Preguntas Modulo Publico ISDE CAS

El medio de ejecución de los actos administrativos que procede cuando el interesado venga obligado, por el acto administrativo a ejecutar, a satisfacer una cantidad dineraria líquida es: El apremio sobre el patrimonio. La multa coercitiva. La ejecución subsidiaria. La compulsión sobre las personas.

Señala la opción incorrecta. Los actos administrativos lícitos o válidos extinguen su eficacia por: cumplimiento. concurrencia de las circunstancias que establezca el acto como contenido accidental. voluntad del particular. caducidad.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 35 LPAC deben ser motivados los actos administrativos que: resuelvan recursos administrativos. limiten derechos subjetivos. admitan pruebas propuestas por los interesados. acuerden el desistimiento de la Administración en procedimientos iniciados de oficio.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 14.2 LPAC, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Son nulos de pleno derecho los “Actos, expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento y por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos ____ para su adquisición” (artículo 47.1 Ley 39/2015). Completa el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: establecidos. esenciales. básicos. legalmente establecidos.

Señala la opción incorrecta. Establece el siguiente artículo 98.1 LPAC “los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: Se solicite la suspensión de la ejecución del acto. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Una disposición establezca lo contrario. Se necesite aprobación o autorización superior”.

Señala la opción incorrecta. Establece el apartado 2 del artículo 98 LPAC que “Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo …” a través de los medios que señala, sin perjuicio de Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública. Estos medios que indica son: Tarjeta de crédito y débito. Transferencia bancaria. Domiciliación bancaria. Giro postal.

El certificado acreditativo del silencio producido en un procedimiento administrativo, puede solicitarlo el interesado al órgano competente para resolver: en cualquier momento. en el plazo de quince días desde que se produjo. no puede solicitarlo, pues ha de emitirlo de oficio el órgano competente para resolver. en el plazo de quince días a contar desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

El artículo 39.3 de la Ley 39/2015 establece que “Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto ......................: Complete el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas”. y no se incurra en las causas de nulidad del artículo 47 de la presente ley”. y se solicite expresamente”. no hay nada que añadir.

Cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen el plazo máximo para resolver y notificar de que dispone la Administración, éste será de: 9 meses. 6 meses. 3 meses. 1 mes.

Cuando se acuerde la tramitación urgente de un procedimiento, los plazos se reducirán: a un tercio. a la mitad. a dos tercios. a menos de treinta días, que es la duración máxima del procedimiento abreviado.

Establece el artículo 70 LPAC que “No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas …”. Ello, salvo que: se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. se trate de informes preceptivos solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento”. se trate de informes de órganos consultivos de la propia Administración”. no hay ninguna salvedad.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 14.2 LPAC, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

El apartado a) del artículo 16 LPAC establece que los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser ____, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. Completa el espacio en blanco con una se las siguientes opciones: plenamente accesibles. plenamente interoperables. asimilables y compatibles. accesibles.

Señala, de los siguientes, cuál no es uno de los derechos que el artículo 13 de la Ley 39/2015 reconoce a quienes tienen capacidad de obrar en sus relaciones con las Administraciones públicas: A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

En un procedimiento iniciado de oficio, se requiere al interesado para que proponga y/o presente pruebas, habiendo establecido el órgano administrativo para ello un de prueba de cuarenta días dado el importante volumen de asuntos que ha de resolver. Sobre ello, indica la afirmación correcta: Tal período de prueba hará que el procedimiento sea nulo por abuso del derecho por parte del órgano administrativo. Tal período de prueba es el usual atendiendo a las circunstancias de saturación de trabajo del órgano administrativo. Tal período de prueba excede de lo dispuesto en la Ley 39/2015, que establece que los indicados períodos no podrán exceder de treinta días ni ser inferiores a diez. Tal período de prueba excede de lo dispuesto en la Ley 39/2015, que establece que los indicados períodos no podrán exceder de quince días ni ser inferiores a diez.

Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada, que deberán ser resueltos en un plazo determinado, este se cuenta desde: el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. el día en que se haya adoptado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. el día siguiente a aquel en que se haya adoptado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. el día en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

Si en el procedimiento administrativo tramitado de manera simplificada resulta preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver, desde que se solicite el dictamen hasta: que se notifique el dictamen. que el dictamen sea emitido. que el texto del dictamen tenga entrada en el registro del órgano que tramita el expediente. que se acuse recibo de la recepción del dictamen por del órgano que tramita el expediente.

