Régimen Jurídico 2018/2019

1. Uno de los principales caracteres del Derecho Administrativo es: a) Ser el Derecho común de todo el ordenamiento jurídico. b) Constituir el Derecho público común y general. c) Articular las relaciones entre el Derecho público y el Derecho privado. d) Ser el Derecho especial que se ocupa de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.

2. La Administración pública: a) Tiene una personalidad jurídica de Derecho público y otra de Derecho privado según el ordenamiento en el que actúe. b) Tiene una única personalidad jurídica sin perjuicio de un doble régimen de actuación de la Administración en el Derecho público y en el Derecho privado. c) Tiene una personalidad jurídica de Derecho público. d) La Administración no tiene personalidad jurídica.

3. La diversificación del concepto Administración Pública en el ámbito europeo responde a diversas razones: a) Principio de autonomía institucional de los Estados miembros. b) Prevalencia de un concepto funcional no unitario de Administración pública para hacer efectivas las libertades comunitarias. c) La estructura de la Unión Europea que no responde a los criterios tradicionales de la división de poderes. d) Todas son correctas.

4. A la actividad de una empresa privada concesionaria de la Administración. a) Se le aplica siempre el Derecho Administrativo. b) Nunca se le aplica el Derecho Administrativo, sino el Derecho privado. c) Se le aplica el Derecho administrativo en cuanto dicha actividad sea administrativa y privado en sus relaciones internas y con privados. d) Se le aplica el Derecho administrativo cuando ejerza potestades administrativas exclusivamente.

5. Una de las fases que han de seguirse para la creación de un principio general de Derecho comunitario es: a) Identificación en los Derechos nacionales de un núcleo común de las soluciones para la resolución de un problema común. b) Identificación de un principio general del Derecho en los países miembros que es delimitado como un principio general. c) Generación de una norma común por la Comisión que es, con posterioridad, ratificada por el Parlamento Europeo. d) Generación de una norma común por la Comisión que es, con posterioridad, ratificada por la Comisión Europea.

6. La potestad administrativa: a) Es irrenunciable. b) Tiene su origen en una relación jurídico-administrativa. c) Prescribe a los cinco años de su otorgamiento. d) Es un poder que se atribuye por la Constitución a todos los entes del sector público.

7. La potestad reglamentaria: a) Es un poder jurídico atribuido a las Administraciones para dictar reglamentos. b) Es un poder jurídico atribuido a las Administraciones para dictar normas con rango de ley en casos de urgencia. c) Es una competencia administrativa. d) Es la capacidad de dictar normas que tienen las Administraciones reguladoras.

8. Los reglamentos ejecutivos son aquellos que: a) Se dictan para ejecutar actos administrativos concretos. b) Se dictan como complemento indispensable de las leyes a las que desarrollan. c) Se dictan de manera independiente de la ley. d) Se dictan con carácter excepcional y por razones extraordinarias de necesidad.

9. Los principios generales del Derecho se aplican: a) Solamente en defecto de ley, ya que la costumbre no es fuente del Derecho administrativo, cumplen un papel informador del ordenamiento jurídico-administrativo, y poseen dos funciones: interpretativa e integradora. b) En defecto de ley o costumbre, cumplen un papel informador del ordenamiento jurídico-administrativo, y poseen tres funciones: creativa, interpretativa e integradora. c) En cualquier caso, pero, al estar integrado el ordenamiento jurídico-administrativo fundamentalmente por normas escritas, sólo le son de aplicación los principios generales del Derecho que se encuentran positivizados expresamente en la Constitución Española. d) En cualquier caso, pero, al estar integrado el ordenamiento jurídico-administrativo fundamentales por normas escritas, sólo le son de aplicación los principios generales del Derecho que se encuentran positivizados en las propias normas escritas.

10. La inderogabilidad singular de los reglamentos supone que: a) Los reglamentos no pueden derogar singularmente ninguna norma. b) Los reglamentos no se pueden derogar de manera singular. c) Los actos administrativos, dictados por órganos de igual o superior jerarquía a aquel que dicta un reglamento, podrán vulnerar lo establecido en el mandato reglamento. d) Los actos administrativos, aunque hayan sido dictados por órganos de igual o superior jerarquía a aquel que dicta un reglamento, nunca podrán vulnerar lo establecido en el mentado reglamento.

