Los mercados de abastos tienen la condición de servicios públicos que tradicionalmente han venido prestando los municipios de más de 5.000 habitantes. Los mercados de abastos tienen la condición de servicio público que de acuerdo con la normativa básica de régimen local debían prestar los municipios de más de 5.000 habitantes, correspondiendo al Ayuntamiento adoptar las medidas adecuadas para la regulación de la actividad de los propios mercados, aunque se deja abierta la posibilidad de destintos tipos de gestión, siempre y cuando el municipio ejerza su autoridad en la intervención administrativa, inspección y vigilancia sanitaria. Los mercados de abastos tienen la condición de servicio público que de acuerdo con la normativa básica de régimen local debían prestar los municipios de más de 5.000 habitantes, correspondiendo al Ayuntamiento adoptar las medidas adecuadas para la regulación de la actividad de los propios mercados, aunque se deja abierta la posibilidad de destintos tipos de gestión, siempre y cuando el municipio ejerza su autoridad en la intervención administrativa, inspección, vigilancia sanitaria y cuantas funciones impliquen ejercicio de autoridad y sean de su competencia. Los mercados de abastos tienen la condición de servicio público que de acuerdo con la normativa básica de régimen local debían prestar los municipios de más de 10.000 habitantes, correspondiendo al Ayuntamiento adoptar las medidas adecuadas para la regulación de la actividad de los propios mercados, aunque se deja abierta la posibilidad de destintos tipos de gestión, siempre y cuando el municipio ejerza su autoridad en la intervención administrativa, inspección, vigilancia sanitaria y cuantas funciones impliquen ejercicio de autoridad y sean de su competencia. .
Según la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil Las competencias en materia de protección civil corresponden a la Administración civil del Estado y al resto de las administraciones públicas.
Los ciudadanos podrán colaborar en las tareas de protección civil a través de la organización denominada Uniones Locales de Voluntarios de Protección Civil Las competencias en materia de protección civil corresponden a la Administración civil del Estado y al resto de las administraciones públicas.
Los ciudadanos podrán colaborar en las tareas de protección civil a través de la organización denominada Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil Las competencias en materia de protección civil corresponden a la Administración civil del Estado y al resto de las administraciones públicas.
Los ciudadanos podrán colaborar en las tareas de protección civil a través de la organización denominada Agrupaciones Locales de Voluntarios de Unión Civil.
La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana Tiene 6 planes de protección civil y gestión de emergencias: planes territoriales, planes especiales, procedimientos de actuación, protocolos operativos, planes de autoprotección y planes de eventos especiales. Tiene 8 planes de protección civil y gestión de emergencias: planes territoriales, planes especiales, procedimientos de actuación, protocolos operativos, planes de autoprotección y planes de eventos especiales. Tiene 6 planes de protección civil y gestión de emergencias: planes territoriales, planes especiales, procedimientos de actuación, protocolos operativos, planes de autoprotección y planes de eventos.
Los municipios disponen de competencia sancionadora en materia de medioambiente atmosférico en virtud del régimen sancionador que se regula en la Ley 34/2007, de 17 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Ley 34/2007, de 12 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
¿Qué afirmación es correcta? Las previsiones de la Directiva 2002/49/CE sobre la evaluación y el control de ruido ambiental incorpora al derecho interno estatal la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial Las previsiones de la Directiva 2002/49/CE sobre la evaluación y el control de ruido ambiental incorpora al derecho interno estatal la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido Las previsiones de la Directiva 2002/49/CE sobre la evaluación y el control de ruido incorpora al derecho interno estatal la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Según el artículo 10 del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperación de las corporaciones locales con el Ministerio de Educación y Ciencia: “Los municipios cooperarán con el Ministerio de Educación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado de su ámbito territorial.” “Los municipios cooperarán con el Ministerio de Educación y Ciencia en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado” “Los municipios cooperarán con el Ministerio de Educación y Ciencia en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado de su ámbito territorial.”.
El cinturón de seguridad en los asientos traseros de los vehículos es obligatorio en España desde: El año 1992, año en el cual entró en vigor el anterior Reglamento General de Circulación. El año 1992, año en el cual entró en vigor el anterior Reglamento General de Conductores El año 1992, año en el cual entró en vigor el anterior Reglamento General de Vehículos.
