Según la Ley 39/2015 define expresamente a los interesados en un procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, que habiendo iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen o no en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Todas son correctas.
Como ciudadano asumimos obligaciones en nuestra relación de las Administraciones Públicas, así en el artículo 18, dispone varias reglas. Indique la correcta: Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la Ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias en todo caso. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él tienen la obligación de proporcionárselos a la Administración actuante. Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el artículo 100 (Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial). Ninguna es correcta.
Según el artículo 5 de la LAJA, establece el principio de "Buena administración", configurando como un conjunto de derechos que se reconocen a la ciudadanía en sus relaciones con la administración Pública. Cual de los siguientes derechos no sería correcto: Derecho a participar en los asuntos públicos. Derecho a participar en las decisiones que le afecten, de acuerdo con el procedimiento establecido. Derecho a que los actos sean proporcionales a sus fines. Derecho a comunicarse con las administraciones públicas a través de un Punto de Acceso General Electrónico de la Administración.
Según el artículo 5 de la LAJA, establece el principio de "Buena administración", configurando como un conjunto de derechos que se reconocen a la ciudadanía en sus relaciones con la administración Pública. Cual de los siguientes derechos no sería correcto: Derecho a que se traten sus asuntos de manera equitativa, imparcial y objetiva. Derecho a que sus asuntos sean resueltos en un plazo razonable, siguiendo el principio de proximidad a la ciudadanía. Derecho a acceder a los archivos y registros de la Administración de la JA, en soporte electrónico, con las excepciones que la ley establezca. Derecho a obtener información veraz.
La Ley 39/2015 enumera en su art. 13, los derechos reconocidos a las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. De los siguientes derechos ¿cual no sería un derecho enumerado en dicho articulo? A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su CCAA, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 y en el resto del ordenamiento jurídico. Al acceso ala información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 del 09 de Noviembre, de transparencia, acceso ala información pública y buen gobierno y al resto del Ordenamiento Jurídico. A la obtención y utilización de medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley 39/2015. No presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de la Administraciones Públicas o que hayan sido elaborado por estas.
Según el derecho reconocidos a las personas en la Ley 39/2015, sobre utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su CCAA, en los procedimientos tramitados ante la Administración General del Estado: Tratándose de órganos de la Admón. General del Estado con sede en el territorio de una CCAA, con lengua cooficial, se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurren varios interesados y existiera discrepancia, se tramitara en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. Regla General en Castellano. Todas son correctas.
Las responsabilidad que pueden ser exigidas a las administraciones Públicas y autoridades, cuando corresponda legalmente, podrá dar lugar a responsabilidad: Indique la correcta. Patrimonial y disciplinaria. Penal y contable. Patrimonial y subsidiaria. Patrimonial, disciplinaria, penal y contable.
En relación a la firma electrónica, los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Se consideran válidos a efectos de firma, según el artículo 10 de la Ley 39/2015: Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada, basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada, basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada, basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por la entidad acreditada. Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada, basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por la entidad acreditada.
Las Administraciones públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Formular solicitudes y presentar recursos. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Desistir de acciones o renunciar a derechos. Todas son correctas.
Los interesados podrán indentificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de Cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita acreditar su identidad. Cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad y garantía del documento.
En relación con la firma electrónica, los interesados podrán firmar a través de: Cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. Cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita acreditar su identidad. Cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad y garantía del documento.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación" Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación" Sistema de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Todas son correctas.
Según el articulo 28 y con respecto a los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, de las siguientes cuestiones indique la correcta: Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier administración. Unicamente estarán obligados los que tengan carácter preceptivo en el procedimiento que se trate. Los interesados deberán expresar el consentimiento por escrito para que los documentos sean consultados o recabados por la administración. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o vinculante. Ninguna es correcta.