11. En el ordenamiento jurídico-administrativo: a) Existe un predominio de las normas escritas. b) Existe un predominio absoluto de los principios generales del Derecho. c) Cuentan con gran relevancia la costumbre, los precedentes y las prácticas administrativas. d) La costumbre se impone a la Ley en aquellos ámbitos en los que aún persiste.

12. En el Derecho administrativo: a) Cada Administración tiene personalidad jurídica propia y única. b) Tienen personalidad jurídica sólo las Administraciones territoriales, pero no las institucionales. c) Los órganos administrativos tienen personalidad jurídica propia pero no única. d) Los órganos administrativo tienen personalidad jurídica propia y única.

13. Desde el punto de vista de la jerarquía de las fuentes de Derecho administrativo, un reglamento se diferencia de una Ordenanza municipal: a) Por su procedencia. b) Por el carácter normativo del Reglamento y no normativo de la Ordenanza. c) Por ser superior jerárquico el Reglamento. d) No hay diferencia.

14. Desde la perspectiva del principio de jerarquía normativa: a) Un Decreto de una Comunidad Autónoma es superior jerárquicamente a una Ordenanza Municipal. b) Un Real Decreto Ley es superior jerárquicamente a un Decreto Ley. c) Una Ley estatal es superior jerárquicamente a una Ley autonómica. d) Una Orden ministerial tiene el mismo rango normativo que una Orden de una Consejería.

15. Un reglamento ejecutivo: a) Es el que se dicta en caso de urgencia. b) Puede dictarse si no existe una Ley que regule una materia específica. c) Se dicta para poner en práctica y concretar las previsiones de una Ley que le sirve de base. d) Es el que dicta el Gobierno en ejercicio de su poder legislativo.

16. El principio de eficacia: a) No es exigible a las Administraciones Públicas a la vista de los resultados en su actuación. b) Es idéntico y con el mismo contenido de la eficiencia. c) Tiene como límite el principio de legalidad, pues en aras de la eficacia no todo vale. d) Es irrelevante que haya demoras o molestias innecesarias, si finalmente el interesado obtiene lo que ha solicitado.

18. Respecto de la delegación de firma: a) Puede hacerse a favor de órganos que no sean jerárquicamente dependientes. b) Debe hacerse constar la autoridad de procedencia en las resoluciones y actos que se firmen. c) Los actos dictados por el órgano delegado no se imputan al delegante, sino a él mismo por ejercer la competencia. d) En aras de la transparencia, requiere de publicación en el boletín oficial correspondiente.

19. Los órganos administrativos: a) Son aquellos organismos autónomos que desempeñan las competencias que tienen asignadas. b) Son irresponsables cuando su titular toma una decisión, porque se imputa a él como responsable de ella, por ser su representante. c) Son las unidades administrativas mínimas e indivisibles que cambian al cambiar los sujetos que forman parte de él. d) Pueden ser unipersonales o colegiados, activos, consultivos o de control.

20. En cuanto a los órganos colegiados: a) Su régimen jurídico de funcionamiento viene regulado, sin perjuicio de las peculiaridades propias, en la Ley 39/2015. b) Pueden constituirse sin la presencia del Presidente y el Secretario, si se reúne el quórum necesario por la presencia de otros miembros. c) Están formados por una pluralidad de miembros de número variable. d) El Secretario tiene que ser necesariamente miembro del propio órgano colegiado.

21. La Junta de Gobierno Local: a) Es un órgano obligatorio en Ayuntamientos de gran población. b) Es un órgano obligatorio en pequeños Ayuntamientos. c) Es un órgano potestativo en Ayuntamientos de gran población. d) Es un órgano obligatorio en todos los Ayuntamientos.

22. La desconcentración supone: a) Una transferencia de la titularidad de competencias entre Administraciones diferentes. b) Una transferencia de titularidad de competencias entre órganos de una misma Administración. c) Una transferencia del ejercicio de competencias entre órganos de una Administración a otra territorialmente inferior. d) Una transferencia del ejercicio de competencias entre órganos de una misma Administración.

23. Cl@ve Pin 24 horas es: a) Un medio de identificación que implica la firma electrónica. b) Un medio de firma electrónica que implica la identificación. c) Un medio de identificación. d) Un medio novedoso de firma electrónica en la Ley 39/2015.

