La finalización del procedimiento puede producirse por Resolución. Desistimiento. Renuncia al derecho en que se funde la solicitud, siempre que tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. Todas las mencionadas son correctas.
La finalización del procedimiento puede producirse por: Declaración de caducidad. Imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas. Terminación convencional del procedimiento (por acuerdo, pacto, convenio o contrato). Todas las mencionadas son correctas.
Con respecto a la finalización del procedimiento administrativo. *La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. *En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. No hay excepciones la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todo caso. Las respuestas marcadas con * son correctas.
Se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla por parte de la Administración *Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. *Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. Las respuestas marcadas con * son correctas.
El contenido de la resolución viene recogida ¿en qué artículo de la ley 39/2015? 88 89.1 87.2 Ninguna es correcta.
El desistimiento por la administración viene recogido ¿en qué artículo de la ley 39/2015? 93 94 En los dos artículos mencionados viene recogido el desistimiento por la administración. Ninguna es correcta.
El desistimiento y renuncia por los interesados lo encontramos recogido ¿en qué artículo de la ley 39/2015? 94 93 En los dos artículos mencionados. Ninguna es correcta.
La declaración de caducidad la encontramos en el Artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. por un plazo no inferior a quince días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. por un plazo no superior a veinte días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. por un plazo no inferior a veinte días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba.
Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado Suspender arbitrariamente el procedimiento. Incoar un procedimiento paralelo con identidad sustancial y sucinta. Abrir un nuevo período extraordinario de pruebas y un nuevo trámite de audiencia. La realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento.
El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de 7 días para formular las alegaciones. 10 días para formular las alegaciones. 15 días para formular las alegaciones. 20 días para formular las alegaciones.
Las actuaciones complementarias deberán practicarse En un plazo no superior a 20 días. En un plazo no superior a 15 días. En un plazo no superior a 30 días. En un plazo no superior a 5 días.
Los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. No tienen la consideración de actuaciones complementarias. Tienen la consideración de actuaciones complementarias. No tienen la consideración de actuaciones complementarias, salvo algunas excepciones. Ninguna es correcta.
El plazo para resolver el procedimiento Quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. No quedará suspendido. Quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias, en determinados supuestos muy concretos. Ninguna es correcta.
Según el artículo 88.3 de la Ley 39/2015, las resoluciones deben contener La decisión, que será motivada en determinados supuestos, así como los recursos que procedan. La decisión, que será motivada en determinados supuestos, así como los recursos que procedan y el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse. La decisión, que será motivada en determinados supuestos, así como los recursos que procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. La decisión.
En las resoluciones marca el supuesto en que la decisión deberá ser motivada Cuando limite derechos subjetivos o intereses legítimos. Si resuelve procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Si se separa del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Todos son supuestos en que la decisión deberá ser motivada.
En las resoluciones marca el supuesto en que la decisión deberá ser motivada En el supuesto de acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales. En el supuesto de acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Las que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Todos son supuestos en que la decisión deberá ser motivada.
En las resoluciones marca el supuesto en que la decisión deberá ser motivada Las que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Las que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así
como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Las que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Todos son supuestos en que la decisión deberá ser motivada.
En cuanto a el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa *Será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. *No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea Será de 3 meses y no podrá exceder de seis salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea Las respuestas marcadas con * son correctas.
En cuanto a la resolución En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso. Podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución. La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. Todas son válidas y correctas.
Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano Será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. La función de dictar resolución recaerá, única y exclusivamente en el órgano competente para resolver. El órgano competente para resolver delegará en el instructor determinadas y excepcionales competencias de resolución. Ninguna es correcta.
La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación En el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. En el plazo de 20 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. En el plazo de 30 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. En el plazo de 5 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
¿Cuándo podrá la Administración limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y proseguir con el procedimiento? Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. Las dos son correctas. Ninguna es correcta.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que Transcurridos 3 meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Transcurridos 2 meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Transcurridos 4 meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Ninguna es correcta.
Contra la resolución que declare la caducidad Procederán los recursos pertinentes. No procederá recurso alguno. Ninguna es correcta. Las dos son correctas.
Con respecto a la caducidad La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. Podrá ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. Ninguna es correcta.
Con respecto a la caducidad La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la
caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. Todas son correctas.
Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que No sean contrarios al ordenamiento jurídico. Versen sobre materias susceptibles de transacción. Tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado. Todas son correctas.
