial porque este es solo un criterio auxiliar de interpretación. La acción de tutela contra sentencias no es procedente porque una autoridad judicial puede separarse del precedente judicial así esto afecte la seguridad jurídica. Aplicar una ratio decidendi a un caso vulnera el derecho al debido proceso porque los actores no participaron en el proceso que sentó ese precedente. La acción de tutela contra sentencias procede cuando una autoridad judicial decide separarse del precedente judicial en forma argumentada, porque este es obligatorio y su desconocimiento implica vulnerar derechos fundamentales como el de igualdad y debido proceso a través de sus providencias judiciales. La acción de tutela contra sentencias procede cuando una autoridad judicial no garantiza un nivel adecuado de seguridad jurídica basada en la obligación de éstos de propender por una justicia material a través de sus providencias judiciales. .
“Frente al decisum, este debe reconocerse como la resolución concreta del caso. Por______, precisó que ella debía considerarse como “la formulación general… del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. [o] si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva” y finalmente, por ________, “toda aquella reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión; [esto es, las] opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario”. Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de: Obiter dictum o dicta – ratio decidendi. Ratio decidendi – obiter dictum o dicta. Doctrina constitucional integradora – doctrina constitucional interpretativa. Doctrina constitucional interpretativa – doctrina constitucional integradora.
¿Si un juez excluye a las parejas homosexuales de los efectos jurídicos que se desprenden de la Ley 54 de 1990 constituye una vulneración del principio de la dignidad humana, toda vez que se limita la posibilidad de estas personas a tener un plan de vida y desarrollarse libremente? No vulnera el principio de dignidad humana porque la concepción de axiología constitucional implica el reconocimiento de la voluntad del legislador de incorporar aquellos principios que orientan la interpretación judicial, y así garantizar el equilibrio de poderes como principio democrático del Estado social de Derecho.
Si vulnera el principio de dignidad humana, pues al momento de resolver el problema jurídico no realizó una interpretación basada en principios a las disposiciones normativas consagradas en la ley 54 de 1990.
No vulnera el principio de dignidad humana porque la autoridad judicial no tiene la competencia de desconocer la voluntad del legislador en los términos del artículo 230 de la Constitución Política.
Si vulnera el principio de dignidad humana, pues impone un trato discriminatorio aplicando un criterio normativo amparado en la voluntad del legislador.
La primera es que _______________ se encuentra ligado a la materialización de los derechos, la protección de la Constitución o de la ley; en tanto que __________ atañe al adecuado ejercicio de funciones públicas de diversa naturaleza para la satisfacción de los intereses de toda la comunidad.
Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de:
Debido proceso judicial – Debido proceso administrativo Actuación administrativa – Debido proceso judicial Debido proceso judicial – actuación administrativa Debido proceso administrativo – Debido proceso judicial.
Existe un derecho que tienen los pueblos indígenas a que la implementación de una medida (legislativa o administrativa) que los afecta de manera intensa y requiera previamente una aprobación sin coacciones y debidamente informada.
La anterior definición corresponde al concepto de
Consentimiento previo, libre e informado. Consulta previa. Consulta ambiental Consulta minera.
“La autoridad y el poder son dos cosas diferentes: el _____es la fuerza mediante la cual se puede obligar a otro a obedecer. La _______ es el derecho de dirigir y mandar, de ser oído u obedecido por otro. La autoridad requiere el poder” Poder – fuerza Fuerza – poder Gobierno – autoridad Autoridad – gobierno.
De las siguientes características, una de las siguientes NO caracteriza un Estado pluralista: La coexistencia armónica de la diferencia. La identificación de la necesidad de que las garantías constitucionales se generalicen y se apliquen en favor de todos los asociados. Las circunstancias particulares de los sectores más vulnerables. Las diferentes culturas étnicas coexisten por separado en términos de igualdad, pero participan en la vida política y económica general de la sociedad. .
“La Corte Constitucional ha establecido que todos los derechos fundamentales se componen de dos facetas. Por una parte, tienen una arista __________, que implica un deber de abstención para el Estado y los particulares, pues están obligados a no interferir en el ejercicio del derecho fundamental; y obligaciones positivas que pueden involucrar algunas de carácter prestacional y que son de cumplimiento inmediato, por cuanto hacen parte del núcleo esencial del derecho fundamental en cuestión. Por otra, existe una ________, la cual supone que el Estado lleve a cabo acciones positivas para lograr su satisfacción. Este último componente se encuentra sujeto al principio de progresividad.”
El espacio en blanco corresponde a los conceptos de: Derecho humano – Derecho fundamental Exigibilidad inmediata – faceta prestacional Faceta prestacional – exigibilidad inmediata Derecho fundamental – Derecho humano .
La Corte Constitucional ha establecido un método de análisis que tiene por objeto prevenir los riesgos de “subjetivismo” asociados a la inexistencia de referentes positivos y precisos que indiquen cuando una variación de la Carta tiene dicho alcance. Este método se denomina:
Test de efectividad Test de intangibilidad Test de sustitución Test de intangibilidad.
La Corte Constitucional estableció que los límites competenciales del poder de reforma constitucional son los siguientes: La voluntad del constituyente primario – los mecanismos democráticos de reforma constitucional La voluntad del constituyente primario – los elementos del bloque de constitucionalidad que son axiales o consustanciales a la Constitución Los principios y valores que identifican a la Constitución de 1991 – los mecanismos democráticos de reforma constitucional Los principios y valores que identifican a la Constitución de 1991- los elementos del bloque de constitucionalidad que son axiales o consustanciales la Constitución .
Para la Corte Constitucional existen diferentes tipos de pronunciamientos de derecho internacional se entienden desde dos parámetros: uno como una obligación en el marco del cumplimiento del tratado, y otro como criterio hermenéutico en el control de constitucionalidad. De los siguientes NO hacen parte del primer tipo de pronunciamientos: Las de la Corte IDH que resuelven asuntos contra Colombia. Las recomendaciones a Colombia del Comité de Libertad Sindical. Las recomendaciones hechas a Colombia por órganos cuasi judiciales que tienen el carácter de guía o directrices, pero en razón al principio pacta sunt servanda. Los órganos judiciales y cuasi judiciales que monitorean tratados de derechos humanos de los que Colombia hace parte y a las recomendaciones generales sobre la interpretación de un derecho o una obligación del Estado. .
Los principios, objeto y el control de la función administrativa, distinguiéndolos como lo ha señalado esta Corporación, entre principios finalísticos, funcionales y organizacionales. En este sentido, la descentralización, desconcentración y delegación de funciones son principios:
Finalísticos Organizacionales - la descentralización, desconcentración y delegación de funciones se consideran principios organizacionales más que principios funcionales. Funcionales Transversales.
La diferencia esencial entre _______ y _________ radica en que, en el primer evento, la transferencia de funciones del órgano superior opera directamente por mandato del ordenamiento jurídico, mientras que, en el segundo, si bien presupone una autorización legal, no opera directamente por mandato de la ley, ya que implica la existencia de un acto administrativo, puesto que la transferencia se realiza por parte del órgano superior. Por ello, mientras que en la ___________ de funciones, el órgano superior no puede reasumir la función…, en cambio, en la ________, el órgano superior siempre puede reasumir la función, como lo señala el artículo 211 superior.
Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de:
Descentralización y Delegación Delegación y Descentralización Delegación y desconcentración Desconcentración y delegación .
La ___________ es una forma de organizar la estructura institucional para el ejercicio de la función administrativa. La ________ supone que el titular original de las atribuciones mantiene el control y la dirección política y administrativa sobre el desarrollo de esas funciones, mientras que en la __________ no existe ese control jerárquico, debido a la autonomía propia de la entidad en el ejercicio de la correspondiente atribución
Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de:
Descentralización - delegación - desconcentración Delegación – delegación- descentralización Desconcentración – Delegación - Descentralización Delegación – Desconcentración - Desconcentración .