24. Conforme a la Ley 39/2015, puede imponerse una relación jurídico-administrativa exclusivamente electrónica: a) Por una norma con rango de Ley. b) Por una norma con rango de Ley o reglamentaria. c) Sólo en los casos previstos en el art.14.2 de la Ley 39/2015, pero no pueden existir más supuestos. d) La relación jurídico-administrativa exclusiva a través de medios electrónicos no puede imponerse. Es un derecho del ciudadano. (es un deber).

25. Se establece el deber de digitalización de todos los documentos presentados en papel y devolución de originales: a) En todo caso en los registros presenciales. b) Sólo en los registros presenciales de la Administración del Estado. c) Ya no existen registros presenciales, sino que todos los registros son telemáticos. d) Cuando la persona que los presente no desee entregar los originales.

26. La primera norma que ha establecido la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración a las personas ejercientes de profesiones colegiadas es: a) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. b) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común. c) La Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. d) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

27. La utilización por parte de las Administraciones públicas de estándares abiertos o de uso generalizado obedece al: a) Principio de proporcionalidad. b) Principio de gratuidad. c) Principio de seguridad. d) Principio de neutralidad tecnológica.

28. Desde la perspectiva del principio de legalidad de la actuación administrativa, la vinculación positiva significa que: a) La Administración debe actuar dentro de unos márgenes que le permite la Ley. b) La norma predetermina la actuación de la Administración pública. c) Los ciudadanos tienen deberes. d) El ordenamiento jurídico delimita el ámbito de libertad de los ciudadanos.

29. La presentación de una declaración responsable a través de medios electrónicos se hace: a) Exclusivamente mediante el uso de sistemas de firma electrónica. b) Exclusivamente mediante el uso de sistemas de identificación. c) Mediante firma electrónica o mediante sistemas de identificación en función de la Administración a la que se presente. d) Mediante firma electrónica o mediante sistemas de identificación.

30. Los conceptos jurídicos indeterminados: a) No se diferencian de la discrecionalidad técnica. b) Deben ser determinados mediante una operación interpretativa que puede conducir a varias soluciones igualmente válidas. c) Deben ser determinados mediante una operación interpretativa que debe conducir a un único criterio. d) Van unidos al ejercicio de potestades de sujeción especial.

31. La falta de realización del aviso mediante correo electrónico en el caso de las notificaciones administrativas, supone: a) La nulidad del acto administrativo en cualquier caso. b) La anulabilidad del acto administrativo en cualquier caso. c) La nulidad o anulabilidad del acto administrativo en función de la naturaleza del acto. d) No tiene efecto respecto a la validez del acto administrativo.

32. ¿Qué término utiliza con carácter general la LPAC para identificar a los sujetos de derecho que se hallan afectados de algún modo por un procedimiento administrativo en curso?. a) Ciudadano. b) Interesado. c) Procesado. d) Administrado.

33. Los intereses legítimos... a) Son aquellos que garantizan situaciones sustanciales de utilidad para el titular de los mismos, gozando de protección. b) Son las situaciones que se presumen en todo administrado <<interesado>> en el funcionamiento de la Administración Pública. c) Comportan una situación jurídica pasiva en el titular de los mismos. d) Permiten a su titular intervenir en el procedimiento administrativo de adopción de actos administrativos que le afectan.

34. La imposición al ciudadano de una actividad o acción a los efectos de hacer eficaz un derecho que le asiste recibe la denominación de: a) Obligación. b) Carga. c) Deber. d) Ejecutividad.

35. Uno de los privilegios procesales de la Administración consiste en que: a) Contra los actos que no agotan la vía administrativo debe interponerse recurso de alzada. b) Contra los actos que no agotan la vía administrativa debe interponerse recurso de reposición. c) No precisa de letrado en los recursos contencioso-administrativos. d) No se somete a los Tribunales.

36. Identifique, de entre los siguientes, un rasgo propio de los intereses legítimos que además los diferencia de los derechos subjetivos: a) Los intereses legítimos garantizan situaciones sustanciales de utilidad para el ciudadano. b) En un proceso contencioso-administrativo, el titular del interés legítimo no podrá solicitar el restablecimiento de la situación jurídica individualizada afectada por el acto administrativo. c) Los intereses legítimos constituyen una categoría superior a la de derecho subjetivo. d) La alegación de un interés legítimo no requiere contar con un objeto definido.