De acuerdo con la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, cuando un interesado en un procedimiento administrativo alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a quien se impute la situación discriminatoria: suspender el procedimiento y aportar al mismo de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. adoptar las medidas precisas y proporcionadas para restablecer los derechos del interesado. la aportación de una justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

De acuerdo con lo que establece el apartado 5 del artículo 32 de la Ley 39/2015, cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente, la Administración podrá acordar: la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos. lo que resulte precedente para recobrar el normal funcionamiento de los sistemas. la ampliación del plazo por tiempo no superior a la mitad del establecido. la ampliación del plazo por tiempo no superior al doble del establecido.

El Director General de Industrias Audiovisuales se considera incompetente para la resolución de un recurso de alzada que han presentado ante él. Lo que deberá hacer, además de inadmitir el recurso es: proceder al archivo y notificarlo al interesado. remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. notificarlo al interesado, y advertirle que ha de dirigirse al órgano competente. proceder al archivo del recurso.

Los actos presuntos desestimatorios podrán ser recurridos en reposición: En el plazo de quince días, a partir del día siguiente a aquel en que se tenga por producido el acto presunto. En el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente en que se tenga por producido el acto presunto. En cualquier momento, a partir del día siguiente en que se tenga por producido el acto presunto. En el plazo de un mes, a partir del día de expedición del certificado acreditativo del silencio administrativo expedido por el órgano competente.

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos: Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del recurso extraordinario de revisión. Directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del recurso extraordinario de revisión, previo anuncio de su interposición ante el superior jerárquico del órgano que los haya dictado. Preceptivamente en reposición ante el órgano superior jerárquico del que los hubiera dictado y, si fuere desestimado, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del procedimiento que corresponda. A elección del recurrente, en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del procedimiento que corresponda.

El plazo máximo que tiene el órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión es de: seis meses. nueve meses. tres meses. un año.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de: 6 meses. 3 meses. 2 meses. 1 mes.

Señala la opción incorrecta. Las causas de inadmisión de los recursos administrativos, de acuerdo con el artículo 116 LPAC son, textualmente: Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto susceptible de recurso. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Presentada por Evaristo una solicitud de revisión de oficio de un acto administrativo emitido por la Dirección General de Industrias Pesqueras del Ministerio de Fomento, este, en cuanto órgano competente para la revisión de oficio, podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de la solicitud, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado, cuando esta (señala la opción incorrecta). no se base en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 de la Ley 39/2015. carezca manifiestamente de fundamento. se hubiera solicitado fuera de plazo. cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

Cuando el procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de _ desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Completa el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: seis meses. nueve meses. tres meses. dos meses.

El alcalde de Torrelodones quiere impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo un acto favorable, emitido por el Ayuntamiento, que es anulable conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015. El órgano competente para adoptar la declaración de lesividad es: el Pleno de la corporación. el propio alcalde. la Junta de Gobierno local. el Pleno de la Diputación Provincial de Alicante.

Dentro del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, integrada en la Secretaría de Estado de Enseñanzas Medias y Formación Profesional está la Dirección General de Formación Continua. ¿Quién será competente para la revisión de oficio de actos nulos desfavorables emitidos por el Director General de Formación Continua?: el propio Director General. el Ministro. el Secretario de Estado. el Consejo de Ministros.

Si el instructor de un procedimiento de carácter sancionador apreciara que ha prescrito la infracción: podrá archivar las actuaciones y prescindir de la propuesta de resolución. Y si no lo hiciere, podrá declarar esta circunstancia en la propuesta de resolución. elevará el expediente al órgano competente para resolver para que decida si procede el archivo de las actuaciones. dará traslado al presunto responsable para que alegue lo que a su derecho convenga. podrá archivar provisionalmente las actuaciones hasta que se pronuncie el órgano competente para resolver.

El órgano competente para fijar el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad, es: el Ministro de Justicia. el Secretario de Estado de Justicia. el Consejo General del Poder Judicial. el Consejo de Ministros.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 40/2015, la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Los trámites que deben seguirse son: Alegaciones durante un plazo de quince días. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. Audiencia durante un plazo de diez días. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de un mes a contar desde la incoación del procedimiento.

