Repaso GPS

¿Qué es la actividad administrativa de fomento?. La acción de la Administración dirigida a apoyar iniciativas privadas de interés público mediante incentivos o ayudas, en vez de mediante coerción. El conjunto de medidas sancionadoras que aplica la Administración para reprimir conductas ilícitas de los ciudadanos. La prestación directa de servicios públicos esenciales a la ciudadanía por parte de la Administración o sus organismos. La regulación restrictiva de derechos ciudadanos con el fin de proteger el orden público y la seguridad.

Sobre los mecanismos de fomento, señale la opción correcta: Las patentes concedidas a inventores, que otorgan derechos exclusivos para explotar una invención, son un ejemplo de mecanismo jurídico de fomento. Otorgar una subvención económica es un mecanismo honorífico de fomento, ya que premia con un reconocimiento público una actividad beneficiosa. Conceder una medalla al mérito a un funcionario ejemplar es un mecanismo económico de fomento, pues conlleva una recompensa monetaria directa. Nombrar una calle en honor a una persona destacada carece de efectos jurídicos o económicos, por lo que no se considera un mecanismo de fomento administrativo.

¿Cuál de las siguientes características corresponde a una subvención pública (actividad de fomento)?. Es una ayuda dineraria otorgada por la Administración sin contraprestación directa del beneficiario, sujeta al cumplimiento de un objetivo de interés público. Consiste en un pago de la Administración a un particular a cambio de un servicio concreto establecido en un contrato público. Implica que el beneficiario deba reintegrar siempre las cantidades recibidas al finalizar la actividad subvencionada, con independencia de los resultados. Puede concederse de forma arbitraria, sin necesidad de bases reguladoras ni procedimiento previo, dado su carácter discrecional.

El ayuntamiento de una ciudad decide nombrar una plaza pública con el nombre de un vecino que ha realizado actos heroicos en la comunidad. Esta medida es un ejemplo de: Un mecanismo honorífico de la actividad administrativa de fomento, que reconoce conductas ejemplares sin contenido económico. Una forma de gestión directa de un servicio público, otorgando la titularidad de la plaza a la persona homenajeada. Una sanción encubierta de la Administración, ya que impone una obligación a la comunidad sin beneficios económicos. Un acto de la potestad reglamentaria, porque supone la modificación del callejero municipal mediante una norma jurídica general.

La Dirección General de Tráfico otorga 2 puntos adicionales en el carnet de conducir a quienes pasan varios años sin cometer infracciones. Este incentivo se considera: Un mecanismo jurídico de fomento, ya que otorga un beneficio legal para estimular una conducta deseada (conducción segura). Un mecanismo honorífico de fomento, pues supone un reconocimiento público a los buenos conductores sin ventajas legales. Parte de la actividad de prestación de un servicio público, al integrarse en el servicio de seguridad vial como prestación ordinaria. Una sanción administrativa positiva, ya que modifica el régimen sancionador de forma favorable al interesado por su buen comportamiento.

El ayuntamiento de X encomienda la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable a una empresa privada mediante un contrato de 25 años. Esta forma de gestión del servicio público se denomina: Concesión administrativa, un tipo de gestión indirecta en la que un particular asume la prestación del servicio por su cuenta y riesgo. Gestión directa descentralizada, pues el ayuntamiento crea un organismo propio para gestionar el servicio de agua. Gestión mixta, ya que intervienen en conjunto la Administración municipal y una empresa privada en la prestación del servicio. Concierto administrativo, dado que se trata de un acuerdo con una entidad privada para cofinanciar y coordinar la prestación del servicio.

Los trabajadores de la empresa concesionaria de limpieza viaria del municipio Y inician una huelga indefinida y el servicio de recogida de residuos queda suspendido por varios días. La Administración municipal interviene para asegurar servicios mínimos y restablecer la recogida. ¿Qué principio de los servicios públicos está aplicando el ayuntamiento al tomar esas medidas?. El principio de continuidad, que obliga a garantizar la prestación regular y sin interrupciones del servicio público, incluso en situaciones de huelga o dificultades. El principio de igualdad, por el cual todos los ciudadanos deben recibir el mismo trato, evitando que solo algunos barrios sufran la interrupción del servicio. El principio de mutabilidad, que permite modificar las condiciones del servicio para adaptarlo a las demandas de los trabajadores en huelga. El principio de calidad, asegurando que el servicio público se preste con el nivel de excelencia esperado pese a las circunstancias adversas.

