1. El acto administrativo está sujeto al principio de legalidad: a) Siempre. b) Cuando se trate de actos reglados. c) Según los casos. d) No necesariamente.
2. Cuando la Administración Pública actúa como persona de Derecho Privado: a) Solo puede ser controlada por los Tribunales contencioso-administrativos. b) No dicta actos administrativos. c) Su actividad es puramente discrecional. d) Puede actuar sin límite alguno, como cualquier particular.
3. Un acto complejo es aquel: a) En el que intervienen, sucesivamente, en virtud de la tutela administrativa, dos órganos administrativos. b) Que se adopta por un órgano colegiado. c) En cuyo proceso de elaboración se ha evacuado el dictamen de un órgano consultivo. d) En cuya emisión de voluntad han de intervenir, como mínimo, dos órganos administrativos.
4. El interés público convierte a los actos administrativos en: a) Susceptibles de impugnación directa. b) Reglados, en parte. c) Discrecionales. d) Nada de lo anterior.
5. El contenido eventual del acto supone: a) Que éste puede estar condicionado. b) Que se presume en todos los actos del mismo tipo. c) Que es connatural con el acto de que se trate. d) Su carácter reglado.
6. Un acto general debe: a) Publicarse. b) Notificarse a los interesados. c) Tener un contenido normativo. d) Elaborarse por un órgano colegiado.
7. La compulsión sobre las personas: a) Deriva de la propia esencia del acto administrativo. b) Deriva del principio de ejecutabilidad de los actos administrativos. c) Deriva de la posibilidad en manos de la Administración Pública de ejecutar forzosamente algunos actos administrativos. d) Es similar al lanzamiento administrativo.
8. El acto que da fin a un expediente administrativo es un/una: a) Propuesta. b) Acto definitivo. c) Informe con propuesta de resolución. d) Acto trámite.
9. Un ejemplo de acto trámite es un/una: a) Decisión con que concluye el procedimiento. b) Renuncia. c) Informe emitido en un procedimiento. d) Ninguno de ellos lo es.
10. Las competencias administrativas hacen referencia a/al/a las: a) Ente administrativo de que se trate. b) Atribuciones que por Ley se conceden a una Administración Pública. c) Atribuciones que se otorgan a un órgano administrativo. d) Nada de lo anterior.
11. El contenido de un acto administrativo ha de ser: a) Ilícito y determinado. b) Posible y lícito. c) Determinado o determinable e ilícito. d) Imposible y lícito.
12. Las cláusulas accesorias de un acto administrativo forman parte del contenido: a) Natural del acto. b) Implícito del mismo. c) Legal del acto. d) Eventual del acto.
13. Cuando algo necesariamente forma parte de un acto, hablamos de contenido: a) Natural. b) Legal. c) Eventual. d) Implícito.
14. Los actos deben motivarse: a) Siempre. b) Nunca. c) Cuando decidan un procedimiento. d) Cuando la Ley lo prescriba.
15. No tienen por qué motivarse los actos que: a) Resuelven recursos. b) Limiten derechos sucesivos. c) Se separen del dictamen de órganos sucesivos. d) Todos los anteriores deben motivarse.
16. En la notificación de todo acto administrativo no es necesario que conste siempre: a) Su texto íntegro. b) Los recursos que contra el mismo procedan. c) Los motivos en que se basa la decisión. d) El plazo de interposición de los recursos.
17. ¿En qué supuestos la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado? a) Cuando se ignore el lugar de la notificación. b) Cuando los interesados en un procedimiento sean conocidos. c) Cuando intentada la notificación, no se hubiera podido practicar. d) Las respuestas a) y c) son correctas.
18. A tenor del artículo 41 LPACAP, las notificaciones se practicarán preferentemente: a) Por la vía postal. b) Telefónicamente. c) Por medios electrónicos. d) Por el medio más rápido y económico para la Administración.
19. Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son: a) Nulas. b) Válidas. c) Anulables. d) Temporalmente válidas.
20. Para que un acto tenga eficacia retroactiva es necesario que: a) Limite derechos de los particulares. b) Restrinja el ejercicio de facultades de los particulares. c) Imponga deberes u obligaciones. d) No se lesionen derechos de otras personas.
21. La presunción de legitimidad de los actos administrativos: a) No admite prueba en contrario. b) Dependerá de lo que el propio acto establezca. c) Puede ser objeto de impugnación por el particular. d) Solo se da cuando la Ley expresamente lo diga.
22. Entre los medios de ejecución forzosa no se encuentra el/la: a) Desahucio administrativo. b) Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Compulsión sobre la persona.
23. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, se consideran: a) Válidos. b) Nulos de pleno derecho. c) Anulables. d) Irregulares.
