De acuerdo con la Constitución española, es un valor superior del ordenamiento jurídico
español: La soberanía nacional.
El estado social. La igualdad. La democracia.
De acuerdo con la Constitución española, la forma política del Estado español es:
La Monarquía constitucional. La democracia parlamentaria. La Monarquía parlamentaria. La Monarquía democrática.
3 El carácter supremo de la Constitución significa:
Que no puede ser reformada si no es mediante los procedimientos recogidos para la reforma de otras normas. Que solo puede ser reformada a través de una ley de reforma. Que en ningún caso puede ser reformada por los poderes del Estado. Que los poderes públicos no pueden ignorar ni alterar sus preceptos.
La Constitución garantiza los siguientes principios (indíquese la respuesta INCORRECTA):
La jerarquía normativa. La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. El principio de legalidad. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
El Tribunal Constitucional español:
Es un órgano político, pero independiente en el ejercicio de su función. Solo está sujeto a la Constitución y normas con rango de ley. Es un órgano jurisdiccional que se encuentra en la cúspide del Poder Judicial. Es el órgano encargado de realizar el llamado control de constitucionalidad de las normas con rango de ley.
Las normas forales fiscales de los Territorios Históricos de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava pueden ser declaradas inconstitucionales:
Únicamente por el Tribunal Constitucional. Por los tribunales ordinarios, pues no son normas con rango de ley. Por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por el Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios.
De acuerdo con la Constitución española, el Defensor del Pueblo:
7a)
7b)
7c)
7d) Es designado por el Gobierno para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I. Debe dar cuenta periódica de su actuación al Gobierno. Lleva a cabo sus competencias ejecutivas a través de expedientes y recomendaciones. Supervisará la actuación de la administración pública para detectar posibles vulneraciones de los derechos del Título I.
Los «Principios rectores de la política social y económica» recogidos en el Título I, Capítulo 3.º de la Constitución:
Son derechos subjetivos en sentido estricto. Son mandatos dirigidos a los poderes públicos para orientar su actuación. Son directamente invocables ante los tribunales ordinarios sin necesidad de una ley
que los desarrolle. Podrán ser invocados ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo
constitucional.
De acuerdo con la Constitución española, el sistema tributario deberá ajustarse a los siguientes caracteres (indíquese la respuesta INCORRECTA):
Será un sistema proporcional. No tendrá carácter confiscatorio. Estará inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Todos contribuirán de acuerdo con su capacidad económica.
El derecho a la vida y a la integridad física y moral recogido en el art. 15 de la Constitución española:
Debe ser regulado por una norma con rango de ley. No puede ser ejercido por los ciudadanos hasta su desarrollo por ley. Debe ser regulado por ley orgánica. Puede ser regulado reglamentariamente sin necesidad de una ley.
El Defensor del Pueblo en su actuación (indíquese la respuesta INCORRECTA):
Puede presentar demandas ante los tribunales ordinarios. Puede interponer recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. No puede hacer sugerencias y recomendaciones a la Administración y a las Cortes. Puede interponer recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Ante una vulneración del art. 47 de la Constitución que reconoce el derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada, el ciudadano puede:
12a)
12b)
12c)
12d) Interponer directamente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Solicitar la tutela de los jueces y tribunales ordinarios mediante un procedimiento preferente y sumario. Interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de haber agotado la vía ante los tribunales ordinarios. Solicitar la tutela de los jueces y tribunales ordinarios de acuerdo con lo que dispongan
las leyes que lo desarrollan.
El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional NO podrá ser interpuesto por:
El Gobierno o cualquiera de las Cámaras. El Defensor del Pueblo. El Ministerio Fiscal. La persona directamente afectada por el acto u omisión recurrido.