Hay funciones cuyo ejercicio es indelegable, sea porque hay restricción expresa sobre la materia o porque la naturaleza de la función no admite la delegación. En este sentido ¿cuál de las siguientes NO es una restricción expresa en materia de delegación? La delegación para celebrar contratos en los empleados públicos de los niveles directivo y asesores vinculados al organismo correspondiente La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley. La delegación para el ejercicio de la actividad o la competencia de la integridad de la investidura presidencial La delegación al vicepresidente de la República para que asuma funciones de ministro delegatario .
La jurisprudencia constitucional establece que los precedentes son vinculantes para las autoridades administrativas (C-634 de 2011). Sin embargo, estas pueden separarse de las decisiones de los órganos de cierre judicial siempre que configuren los siguientes criterios: 1) como factor decisivo ante la concurrencia de dos o más interpretaciones posibles de un texto normativo constitucional, legal o reglamentario; y 2) como elemento dirimente ante la ausencia o disconformidad de posiciones jurisprudenciales. En este sentido, las autoridades administrativas con relación a la ratio decidendi de una sentencia de la Corte Constitucional: carecen de competencia para apartarse de los precedentes jurisprudenciales elaborados por este Tribunal. podrán interpretar los precedentes jurisprudenciales. pueden apartarse de los precedentes jurisprudenciales que sean contrarios a las decisiones elaboradas por este Tribunal. podrán interpretar los precedentes jurisprudenciales siempre que no existan reglas aplicables al caso concreto. .
La Corte Constitucional estableció que los límites competenciales del poder de reforma constitucional son los siguientes:
La voluntad del constituyente primario – los mecanismos democráticos de reforma constitucional
La voluntad del constituyente primario – los elementos del bloque de constitucionalidad que son axiales o consustanciales a la Constitución
Los principios y valores que identifican a la Constitución de 1991- los elementos del bloque de constitucionalidad que son axiales o consustanciales la Constitución Los principios y valores que identifican a la Constitución de 1991 – los mecanismos democráticos de reforma constitucional
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___________ permite tener un marco de referencia que permita realizar la garantía de igualdad, pues es evidente la complejidad pragmática que significa que los múltiples despachos judiciales que componen la función jurisdiccional en el vasto territorio y en las grandes cantidades de fallos que se producen, hagan efectiva la aplicación igualitaria de la ley desde una perspectiva relacional y que los usuarios de la administración de justicia puedan exigir tal derecho.
El espacio en blanco corresponde al concepto de Sistema normativo constitucional Bloque de constitucionalidad Precedente constitucional Precedente judicial .
Según la Corte Constitucional, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema y el Consejo de Estado NO se fundamenta en: la obligación de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto autoridades que estas son. - la obligación de los jueces de aplicar la ley de manera igualitaria es un principio general del derecho que no se limita a la doctrina de las altas corporaciones.
la potestad otorgada constitucionalmente a las altas corporaciones, como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y el cometido de unificación jurisprudencial en el ámbito correspondiente de actuación.
la necesidad de seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus derechos. el derecho de la buena fe entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado.
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La Carta Política de 1991 introdujo diversos límites tanto a la cesión como al ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al presidente de la República, los cuales están previstos en el numeral 10º del artículo 150 constitucional, y han sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de la jurisprudencia constitucional. Así, uno de los siguientes NO es un requisito que supedite la cesión temporal de la función legislativa corresponden a:
Temporalidad de la habilitación por un término máximo de seis meses. Solicitud expresa del Gobierno Nacional siempre que proceda por iniciativa del
Congreso
Necesidad o conveniencia pública como fundamento de la solicitud. Precisión en la delimitación de las facultades conferidas y, en consecuencia, interpretación restrictiva de su alcance.
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La jurisprudencia es una fuente material del derecho, en el Derecho Internacional Público es igualmente, fuente y es de obligatorio cumplimiento para las partes en litigio conforme reza el artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ante incumplimiento del fallo o la sentencia por uno de los Estados que ha comparecido ante el tribunal, el otro Estado podrá: Recurrir al Consejo de Seguridad de la ONU para que tome las medidas necesarias para que se cumpla el fallo Presentar a la Corte una acción de cumplimento o desacato Resignarse a que la sentencia no tendrá efecto, ya que, el principio pacta sunt servanda le permite al otro Estado cumplir o no las obligaciones impuestas por el tribunal.
Solicitar Intervención Militar para que el otro Estado cumpla la sentencia.
En lo que refiere a Tratados, el Estado se manifiesta y representa a nivel internacional a través de: El jefe de Estado y el Canciller o ministro de relaciones exteriores, otra manera en que una persona sin estas investiduras pueda representar al Estado en la firma, denuncia o ratificación de un Tratado, sería:
Mediante resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo acredita como representante del Estado. Mediante otorgamiento de plenos poderes Mediante documento diplomático Mediante reconocimiento internacional .
El diferendo entre Colombia y Nicaragua por la soberanía del archipiélago de San Andrés ha tenido pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, en el año 2012 el tribunal reconoció soberanía a Nicaragua más allá del meridiano 82, el proceder de Colombia conforme este Fallo ha sido:
Incumplir las obligaciones del fallo, ya que, por Mandato Constitucional. Incumplir las obligaciones del fallo, ya que, la jurisdicción y sentencia de la Corte es soft law. Cumplir a cabalidad la sentencia de la Corte, ya que, la jurisdicción y fallo del tribunal es Hard law. Cumplir el fallo judicial, ya que, por mandado Constitucional, Colombia está obligado a relacionarse internacionalmente para conseguir cooperación, paz y seguridad con los demás países, especialmente, con los países de América Latina como lo reza el artículo 9 de la Carta.
La división o fragmentación que existe de los espacios marítimos en Colombia y en el Derecho Internacional, como son: Mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, alta mar y plataforma continental a partir de la línea base, existen en el ordenamiento jurídico gracias a: Ratificación de la Convención del Mar de 1982 en el derecho colombiano. Por Mandato Constitucional Por costumbre Internacional Por principios generales del Derecho.
La Costumbre es fuentes de derecho, igualmente, se encuentra mencionada por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como fuente de derecho, por consiguiente, costumbre internacional es:
La práctica o repetición de una acción u acto en el espacio y el tiempo que se convierte en norma. - Está incompleta
La convicción de que un comportamiento es norma jurídica. La convergencia de la práctica y la opinio iuris Un conjunto de normas jurídicas. - No es cierto
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La facultad o poder que tiene una comunidad soberana de darse su propio ordenamiento jurídico y político fundamental o de reformar el existente, se denomina poder legislativo. constituyente judicial. ejecutivo. .
La Constitución Política de 1991, en su parte dogmática, como suele acontecer con las constituciones en general, contempla principios como elementos estructurales, definitorios e identitarios. Según la doctrina y la jurisprudencia, un principio constitucional es un
derecho colectivo o del ambiente. mandato normativo fundamental para el presente. fin o propósito del Estado.
derecho social fundamental.
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La Constitución Política de 1991, en su parte dogmática, como suele acontecer con las constituciones en general, contempla valores como elementos estructurales, definitorios e identitarios. Según la doctrina y la jurisprudencia, un valor constitucional es un mandato normativo fundamental para el presente.
derecho colectivo o del ambiente.
fin o propósito del Estado.
derecho social fundamental.
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Las sentencias de control de constitucionalidad proferidas por los tribunales constitucionales tienen una estructura con unos acápites o apartados. Entre estos se encuentran los argumentos conocidos como dichos de paso o dichos al pasar, lo que se denomina
obiter dicta.
ratio decidendi.
parte resolutiva.
parte definitiva de la sentencia.
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Las sentencias de control de constitucionalidad proferidas por los tribunales constitucionales tienen una estructura con unos acápites o apartados. Entre estos se encuentran los argumentos o motivos directamente relacionados con la decisión, lo que se denomina
obiter dicta.
ratio decidendi.
parte resolutiva.
parte introductoria de la sentencia.