En el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a ______ euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Completa el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: 100.000. 75.000. 50.000. 30.000.

De acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo previsión legal distinta, las multas por infracciones a las Ordenanzas locales deberán respetar la siguiente cuantía máxima para las infracciones de carácter grave: 3.000 euros. 2.500 euros. 1.000 euros. 1.500 euros.

La Ley 40/2015 establece que, si la ley correspondiente no establece plazos, las infracciones de carácter leve prescriben en el plazo de: 3 años. 2 años. 1 año. seis meses.

Sobre la iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, señala la afirmación incorrecta: el procedimiento se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. es necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de veinte días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho. los particulares presuntamente lesionados podrán proponer cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento de su derecho.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las condiciones en las que puede darse la imposición de sanciones administrativas son las siguientes: sujeción de la potestad sancionadora al principio de legalidad, lo que determina la necesaria cobertura de ésta en una norma con rango legal o reglamentario. la interdicción de las penas de privación de libertad, a las que pueda llegarse de modo directo o indirecto a partir de las infracciones sancionadas; límite que no es aplicable al régimen disciplinario militar, tal y como se deriva, a sensu contrario, del art. 25.3 de la Constitución. el respeto de los derechos de defensa reconocidos en el art. 24 de la Constitución, que son de aplicación a los procedimientos que la Administración siga para la imposición de sanciones, y. la subordinación de la potestad sancionadora de la Administración a la autoridad judicial, que consiste en el control posterior de los actos sancionadores por la jurisdicción contencioso-administrativa y la preferencia de la jurisdicción penal en el enjuiciamiento y determinación de los hechos susceptibles de ser enjuiciados por el orden administrativo y aquella jurisdicción.

Samanta presenta en el Ayuntamiento de Las Rozas una denuncia al advertir que determinados vecinos lanzan desde sus ventanas desperdicios a la vía pública. ¿Qué resulta preciso para que, en su caso, la Administración motive la no iniciación de procedimiento por tales hechos y le notifique la decisión de iniciarlo o no?. nada, ya que la Administración viene obligada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. que la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas. que solicite expresamente la incoación del procedimiento que corresponda. nada, ya que la Administración no está obligada a realizar comunicaciones a quienes no tiene la condición de interesados, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Señala la opción incorrecta. La denuncia, para ser tomada en consideración, deberá expresar en todo caso: la identidad de quien la presenta. el relato de los hechos que pudieran constituir infracción. la identificación de los presuntos responsables. la fecha en que se produjeron los hechos.

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 18 de junio de 2019, decidió rescindir la relación laboral que le unía con el Señor Pérez, miembro del personal laboral de dicha Cámara. ¿Ante quién puede impugnar el Señor Pérez dicha decisión?. Ante la jurisdicción social. Ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previa presentación de una reclamación previa en vía laboral. Ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Todas las anteriores son falsas.

¿Está regulada en España la cuestión relativa a “los actos políticos del Gobierno”, en cuanto a su posible impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa?. Sí, se encuentra regulada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, concretamente en su artículo 2, letra a). No, dicha cuestión es una construcción jurisprudencial. Sí, se encuentra regulada en el artículo 25 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Sí, se encuentra regulada en la Ley 50/97, de 27 de noviembre, del Gobierno, concretamente en su artículo 22.

¿Son susceptibles de recurso contencioso-administrativo los actos dictados por la Federación Española de Fútbol?. No, no lo son en ningún caso. Sí, todos sus actos son susceptibles de recurso contencioso-administrativo. Son susceptibles de recurso contencioso-administrativo únicamente sus actos dictados en el ejercicio de funciones públicas. Todas las anteriores son falsas.

Señale cuál de los siguientes órganos no existe: Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Salas de lo Contencioso-Administrativo de las Audiencias Provinciales. Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Señale cuál de las siguientes materias no es competencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional: Los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de dicha Comisión, conforme a los previsto en la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo. Los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado. Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

¿Qué jurisdicción es competente para conocer de un recurso interpuesto por un empleado de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, que tiene condición de funcionario, contra la citada Sociedad, en materia de vacaciones?. La jurisdicción civil. La jurisdicción social. La jurisdicción contencioso-administrativa. Debe decidirse un conflicto de competencia entre las jurisdicciones social y contencioso-administrativa.