¿Puede cualquier persona física interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo si considera que ha habido una violación de un
derecho recogido en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales de la Persona, con arreglo a los cuales deben interpretarse los derechos
recogidos en la Constitución?:
Sí, las personas físicas pueden acceder directamente al TEDH sin necesidad de acudir
antes a la vía judicial ordinaria. Sí, cualquier persona física puede acceder al TEDH después de haber agotado la vía jurisdiccional ordinaria. Sí, cualquier persona física puede acceder al TEDH después de agotar todas las vías internas, incluido, en su caso, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. No, al TEDH no pueden acceder las personas físicas directamente.
La declaración del estado de alarma puede traer consigo:
Una limitación en el ejercicio del derecho a la libre circulación de personas o vehículos. La suspensión de la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La suspensión del derecho de toda persona detenida a ser informada de sus derechos
y de las razones de la detención. La suspensión de los derechos de reunión y manifestación.
De acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la Constitución española:
La Constitución reconoce y confirma los derechos históricos de los territorios forales. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La Constitución confirma los derechos históricos de los territorios forales. La Constitución confirma y desarrolla los derechos históricos de los territorios forales.
Los derechos recogidos en los artículos 15-29 de la Constitución cuentan con un sistema
reforzado de garantías, como son (indíquese la respuesta INCORRECTA):
Se regulan necesariamente por ley ordinaria y no por reglamento. Su reforma exige un procedimiento agravado. Protección del Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. Protección jurisdiccional de los tribunales ordinarios a través de un procedimiento preferente y sumario.
El Tribunal Constitucional consta de:
10 magistrados. 12 magistrados, nombrados por el Rey. 10 magistrados, elegidos por el Gobierno. 12 magistrados, elegidos por las Cortes.
¿Cuál de estas funciones NO corresponde al Tribunal Constitucional?:
Resolver conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales referidos en el artículo 53.2 de la Constitución. Conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas
con fuerza de ley. Resolver los conflictos de competencia entre el Estado y las instituciones de la Unión
Europea.
De acuerdo con la regulación relativa a los derechos fundamentales establecida por la
Constitución, ¿Cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA?:
La interpretación de los derechos y libertades recogidos en la Constitución debe hacerse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Los derechos fundamentales recogidos en la Constitución pueden tener límites. Además de las personas físicas, también las personas jurídicas pueden ser titulares de
algunos derechos fundamentales. Los extranjeros son, al igual que los españoles, titulares de todos los derechos fundamentales, si bien se les puede limitar el ejercicio de alguno de ellos en los términos
que establezcan los tratados y la ley.
De acuerdo con la Constitución española de 1978:
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades
Autónomas, todas las cuales gozarán de autonomía para la gestión de sus propios intereses. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades
Autónomas, de las cuales solo las últimas gozan de autonomía para la gestión de sus
propios intereses. Tanto la Administración local como la autonómica tienen reconocida una autonomía de
carácter político, no así las provincias. La Administración local y la Administración Autonómica tienen reconocida constitucionalmente una autonomía de carácter político.
El Estatuto de Autonomía:
Constituye la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, pero subordinada
y limitada por la Constitución estatal. Constituye la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, al mismo nivel
que la Constitución estatal. Constituye la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, pero sin estar subordinada y limitada por la Constitución estatal. No es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma.
Los Estatutos de Autonomía se caracterizan por ser:
Leyes orgánicas aprobadas por el Parlamento autonómico siguiendo un procedimiento
especial. Leyes ordinarias aprobadas por el Parlamento estatal.
Leyes orgánicas, sin presentar ninguna particularidad o especialidad con respecto al
resto de leyes orgánicas. Son leyes orgánicas especiales por cuanto difieren de las restantes en cuanto a su procedimiento de elaboración y reforma.