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La democracia es uno de los principales legados de la Polis Griega a la Teoría del Estado. Esta forma de gobierno ha tenido diferentes expresiones o manifestaciones en el tiempo. En el contexto del Estado liberal clásico surge una nueva expresión, la cual se conoce como democracia
directa o clásica.
indirecta o representativa.
participativa o semidirecta.
real o material.
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El voto o sufragio universal es una conquista que viene a fortalecer la democracia. Es que el voto en un comienzo se caracterizó por
ser directo y secreto.
ser capacitario y censitario.
estar al alcance de la inmensa mayoría.
estar al alcance de los sectores más populares.
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Cuando en un Estado se consagra que el máximo poder reside en el pueblo, del cual emanan los poderes públicos, se hace referencia a la soberanía
personal parlamentaria popular nacional.
Entre las causas o antecedentes de la Revolución Francesa de 1789 bien se puede señalar a los Estados Unidos de Norteamérica debido a que en esta Nación
se crea la teoría de la soberanía impersonal, en particular, la soberanía popular.
se sostuvo en teoría, y se llevó a la práctica, el derecho natural del rey a gobernar.
surgen las teorías contractualistas de la formación del Estado.
se llevó a la práctica política el principio de la separación de poderes.
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El Estado liberal clásico tuvo unas características o elementos que lo identificaban. Desde el punto de vista económico se caracterizó, entre otros aspectos, por
la negación de la propiedad privada.
el no intervencionismo económico.
el intervencionismo económico.
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Los Derechos Humanos son atributos de las personas o normas que reconocen la dignidad de la persona, establecidos en los instrumentos internacionales de protección; a su vez los derechos fundamentales tienen la misma razón se ser, aunque:
se llaman fundamentales porque son el fundamento del ordenamiento jurídico.
es apenas una distinción de términos, pero son iguales.
Derechos Humanos, Derechos Fundamentales o Derechos Iusnaturales significa derechos legales.
están previstos en las constituciones de los Estados.
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El Derecho Internacional Humanitario (DIH) tuvo como precursor a Henry Dunant, dado su valioso aporte en la creación del CICR y del Primer Convenio de Ginebra de 1864. Desde su origen el DIH tiene como propósito:
Prohibir mediante el ordenamiento jurídico los conflictos armados.
Regular los conflictos armados
Sancionar a los alzados en armas
Evitar las guerras
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Las ejecuciones extrajudiciales, sumarías o arbitrarias son graves crímenes contra la humanidad que quebrantan el derecho a la vida. De conformidad con los instrumentos ONU, son ejecuciones extrajudiciales:
los asesinatos por ajustes cuentas entre bandas criminales, dado que son particulares que no reconocen la autoridad del Estado.
las muertes producidas en los conflictos armados en circunstancias prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario.
las matanzas realizadas por los llamados grupos de limpieza social, cuando actúan por mandato o pago de particulares afectados por extorsiones u otros delitos.
el suicidio de una persona luego de estar cumpliendo una condena injusta o sin un debido sumario.
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El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece las obligaciones que los Estados deben cumplir. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos; por tanto, es contrario a estos postulados que:
Los Estados se abstengan de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos.
Los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos.
Los Estados hagan prevalecer los tratados siempre que no vayan contra las leyes internas.
Los Estados adopten medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.
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Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 se aplican al conflicto armado con carácter internacional. El artículo 3 Común y el Protocolo II adicionales a los mencionados convenios regulan el conflicto armado con carácter no internacional o interno, como el que vive Colombia hace más de cinco décadas; por tanto, el estatuto del prisionero de guerra se aplica a:
A los militares que caen en poder del adversario en el conflicto armado con carácter internacional.
Personas pertenecientes a la población civil cuando son privadas de libertad por grupos guerrilleros o por grupos criminales que operan al interior de un Estado.
Los alzados en armas o grupos al margen de la ley que se encuentran en las cárceles de un Estado.
Los militares privados de la libertad por cobardía en el combate o traición a la patria.
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De acuerdo con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, se entiende por genocidio los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal; a su vez el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) agregó el genocidio político. ¿Cuál de los siguientes actos no se considera como genocidio?
Sometimiento de los miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial.
Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo.
Las masacres cuando la muerte se cause al menos cinco personas.
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Mediante la acción de tutela se protege los derechos fundamentales de las personas ante la vulneración o amenaza que puede provenir de las autoridades públicas o de ciertos particulares. Quien tiene la titularidad para invocar la acción de tutela es toda persona afectada en sus derechos, también puede invocarla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales; no obstante, se puede agenciar derechos ajenos o actuar como agente oficioso, siempre y cuando que:
Medie poder debidamente conferido.
Se haga la designación por parte de un juez de la República
Se presente indefensión.
Se trate de un defensor público.
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La Constitución Política de Colombia establece los derechos fundamentales a la reunión y manifestación, lo que comprende también la protesta social. Dado que no se trata de derechos absolutos la Constitución dispone que para ejercerlos se requiere: Que se solicite previamente los permisos a las autoridades para poder marchar y protestar.
Que la protesta no vincule a niños, dado que sus derechos son prevalentes
Que no se haga bloqueo de vías
Que se realice en forma pacífica.
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La Defensoría del Pueblo es una institución del Estado encargada de la promoción, la divulgación y el ejercicio de los derechos humanos. Para cumplir con esa finalidad esta institución puede:
Actuar con poder preferente ante organismos internacionales.
Imponer sanciones a los servidores públicos.
Emitir conceptos en los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios sometidos a fuero especial.
Invocar el derecho y mecanismo del habeas corpus
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Dentro de las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está la contenciosa, que consiste en resolver judicialmente los casos o asuntos individuales que le presenta la Comisión Interamericana; también tiene una función consultiva, que consiste en:
Resolver las consultas que le formulen los gobiernos de los Estados americanos sobre interpretación de los instrumentos del sistema interamericano.
Resolver las consultas ciudadanas presentadas mediante petición, respecto a los instrumentos internacionales del Sistema Interamericano, así como frente a la incompatibilidad de las leyes internas y los tratados internacionales de la OEA.
Absolver las consultas que le hagan las diferentes autoridades de los Estados americanos sobre contradicción entre un instrumento del Sistema Interamericano y las leyes internas.
Absolver las consultas que le haga la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o tribunales similares de otros países.
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La DIAN envía a Manuel un requerimiento especial donde le solicitan la corrección en su declaración de renta del año inmediatamente anterior, sin embargo, Manuel no acepta los hechos del requerimiento en ninguna etapa del procedimiento administrativo sancionatorio y la DIAN culmina el procedimiento emitiendo la liquidación de revisión. Teniendo en cuenta lo anterior, la sanción por inexactitud que deberá pagar Manuel será del:
80%
100%
60%
40%
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Manuel en desacuerdo con la liquidación de revisión que se dio como resultado del procedimiento administrativo sancionador emitida por la DIAN, acude a su despacho con el propósito de obtener una asesoría jurídica, al respecto usted le informa que:
Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la liquidación de revisión puede interponer recurso de reposición o apelación, el cual será con efecto suspensivo y allí podrán debatirse los hechos aceptados o no en el requerimiento especial.
Debe acudir dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la liquidación de revisión a la Jurisdicción Contencioso Administrativa mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para solicitar la nulidad de dicho acto administrativo.
Al ser la liquidación de revisión un acto administrativo definitivo emitido por la DIAN no procede recurso ni acción judicial, solo procede una solicitud de acuerdo de pago, en donde se puedan establecer formas de pagar la sanción.
Cuenta con 2 meses siguientes a la notificación de la liquidación de revisión para interponer por escrito el recurso de reposición, y en caso de aceptar allí los hechos que originaron el requerimiento especial, recibirá una reducción en la sanción por inexactitud.