¿Quién es competente para resolver un conflicto entre la Dirección General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea y la Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias?. El Presidente del Gobierno. La Sala Tercera del Tribunal Supremo. El Secretario de Estado para la Unión Europea, superior jerárquico común de las dos Direcciones Generales mencionadas. Las Cortes Generales.

¿Se puede presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración ante la jurisdicción civil?. No, en ningún caso, de acuerdo con el artículo 2 e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sí, cuando concurra un daño entre particulares. Sí, cuando se haya firmado un seguro de responsabilidad. La b) y la c) son correctas.

Señale cuál de las siguientes es competencia de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo: Los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera. Los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses. Los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros. Todas son correctas.

Señale cuál de los siguientes órganos se integra en la jurisdicción contencioso-administrativa: Juzgados de lo Contencioso- Administrativo. Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo. Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Todas son correctas.

¿Es posible que una Administración Pública esté legitimada para impugnar un acto propio ante la jurisdicción contencioso-administrativa?. No, ese supuesto es un contrasentido. Sí, en el caso de previa declaración de lesividad del acto propio. Sí, en todo caso, previo dictamen del Consejo de Estado. Todas las anteriores son falsas.

¿En qué supuestos puede recurrirse un acto de trámite ante la jurisdicción contencioso-administrativa?. Cuando decida directa o indirectamente sobre el fondo del asunto. Cuando impida continuar el procedimiento. Cuando produzca indefensión. Todas las anteriores son verdaderas.

El Señor López es declarado ganador de un Premio Literario convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante una resolución firme del ministro. Una vez notificada dicha resolución al Señor López, el Ministerio no procede al pago de los 6.000 euros, de los que resultaba beneficiario aquél por haber ganado el Premio. ¿Qué puede hacer el Señor López?. Presentar un recurso contencioso-administrativo en el plazo de diez días desde que se notificó la resolución. Impugnar dicha inactividad en vía administrativa a través de un recurso de reposición. Solicitar ejecución de la resolución, y si dicha ejecución no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado. Instar la revisión de oficio.

¿Cómo calificaría usted la ocupación material de una finca por parte de la Administración sin que se haya tramitado el previo procedimiento de expropiación?. Vía de hecho. Autotutela declarativa. Autotutela ejecutiva. Inactividad de la Administración.

¿Puede controlarse el ejercicio que hace el Gobierno de una delegación legislativa de las Cortes Generales a través de la elaboración de un Decreto Legislativo?. Si, puede controlarlo el Tribunal Constitucional porque el Decreto Legislativo es una norma con rango de ley. Sí, puede controlarlo la jurisdicción contencioso-administrativa en lo que afecta a los excesos ultra vires. No, es una facultad que sólo puede controlar el Consejo de Estado. Las respuestas a) y b) son correctas.

¿Tienen los menores de edad capacidad procesal para actuar ante la jurisdicción contencioso-administrativa?. No, en ningún caso. Sí, en todo caso. Sí, siempre y cuando le acompañe al menos uno de sus progenitores en todas las actuaciones. Sí, pero sólo para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

¿Por quién será asistida la Mesa del Senado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en un recurso interpuesto por un licitador?. Por el Letrado de las Cortes Generales. Por el Abogado del Estado. Por el Letrado del Consejo de Estado. Todas las anteriores son falsas.

Un ciudadano solicita una licencia de obras, que le es denegada en vía administrativa a través de una resolución definitiva y expresa, tras lo cual, al mencionado ciudadano se le pasa el plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo. Ante esta situación, el ciudadano vuelve a solicitar la misma licencia de obras con el fin de que se la denieguen, de nuevo, en vía administrativa, pero, esta vez, sí interponer el recurso contencioso-administrativo. ¿Qué cree que sucederá?. El órgano judicial correspondiente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá del recurso que se interponga. El órgano administrativo impedirá la presentación del recurso. El recurso no será admitido a trámite, por ser confirmatorio de otro acto consentido por no haber sido recurrido en tiempo y forma. Todas las anteriores son falsas.

En la jurisdicción contencioso-administrativa, se considera parte demandada a: Las Administraciones públicas o cualesquiera de los órganos mencionados en el artículo 1.3 de la LJCA contra cuya actividad se dirija el recurso. Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante. Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren. Todas las anteriores son correctas.