Según el artículo 19.1 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: “Una vez que adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves, serán anotadas por la Jefatura de Tráfico en que se instruyó el expediente en el Registro de conductores e infractores y, cuando proceda, en los registros a que se refiere el artículo 5.h) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Cuando dichas sanciones hayan sido impuestas por los Alcaldes o por las autoridades competentes de las comunidades autónomas, se comunicarán para su anotación a los registros referidos en el plazo de 15 días siguientes a su firmeza. Las anotaciones se cancelarán de oficio a efectos de antecedentes una vez transcurridos dos años desde su total cumplimiento o prescripción” “Una vez que adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves, serán anotadas por la Jefatura de Tráfico en que se instruyó el expediente en el Registro de conductores e infractores y, cuando proceda, en los registros a que se refiere el artículo 5.h) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Cuando dichas sanciones hayan sido impuestas por los Alcaldes o por las autoridades competentes de las comunidades autónomas, se comunicarán para su anotación a los registros referidos en el plazo de 12 días siguientes a su firmeza. Las anotaciones se cancelarán de oficio a efectos de antecedentes una vez transcurridos dos años desde su total cumplimiento o prescripción” “Una vez que adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves, serán anotadas por la Jefatura de Tráfico en que se instruyó el expediente en el Registro de conductores e infractores y, cuando proceda, en los registros a que se refiere el artículo 8.g) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Cuando dichas sanciones hayan sido impuestas por los Alcaldes o por las autoridades competentes de las comunidades autónomas, se comunicarán para su anotación a los registros referidos en el plazo de 10 días siguientes a su firmeza. Las anotaciones se cancelarán de oficio a efectos de antecedentes una vez transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción”.
Nomenclatura correcta Real Decreto 317/2009, de 14 de mayo por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial Real Decreto 713/2003, de 14 de mayo por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial Real Decreto 317/2003, de 15 de mayo por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial Real Decreto 377/2003, de 15 de mayo por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial .
Página 518-520 Libro Policía Local FASES DE UN ACCIDENTE NO LEER LEER.
Página 516-518 Libro Policía Local CLASES DE ACCIDENTES LEER NO LEER.
Es función del actual Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible: Asesorar a los órganos superiores del Ministerio del Interior en dicha materia. La determinación de las drogas, estupefacientes, productos psicotrópicos y estimulantes u otras sustancias análogas que pueden afectar a la conducción La determinación de las drogas, estupefacientes, productos psicotrópicos y estimulantes u otras sustancias análogas que pueden afectar a la conducción, así como de las pruebas para su detección y sus niveles máximos es competencia de la Administración del Estado a través del Ministerio de Interior.
La determinación de las drogas, estupefacientes, productos psicotrópicos y estimulantes u otras sustancias análogas que pueden afectar a la conducción, así como de las pruebas para su detección y sus niveles máximos es competencia de La Administración del Estado a través del Ministerio de Interior La Administración del Estado a través del Ministerio de Hacienda La Administración del Estado a través del Ministerio de Exterior.
¿Cuál es correcta? El arrendamiento de vehículos de carretera sin conductor se considera Actividades auxiliares y complementarias del transporte (Real Decreto 70/2019, de 16 de marzo, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.) El arrendamiento de vehículos de carretera sin conductor se considera Actividades auxiliares y complementarias del transporte (Real Decreto 70/2018, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.) El arrendamiento de vehículos de carretera sin conductor se considera Actividades auxiliares y complementarias del transporte (Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.).
Nomeclatura correcta Real Decreto 302/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. .
Artículo 16 Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución. Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal y cuando hubiera intervenido otra autoridad competente para imponer la sanción de multa y que haya de trasladar el expediente para substanciar la suspensión de la autorización administrativa para conducir a la Administración General del Estado, el plazo de caducidad se suspenderá y reanudará, por el tiempo que reste hasta un año, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial o administrativa correspondiente.
La hoja concebida para ser colocada en el tocógrafo, con el fin de recibir y fijar registros se denomina hoja de infomación
En el caso de pruebas deportivas que discurran por vías públicas o de uso público en las que la Administración General del Estado tenga atribuida la vigilancia y regulación del tráfico, corresponde al Ministerio del Interior informarlas con carácter no vinculante. Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución. Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal y cuando hubiera intervenido otra autoridad competente para imponer la sanción de multa y que haya de trasladar el expediente para substanciar la suspensión de la autorización administrativa para conducir a la Administración General del Estado, el plazo de caducidad se suspenderá y reanudará, por el tiempo que reste hasta un año, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial o administrativa correspondiente.
La hoja concebida para ser colocada en el tocógrafo, con el fin de recibir y fijar registros se denomina hoja de registro o disco diagrama
En el caso de pruebas deportivas que discurran por vías públicas o de uso público en las que la Administración General del Estado tenga atribuida la vigilancia y regulación del tráfico, corresponde al Ministerio del Interior informarlas con carácter no vinculante. Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución. Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal y cuando hubiera intervenido otra autoridad competente para imponer la sanción de multa y que haya de trasladar el expediente para substanciar la suspensión de la autorización administrativa para conducir a la Administración General del Estado, el plazo de caducidad se suspenderá y reanudará, por el tiempo que reste hasta un año, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial o administrativa correspondiente.
La hoja concebida para ser colocada en el tocógrafo, con el fin de recibir y fijar registros se denomina hoja de registro o disco diagrama
En el caso de pruebas deportivas que discurran por vías públicas o de uso público en las que la Administración General del Estado tenga atribuida la vigilancia y regulación del tráfico, corresponde al Ministerio del Exterior informarlas con carácter no vinculante.
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