En Andalucía, el articulo 80 de la LAJA dispone que todos los ciudadanos tienen derecho a ser informados, con carácter general, sobre los servicios de la Administración de la JA, y con carácter particular, sobre los asuntos que le afecten. Para facilitar este derecho, la Administración de la JA, está obligada a: Informar de manera actualizada y permanente sobre la organización propia y sobre los principales servicios y prestaciones públicas, así como facilitar toda información relativa a la identificación y localización de los órganos y unidades administrativas, especialmente a través de páginas web claras, completas, accesibles y actualizadas. Ofrecer, información particular sobre los procedimientos vigentes de su competencia, utilizando especialmente para ello las vías electrónicas que permitan un acceso rápido y eficaz a dicha información. Adoptar estrategias multicanales de atención a la ciudadanía para mejorar las vias de información entre la Administración y la ciudadanía. Informar sobre medios de impugnación reclamación al alcance del ciudadano.
La Información Administrativa General: (Indique la incorrecta) Será ejercida por aquellas unidades o puestos de trabajo que singularmente puedan existir para esta función. Se realizará sin ningún tipo de demora ni de restricciones sobre el tiempo de respuesta, aunque no se encuentre en disposición del centro. Su objeto se centrará en los fines, competencias y funcionamiento de los distintos órganos y unidades, comprendiendo todos los aspectos relativos a la organización, a los servicios que se prestan, a los procedimientos que se gestionan.... Todas son correctas.
La Información Administrativa Particular es aquella que permite al ciudadano el ejercicio de derechos e intereses legitimos concretos, tales como: (Indique la incorrecta) Conocer los requisitos administrativos que deberán reunir las iniciativas que los ciudadanos se propongan realizar ante la Administración. Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesado. Identificar a las autoridades y el personal bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos. Es ejercida por las Jefaturas de Sección y órganos asimilados con responsabilidades en materia o el procedimiento.
¿Que organo producirán, actualizarán y remitirán periódicamente la información administrativa general a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, asi como a sus unidades de información?: Los centros directivos. Las Secretarios Generales. Las Jefaturas de Sección. Las Secretarias Generales Técnicas.
Según el decreto 183/2003, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos electrónicos a través de internet, que permite al ciudadano suministrar información a través de redes abiertas de telecomunicación. La información y documentación comprenderá como mínimo al relativa a: (Indique la incorrecta) La relativa a la organización, competencias y actividades de las Consejerías, organismos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía. Las guias de funciones y cartas de servicios. La normativa que se publique en el BOJA, con posibilidad de descarga a través de la red y la información de interés general que se considere oportuna. Procedimientos administrativos que se tramiten por la administración de la JA, con indicación de plazos y sentido del silencio, así como conocer el estado de la tramitación de los procedimientos que se tenga la condición de interesado.
Según el decreto 183/2003, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos electrónicos a través de internet, en todo caso los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos contarán con las medidas de seguridad que garanticen: La integridad, protección y conservación de los documentos almacenados y, en particular, la identificación de las personas que acceden a los mismos. La integridad, protección y conservación de los documentos almacenados y, en particular, la identificación de los usuarios y el control de acceso de los mismos. La integridad, protección, garantias y conservación de los documentos almacenados y, en particular, la identificación de los usuarios y el control de acceso de los mismos. La integridad, protección, garantias y conservación de los documentos almacenados y, en particular, la identificación de los usuarios que acceden a ellos.
Según el decreto 183/2003, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos electrónicos a través de internet, la transmisión y recepción de información en red o de documentos electrónicos entre los órganos, unidades y entidades o entre éstos y los ciudadanos u otras Administraciones Públicas podrá realizarse a través de los medios y soportes electrónicos siempre que se garantice, en todo caso, el cumplimiento de los siguientes requisitos: La garantía de la disponibilidad y acceso de los referidos medios y soportes y de las aplicaciones informáticas en las condiciones que en cada caso se establezcan. La compatibilidad técnica de los medios, aplicaciones y soportes utilizados por el emisor y el destinatario. La existencia de medidas de seguridad que eviten el que se intercepten y alteren las comunicaciones, así como los accesos no autorizados. Todas son correctas.
Según el decreto 183/2003, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos electrónicos a través de internet, establece la definición «Redes abiertas de telecomunicación» como: Infraestructura de telecomunicación libremente accesible por cualquier usuario de los servicios que permiten la transmisión e intercambio de datos y el acceso a la información disponible en Internet mediante su conexión a medios informáticos. Infraestructura, mecanismo, equipo, instalación o sistema de tratamiento de la información que permite producir, almacenar o transmitir datos o información susceptible de incorporarse a un documento electrónico. Infraestructura, sistema o servicio proporcionado por un prestador de esta clase de servicios que permite acreditar el momento exacto en que la comunicación de un documento electrónico se produce y se accede a él por parte del destinatario. Ninguna es correcta.