37. Los interesados en un procedimiento administrativo no están obligados a aportar documentos que les solicite la Administración: a) En ningún caso. b) Que hayan sido elaborados por cualquier Administración, independientemente de su tipología. c) Que hayan sido elaborados por la Administración a la que se dirigen. d) Los interesados están obligados a aportar cualquier documento que les solicite la Administración.

38. ¿Tienen que motivarse los actos administrativos que limiten derechos subjetivos e intereses legítimos?. a) No. b) Siempre que esos derechos tengan que ver con el Derecho de propiedad. c) Sí, siempre. d) Depende del criterio del órgano competente para su dictado.

39. Una persona que ostenta un interés puede considerarse interesado en un procedimiento administrativo: a) Si se persona en el procedimiento antes de que recaiga resolución. b) Nunca puede ser interesado, si no tiene también un derecho subjetivo afectado. c) Sólo si inicia el procedimiento. d) En cualquier caso.

40. ¿Son actos administrativos de trámite impugnables los que hacen imposible la continuación del procedimiento?. a) Sí. b) No, porque no es uno de los supuestos de actos de trámite cualificados respecto de los que la Ley permite su impugnación. c) Sólo si deciden sobre el fondo del asunto. d) No, porque los actos de trámite no son impugnables.

41. Acto discrecional es aquél que: a) Dicta la Administración en ejercicio de potestades en la que hay margen de apreciación para aquélla. b) Dicta la Administración sobre la base de una regla concreta y exacta. c) Los actos discrecionales están prohibidos en nuestro sistema constitucional. d) Todo acto administrativo es un acto discrecional.

42. Los actos administrativos firmes son los actos administrativos: a) Dictados en el ámbito de la Administración militar. b) Dictados tras el correspondiente procedimiento administrativo. c) Que constituyen manifestaciones judicialmente indiscutibles de la voluntad u órgano administrativo por haber pasado el plazo de impugnación. d) No existen actos firmen en el ordenamiento jurídico español.

43. Se deben notificar todos los actos administrativos: a) Que afecten a derechos e intereses legítimos. b) No existe el deber general de notificación. c) Que no requieran publicación. d) Si así lo decide el órgano administrativo competente.

44. El plazo para resolver un procedimiento administrativo, según la LPACAP: a) Es de 3 meses. b) Es el previsto en la norma que regula cada procedimiento. Si la norma no lo prevé, el plazo será de 3 meses. c) Es el previsto en la norma que regula cada procedimiento. SI la norma no lo prevé, el plazo será de 6 meses. d) Es de 6 meses.

45. Es una causa de suspensión del plazo para la resolución y notificación de un procedimiento administrativo... a) La subsanación de deficiencias en la instancia, por el plazo transcurrido desde que se solicita la subsanación hasta que se produce ésta. b) El fallecimiento del interesado. d) Las tres respuestas anteriores son correctas. c) La situación de invalidez del interesado.

46. El acto presunto se produce: a) En procedimiento de oficio no resueltos en tiempo y forma. b) En procedimientos a instancia de parte para los que esté previsto el silencio positivo. c) En procedimientos a instancia de parte para los que esté previsto el silencio negativo. d) En los supuestos en los que no se ha iniciado un procedimiento administrativo.

47. Cuando un procedimiento administrativo sancionador se inicia a raíz de la denuncia de un ciudadano, estaremos en presencia de: a) Un procedimiento que se inicia a instancia de parte. b) Un procedimiento que se inicia de oficio. c) Un procedimiento sancionador no puede iniciarse con motivo de denuncia de un ciudadano. d) Un procedimiento de revisión de oficio.

48. La propuesta de resolución cierra la fase de: a) Iniciación del procedimiento. b) Ordenación del procedimiento. c) Instrucción del procedimiento. d) Terminación del procedimiento.

49. La desviación de poder es causa de: a) Nulidad del acto administrativo. b) Anulabilidad. c) Ni de nulidad ni de anulabilidad. Es una irregularidad no invalidante. d) De suspensión del procedimiento y traslado de las actuaciones a la jurisdicción penal.

50. El plazo para la práctica de la prueba en el procedimiento administrativo común es: a) Por un plazo de entre 10 y 15 días. b) Por un plazo de entre 10 y 30 días. c) Por un plazo de entre 15 y 30 días. d) Por un plazo de entre 10 y 20 días.