Señale cuál de las siguientes actuaciones no es impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa: La emisión un acto administrativo. La aprobación de un reglamento. La aprobación de un Real Decreto-Ley. Todas las anteriores son falsas.

En el caso de que la Administración no haya dictado resolución expresa respecto de una solicitud efectuada por un particular dentro del plazo legalmente establecido, cuando la Ley dispone que la falta de resolución tendrá efectos desestimatorios de la solicitud, el interesado puede impugnar. en el plazo de 6 meses desde que se estima producido el silencio negativo. en el plazo de 2 meses desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para resolver. en el plazo de 2 meses una vez transcurridos tres meses desde la reclamación frente a la inactividad de la administración. en cualquier momento, mientras no se dicte resolución expresa, al no estar sujeto a plazo el recurso frente al silencio negativo.

Iniciado el procedimiento contencioso-administrativo, cabe inadmitir el recurso por alguno de los siguientes motivos: la falta de jurisdicción o la incompetencia del órgano judicial. la falta de legitimación del recurrente. haber presentado el recurso fuera del plazo legal. todas las anteriores son correctas.

En el proceso contencioso-administrativo, en relación con la vía administrativa previa. no cabe formular motivos distintos de los alegados en vía administrativa, pero sí plantear pretensiones nuevas. no cabe plantear ni cuestiones nuevas ni motivos nuevos. cabe plantear tanto nuevas cuestiones como nuevos motivos. no cabe plantear cuestiones nuevas, esto es, pretensiones no previamente formuladas en vía administrativa, aunque sí motivos nuevos.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dicta una resolución estimatoria en relación con el recurso planteado por un licitador contra la resolución de un procedimiento de contratación dictada por el órgano de contratación del Ministerio de Transportes. El Ministerio considera contraria a Derecho la resolución del tribunal especial, ¿cómo debe proceder?. La resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no es impugnable por la Administración licitadora, sólo por los particulares. El Ministerio de Transportes puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo. El Ministerio de Transportes debe formular con carácter previo requerimiento frente al tribunal especial de recursos. Con carácter previo a formular recurso contencioso-administrativo, el Misterio debe declarar la lesividad del acto.

La sentencia que declara la nulidad de determinados preceptos de un reglamento: sólo tienen efectos inter partes. tiene efectos erga omnes desde la notificación. tiene efectos erga omnes y ex tunc, siempre. tiene efectos erga omnes desde la fecha de la publicación de la sentencia en el diario oficial correspondiente, pero no afecta a los actos firmes anteriores que hayan aplicado el reglamento.

La sentencia que reconoce un determinado derecho a un funcionario: vincula sólo a las partes. puede extenderse a otros funcionarios en una situación jurídica idéntica, si lo solicitan en incidente de ejecución en el plazo de un año. tiene eficacia general. puede extenderse a otros funcionarios en una situación jurídica idéntica en cualquier parte del territorio, aunque el tribunal que dictó la sentencia no tenga competencia para conocer d esas pretensiones.

La satisfacción extraprocesal de la pretensión del recurrente: pone fin siempre al proceso contencioso-administrativo. pone fin al proceso sólo si no infringe de cualquier modo el ordenamiento jurídico. determina la terminación del proceso, si no supone infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. pone fin al proceso, pero la Administración puede con posterioridad dictar un acto revocando el reconocimiento.

En la ejecución forzosa de una sentencia condenatoria al pago de una cantidad líquida. cabe solicitar el embargo de cualquier bien patrimonial de la Administración. no cabe nunca el embargo de bienes de la Administración. se puede embargar un bien patrimonial de la Administración, siempre que no está afecto a un servicio o uso público. sólo resultan inembargables los bienes de dominio público.

La adopción de medidas cautelares: se acordará por auto, siempre previa audiencia de las partes. se acordarán sin audiencia en casos de urgencia. debe ser solicitada siempre en el escrito de interposición o de demanda. se acordará por auto que no será recurrible.