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el día 30 de junio se ha procedido a la sustitución de la actual Plataforma de Relación con la Ciudadanía Andaluza (CLARA) por un nuevo portal con la denominación: Atención a la Ciudadanía. Atención a los Ciudadanos. Plataforma de la Ciudadanía. Plataforma de los Ciudadanos.
La plataforma corporativa de autenticación y firma basada en certificados electrónicos para los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, denominada: @firma cl@ve @firma electronica FNMT-RCM.
La Ley 19/2013 del 09 de diciembre de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno, incluye una serie de obligaciones a todos los sujetos que es de aplicación. Publicarán como mínimo: (Indica la incorrecta) Relación de convenidos suscritos. Subvenciones y ayudas públicas concedidas, cuyo importe sea superior a 5.000€, con indicación de importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales. Retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la entidades. Indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión de abandono del cargo.
El derecho acceso a la información pública podrá ser limitado cuando al acceder a la información suponga perjuicio para: (Indique la incorrecta) La política económica y monetaria. El secreto profesional y la propiedad intelectual y comercial. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Los intereses económicos y comerciales.
El derecho acceso a la información pública podrá ser limitado cuando al acceder a la información suponga perjuicio para: (Indique la incorrecta) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. La política económica y monetaria. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de posesión.
Según la ley 19/2013, el derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del organo administrativo o entidad que posea la información. La resolución deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que lo hayan solicitado en el plazo máximo de: Un mes. 20 dias. 15 dias. 10 dias.
El Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía, estarán sujetos en cuanto a la Ley de Transparencia y Función Pública, en lo que afecta al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo: A la legislación básica del estado, sin perjuicio de lo que establezca el Parlamento de Andalucía en ejercicio de su autonomía. A la ley 1/2014, de 24 de Junio de Transparencia Pública de Andalucía. A la ley 19/2013 de 09 de Octubre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Todas son correctas.
En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades y órganos adscritos, la coordinación general en materia de transparencia sera ejercida por: Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras. El Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía. La Unidad de Transparencia. La Comisión de Transparencia.
En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, se crea el Consejo de transparencia y protección de datos de la Junta de Andalucía, que se configura como una: Entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional. Entidad pública con sin personalidad jurídica, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional. Entidad privada con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional. Entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad de gestión.
En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, para la asegurar la implementación de la transparencia de forma homogénea en todos los ámbitos de la actuación de la Junta de Andalucía, con la participación de los distintos centros directivos, archivos, entidades instrumentales y demás entidades dependientes se constituirá en cada Consejería, una: Comisión de Transparencia. Unidad de Transparencia. Comisión General. Ninguna es correcta.
En el ambito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades y organismos adscritos, cada consejería establecerá un plan operativo que deberá incluir: La estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones y los procedimientos para realizar la acción de transparencia. La estructura organizativa, las responsabilidades, y los procedimientos para realizar la acción de transparencia. La estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, el control y los procedimientos para realizar la acción de transparencia. La estructura organizativa, las responsabilidades, el control y los procedimientos para realizar la acción de transparencia.
En relación a la Transparencia, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades y organismos adscritos, el órgano que actuará bajo la dependencia de la Viceconsejería con el fin de impulsar la transparencia es el denominado: Unidad de Transparencia. Comisión de Transparencia. El Consejo de Transparencia. Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.
En el ambito de la Administración de la Junta de Andalucía, se crea la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, que se constituye como un organo de: Participación y consulta. Participación, consulta y sancionadora. Participación, consulta y representativa. Interpretación de la transparencia, participación y consulta.
En el ambito de la Administración de la Junta de Andalucía, se crea la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, que estará compuesta por: El presidente y 14 miembros. El Director del Consejo y 14 miembros. El presidente y 12 miembros. El Director del Consejo y 12 miembros.
