Test procesal 3

El tribunal constitucional no tiene como función conocer: Del recurso de inconstitucionalidad de las leyes. Del recurso de amparo, por violación de los derechos y libertades fundamentales. De los conflictos, entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Todas las funciones anteriores corresponden al Tribunal Constitucional.

No es una demarcación territorial que se emplee en la organización de la jurisdicción: La provincia. La mancomunidad de Municipios. La Comunidad Autónoma. Todas las demarcaciones territoriales anteriores se emplean en la organización de la jurisdicción.

Antonio, molesto porque su vecino le ha golpeado su coche en varias ocasiones cuando aparca, le ha pedido al presidente de la comunidad que lo advierta y que se tome un acuerdo comunitario para poner protectores entre las plazas de aparcamiento. ¿Ante qué fórmula de resolución de conflictos nos encontramos?. Autocompositiva. Heterocompositiva. Arbitraje. Autotutela.

El “ Habeas Corpus “: Está regulado por la ley orgánica y supone la concesión de los derechos del detenido, mientras éste no se ha puesto a disposición judicial. Es un procedimiento penal regulado por la ley orgánica para el enjuiciamiento de delitos relacionados con la propiedad. Está regulado por ley orgánica y pretende la puesta a disposición judicial de una persona indebidamente detenida. Es un cuerpo doctrinal que regula los derechos relativos al detenido.

¿Podría una comunidad autónoma? Disponer de su propio sistema judicial?. No, salvo que así se legisle mediante ley orgánica. Sí, la constitución lo contempla como una competencia delegable. Sí, en aquellas comunidades autónomas, cuyos estatutos de autonomía lo contemplen. No, el poder judicial es único en todo el territorio.

En el ámbito del proceso civil, ¿quien establece las normas de procedimiento?. La Constitución. El Consejo General del poder judicial. El Estado a través de la ley. El juez o las partes.

Definimos el derecho a la jurisdicción: Todas las definiciones anteriores son correctas. Como el derecho acceder al sistema judicial, sin más limitaciones que la establecidas por las normas que conforman el bloque de constitucionalidad. Como aquel derecho subjetivo público, dirigido a todas las personas para la resolución de sus conflictos, mediante una resolución dictado por un tribunal con jurisdicción y competencia. Como aquel el derecho subjetivo público dirigido a la obtención de la tutela necesaria para la resolución, fundada en derecho, de una controversia jurídica, con eventual alcance de cosas juzgadas y cosas ejecutada.

De los siguientes territorios, ¿en cuál es aplicable la legislación procesal española?. En la embajada española en Italia. En un barco con bandera española que navega en aguas internacionales. En todos los casos anteriores. En un avión de pasajeros de bandera alemana que se encuentra en un aeropuerto español.

La demarcación territorial de la sección de instrucción del tribunal de distancia es: El municipio. La provincia. El partido Judicial. La isla.

No se considera que está dentro del “ bloque de constitucionalidad “: La ley reguladora del tribunal del jurado. La ley de asistencia jurídica gratuita. La ley orgánica de protección de datos. Todas las anteriores leyes están incluidos en el bloque de constitucionalidad.

El derecho fundamental acceder gratuitamente a la justicia se contempla: En el artículo 119 CE. En la ley orgánica del poder judicial. En el artículo 24 CE. En la ley de enjuiciamiento civil.

En el artículo 24.1 CE es importante porque contempla la garantía de acceso a la jurisdicción.Concretamente, este artículo establece: Que solo algunas personas tienen derecho a obtener tutela efectiva, de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva SÓLO de los jueces en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y que se produzca indefensión. Que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión. Que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de su derechos legítimos, aunque, pueda producirse indefensión.

Lo contrario, de un juez natural es: Un juez predeterminado. Un juez ad hoc. Juan imparcial. Juez auténtico.

El órgano de gobierno que existe en el Tribunal Supremo, TSJ y audiencia nacional, es: El decanato. La Secretaría de Sala. La junta de jueces. La sala de Gobierno.

La sentencias del Tribunal Supremo: Crean lo que se conoce, como jurisprudencia, cuyo ámbito de aplicación es exclusivamente en el Tribunal Supremo. Crean lo que se conoce, como jurisprudencia, que sin tener carácter vinculante, sirve a otros órganos y tribunales sobre la manera en que deben interpretar el derecho. Crean lo que se conoce como jurisprudencia, que si resuelve la cuestión de fondo, tiene carácter no vinculante y facilitar la interpretación del derecho que llevan a cabo otros juzgados y tribunales. Crean lo que se conoce, como jurisprudencia, que por tener carácter vinculante, sirve a otros órganos y tribunales sobre la manera en que deben interpretar el derecho.

Para poder ejercitar el derecho a los jurisdicciones, necesarios, cumplir con los requisitos y presupuestos legales establecidos. El tribunal constitucional ha considerado que los requisitos y presupuestos legales que se establezcan, deberán ser: Justificados y proporcionales. Conforme con el principio pro actione. Adecuados al fin propuesto. Ponderados y motivados.

El principio unidad de actuación del ministerio fiscal significa que: El ministerio fiscal es único para todo el Estado, correspondiendo a la jefatura superior y la representación en todo el territorio español al fiscal General del Estado. El ministerio fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente. El ministerio fiscal actuará con plena objetividad en defensa de los intereses que le están encomendado. Los órganos que conforman el ministerio fiscal responden ante el fiscal general.

Según nuestro tribunal constitucional, no estaría incluido en el derecho a la jurisdicción: El derecho a obtener una respuesta de lo que no jurisdiccional, motivada y fundada en derecho y congruente. El derecho a la tutela anticipatoria. Todos los derechos anteriores estarían incluidos en el derecho a la jurisdicción. El derecho a un juez imparcial.

No es una prestación contemplada en la ley de justicia gratuita, que se reconozca al beneficiado: El asesoramiento jurídico previo al proceso. La gratuidad de anuncios y tasas judiciales. Abono de honorarios de notario y registrador. Todas las prestaciones anteriores están reconocidas en la ley de justicia gratuita.

Un funcionario del Estado responde ante su “jefe de servicios” y, en la última instancia, ante el cargo del que depende. ¿Ante qué responde un juez?. Ante el ministerio fiscal. Ante el tribunal superior del que depende. Ante nadie, solo ante la Constitución. Ante nadie, solo ante la ley.