Señala cuál de las siguientes respuestas, con relación al contenido de los Estatutos de
Autonomía, es INCORRECTA:
Los Estatutos de Autonomía deben tener un contenido mínimo que viene fijado en la
Constitución. Los Estatutos de Autonomía deberán contener la delimitación de su territorio. Los Estatutos de Autonomía deberán contener la lista de los derechos fundamentales
correspondientes a las personas del territorio. Los Estatutos de Autonomía deberán contener las competencias asumidas dentro del
marco establecido por la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial y dentro del ámbito de
sus competencias, los Municipios y Provincias disponen, entre otras, de las siguientes potestades:
La potestad reglamentaria y de autoorganización, pero no la potestad tributaria y financiera. Las potestades expropiatorias y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de
sus bienes, pero no la potestad de ejecución forzosa. La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos, pero no las potestades de
ejecución forzosa y sancionadora. La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
De acuerdo con el vigente ordenamiento español, NO tiene carácter de Entidad Local
Territorial:
El Municipio. La Comunidad Autónoma. La provincia. La Isla en los archipiélagos balear y canario.
De acuerdo con la regulación española relativa a la provincia, puede decirse que:
La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la
agrupación de municipios. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por el Consejo de
Ministros. No se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, salvo que
sean aprobadas por el Gobierno debido a razones de interés público.
Señala cuál de las siguientes respuestas relativas a los Estatutos de Autonomía es
INCORRECTA:
Los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma. Los Estatutos deben contener la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. El Estado reconocerá y amparará los Estatutos como parte integrante de su ordenamiento jurídico. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en la Constitución,
requiriendo la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
La provincia es una entidad territorial:
Cuyo gobierno y administración autónoma corresponde a las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Cuyo Gobierno está encomendado siempre a una Diputación provincial. Que se configura como una entidad local determinada por la agrupación de municipios,
que tiene capacidad y competencias propias para el cumplimiento de sus fines, pero
carece de personalidad jurídica propia. Cuya organización y gobierno viene establecida en los Estatutos de Autonomía.
Según establece la normativa vigente en materia de Haciendas locales:
Las Haciendas locales carecen de potestad tributaria y financiera. Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño
de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas. Las Haciendas locales se nutrirán exclusivamente de tributos propios. Las Haciendas locales podrán nutrirse de la participación en los tributos del Estado,
pero no en los de las Comunidades Autónomas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el principio de autonomía es INCORRECTA?:
La Constitución garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones
que integran el Estado. La Constitución reconoce que los municipios gozan de autonomía para la gestión de
sus intereses. La autonomía de las Comunidades Autónomas y los municipios es una autonomía política, no meramente administrativa. La autonomía de la que gozan las provincias para la defensa de sus intereses no es una
autonomía política.
32 En relación con el modelo de descentralización del poder político, puede decirse que:
La Constitución impone la organización del territorio en Comunidades Autónomas. La organización del territorio en Comunidades Autónomas no es opcional, pues está basada en el principio dispositivo. La organización del territorio en Comunidades Autónomas no está sujeta al principio
dispositivo de la autonomía. La Constitución garantiza la solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran
el Estado.
En relación con el proceso de configuración y desarrollo de la autonomía territorial, es
posible afirmar que:
La Constitución prevé dos diferentes procesos de acceso a la autonomía: uno ordinario
y otro agravado. La Constitución presupone, pero no prevé, un procedimiento de acceso a la autonomía. La práctica totalidad de los Estatutos de Autonomía ha sido modificada en las décadas
precedentes. El Estatuto de Autonomía del País Vasco se aprobó de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la Constitución, y ha sido ya reformado siguiendo el mismo procedimiento.
