1. El derecho fundamental al debido proceso: Es oponible frente a todos los poderes del Estado y personas jurídicas. Su aplicación se restringe al ámbito estrictamente judicial y no es de aplicación en los procedimientos administrativos. Debe ser respetado en los procesos judiciales, procedimientos administrativos, parlamentarios e inter privatos. Son correctas las alternativas a) y c). 2. La dimensión legal de la libertad, supone que: Está abolida la esclavitud, servidumbre y la trata de personas. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. La libertad tiene un conjunto de garantías sustantivas y procesales. La libertad es el valor fundante del orden constitucional. 3. En el uso del derecho de acceso a la información pública, un grupo de vecinos ha solicitado a su municipalidad copia de las actas en las que se registran las sesiones de concejo en las que adoptaron decisiones sobre la distribución y manejo de los fondos destinados a los programas sociales del municipio. Ante dicho pedido, el funcionario responsable de entregar la información ha indicado a los pobladores que las sesiones de concejo en la que se abordaron esos temas son reservadas. En esa medida, se ha negado a entregarles las actas solicitadas, porque de hacerlo estaría vulnerando el derecho a la intimidad del alcalde. De acuerdo a los hechos del caso, ¿cuál debió ser la conducta del funcionario del municipio? No entregar la información. Su respuesta fue correcta porque el derecho a la intimidad personal se encuentra protegido por la Constitución. Debió entregar copia de las actas que fueron solicitadas por los vecinos porque el derecho de acceso a la información pública siempre debe primar. Debió entregar parcialmente la información solicitada, excluyendo de las copias de las actas la información referida al estado de salud del alcalde. Debió entregar a los vecinos un breve resumen de las actas en el que sólo se incluyera la información sobre la distribución de los fondos destinados a los programas sociales. 4. Sobre la Constitución Económica o régimen económico recogido en la Constitución de 1993 es posible sostener que: Protege de forma amplia la libre iniciativa privada en el marco de un sistema de economía de mercado. A través del principio de pluralismo económico protege la coexistencia de diversas formas de propiedad y ejercicio de la libertad de empresa. No asigna al Estado un papel subsidiario, sino que éste debe ser titular de los medios de producción. Son correctas a) y b). 5. Sobre los derechos de participación política reconocidos en la Constitución de 1993, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: La revocatoria de autoridades es un mecanismo de democracia directa para destituir a las autoridades designadas por el gobierno nacional y los gobiernos regionales. El derecho a acceder a cargos de elección popular, el derecho al voto y el derecho de acceso a la información pública constituyen derechos de participación política. La iniciativa legislativa popular, los pedidos de rendición de cuentas y la remoción de autoridades constituyen mecanismos de democracia directa reconocidos constitucionalmente. El referéndum es el mecanismo de democracia directa a través del que la ciudadanía revoca a las autoridades regionales. 6. Sobre el derecho a la integridad personal se puede afirmar: Protege únicamente la integridad física. Se relaciona de manera intrínseca con los derechos a la vida y a la salud. Protege contra intervenciones corporales consentidas que producen daño o lesiones. Son correctas b) y c). Contestar las siguientes dos preguntas, teniendo en cuenta el caso que se describe a continuación:
El Poder Ejecutivo remite al Congreso un proyecto de Ley Orgánica que regula la organización y funciones de la Central Nacional de Inteligencia. El Ejecutivo considera que se trata de una norma que por su importancia para la seguridad nacional debe ser considerada como secreta y, por tanto, no debería ser publicada. El Proyecto es analizado y dictaminado favorablemente por la Comisión de Defensa del Congreso y el Pleno lo aprueba por una mayoría calificada. Finalmente la autógrafa de la ley es promulgada por el Presidente de la República pero no se publica en el diario oficial debido a su carácter secreto. Posteriormente, una ONG de derechos humanos decide solicitar al Secretario General del Ministerio de Defensa una copia de la Ley Orgánica que regula la organización y funciones de la Central Nacional de Inteligencia.
7. Si el Secretario General del Ministerio de Defensa se niega a entregar la copia de la ley ¿qué proceso podría iniciar para obtener la copia solicitada? El proceso de amparo pues se trata de un derecho fundamental distinto a la libertad individual. El proceso de cumplimiento pues se está incumpliendo con lo dispuesto por la Constitución. El proceso de hábeas data. El proceso contencioso administrativo pues la negativa se ha formalizado a través de un acto administrativo. 8. En este caso ¿era correcto que la ley se apruebe como una ley orgánica? Si, por la importancia del tema. No, pues no regula un tema que tenga que ver con la estructura y funciones de un poder del Estado o de un órgano constitucional autónomo. Si, pues la materia que regula incide en la vigencia de los derechos humanos. Si, pues establece una excepción al derecho de acceso a la información pública. 9. Sobre el proceso de amparo contra resoluciones judiciales, es correcto decir, de acuerdo con lo dispuesto en reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que: No cabe que a través de un amparo se cuestione una sentencia judicial que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, en la medida que su revisión supondría la infracción a ese principio constitucional (cosa juzgada). Solo cabe amparo contra una resolución judicial, en la medida que se alegue la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o el debido proceso. Cabe amparo contra una resolución judicial, en la medida que se alega que esta ha vulnerado cualquier derecho fundamental. No es posible iniciar un amparo contra una resolución dictada en un proceso cautelar. 10. Sobre las medidas cautelares en los procesos constitucionales de amparo y hábeas data, es correcto decir que: Solo cabe solicitar como medida cautelar la suspensión del acto violatorio del derecho fundamental. No cabe solicitar una medida cautelar que tenga como finalidad suspender los efectos de una resolución judicial. Todas las medidas cautelares dictadas se tramitan sin conocimiento de la otra parte. Los presupuestos para conceder una medida cautelar en un proceso constitucional son la verosimilitud del derecho, peligro en la demora y el pedido sea adecuado y razonable.