La sentencia estimatoria que condena a un Ayuntamiento a dictar un acto administrativo: debe ejecutarse siempre a través de ejecución subsidiaria. puede no ejecutarse si existe una imposibilidad legal sobrevenida, fijándose la indemnización correspondiente. pueden ser objeto de expropiación de los derechos reconocidos en ella si se da una causa de utilidad púbica apreciada por el propio Ayuntamiento. si el cumplimiento de la sentencia afecta al ejercicio de los derechos fundamentales de los vecinos, el Ayuntamiento puede decidir no ejecutar.

El procedimiento abreviado es un procedimiento especial: a través del cual se tutelan los derechos fundamentales. a través del que se tramitan los asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros. que tiene el carácter de preferente en su tramitación. que puede emplearse para todo tipo de asuntos de personal al servicio de las administraciones públicas, incluidas las sanciones de separación del servicio.

El acto de la vista en el procedimiento abreviado: es un trámite obligado, en el que reside la característica oralidad del procedimiento. no tiene una regulación específica en la ley. puede no celebrarse, si el recurrente lo pide en otrosí en la demanda y los demandados no se oponen. si comparece sólo el demandante, se acordará su suspensión.

El procedimiento abreviado se inicia: mediante demanda, y previo requerimiento a Administración demandada. mediante demanda, pero si se presenta escrito de interposición cabe subsanar el defecto. mediante demanda o mediante escrito de interposición, según proceda. sólo a través de escrito fundado y sin necesidad de reclamar el expediente administrativo.

El objeto del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales se circunscribe. a la protección de los derechos fundamentales reconocidos en el capítulo II del título i de la Constitución. a la protección de los derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo constitucional. a la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la sección 1ª del capítulo II del título I de la Constitución. a la protección de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 y la sección 1ª del capítulo II del título I de la Constitución.

El carácter sumario del procedimiento de protección de derechos fundamentales determina. que se trata de un proceso de cognición limitada. que es un proceso abreviado en su tramitación, pero de cognición plenaria. que no existe trámite previo de admisión. que la sentencia no produce efecto de cosa juzgada.

A través del procedimiento de protección de derechos fundamentales cabe plantear cuestiones de legalidad ordinaria junto con las pretensiones basadas en vulneración de derechos fundamentales. cierto, cabe plantear ambos tipos de pretensiones a través de este procedimiento. falso, sólo cabe plantear pretensiones basadas en infracción de cualquier derecho constitucional. falso, sólo cabe plantear pretensiones fundadas en vulneración de derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional. cierto, el recurrente puede optar por plantear ambas pretensiones a través del procedimiento especial o a través de dos procedimientos, el ordinario y el especial, de forma paralela.

La sentencia dictada en el procedimiento para la protección jurisdiccional del derecho de reunión. no cabe recurso de ninguna clase. es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. sólo es recurrible ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. cabe en todo caso recurso de súplica ante la propia Sala que la dictó.

Cuando una administración pública, de acuerdo con la ley, suspende el acuerdo dictado por otra administración pública: debe formular requerimiento previo, pero la suspensión puede ser impugnada por la administración afectada. debe impugnar el acuerdo suspendido ante la jurisdicción contencioso-administrativa. debe publicar en el diario oficial correspondiente la resolución por la que se acuerda la suspensión. puede acordar levantar la suspensión si la administración acuerda revocar el acto suspendido.

Si la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia impugna una disposición de una comunidad autónoma por lesionar la libertad de establecimiento reconocida en la Ley de Garantía de la Unidad del Mercado. puede pedir la suspensión de la disposición y ésta es automática tras la admisión del recurso. sólo puede pedir la suspensión con carácter excepcional, en caso de entender que es imprescindible por la especial relevancia del supuesto para la libertad de establecimiento y circulación. puede solicitar la suspensión de la disposición que se producirá si no hay oposición de la administración demandada. el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la posibilidad por la CNMC de impugnar actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas que vulneren la unidad de mercado.

La sentencia que se dicte resolviendo una cuestión de ilegalidad. si es estimatoria declarará la nulidad de los preceptos reglamentarios cuestionados con efectos para el caso. si es desestimatoria determinará la revisión de la situación jurídica previa derivada de la apreciación incidental de la ilegalidad del acto. si declara la nulidad de los preceptos cuestionados, se publicará en el diario oficial correspondiente y tendrá efectos generales. si es totalmente desestimatoria determinará la condena en costas de las partes que hayan comparecido defendiendo la nulidad de los preceptos cuestionados.