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El artículo 363 de la Constitución Política de 1991, establece que uno de los principios de los tributos es que estos deben ser _______________, es decir, que, a mayor base, mayor será el valor del impuesto aplicable.
Proporcionales Regresivos Graduales Progresivos
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¿Cuál de las siguientes es una característica del Presupuesto General de la Nación?
Es un documento que contiene los ingresos y egresos de todas las entidades del Estado.
Es un instrumento que registra el gasto público y su forma de financiación.
Es un instrumento que establece los mecanismos para el pago de la deuda pública.
Es un documento que establece los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el presidente de la Republica.
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Una vez presentado ante el Congreso por parte del Gobierno el Plan Nacional de Desarrollo este cuenta con 3 meses para su aprobación, en caso de que ello no ocurra, el presidente podrá:
Solicitar la aprobación forzosa del Plan Nacional de Desarrollo al Congreso, dado que culminó el plazo para la aprobación voluntaria del mismo.
Retirarlo y presentarlo nuevamente ante el Congreso para una nueva revisión.
Emitir el Plan Nacional de Desarrollo mediante Decreto con fuerza de Ley.
Ejecutar su periodo presidencial sin la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
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Teniendo en cuenta el modelo económico colombiano y el artículo 334 de la Constitución Política de 1991, la dirección general de la economía y en consecuencia de las finanzas públicas, estará a cargo de:
El Estado, por cuanto, es un modelo económico mixto, donde la economía es libre pero el Estado interviene para reducir las brechas de desigualdad y el desequilibrio que puedan generar las decisiones de los privados.
Los privados, por cuanto, es un modelo económico neoliberal, donde el Estado no interviene en ningún aspecto económico y todo se rige bajo los estamentos del sector privado.
Los privados, por cuanto, es un modelo económico neoliberal, donde el Estado no interviene en ningún aspecto económico y todo se rige bajo los estamentos del sector privado.
El Estado, por cuanto, es un modelo económico socialista, donde el Estado interviene en todas las decisiones económicas de los privados para que no existan clases sociales.
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¿Cuál de las siguientes, es una característica del Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR)?
En el SGP y en el SGR los recursos se giran exclusivamente a los municipios de quinta y sexta categoría.
En el SGP los recursos se pueden destinar a los lugares donde se da la exploración y explotación minera y en el SGR los recursos se pueden destinar a salud, educación y agua potable.
En el SGP los recursos para salud, educación y agua potable son girados por el Ministerio de Hacienda y en el SGR los recursos son girados por el Ministerio de Minas.
En el SGP y en el SGR los recursos son distribuidos por el Departamento Nacional de Planeación.
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El principio de la homeostasis presupuestal es el crecimiento real del presupuesto de rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, que deberán guardar congruencia con el crecimiento real de la economía. Sobre lo anterior, se puede afirmar que:
Es verdadero porque su finalidad es no generar desequilibrio macroeconómico.
Es falso, dado que corresponde al principio de coherencia macroeconómica.
Es falso, dado que corresponde al principio de universalidad.
Es verdadero porque su finalidad es que el presupuesto sea compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno.
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Durante el año 2020, Colombia se encontró en recesión económica al presentar más 2 trimestres seguidos del Producto Interno Bruto (PIB) en negativo, al respecto, el presidente de su momento, aumento el gasto público; se dio la reducción en tasas de interés; provisión de subsidios, entre otras medidas. Sobre lo anterior, se puede afirmar que:
Se aplicó una política fiscal expansiva.
Se aplicó una política fiscal restrictiva.
Esas medidas generaron una hiperinflación en los años 2021, 2022 y 2023.
Esas medidas no generaron recuperación económica por cuanto la recesión económica continuo en los años 2021, 2022 y 2023.
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El gasto público social se encuentra programado en el Presupuesto General de la Nación a través de:
Los gastos directos.
Los gastos de capital.
Los gastos de funcionamiento e inversión.
Los gastos derivados de la deuda.
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Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
Hugo, Paco y Luis en su calidad de hijos, son herederos de José, quien tenía una casa lote en el municipio de Belén; como ninguno podía hacerse cargo del aludido inmueble, procedieron a realizar la respectiva sucesión y decidieron venderlo para poder dividir el dinero, sin embargo al realizar los trámites pertinentes para perfeccionar la venta se percataron que desde el año anterior se estaba realizando el cobro del tributo de valorización en el municipio, indicándoseles que de no realizar su pago, que ascendía a 600 SMLMV no se les podría expedir el paz y salvo correspondiente, situación ante la cual Hugo, Paco y Luis se encontraban molestos pues afectaba la expectativa de lo que consideraban que iban a obtener cada uno por el negocio referido, además observaron que a su inmueble se le estaba cobrando un valor más alto que a sus vecinos y peor aún les señalaron que la notificación de la respectiva liquidación del cobro individual de valorización se había surtido hacía 10 meses a la última dirección informada por el contribuyente, y pese a que revisaron lo sucedido en realidad ninguno había conocido del trámite.
Con fundamento en lo descrito anteriormente responda:
¿Cuál es el medio control más apropiado para discutir las circunstancias que pusieron molestos a Hugo, Paco y Luis?
Nulidad Nulidad y restablecimiento del derecho
Reparación directa
Controversias contractuales
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Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
Hugo, Paco y Luis en su calidad de hijos, son herederos de José, quien tenía una casa lote en el municipio de Belén; como ninguno podía hacerse cargo del aludido inmueble, procedieron a realizar la respectiva sucesión y decidieron venderlo para poder dividir el dinero, sin embargo al realizar los trámites pertinentes para perfeccionar la venta se percataron que desde el año anterior se estaba realizando el cobro del tributo de valorización en el municipio, indicándoseles que de no realizar su pago, que ascendía a 600 SMLMV no se les podría expedir el paz y salvo correspondiente, situación ante la cual Hugo, Paco y Luis se encontraban molestos pues afectaba la expectativa de lo que consideraban que iban a obtener cada uno por el negocio referido, además observaron que a su inmueble se le estaba cobrando un valor más alto que a sus vecinos y peor aún les señalaron que la notificación de la respectiva liquidación del cobro individual de valorización se había surtido hacía 10 meses a la última dirección informada por el contribuyente, y pese a que revisaron lo sucedido en realidad ninguno había conocido del trámite.
Con fundamento en lo descrito anteriormente responda:
¿Con qué regla de competencia se definiría la territorialidad del medio de control a presentar para garantizar la eficacia del proceso y proteger los derechos de los ciudadanos afectados?
Por el lugar donde se expidió el acto que reguló la valorización en el municipio de Belén
Por el lugar donde se practicó la liquidación de la valorización para el predio de
Hugo, Paco y Luis
Por el lugar donde se produjeron los hechos, omisiones u operaciones
administrativas
Por el lugar donde se ejecutó el contrato de compraventa
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Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
Hugo, Paco y Luis en su calidad de hijos, son herederos de José, quien tenía una casa lote en el municipio de Belén; como ninguno podía hacerse cargo del aludido inmueble, procedieron a realizar la respectiva sucesión y decidieron venderlo para poder dividir el dinero, sin embargo al realizar los trámites pertinentes para perfeccionar la venta se percataron que desde el año anterior se estaba realizando el cobro del tributo de valorización en el municipio, indicándoseles que de no realizar su pago, que ascendía a 600 SMLMV no se les podría expedir el paz y salvo correspondiente, situación ante la cual Hugo, Paco y Luis se encontraban molestos pues afectaba la expectativa de lo que consideraban que iban a obtener cada uno por el negocio referido, además observaron que a su inmueble se le estaba cobrando un valor más alto que a sus vecinos y peor aún les señalaron que la notificación de la respectiva liquidación del cobro individual de valorización se había surtido hacía 10 meses a la última dirección informada por el contribuyente, y pese a que revisaron lo sucedido en realidad ninguno había conocido del trámite.
