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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEEl Procedimiento Administrativo.

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Título del test:
El Procedimiento Administrativo.

Descripción:
Derecho Administrativo

Autor:
R3b3c4
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Fecha de Creación:
23/04/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 43
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Temario:
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial el derecho a reclamar por parte del interesado prescribirá Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Ninguna es correcta.
En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. A los seis meses de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. A los dos años de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. Ninguna es correcta.
En los casos de responsabilidad patrimonial en los que la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional o de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, el derecho a reclamar prescribirá Al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. A los seis meses de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. A los dos años de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. Ninguna es correcta.
En el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial a solicitud del interesado, las solicitudes de iniciación vienen recogidas en El artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 66 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 67 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 67 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 39/2015, en el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días el plazo de su emisión. 20 días el plazo de su emisión. 5 días el plazo de su emisión. 30 días el plazo de su emisión.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial en la fase de instrucción del procedimiento, ¿cuándo será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma? Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica del Consejo de Estado Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 100.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica del Consejo de Estado Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 40.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica del Consejo de Estado Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 80.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica del Consejo de Estado.
¿Qué artículo de la Ley 39/2015 versa sobre las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial? 91 81 71 61.
En un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando sea preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, ¿en qué plazo deberá el órgano instructor remitir al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución o acuerdo convencional por el que se podría terminar el procedimiento? En el plazo de 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. En el plazo de 20 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. En el plazo de 30 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. En el plazo de 5 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
¿En qué plazo se emite el informe del Consejo de Estado en un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando este sea preceptivo? En el plazo de 2 meses. En el plazo de 3 meses. En el plazo de 5 meses. En el plazo de 10 meses.
En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. Será preceptivo el informe del Consejo de Estado que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de tres meses. Será preceptivo el informe del Consejo de Estado que será evacuado en el plazo máximo de tres meses.
Según el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público Debe seguirse el procedimiento establecido en la Ley 39/2015 para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. Debe seguirse el procedimiento establecido en la Ley 40/2015 para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. Debe seguirse el procedimiento establecido en la Ley 39/2015 para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando no sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. Debe seguirse el procedimiento establecido en la Ley 40/2015 para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando no sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios. Artículo 82.5 de la Ley 39/2015. Artículo 82.1 de la Ley 39/2015. Artículo 82.2 de la Ley 39/2015. Artículo 82.3 de la Ley 39/2015.
En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece El artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En los casos de procedimiento de responsabilidad patrimonial el órgano competente resolverá teniendo presente que es necesario que la resolución se pronuncie sobre La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. La valoración del daño causado. La cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Todas son correctas.
Las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial las tenemos reguladas ¿en qué artículo de la Ley 39/2015? 91 99 92 93.
Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo Transcurridos 3 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo Transcurridos 2 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo Transcurridos 4 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo.
Según el artículo 32.3 de la Ley 40/2015 la responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea. Las dos son correctas. Ninguna es correcta.
En el ámbito de la Administración General del Estado la competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial es Del Ministro respectivo o del Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. De los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local. Del Presidente del Gobierno. Ninguna es correcta.
En el ámbito autonómico y local la competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial es Del Ministro respectivo o del Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. De los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local. Del Presidente del Gobierno. Ninguna es correcta.
En el caso de las Entidades de Derecho Público la competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial es Del Ministro respectivo o del Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. De los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local. Del Presidente del Gobierno. Ninguna es correcta.
La tramitación simplificada en el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas la encontramos en El artículo 96.4 de la Ley 39/2015 El artículo 96.4 de la Ley 40/2015 El artículo 96.3 de la Ley 39/2015 El artículo 96.3 de la Ley 40/2015.
En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ¿cuándo podrá acordar de oficio el órgano competente para la tramitación del procedimiento la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado? Si considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión. Si considera inequívoca la valoración del daño. Si considera inequívoca el cálculo de la cuantía de la indemnización. Todas ellas juntas.
La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Esto lo encontramos en El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El artículo 21 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa: Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. Ninguna es correcta. Las dos son correctas.
La resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables en el caso de Prescripción y renuncia del derecho. Caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. Todas son correctas.
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y no podrá exceder de 8 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y no podrá exceder de 5 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y no podrá exceder de 10 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
¿Cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo? 3 meses. 2 meses. 6 meses. Ninguna es correcta.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al plazo máximo para notificar la resolución expresa? Será fijado por la norma del correspondiente procedimiento. No podrá exceder de 3 meses salvo una norma con rango de ley o el derecho de la unión europea establezcan uno mayor. Cuando la norma no fije plazo máximo será de 6 meses. Todas son correctas.
Silencio admministrativo. ¿Cómo se cuentan los plazos? En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha del acuerdo de iniciación. En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación y en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Ninguna es correcta.
¿En qué artículo la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece los casos de suspensión del plazo máximo para resolver y notificar? 22 23 24 25.
¿En qué artículo la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece los casos de ampliación del plazo máximo para resolver y notificar? 22 23 24 25.
¿En qué artículo la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece el Silencio Administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado? 22 23 24 25.
¿En qué artículo la ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece el Silencio Administrativo en procedimientos iniciados de oficio? 22 23 24 25.
El Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, con carácter general, se entenderá Estimatorio, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Desestimatorio, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Ninguna es correcta. Las dos son correctas.
El Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efecto desestimatorio En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. En aquellos procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. Aquellos procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Todas son correctas y además también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
Cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo Se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias en las que el silencio administrativo se entiende expresamente como desestimatorio. Se entenderá desestimado el mismo si llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias en las que el silencio administrativo se entiende expresamente como estimatorio. Ninguna es correcta. Se entenderá desestimado en todo caso.
La desestimación por silencio administrativo Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. Ninguna es correcta. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo iniciador del procedimiento.
En cuanto a la obligación de dictar resolución expresa, elige la afirmación incorrecta En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En los casos estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. Las dos son incorrectas. No hay ninguna incorrecta.
El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 20 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 30 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 5 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
La falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio,en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Se producirá la caducidad. Se producirá la prescripción.
La falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio,en el caso en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. Se producirá la caducidad. Se producirá la prescripción.
En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. No se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. Prescribirá. Caducará.
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