La ley 1/2014, en relación al derecho de acceso reconocido a la ciudadanía a la información pública, solo podrá ser restringido o denegado en los términos previstos en la legislación básica, y las solicitudes deberán resolverse en un plazo: Máximo para dictar y notificar resolución de 20 días hábiles, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Máximo para dictar y notificar resolución de 30 días hábiles, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Máximo para dictar y notificar resolución de 20 días hábiles, desde la recepción de la solicitud por el órgano responsable para resolver. Máximo para dictar y notificar resolución de 30 días hábiles, desde la recepción de la solicitud por el órgano responsable para resolver.
La dirección del Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía, como órgano independiente y de control en la materia, será nombrada: La designación corresponde al Parlamento de Andalucía, por mayoría absoluta y será nombrada por el Consejo de Gobierno por un plazo de 5 años no renovable. La designación corresponde al Parlamento de Andalucía, por mayoría simple y será nombrada por el Consejo de Gobierno por un plazo de 5 años no renovable. La designación corresponde al Parlamento de Andalucía, por mayoría de tres quintos y será nombrada por el Consejo de Gobierno por un plazo de 5 años renovable. La designación corresponde al Parlamento de Andalucía, por mayoría de dos tercios y será nombrada por el Consejo de Gobierno por un plazo de 5 años renovable.
De acuerdo con la Ley 39/2015 del 01 de Octubre, en su artículo 5, podrá acreditarse la representación. (Indique la incorrecta) La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica. A través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública. Mediante declaración de comparecencia personal del interesado.
De acuerdo con la Ley 39/2015 del 01 de Octubre, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las administraciones públicas: A través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su integridad. Podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad del documento y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. Todas son correctas.
Si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios: Se identifique ante el funcionario y presta su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litio. Se identifique ante el funcionario y presta su consentimiento escrito para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litio. Se identifique ante el funcionario y presta su consentimiento escrito para esta actuación, lo que el funcionario deberá dejar constancia. Se identifique ante el funcionario y presta su consentimiento tacito para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litio.
Con respecto a las notificaciones según la Ley 39/2015 del 01 de Octubre: Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Todas son correctas.
El articulo 85 de la Ley 9/2007, de 22 de Octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dispone que estará a disposición de la ciudadanía un libro en el que podrán formularse sugerencias y reclamaciones en todas las: Consejerías, Delegaciones de Gobierno, Delegaciones Provinciales, Delegaciones Territoriales y Agencias Consejerías, Delegaciones de Gobierno, Delegaciones Provinciales, Delegaciones Territoriales, Agencias y Servicios de Salud. Consejerías, Delegaciones de Gobierno, Delegaciones Provinciales Y, Delegaciones Territoriales. Consejerías, Delegaciones de Gobierno, Delegaciones Provinciales, Delegaciones Territoriales, Empresas Públicas y Agencias.
Según decreto 262/1988, por el que se establece el Libro de Sugerencias y Reclamaciones, cada juego de hojas constará de: 4 hojas autocopiables (original y tres copias) 3 hojas autocopiables (original y dos copias) 5 hojas autocopiables (original y cuatro copias) Ninguna es correcta.
Cuando exista una reiteración de una denuncia formulada, además del libro de Sugerencias y Reclamaciones correspondiente podrá formularse si afectare a Servicios Centrales: En el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de registro de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. En el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de registro de los Servicios Periféricos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. En el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de registro de la Consejería de Presidencia y Administración Local. En el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la oficina de registro de los Servicios Periféricos Consejería de Presidencia y Administración Local.
Si las denuncias y sugerencias se formalizaran en el Libro de Sugerencias y Reclamaciones de los servicios periféricos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, recibidas por los Inspectores Provinciales de Servicios estos procederán, si afecta a los Servicios Periféricos: Remitirá el original a la dependencia afectada y entrega a la Inspección Provincial de Servicios. Remitirá el original y la copia para la inspección de la Inspección General de Servicios. Remitirá inmediatamente al responsable de la dependencia. Remitirá el original a la dependencia afectada y archivara la copia para la Inspección General de Servicios.
La Ley 19/2013 crea hasta 4 ambitos subjetivos de aplicación de las obligaciones de Publicidad Activa. En el Primer Nivel se encuentran: (Indica la incorrecta) Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades Públicas. Organismos Autónomos, Agencias Estatales, Entidades Públicas Empresariales y Entidades de Derecho Público. Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad, así como mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. Todas son correctas.
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