Con fundamento en lo descrito anteriormente responda:
¿A qué autoridad judicial consideramos que se debería dirigir la demanda para obtener una respuesta efectiva y proteger los derechos de los ciudadanos afectados?
Juzgados Municipales
Tribunales Administrativos
Juzgados Administrativos
Consejo de Estado
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Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
Hugo, Paco y Luis en su calidad de hijos, son herederos de José, quien tenía una casa lote en el municipio de Belén; como ninguno podía hacerse cargo del aludido inmueble, procedieron a realizar la respectiva sucesión y decidieron venderlo para poder dividir el dinero, sin embargo al realizar los trámites pertinentes para perfeccionar la venta se percataron que desde el año anterior se estaba realizando el cobro del tributo de valorización en el municipio, indicándoseles que de no realizar su pago, que ascendía a 600 SMLMV no se les podría expedir el paz y salvo correspondiente, situación ante la cual Hugo, Paco y Luis se encontraban molestos pues afectaba la expectativa de lo que consideraban que iban a obtener cada uno por el negocio referido, además observaron que a su inmueble se le estaba cobrando un valor más alto que a sus vecinos y peor aún les señalaron que la notificación de la respectiva liquidación del cobro individual de valorización se había surtido hacía 10 meses a la última dirección informada por el contribuyente, y pese a que revisaron lo sucedido en realidad ninguno había conocido del trámite.
Con fundamento en lo descrito anteriormente responda:
¿Con qué elementos del caso se determinaría la cuantía del proceso?
El valor de la valorización, más los perjuicios morales
El valor de la valorización
Los perjuicios morales, más los frutos accesorios
El valor de la valorización, más los frutos accesorios
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Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
Hugo, Paco y Luis en su calidad de hijos, son herederos de José, quien tenía una casa lote en el municipio de Belén; como ninguno podía hacerse cargo del aludido inmueble, procedieron a realizar la respectiva sucesión y decidieron venderlo para poder dividir el dinero, sin embargo al realizar los trámites pertinentes para perfeccionar la venta se percataron que desde el año anterior se estaba realizando el cobro del tributo de valorización en el municipio, indicándoseles que de no realizar su pago, que ascendía a 600 SMLMV no se les podría expedir el paz y salvo correspondiente, situación ante la cual Hugo, Paco y Luis se encontraban molestos pues afectaba la expectativa de lo que consideraban que iban a obtener cada uno por el negocio referido, además observaron que a su inmueble se le estaba cobrando un valor más alto que a sus vecinos y peor aún les señalaron que la notificación de la respectiva liquidación del cobro individual de valorización se había surtido hacía 10 meses a la última dirección informada por el contribuyente, y pese a que revisaron lo sucedido en realidad ninguno había conocido del trámite.
Con fundamento en lo descrito anteriormente responda:
Para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Hugo, Paco y Luis deben proceder, entre otros, a realizar: Agotar la vía administrativa
Agotar el recurso de súplica para que les expidan las copias correspondientes
Constituir renuencia
El trámite de conciliación prejudicial
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Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
El 26 de diciembre de 2021 Juana acudió al E.S.E. Hospital Público San Benito – patrón de la buena muerte- donde le fue practicada una apendicectomía, destacándose que los médicos le indicaron que no era una intervención de alto riesgo, sin embargo luego de la misma tuvo un grave deterioro de su salud, presentaba vómitos, fiebres muy altas e inflamación, por lo que tuvo que acudir a otros especialistas quienes el 10 de febrero de 2022 determinaron que tenía un anillo en la parte baja de su abdomen, por lo que tuvo que someterse a otra cirugía para que extrajeran dicho elemento y le pudieran limpiar la zona que se encontraba infectada. Así, al ir presentar la reclamación al Hospital Público San Benito el 24 de noviembre de 2022 le fue entregado un oficio en el que se indicaba que ellos no eran responsables de lo sucedido, y que no responderían por los 900 SMLMV que pretendía. A efectos de presentar la respectiva demanda Juana el 22 de diciembre de 2022 presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, habiéndose entregado el 15 de enero de 2023 la constancia de no acuerdo de dicho trámite.
Con fundamento en lo descrito anteriormente responda:
¿Cuál es el medio control más apropiado para discutir las circunstancias ocurridas con la señora Juana?
Nulidad Reparación directa
Nulidad y restablecimiento del derecho
Reparación directa, acumulada con pretensiones contractuales
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Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
El 26 de diciembre de 2021 Juana acudió al E.S.E. Hospital Público San Benito – patrón de la buena muerte- donde le fue practicada una apendicectomía, destacándose que los médicos le indicaron que no era una intervención de alto riesgo, sin embargo luego de la misma tuvo un grave deterioro de su salud, presentaba vómitos, fiebres muy altas e inflamación, por lo que tuvo que acudir a otros especialistas quienes el 10 de febrero de 2022 determinaron que tenía un anillo en la parte baja de su abdomen, por lo que tuvo que someterse a otra cirugía para que extrajeran dicho elemento y le pudieran limpiar la zona que se encontraba infectada. Así, al ir presentar la reclamación al Hospital Público San Benito el 24 de noviembre de 2022 le fue entregado un oficio en el que se indicaba que ellos no eran responsables de lo sucedido, y que no responderían por los 900 SMLMV que pretendía. A efectos de presentar la respectiva demanda Juana el 22 de diciembre de 2022 presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, habiéndose entregado el 15 de enero de 2023 la constancia de no acuerdo de dicho trámite.
Con fundamento en lo descrito anteriormente responda:
¿A qué autoridad judicial consideramos que se debería dirigir la demanda para obtener una respuesta efectiva y proteger los derechos de la ciudadana afectada? Juzgados Municipales
Juzgados Administrativos
Consejo de Estado
Tribunales Administrativos
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Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
El 26 de diciembre de 2021 Juana acudió al E.S.E. Hospital Público San Benito – patrón de la buena muerte- donde le fue practicada una apendicectomía, destacándose que los médicos le indicaron que no era una intervención de alto riesgo, sin embargo luego de la misma tuvo un grave deterioro de su salud, presentaba vómitos, fiebres muy altas e inflamación, por lo que tuvo que acudir a otros especialistas quienes el 10 de febrero de 2022 determinaron que tenía un anillo en la parte baja de su abdomen, por lo que tuvo que someterse a otra cirugía para que extrajeran dicho elemento y le pudieran limpiar la zona que se encontraba infectada. Así, al ir presentar la reclamación al Hospital Público San Benito el 24 de noviembre de 2022 le fue entregado un oficio en el que se indicaba que ellos no eran responsables de lo sucedido, y que no responderían por los 900 SMLMV que pretendía. A efectos de presentar la respectiva demanda Juana el 22 de diciembre de 2022 presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, habiéndose entregado el 15 de enero de 2023 la constancia de no acuerdo de dicho trámite.
Con fundamento en lo descrito anteriormente responda:
¿Cuál sería el plazo máximo para presentar el respectivo medio de control, so pena de que opere la caducidad? Teniendo en cuenta las normas aplicables y la jurisprudencia relevante
Hasta el lunes 22 de enero de 2024.
En principio hasta el 27 de diciembre de 2023, pero en realidad sería hasta el jueves 11 de enero de 2024, teniendo en consideración que es el primer día hábil del año, luego de la vacancia judicial.
Hasta el jueves 7 de marzo de 2024.
En principio hasta el 20 de diciembre de 2024, pero en realidad sería hasta el 13 de enero de 2025, teniendo en consideración que es el primer día hábil del año, luego de la vacancia judicial. .
Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
El 26 de diciembre de 2021 Juana acudió al E.S.E. Hospital Público San Benito – patrón de la buena muerte- donde le fue practicada una apendicectomía, destacándose que los médicos le indicaron que no era una intervención de alto riesgo, sin embargo luego de la misma tuvo un grave deterioro de su salud, presentaba vómitos, fiebres muy altas e inflamación, por lo que tuvo que acudir a otros especialistas quienes el 10 de febrero de 2022 determinaron que tenía un anillo en la parte baja de su abdomen, por lo que tuvo que someterse a otra cirugía para que extrajeran dicho elemento y le pudieran limpiar la zona que se encontraba infectada. Así, al ir presentar la reclamación al Hospital Público San Benito el 24 de noviembre de 2022 le fue entregado un oficio en el que se indicaba que ellos no eran responsables de lo sucedido, y que no responderían por los 900 SMLMV que pretendía. A efectos de presentar la respectiva demanda Juana el 22 de diciembre de 2022 presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, habiéndose entregado el 15 de enero de 2023 la constancia de no acuerdo de dicho trámite.
Con fundamento en lo descrito anteriormente responda:
Con la demanda la señora Juana debe acreditar que previamente realizó, entre otros:
El agotamiento de la vía administrativa
El trámite de la conciliación prejudicial
La constitución en renuencia
La conciliación perjudicial
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Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
El 26 de diciembre de 2021 Juana acudió al E.S.E. Hospital Público San Benito – patrón de la buena muerte- donde le fue practicada una apendicectomía, destacándose que los médicos le indicaron que no era una intervención de alto riesgo, sin embargo luego de la misma tuvo un grave deterioro de su salud, presentaba vómitos, fiebres muy altas e inflamación, por lo que tuvo que acudir a otros especialistas quienes el 10 de febrero de 2022 determinaron que tenía un anillo en la parte baja de su abdomen, por lo que tuvo que someterse a otra cirugía para que extrajeran dicho elemento y le pudieran limpiar la zona que se encontraba infectada. Así, al ir presentar la reclamación al Hospital Público San Benito el 24 de noviembre de 2022 le fue entregado un oficio en el que se indicaba que ellos no eran responsables de lo sucedido, y que no responderían por los 900 SMLMV que pretendía. A efectos de presentar la respectiva demanda Juana el 22 de diciembre de 2022 presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, habiéndose entregado el 15 de enero de 2023 la constancia de no acuerdo de dicho trámite.
Con fundamento en lo descrito anteriormente responda:
¿Con qué elementos del caso se determinaría la cuantía del proceso?
El valor de los perjuicios causados
El valor de los perjuicios causados, más los perjuicios accesorios estimados hasta la presentación de la demanda
La sumatoria de la prestación periódica de los últimos 3 años
El monto de la obligación definida en el acto demandado
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Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
El señor Luis estaba interesado en acceder a un cargo de carrera en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que al tener conocimiento, el 20 de agosto de 2021, de que en la entidad había un concurso para el efecto, se puso al tanto de todos los pormenores del mismo, sin embargo al leer el acto administrativo por el cual se reglamentaba dicha convocatoria se molestó por la forma en que se le confería el puntaje al ítem de educación, pues si bien cada especialización valía 2 puntos, se disponía un tope de 4 puntos en este ítem de calificación, es decir el consideraba que daba igual acreditar 2 especializaciones que 4, 5 o 6; ante lo cual una amiga que trabajaba en la entidad le indicó que no tenía por qué preocuparse, porque eso siempre se señalaba en las convocatorias y al final si le iban a tener en cuenta todas las especializaciones que acreditara, por lo que Luis procedió el 5 de diciembre de 2021 a inscribirse en la convocatoria para un cargo que tenía asignación salarial de $10.000.000 y adicional a su profesión acreditó que había cursado 7 especializaciones en diversas áreas, procediendo posteriormente a cumplir con mucho éxito las demás etapas del concurso, por lo que estaba muy ansioso de la conformación de la lista de elegibles, pese a lo cual se sintió muy decepcionado al darse cuenta que ocupó el tercer lugar de la misma, cuando sólo había dos vacantes en la entidad, y para colmo de males se dio cuenta que en el ítem de especializaciones sólo le habían otorgado 4 puntos, lo cual desconocía todas las especializaciones que había realizado con tanto esfuerzo, y que en su sentir le hubieren permitido ser el primero o segundo de la lista de elegibles, la cual se publicó el 15 de noviembre de 2022.
¿Cuál es el medio control más apropiado para discutir las circunstancias que pusieron molesto a Luis?
Nulidad y restablecimiento del derecho
Reparación directa
Nulidad acumulada con nulidad y restablecimiento del derecho
Nulidad .
Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
El señor Luis estaba interesado en acceder a un cargo de carrera en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que al tener conocimiento, el 20 de agosto de 2021, de que en la entidad había un concurso para el efecto, se puso al tanto de todos los pormenores del mismo, sin embargo al leer el acto administrativo por el cual se reglamentaba dicha convocatoria se molestó por la forma en que se le confería el puntaje al ítem de educación, pues si bien cada especialización valía 2 puntos, se disponía un tope de 4 puntos en este ítem de calificación, es decir el consideraba que daba igual acreditar 2 especializaciones que 4, 5 o 6; ante lo cual una amiga que trabajaba en la entidad le indicó que no tenía por qué preocuparse, porque eso siempre se señalaba en las convocatorias y al final si le iban a tener en cuenta todas las especializaciones que acreditara, por lo que Luis procedió el 5 de diciembre de 2021 a inscribirse en la convocatoria para un cargo que tenía asignación salarial de $10.000.000 y adicional a su profesión acreditó que había cursado 7 especializaciones en diversas áreas, procediendo posteriormente a cumplir con mucho éxito las demás etapas del concurso, por lo que estaba muy ansioso de la conformación de la lista de elegibles, pese a lo cual se sintió muy decepcionado al darse cuenta que ocupó el tercer lugar de la misma, cuando sólo había dos vacantes en la entidad, y para colmo de males se dio cuenta que en el ítem de especializaciones sólo le habían otorgado 4 puntos, lo cual desconocía todas las especializaciones que había realizado con tanto esfuerzo, y que en su sentir le hubieren permitido ser el primero o segundo de la lista de elegibles, la cual se publicó el 15 de noviembre de 2022.
¿A qué autoridad judicial consideramos que se debería dirigir la demanda para obtener una respuesta efectiva y proteger los derechos del ciudadano afectado?
Juzgados Municipales
Tribunales Administrativos
Juzgados Administrativos
Consejo de Estado
.
Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
El señor Luis estaba interesado en acceder a un cargo de carrera en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que al tener conocimiento, el 20 de agosto de 2021, de que en la entidad había un concurso para el efecto, se puso al tanto de todos los pormenores del mismo, sin embargo al leer el acto administrativo por el cual se reglamentaba dicha convocatoria se molestó por la forma en que se le confería el puntaje al ítem de educación, pues si bien cada especialización valía 2 puntos, se disponía un tope de 4 puntos en este ítem de calificación, es decir el consideraba que daba igual acreditar 2 especializaciones que 4, 5 o 6; ante lo cual una amiga que trabajaba en la entidad le indicó que no tenía por qué preocuparse, porque eso siempre se señalaba en las convocatorias y al final si le iban a tener en cuenta todas las especializaciones que acreditara, por lo que Luis procedió el 5 de diciembre de 2021 a inscribirse en la convocatoria para un cargo que tenía asignación salarial de $10.000.000 y adicional a su profesión acreditó que había cursado 7 especializaciones en diversas áreas, procediendo posteriormente a cumplir con mucho éxito las demás etapas del concurso, por lo que estaba muy ansioso de la conformación de la lista de elegibles, pese a lo cual se sintió muy decepcionado al darse cuenta que ocupó el tercer lugar de la misma, cuando sólo había dos vacantes en la entidad, y para colmo de males se dio cuenta que en el ítem de especializaciones sólo le habían otorgado 4 puntos, lo cual desconocía todas las especializaciones que había realizado con tanto esfuerzo, y que en su sentir le hubieren permitido ser el primero o segundo de la lista de elegibles, la cual se publicó el 15 de noviembre de 2022.