24. Cuando la Administración Pública efectúa una actuación material que no limita derechos subjetivos de los particulares: a) Debe haber sido adoptado antes el oportuno acto administrativo. b No puede hacerlo. c) No es necesario un previo acto administrativo. d) Debe oírse al Consejo de Estado.
25. La vigente Ley General Tributaria es de: a) 1958. b) 1963. c) 2003. d) 2004.
26. Cuando el Delegado Provincial de una Consejería de una Comunidad Autónoma de una Provincia concreta resuelve un recurso administrativo en materia propia de la Delegación Provincial de otra Consejería de distinta Provincia, incurre en una incompetencia: a) Funcional y jerárquica. b) Territorial y jerárquica. c) Funcional y territorial. d) Territorial exclusivamente.
27. La incompetencia a que se refiere la pregunta anterior es de carácter: a) Absoluto y relativo. b) Absoluto. c) Relativo. d) Jerárquico.
28. Según que provengan de un solo órgano administrativo o de dos o más órganos administrativos, los actos administrativos se clasifican en: a) Actos únicos y múltiples. b) Actos simples y complejos. c) Actos singulares y plurales. d) Actos singulares y generales.
29. Cuando un órgano administrativo, al dictar un acto, se desvía de un dictamen vinculante de un órgano consultivo: a) Vicia el acto de que se trate. b) Debe motivar el acto. c) No puede hacerlo. d) Debe justificar por qué lo hace.
30. En cambio, si se separa de un dictamen facultativo: a) Vicia el acto. b) Debe motivarlo. c) No puede hacerlo. d) Al ser facultativo, no es necesaria la motivación del acto.
31. La notificación de un acto administrativo: a) Suspende su eficacia hasta que se efectúe tratándose de actos generales. b) No impide su ejecutividad una vez efectuada. c) Suspende su eficacia una vez realizada. d) Ha de hacerse con todo tipo de actos.
32. Para que la Administración Pública pueda imponer multas coercitivas contra un ciudadano en vía de ejecución forzosa de los actos administrativos: a) Debe existir una norma que se lo permita. b) Lo puede hacer en cualquier caso. c) Basta con un reglamento que se lo permita. d) Debe haber una previsión legal expresa al efecto.
33. La compulsión sobre las personas no procede en los que: a) Comporten una obligación no personalísima de hacer. b) Esta obligación sea personalísima de no hacer. c) Esta obligación sea personalísima de soportar. d) Se dé cualquiera de las circunstancias anteriores.
34. Los supuestos de nulidad absoluta de actos administrativos: a) Son la regla general en nuestro Derecho. b) Son los recogidos en el artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exclusivamente. c) Pueden señalarse expresamente por otro tipo de normas. d) Son solo los del artículo 62 citado y de otras Leyes formales.
35. Los efectos de una declaración de nulidad absoluta se producen desde: a) Que se notifica el acto de la nulidad. b) El momento de la declaración de la nulidad. c) La notificación o publicación del acto anulatorio, según los casos. d) Se dictó el acto anulado.
36. Los defectos formales en un acto, según reconoce expresamente la Ley: a) Lo vician con nulidad absoluta. b) Lo vician con anulabilidad en todo caso. c) Pueden dar lugar a la nulidad absoluta si producen indefensión. d) Pueden dar lugar a la anulabilidad en el caso de la opción c).
37. La Administración Pública podrá convalidar un acto: a) Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica. b) Si el vicio consiste en incompetencia funcional. c) Si el vicio consiste en incompetencia territorial. d) En ninguno de los anteriores casos.
38. Y no podrá hacerlo si el vicio consiste en: a) Incompetencia jerárquica. b) La falta de una autorización. c) Incompetencia funcional. d) La omisión de un informe facultativo.
39. La regla general cuando un acto infringe el ordenamiento jurídico es: a) Su anulabilidad. b) Su validez temporal. c) Su nulidad relativa. d) Las respuestas a) y b) son correctas.
40. El procedimiento, que es la vía a través de la cual se elabora la declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio de la Administración, en que consiste el acto, es un elemento del acto administrativo de tipo: a) Objetivo. b) Subjetivo. c) Formal. d) Accidental.
41. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. b) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. c) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. d) Todas las respuestas son correctas.
42. Según provengan de un solo órgano administrativo o de dos o más órganos administrativos, los actos administrativos se clasifican en: a) Actos únicos y actos múltiples. b) Actos de trámite y actos complejos. c) Actos simples y complejos. d) Actos básicos y actos complejos.
43. La revocación por la Administración Pública de un acto administrativo de gravamen o no declarativo de derechos: a) Ha de efectuarse a instancia de los particulares. b) Está prohibida. c) Se podrá revocar mientras que no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. d) Requiere previo dictamen del Consejo de Estado.
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