En relación con la Administración de Justicia en las Comunidades Autónomas, puede decirse que:
Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Los Tribunales Superiores de Justicia son órganos jurisdiccionales de las Comunidades
Autónomas. El poder jurisdiccional está abierto, al igual que el legislativo y el ejecutivo, a la descentralización territorial. La Constitución no recoge expresamente ninguna disposición sobre la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Es posible afirmar con relación a la organización institucional de las Comunidades Autónomas que:
Los Estatutos de Autonomía no tienen por qué recoger necesariamente la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. Las leyes autonómicas son dictadas por los Parlamentos autonómicos y promulgadas
por el Presidente de la Comunidad Autónoma. La elección del Presidente de la Comunidad Autónoma corresponde a los parlamentos
autonómicos, dado que los Estatutos de Autonomía prevén un sistema de Gobierno
presidencialista en las Comunidades Autónomas. La Asamblea legislativa autonómica es elegida por sufragio universal con arreglo a un
sistema de representación mayoritaria.
Cada Comunidad Autónoma cuenta con un Consejo de Gobierno (indíquese la respuesta
INCORRECTA):
Que tiene atribuidas funciones ejecutivas y administrativas. Dirigido por un Presidente, dado que los Estatutos de Autonomía prevén un sistema de
Gobierno presidencialista en las Comunidades Autónomas. Cuyos miembros son designados y cesados libremente por su Presidente. El Presidente y los miembros d.
El Presidente de la Comunidad Autónoma:
Debe ser elegido necesariamente de entre los miembros de la Asamblea Legislativa
por la misma Asamblea. Responde políticamente ante la Asamblea Legislativa, a diferencia de los miembros del
Consejo. No tiene por qué ser elegido necesariamente entre los miembros de la Asamblea Legislativa. No responde políticamente ante la Asamblea Legislativa.
En cuanto principio rector del sistema de distribución de competencias, el principio dispositivo implica:
Que la Constitución establece las competencias de las que dispone cada Comunidad
Autónoma. Que la Constitución no impone un bloque de competencias concreto para todas las Comunidades Autónomas, ni para algunas en particular, sino que deja esa decisión en manos de los territorios interesados, debiendo respetarse siempre las reglas constitucionales sobre el reparto de competencias. Que la Constitución articula un sistema de competencias cuyo reparto queda a disposición del acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Que la Constitución señala las competencias que corresponden al Estado y las que son
de las Comunidades autónomas, disponiendo un reparto competencial cerrado.
En relación con el reparto de competencias que se recoge en la Constitución, es INCORRECTO afirmar que:
El instrumento utilizado por la Constitución para articular el reparto de competencias es
el sistema de listas. La Constitución establece en el art. 149.1 de la Constitución una lista de competencias
estatales que quedan excluidas del ámbito de disponibilidad de las Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas pueden asumir funciones no reservadas al Estado sobre
ciertas materias incluidas en el artículo 149.1 ya que en muchas materias de ese listado
el Estado se reserva solo algunas funciones, pero no todas. El artículo 148.1 de la Constitución incluye la lista de las materias que obligatoriamente
corresponde asumir a las Comunidades Autónomas.
Si atendemos al sistema de distribución territorial de competencias, es INCORRECTO afirmar que:
Las Comunidades Autónomas solo pueden disponer de las competencias recogidas en
los Estatutos de Autonomía. La Constitución contempla la posibilidad de la atribución de competencias estatales a
las Comunidades Autónomas mediante transferencia o delegación de competencias de
titularidad estatal. La Constitución otorga al Estado la competencia sobre las materias no asumidas por
los Estatutos de Autonomía. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una institución:
Dependiente del Parlamento Europeo. Independiente respecto a los Estados, pero que depende de la Comisión y el Parlamento Europeo. Independiente, cuyas resoluciones son obligatorias para los Estados miembros y las
instituciones de la UE. Independiente, cuyas resoluciones son obligatorias para los Estados miembros, pero
no para las instituciones de la UE.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en:
Luxemburgo. Estrasburgo. Bruselas, como el resto de las instituciones de la Unión. La sede es rotatoria entre Luxemburgo y Estrasburgo.