En el caso objeto de estudio ¿Cuál sería la cuantía del proceso?
El valor de los perjuicios causados
El proceso carecería de cuantía
La sumatoria de los salarios que dejaría de percibir durante 3 años
El monto de la obligación definida en el acto demandado .
Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
El señor Luis estaba interesado en acceder a un cargo de carrera en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que al tener conocimiento, el 20 de agosto de 2021, de que en la entidad había un concurso para el efecto, se puso al tanto de todos los pormenores del mismo, sin embargo al leer el acto administrativo por el cual se reglamentaba dicha convocatoria se molestó por la forma en que se le confería el puntaje al ítem de educación, pues si bien cada especialización valía 2 puntos, se disponía un tope de 4 puntos en este ítem de calificación, es decir el consideraba que daba igual acreditar 2 especializaciones que 4, 5 o 6; ante lo cual una amiga que trabajaba en la entidad le indicó que no tenía por qué preocuparse, porque eso siempre se señalaba en las convocatorias y al final si le iban a tener en cuenta todas las especializaciones que acreditara, por lo que Luis procedió el 5 de diciembre de 2021 a inscribirse en la convocatoria para un cargo que tenía asignación salarial de $10.000.000 y adicional a su profesión acreditó que había cursado 7 especializaciones en diversas áreas, procediendo posteriormente a cumplir con mucho éxito las demás etapas del concurso, por lo que estaba muy ansioso de la conformación de la lista de elegibles, pese a lo cual se sintió muy decepcionado al darse cuenta que ocupó el tercer lugar de la misma, cuando sólo había dos vacantes en la entidad, y para colmo de males se dio cuenta que en el ítem de especializaciones sólo le habían otorgado 4 puntos, lo cual desconocía todas las especializaciones que había realizado con tanto esfuerzo, y que en su sentir le hubieren permitido ser el primero o segundo de la lista de elegibles, la cual se publicó el 15 de noviembre de 2022.
Para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa Luis debe proceder, entre otros, a realizar:
La demanda se puede interponer directamente El trámite de recurso de queja prejudicial
Constituir renuencia
Agotar el recurso de súplica para que les expidan las copias correspondientes
Interponer el recurso de revocatoria directa
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Con base en estos hechos responda las siguientes preguntas:
El señor Luis estaba interesado en acceder a un cargo de carrera en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que al tener conocimiento, el 20 de agosto de 2021, de que en la entidad había un concurso para el efecto, se puso al tanto de todos los pormenores del mismo, sin embargo al leer el acto administrativo por el cual se reglamentaba dicha convocatoria se molestó por la forma en que se le confería el puntaje al ítem de educación, pues si bien cada especialización valía 2 puntos, se disponía un tope de 4 puntos en este ítem de calificación, es decir el consideraba que daba igual acreditar 2 especializaciones que 4, 5 o 6; ante lo cual una amiga que trabajaba en la entidad le indicó que no tenía por qué preocuparse, porque eso siempre se señalaba en las convocatorias y al final si le iban a tener en cuenta todas las especializaciones que acreditara, por lo que Luis procedió el 5 de diciembre de 2021 a inscribirse en la convocatoria para un cargo que tenía asignación salarial de $10.000.000 y adicional a su profesión acreditó que había cursado 7 especializaciones en diversas áreas, procediendo posteriormente a cumplir con mucho éxito las demás etapas del concurso, por lo que estaba muy ansioso de la conformación de la lista de elegibles, pese a lo cual se sintió muy decepcionado al darse cuenta que ocupó el tercer lugar de la misma, cuando sólo había dos vacantes en la entidad, y para colmo de males se dio cuenta que en el ítem de especializaciones sólo le habían otorgado 4 puntos, lo cual desconocía todas las especializaciones que había realizado con tanto esfuerzo, y que en su sentir le hubieren permitido ser el primero o segundo de la lista de elegibles, la cual se publicó el 15 de noviembre de 2022.
El término de caducidad debe contarse a partir del:
El 16 de noviembre de 2022 y por 4 meses
El 5 de diciembre de 2021 y por 4 meses
El 6 de diciembre de 2021 y por 4 meses
El 21 de agosto de 2021 y por 4 meses
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La Corte Constitucional Colombiana en Sentencia No. C-027 de 05 de enero de 1993 define el Estado de Derecho de la siguiente manera: “No es otra cosa que la pretensión de racionalizar el ejercicio del poder político sometiéndolo a una previa planificación y previsión normativas, en busca del orden, la estabilidad y la seguridad jurídica. Se transforma de este modo el poder político, que es fáctico e incondicionado, en una facultad normada y, por lo tanto, limitada y, en consecuencia, también, controlada y corregible en sus desbordamientos”.
Del enunciado anterior se deduce que:
El interés público prevalece sobre el interés privado
No puede haber Estado sin legalidad del poder político
Existe una constante producción normativa
Las autoridades deben respetar el sistema normativo
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Una industria de jabones vierte buena parte de sus desechos químicos en un río a cuya cuenca pertenecen varios municipios de economía preponderantemente agrícola. Diferentes organizaciones de carácter comunitario a nivel local consideran que esta situación ocasiona trastornos cutáneos, digestivos y respiratorios en la población, especialmente infantil y afecta también el ecosistema.
La vía de protección constitucional para hacer cesar esta situación de la manera más pronta, viable y eficaz es la acción:
de tutela y simultáneamente acción popular
popular de tutela y posteriormente acción de grupo
de reparación directa
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A partir de la Constitución de 1991 la jurisprudencia ha adquirido una gran preponderancia en nuestro sistema jurídico nacional. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha identificado que ésta se divide en dos partes bien diferenciadas: obiter dictum y ratio decidendi. Este último concepto ha sido entendido como:
La formulación más general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituye la base de la decisión judicial específica.
La cosa juzgada explícita sin tener en cuenta las consideraciones que llevaron a adoptar la decisión
Los pasajes de la sentencia en que, por abundancia argumentativa, se dicen cosas incidentalmente, no siendo por tanto lo principal del caso jurídico que se define en el fallo
La parte resolutiva de la sentencia que constituye en últimas la razón misma de la providencia.
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El principio de la moralidad administrativa hace referencia a:
Al actuar de imparcial por parte de las autoridades públicas y de los particulares, en el cumplimiento de sus deberes como funcionarios y como miembros de la colectividad.
A que las autoridades y sus agentes asuman las consecuencias por sus
decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.
A que las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e
instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento.
A que todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.
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Es propio de la acción de cumplimiento:
El cumplimiento por parte de una autoridad renuente, de una ley o de un acto administrativo. Es para la defensa de derechos fundamentales constitucionales, por constituir la última ratio.
Debe presentarse siempre por medio de abogado por tratarse de acción constitucional pecuniaria.
Debe presentarse dentro de los dos primeros años, so pena de que se declare la caducidad de la misma.
El menoscabo de dinero por el incumplimiento de un acto administrativo o de una ley
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La excepción de inconstitucionalidad consiste en:
Inaplicar una norma de orden legal por ser ésta inconstitucional
Inaplicar una norma de orden legal por ser inconstitucional para un caso en concreto
Inaplicar una norma de orden legal por contraponerse con una norma constitucional en un caso en concreto.
Sacar del mundo jurídico una norma de orden legal por contraponerse con una norma de orden constitucional en un caso en concreto .
Frente a una acción de tutela, la Corte Constitucional debe:
Revisarla eventualmente
Revisarla obligatoriamente para que haga tránsito a cosa juzgada constitucional
Revisarla siempre y cuando el juez de segunda instancia haya determinado la violación de un derecho fundamental
Revisarla siempre y cuando el juez de primera instancia haya determinado la violación de un derecho fundamental.
