Según la Constitución Española de 1978, los poderes del Estado emanan de: El Estado de Derecho Las Cortes Generales El pueblo español La Democracia.
De conformidad con lo establecido en el art. 99.5 de la Constitución Española de 1978, ¿qué plazo debe transcurrir a partir de la primera votación de investidura, si ningún candidato a la presidencia obtiene la confianza del Congreso, para que el Rey disuelva las cámaras y convoque elecciones? Un mes Treinta días Dos meses Tres meses.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 113.2 de la Constitución Española de 1978, la moción de censura para exigir la responsabilidad política del Gobierno, deberá ser propuesta al menor por: La décima parte de los Diputados Por cincuenta Diputados La mayoría simple de Diputados Por las dos terceras partes de los Diputados presentes.
El artículo 116.2 de la Constitución Española de 1978, establece que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de ministros, ... previa autorización del Congreso de los diputados, que deberá determinar expresamente los efetos del mismo, ámbito territorial y duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables. a propuesta exclusiva del presidente del Gobierno, y determinará su ámbito territorial, duración y condiciones por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo ninguna de las otras respuestas es correcta.
El art. 20.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, establece que son también instituciones de la Generalitat: La Sindicatura de Comptes y el Comité Econòmic i Social Las Sindicatura de Comptes y el Síndic de Greuges El Consell Valencià de Cultura y el Consell Jurídic Consultiu La Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social.
Según el artículo de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el President de la Generalitat: Es responsable políticamente ante Les Corts Es responsable políticamente ante el Consell Es responsable políticamente ante el Rey Es responsable política y penalmente ante Les Corts.
El artículo 14.1 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell establece que el Consell se compone de: El president de la Generalitat, del Vicepresidente, de los Consellers y de los Directores Generales El President de la Generalitat, del Vicepresidente o Vicepresidentes, de los Consellers y del Secretario del Consell El President de la Generalitat, del Vicepresidente, de los Conseller y de los Secretarios Autonómicos El President de la Generalitat, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Consellers.
Conforme al artículo 23 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, las sesiones del Consell: Tendrán carácter abierto y público Tendrán carácter reservado Tendrán carácter reservado; sólo se hará público el contenido de los acuerdos Tendrán carácter público; solo será reservado si así lo acuerdan sus integrantes.
Según establece el artículo 51 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, finalizado el debate de la cuestión de confianza, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Les Corts: ésta será sometida a votación transcurridas al menos veinticuatro horas desde su presentación ésta será sometida a votación transcurridas al menos cuarenta y ocho horas desde su presentación ésta será sometida a votación transcurridas cuarenta y ocho horas desde su presentación ésta será sometida a votación al tercer día de su presentación.
Según el artículo 66 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, la organización de las Consellerias se estructura en: Tres niveles: órganos superiores, nivel directivo y administrativo Dos niveles: en órganos superiores y de nivel directivo. Tres niveles: Secretarías autonómicas, Subsecretarías y Direcciones Generales Dos niveles: Secretarías autonómicas y Direcciones Territoriales.
De conformidad con el artículo 4.1 de la Ley 39/2015, se consideran interesado en el procedimiento administrativo los que tengan derechos que puedan resultar afectados: por la decisión que el mismo se adopte, solo cuando hayan iniciado el procedimiento por la decisión que en el mismo se adopte, solo después de iniciado el procedimiento por la decisión que en el mismo se adopte, una vez iniciado el procedimiento por la decisión que el mismo se adopte sin que hayan iniciado el procedimiento.
Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común delas Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los acuerdos de suspensión de actos, así como la adopción de medidas definitivas previstas en el artículo 56. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias Los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos Los actos que amplien derechos subjetivos o intereses legítimos.
Según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común delas Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas previstas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Los actos que amplíen derechos subjetivos o intereses legítimos.
Según el artículo 2.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el sector público institucional está integrado por: Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las AAPP que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta que sucintamente se refieran a las mismas Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las AAPP Las entidades de derecho privado que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de otra Ley.
De conformidad con el artículo 288 del TFUE ¿qué acto jurídico puede adoptar la UE que tenga alcance general obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro? La Decisión La Directiva La Recomendación El Reglamento.
Según las reglas relativas al funcionamiento del registro electrónico, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, indique la opción correcta. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de incumplir las AAPP vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Admón u organismo. Si lo solicitase, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas de los días laborales.
De conformidad con el artículo 30.3 de la Ley 39/2015, los plazos expresados en días se contarán: a partir del mismo días en el que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. a partir del mismo día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo a partir del mismo día en que se indique en el acto cuando la efectividad sea retroactiva.
El Derecho originario de la UE se deriva de: Los tratados constitutivos y los acuerdos complementario del Tratado de Roma de 1951 Los tratados constitutivos, de modificación , de adhesión y los unilaterales Los tratados constitutivos, de modificación, de adhesión y los complementarios Los tratados constitutivos, los de adhesión, de modificación y los protocolos anexos al tratado de París de 1957.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 288 del TFUE, la directiva: será obligatoria en todos sus elementos, cuando designe destinatarios solo será obligatorio para éstos obligará al estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse dejando a las autoridades nacionales la elección de forma y de los medios dispone de aplicabilidad inmediata y efecto directo no será vinculante en ningún caso.
La caducidad del procedimiento administrativo sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá de conformidad con lo establecido en el artículo 107.3 de la Ley 39/2015, transcurrido en el plazo siguiente: de tres meses desde la iniciación del procedimiento de nueve meses desde la iniciación del procedimiento de un mes desde la iniciación del procedimiento de seis meses desde la iniciación del procedimiento.
El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la Ley 39/2015: No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter No será obstáculo para su tramitación en ningún caso Será motivo de solicitud de subsanación por parte de la Administración No será obstáculo para su tramitación.
Según lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley 4/2021 de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el personal empleado público, en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados debe actuar con los principios de: Imparcialidad, profesionalidad, diligencia, buena fe, confidencialidad, responsabilidad, ejemplaridad y honradez Imparcialidad, diligencia, buena fe, confidencialidad, responsabilidad, ejemplaridad y honradez Imparcialidad, profesionalidad, buena fe, confidencialidad, responsabilidad, ejemplaridad y honradez Imparcialidad, profesionalidad, diligencia, buena fe, responsabilidad, ejemplaridad y honradez.
Según lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 4/2021 de FPV, es personal eventual: en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificados como de confianza o asesoramiento especial en virtud de nombramiento y con carácter permanente, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados a tal fin en virtud de contrato administrativo solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial en virtud de nombramiento es retribuido con cargo a los créditos consignado para tal fin de manera no permanente y de urgencia.
El funcionario con más de treinta años de servicio tendrá derecho a disfrutar de las siguientes vacaciones anuales: Veintidos días hábiles Veinticuatro días hábiles Veintiséis días hábiles Veintisiete días hábiles.
Dentro de las licencias sin retribución, las licencias por interés particular podrán concederse Con una duración máxima de ocho meses cada cuatro años Con una duración máxima de seis meses cada tres años Con una duración máxima de tres meses cada cinco años Con una duración máxima de dos meses cada dos años.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 4 apartado 2º de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se define como "Riesgo Laboral": la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar algún daño o problema de salud tanto físico como psicológico aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
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