¿Cuál de estas afirmaciones relativas al Tribunal de Justicia es INCORRECTA?:
El Tribunal está compuesto por un juez por cada Estado miembro, y está asistido por
abogados generales. Según establece el Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. La actividad jurisdiccional del Tribunal de Justicia se desarrolla en Salas de tres o cinco
jueces, en Gran Sala compuesta por 15 jueces y, excepcionalmente en Pleno. Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia ejercen su mandato por un
periodo de cuatro años, pudiendo ser renovados una sola vez más.
¿Cuál de los siguientes recursos o cuestiones NO se sustancia ante el Tribunal de Justicia
de la UE?:
La llamada «cuestión prejudicial» o reenvío prejudicial, un procedimiento que permite
a un órgano jurisdiccional nacional, encargado de aplicar el Derecho de la Unión en un
caso concreto, consultar al Tribunal de Justicia cualquier duda acerca de la interpretación o validez de la norma europea a aplicar en el caso. El recurso por incumplimiento de los Estados miembros, que tiene por objeto controlar
a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones como miembros de la UE. El recurso de amparo ante el Tribunal de Justicia, un procedimiento en defensa de los
derechos fundamentales de la UE. Los recursos de anulación y por omisión, que se dirigen, respectivamente, contra la acción o inactividad de las instituciones.
El llamado «Derecho derivado» de la UE:
Consiste en un conjunto de normas jurídicas adoptadas por los Estados miembros siguiendo las directrices marcadas por la UE. Consiste en un conjunto de normas jurídicas adoptadas por las instituciones de la UE y
los Estados miembros. Es el Derecho relativo a la Unión Europea que deriva de las Constituciones nacionales. Deriva de los Tratados de la UE, teniendo un origen y naturaleza institucional. Son los
actos jurídicos de la UE.
Los actos jurídicos de la Unión:
Se integran formal e inmediatamente en el Derecho nacional de los Estados miembros
con su simple publicación en el Diario Oficial de la UE, sin necesidad de previa ratificación por el Estado. Se integran formal e inmediatamente en el Derecho nacional de los Estados miembros
con su simple publicación en el Diario Oficial de la UE, pero una vez sean ratificados
por el Estado. No se integran en el Derecho interno, y son aplicados por las instituciones de la
Unión. Se integran formal e inmediatamente en el Derecho nacional de los Estados miembros
a través de su publicación en el BOE.
Los reglamentos y las directivas de la UE:
Son siempre actos jurídicamente vinculantes. Pueden adoptarse bajo la categoría de actos legislativos o de actos delegados, pero no
como actos de ejecución. Se adoptan mediante procedimiento legislativo ordinario, pero no mediante procedimiento legislativo especial. No pueden existir reglamentos y directivas de ejecución.
De acuerdo con el Derecho de la Unión, puede decirse que:
Los actos jurídicamente vinculantes de la Unión son los reglamentos, las directivas, las
decisiones, las recomendaciones y los dictámenes. Las decisiones no son jurídicamente vinculantes. Los dictámenes son jurídicamente vinculantes para los Estados miembros. Las recomendaciones no son jurídicamente vinculantes.
.
En relación con la publicación de los actos jurídicos vinculantes en el Diario Oficial de la
UE, puede decirse que:
La publicación es un requisito formal esencial para que esos actos resulten exigibles en
el Derecho interno de los Estados miembros. La publicación es un requisito formal esencial en el caso de los actos legislativos, no en
el de los actos de ejecución. Los actos jurídicamente vinculantes de la Unión entran siempre en vigor el día de su
publicación en el Diario Oficial de la UE. Los actos vinculantes de la Unión se publican solo en las lenguas de los Estados miembros a los que les afecta el acto vinculante.
De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la UE, los actos jurídicos de la Unión:
Deberán estar motivados, debiendo referirse a las propuestas, iniciativas, recomendaciones, peticiones o dictámenes previstos en los Tratados. No tienen por qué estar motivados. Deberán estar motivados solo en el caso de que afecten a los Estados. Deberán estar motivados solo en el caso de que afecten a las instituciones.
|