Las tutelas nunca suben a la Corte Constitucional, por cuanto ya hacen trámite ante jueces constitucionales.
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Son entidades descentralizadas por servicios:
Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las Empresas Sociales del Estado, las Cajas de compensación
Familiar, las Empresas de Servicios Públicos
Los Institutos Científicos y Tecnológicos, Los Departamentos Administrativos, Las Superintendencias sin Personería Jurídica, Los Establecimientos Públicos, Las Sociedades de Economía Mixta.
Las Unidades Administrativas con Personería Jurídica, Las Sociedades de
Economía Mixta, Las Curadurías, Los Consejos Superiores de la Administración, Las Superintendencias con Personería Jurídica.
Las Sociedades de Economía Mixta, Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Las Superintendencias con Personería Jurídica. .
Son entidades descentralizadas territorialmente:
Los Ministerios
Los Departamentos
Las Empresas Sociales del Estado.
Los cabildos abiertos
Las Sociedades de Economía Mixta
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Podemos decir que dentro del Bloque de Constitucional se encuentran las siguientes normas:
La Constitución, Tratados internacionales limítrofes, Leyes estatutarias y orgánicas
La Constitución, Tratados internacionales de Derechos Humanos y
Limítrofes, Leyes ordinarias y estatutarias
La Constitución, Tratados internacionales de Derechos Humanos, Tratados de Libre Comercio y leyes estatutarias
La Constitución, Tratados internacionales de Derechos Humanos, Tratados de Libre Comercio y leyes estatutarias y Marco
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Pedro Pérez, alcalde del Municipio de Garagoa (Boyacá), decide poner en conocimiento de la ciudadanía del Municipio, una nueva política pública que quisiera implementar, destinada a la protección del espacio público, ya que el mismo se ha venido ocupando por vendedores ambulantes.
El alcalde deberá presentar el mecanismo de participación ciudadana, denominado:
Un referendo de orden municipal
Un plebiscito
Una iniciativa de norma jurídica (Acuerdo Municipal)
Una consulta popular
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Pedro Pérez, presenta acción de tutela contra el Departamento de Bolívar, debido a que la Empresa Industrial y Comercial del Estado Licorera de Bo lívar no ha respetado las normas referentes a la prevención de gases tóxicos, lo que ha provocado la muerte de seis vecinos del Barrio en donde queda la sede de dicha Empresa.
La autoridad competente ante quien se debe dirigir la acción de tutela es: Gobernador del Departamento de Bolívar
Alcalde de Cartagena, por encontrarse la entidad domiciliada en la Capital del Departamento de Bolívar
Magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar
Juez Civil Municipal de Cartagena
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Si en el caso anterior procediera la acción Popular, la autoridad competente sería:
Magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar
Juez Administrativo Gobernador del Departamento de Bolívar
Alcalde de Cartagena, por encontrarse la entidad domiciliada en la Capital del Departamento de Bolívar
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El privilegio que nace del Acto Administrativo en firme para que la autoridad que lo profiere, sin necesidad de requisito o formalidad adicional, pueda efectuar de inmediato y directamente las actuaciones necesarias para su cumplimiento. La anterior definición corresponde al concepto de:
Eficacia del acto administrativo
Ejecutoriedad del acto administrativo
Eficiencia del acto administrativo
Ejecutividad del acto administrativo
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La ruptura del equilibrio económico del contrato por situaciones imprevistas, exógenas a las partes y posteriores a la celebración del contrato, que generan una alteración a la economía de este, haciéndolo más gravoso.
La anterior definición corresponde al concepto de:
Teoría de la imprevisión.
La teoría por el hecho del príncipe.
La teoría de las sujeciones materiales imprevistas
La “postestas variandi”.
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La administración pública contratante, al hacer uso legal de los poderes conferidos por una cláusula exorbitante, genera una alteración anormal en la economía del contrato, haciendo más gravosa su ejecución para una de las partes. La anterior definición corresponde al concepto de:
La “postestas variandi”.
La teoría por el hecho del príncipe.
La teoría de las sujeciones materiales imprevistas
Teoría de la imprevisión.
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La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autoridades y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista del contratista o al de la firma del contrato, según sea el caso. Esta disposición es materialización del:
Principio de economía.
Principio de transparencia.
Principio del equilibrio económico.
Principio de responsabilidad.
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El __________ se vincula mediante un contrato de trabajo que regula el régimen del servicio que va a prestar. Por su parte, el _________se vincula a la administración mediante una modalidad legal o reglamentaria y el acto se concreta en el nombramiento y la posesión.
Los espacios en blanco corresponden a los conceptos de:
Servidor público y contratista respectivamente.
Trabajador oficial y empleado público
Empleado público y trabajador oficial
Servidor público y trabajador oficial
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Los sindicatos de empleados públicos NO pueden Negociar las condiciones de empleo
Obtener personería jurídica
La atribución disciplinaria de las autoridades
Asociarse con otros sindicatos
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____________es el criterio de imputación que tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia de mandatos de abstención –deberes negativos- como de acción -deberes positivos- a cargo del Estado; empero, para que se genere responsabilidad con fundamento en: a) el incumplimiento o deficiente cumplimiento de deberes normativos, b) la omisión o inactividad de la administración pública, o c) el desconocimiento de la posición de garante institucional que pueda asumir la administración.
El espacio en blanco corresponde al criterio de:
Daño especial
Falla en el servicio
Riesgo excepcional
Error jurisdiccional
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_____________ corresponde a un criterio de imputación en donde el desequilibrio de las cargas públicas, la equidad y la solidaridad son sus fundamentos como materialización del reequilibrio ante una ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, fruto del perjuicio especial y anormal que debe soportar el administrado.
El espacio en blanco corresponde al criterio de: Daño especial
Riesgo excepcional
Falla en el servicio
Error jurisdiccional
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Un acto de policía NO puede:
Ser objeto de acción de tutela.
Demandarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo según el artículo 4º de la ley 1801 de 2016.
Ser objeto del libro primero de la ley 1437 de 2011
Ser objeto de recursos del procedimiento administrativo.
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La________ consiste en garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. De la misma manera, la__________ es lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos.
Los espacios en blanco corresponden a:
Tranquilidad y seguridad
Seguridad y tranquilidad
Salubridad pública y tranquilidad
Tranquilidad y salubridad pública
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Pedro es sancionado disciplinariamente en única instancia. Ante ello, él decide interponer el recurso de apelación después de cuatro meses de haber sido notificado, pero este mecanismo fue declarado improcedente. Sin embargo, la entidad de oficio decidió revocarlo a los cinco (5) meses de su notificación.
La actuación desplegada por la entidad fue:
Acorde a derecho pues la revocatoria directa procede de oficio. No acorde a derecho porque la revocatoria directa de oficio es procedente solo frente a actos administrativos de contenido general.
No acorde a derecho pues el recurso de apelación no es obligatorio, y ello no faculta a la autoridad para su revocatoria así esta se hubiera realizado dentro del término de caducidad para su control judicial.
No acorde a derecho porque la revocatoria al acto administrativo fue realizada sin el consentimiento expreso de Pedro.
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Alicia radicó un derecho de petición para que le retire un bolardo ubicado en la puerta de su garaje, solicitud que transcurridos tres (3) meses no ha sido contestada. Ante ello, Alicia impetra un recurso de reposición ante la autoridad en la cual radicó el derecho de petición, e interponer una acción de tutela para obligar que su petición inicial sea respondida. Usted como juez de conocimiento decide:
Negar por improcedente la acción de tutela pues la petición ha sido respondida.
Conceder la tutela porque no se ha configurado silencio administrativo alguno.
Negar por improcedente la acción de tutela pues el recurso de reposición excusa a la administración a responder la petición inicial.
Conceder la tutela porque el silencio administrativo negativo no constituye
verdadera respuesta a un derecho de petición.
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