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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESERelaciones laborales en las administraciones públicas

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Título del test:
Relaciones laborales en las administraciones públicas

Descripción:
Repaso de los temas 9 y 10. Ciencias jurídicas en las AA.PP

Autor:
pr
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Fecha de Creación:
09/06/2021

Categoría:
UNED

Número preguntas: 15
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Temario:
En las Administraciones Públicas operan varios sistemas de representación de los empleados: El funcionarial (comités y juntas de personal) y el laboral (delegados de personal y juntas de personal). El funcionarial (delegados y comités) y el laboral (juntas de personal y delegados de personal). El funcionarial (delegados y juntas de personal) y el laboral (delegados de personal y comités).
En relación con la libertad sindical se puede afirmar que: La dimensión colectiva de la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos. Se consagra en el art. 28.2 de la Constitución española e incluye una dimensión individual y otra colectiva. La dimensión colectiva de la libertad sindical implica el reconocimiento de la acción sindical en la empresa, a través de las secciones y de los delegados sindicales.
Señale la afirmación correcta: El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo se reconoce en el art. 37.2 de la Constitución únicamente a los empresarios. El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo se reconoce en el art. 37.2 de la Constitución únicamente a los trabajadores. El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo se reconoce en el art. 37.2 de la Constitución a los trabajadores y a los empresarios.
Respecto al cierre patronal se puede afirmar que: Sólo se admite si, durante la huelga, se produce perturbación grave del proceso productivo. Provoca la suspensión del contrato de trabajo con alta especial de los trabajadores en el régimen de la Seguridad Social que corresponda. Esta medida de conflicto colectivo no puede adoptarse por las Administraciones Públicas.
En relación con la huelga puede afirmarse que: Es necesaria una declaración formal de huelga y un preaviso de 10 días, que se convierten en 15 cuando se trata de entidades encargadas de servicios públicos. Es necesaria una declaración formal de huelga y un preaviso de 5 días, que se convierten en 10 días cuando se trata de entidades encargadas de servicios públicos. Es necesaria una declaración formal de huelga y un preaviso de 5 días, que se convierten en 15 cuando se trata de entidades encargadas de servicios públicos.
Señale la afirmación correcta: Las huelgas políticas son siempre ilegales porque se dirigen contra los Poderes Públicos, que representan el interés general. Las huelgas políticas son ilegales salvo cuando reaccionan a medidas de los poderes públicos que afectan a los intereses profesionales de los trabajadores. Las huelgas políticas son ilícitas porque no operan, en puridad, como medida de conflicto laboral.
Son huelgas ilícitas, según el Real Decreto-Ley 17/1977: Las huelgas en servicios públicos Las huelgas en servicios esenciales Las huelgas de celo.
El incumplimiento, por parte de los trabajadores de las Administraciones Públicas, de los servicios mínimos fijados en la huelga: Constituye una falta leve Constituye una falta grave Constituye una falta muy grave.
En relación con la negociación colectiva laboral en el empleo público, se puede afirmar que: Tiene que tener siempre eficacia general y normativa. Se diferencian, en orden a su eficacia, dos grandes instrumentos: los pactos y los acuerdos. Es posible recurrir al convenio colectivo estatutario y al convenio colectivo extraestatutario, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación laboral.
El orden jurisdiccional competente para resolver la impugnación de los acuerdos obtenidos mediante la negociación colectiva conjunta: Es el orden jurisdiccional civil Es el orden jurisdiccional social Es el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
En relación a la actuación de la Inspección de Trabajo en las Administraciones Públicas, hay que afirmar que: No es necesario que la Inspección preavise, pues, de lo contrario, se obstaculizaría la acción de los Inspectores. La actuación de la Inspección de Trabajo no abarca los centros y establecimientos de las Administraciones Públicas. Es necesario que la Inspección preavise a quien se encuentre al frente del centro que se va a inspeccionar.
En relación con el proceso social, puede afirmarse que: La inmediación supone que las actuaciones judiciales relevantes deben tener lugar en presencia directa del juez. La inmediación supone la concentración de trámites en un solo acto para hacer el proceso más inmediato. La inmediación supone que las actuaciones judiciales deben realizarse inmediatamente.
Señale la afirmación correcta: Frente a la sentencia del juzgado de lo social cabe, aunque con ciertas limitaciones de cuantía y tipo de litigio, el recurso de suplicación, del que conoce la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Frente a la sentencia del juzgado de lo social cabe, aunque con ciertas limitaciones de cuantía y tipo de litigio, el recurso de suplicación, del que conoce la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Frente a la sentencia del juzgado de lo social cabe, aunque con ciertas limitaciones de cuantía y tipo de litigio, el recurso de suplicación, del que conoce la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Tras la entrada en vigor de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre), que modifica la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social: Se ha eliminado la reclamación previa "laboral" y la de Seguridad Social. Se ha eliminado la reclamación previa "laboral", aunque se mantiene la de Seguridad Social. Se mantiene la reclamación previa "laboral", aunque se ha eliminado la de Seguridad Social.
Respecto a la ejecución de la sentencia que condena a las Administraciones Públicas, puede afirmarse que: La ejecución se lleva a cabo por el juzgado de lo social, que ha de hacerlo en el plazo de dos meses desde la firmeza de la sentencia. La sentencia dictada frente a la Administración debe llevarse a efecto por la propia Administración en el plazo de dos meses a partir de su firmeza. La ejecución frente a las Administraciones Públicas no es posible, debido a la inembargabilidad de los bienes públicos y al principio de legalidad presupuestaria.
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