Los acuerdos, pactos, convenios o contratos deben establecer como contenido mínimo La identificación de las partes intervinientes. El ámbito personal, funcional y territorial. El plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados. Todas son correctas.
La regulación de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común viene recogida en El artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La tramitación simplificada del procedimiento puede acordarse por la administración, de oficio o a solicitud del interesado Cuando razones de interés público así lo aconsejen. Cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Las dos son correctas. Ninguna es correcta.
Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurren razones de interés público que aconsejen la tramitación simplificada o que es un procedimiento complejo, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de 5 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. 5 días desde su presentación, el interesado podrá interponer los recursos pertinentes. 10 días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. 10 días desde su presentación, el interesado podrá interponer los recursos pertinentes.
Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos En 30 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. En 15 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. En 20 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. En 5 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
En la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común el trámite de alegaciones formuladas al inicio del procedimiento será durante El plazo de 5 días. El plazo de 10 días. El plazo de 20 días. Ninguna es correcta.
En la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común Habrá, entre otros, un trámite de inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado y uno de subsanación de la solicitud presentada. Habrá, entre otros, un trámite de inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado pero se omitirá el de subsanación de la solicitud presentada. Habrá en todo caso , entre otros, un trámite de audiencia. Se omitirán los trámites de informes.
El trámite de informe en la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, cuando sean preceptivos, será Del servicio jurídico. Del Consejo General del Poder Judicial. Del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. Todas son correctas.
En la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común,el órgano competente solicitará la emisión del Dictamen del Consejo de Estado en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de 15 días si así lo solicita el órgano competente. 25 días si así lo solicita el órgano competente. 35 días si así lo solicita el órgano competente. 5 días si así lo solicita el órgano competente.
Para conocer los principios generales de la potestad sancionadora debemos acudir a su regulación en La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto que atañen a aspectos más orgánicos que procedimentales. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto que atañen a aspectos más procedimentales que orgánicos. La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, en cuanto que atañen a aspectos procedimentales y orgánicos. Ninguna es correcta.
Los principios de la potestad sancionadora los encontramos regulados en Capítulo III del Título preliminar de la Ley 40/2015. Capítulo III del Título preliminar de la Ley 39/2015. Capítulo II del Título preliminar de la Ley 40/2015. Capítulo II del Título preliminar de la Ley 39/2015.
Los principios de la potestad sancionadora son Principio de legalidad, principio de irretroactividad y principio de tipicidad. Principio de responsabilidad, principio de proporcionalidad y principio de prescripción. Principio de concurrencia de sanciones. Todas son correctas.
El Principio de legalidad de la potestad sancionadora viene recogido en El artículo 25 de la Ley 40/2015. El artículo 26 de la Ley 40/2015. El artículo 27 de la Ley 40/2015. El artículo 28 de la Ley 40/2015.
Según establece el artículo 25 de la Ley 40/2015 (pricipio de legalidad) la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley Con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido tanto en la Ley 40/2015 como en la Ley 39/2015. Cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Todas las mencionadas son correctas.
Los principios de la potestad sancionadora no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora Respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público. Respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. Las dos son correctas. Ninguna es correcta.
Las disposiciones relativas a los principios de la potestad sancionadora contenidos en la Ley 40/2015 Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público. Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. Ninguna es correcta.
La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio ... este precepto obedece al Principio de tipicidad. Principio de legalidad. Los dos. Ninguno.
Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril ... este precepto corresponde al Principio de tipicidad. Principio de legalidad. Los dos. Ninguno.
Principio de responsabilidad de la potestad sancionadora, ¿en qué artículo de la Ley 40/2015 lo encontramos? 28 29 27 25.
El principio de proporcionalidad está regulado en El artículo 29 de la Ley 40/2015 El artículo 25 de la Ley 40/2015 El artículo 26 de la Ley 40/2015 El artículo 27 de la Ley 40/2015.
El principio de proporcionalidad establece que Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente,
privación de libertad. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Las dos respuestas mencionadas son correctas ya que el principio de proporcionalidad tiene una doble vertiente. Ninguna es correcta.
¿Qué criterio de los siguientes se considerará en la graduación de la sanción? El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. La continuidad o persistencia en la conducta infractora. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. Todos los mencionados son correctos y además también se considerará la naturaleza de los perjuicios causados.
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