¿Cuál de las siguientes NO corresponde a una forma de gestión indirecta de los servicios públicos?. La concesión a una empresa privada para explotar un servicio, asumiendo el concesionario los riesgos y la organización del mismo. El concierto o convenio con una entidad privada para la prestación de un servicio, financiado total o parcialmente por la Administración. La creación de una empresa mixta con capital público y privado para gestionar conjuntamente un servicio municipal. El arrendamiento de bienes públicos (p. ej., instalaciones municipales) a un contratista privado para que desde allí preste el servicio al público.

El principio de mutabilidad en la prestación de los servicios públicos significa que: La Administración puede modificar las condiciones de prestación del servicio para adaptarse al interés general o a las nuevas necesidades sociales, respetando la legalidad vigente. Los servicios públicos deben prestarse de forma ininterrumpida, sin suspensiones arbitrarias, salvo causas de fuerza mayor o necesidades de mantenimiento. Todos los usuarios tienen derecho a recibir el servicio en condiciones de igualdad y no discriminación, con independencia de sus circunstancias personales. El servicio público ha de prestarse con los niveles de calidad técnica y eficiencia establecidos, buscando la mejora continua en su funcionamiento.

¿En cuál de los siguientes casos se está realizando una gestión directa descentralizada de un servicio público?. Un ayuntamiento crea una empresa pública municipal, con personalidad jurídica propia pero capital 100% del ayuntamiento, para explotar el servicio local de transporte urbano. Un ministerio adjudica mediante concurso público a una empresa privada la gestión integral del mantenimiento de ciertos edificios administrativos por 5 años. Una diputación provincial constituye junto a una empresa privada una sociedad mercantil de economía mixta para prestar el servicio de recogida de residuos en varios municipios. Un ayuntamiento presta el servicio de alumbrado público a través de su concejalía de obras y servicios, utilizando únicamente personal y medios materiales del propio ayuntamiento.

La policía municipal ordena la clausura temporal de un bar que incumplió gravemente el horario de cierre establecido, además de imponerle una multa. Esta medida de cierre del establecimiento se considera: Una sanción administrativa accesoria, es decir, un acto de la potestad sancionadora dentro de la actividad administrativa de limitación (policía) para reprimir la infracción cometida. Un mecanismo de fomento negativo, mediante el cual se desincentiva al resto de locales a incumplir el horario a través del ejemplo aleccionador. Una forma de gestión indirecta de un servicio público, ya que la seguridad del local pasa a ser gestionada temporalmente por la Administración. Un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, puesto que el propietario podrá reclamar por las pérdidas económicas derivadas del cierre.

La alcaldía dicta un bando (orden) que obliga a todos los vecinos de una zona a evacuar temporalmente sus viviendas debido a una emergencia de seguridad (riesgo de derrumbe de un edificio cercano). Este acto es un ejemplo de: Un mandato dictado en ejercicio de la actividad administrativa de limitación o policía, imponiendo a los particulares obligaciones por razones de seguridad pública. Una autorización administrativa excepcional, mediante la cual la Administración permite a los vecinos abandonar sus domicilios pese a lo dispuesto en las normas de empadronamiento. Un acto de prestación de servicio público de emergencia, ya que la evacuación se considera un servicio brindado por la Administración a los ciudadanos en situación de riesgo. Una sanción colectiva, dado que restringe temporalmente el derecho de residencia de los vecinos como consecuencia de una situación de peligro generada en la zona.

Un individuo ha sido sancionado por la misma conducta por dos administraciones distintas: la comunidad autónoma y el ayuntamiento correspondiente le imponen cada uno una multa por los mismos hechos. ¿Qué principio jurídico estaría vulnerándose si ambas sanciones son por la misma infracción material?. El principio de non bis in idem, que prohíbe sancionar dos veces a una persona por los mismos hechos y fundamento, evitando la duplicidad punitiva. El principio de legalidad sancionadora, ya que una de las dos administraciones carece necesariamente de base legal para multar los mismos hechos. El principio de proporcionalidad, porque la existencia de dos sanciones económicas supone una respuesta excesiva ante una única conducta ilícita. El principio de tipicidad, dado que una misma acción no puede encuadrarse en dos infracciones distintas sin vulnerar la definición legal del ilícito.

¿Cuál de los siguientes NO es un principio aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración?. Principio de legalidad, por el cual solo se pueden imponer sanciones por infracciones definidas previamente por norma y siguiendo el procedimiento establecido. Principio de proporcionalidad, que obliga a adecuar la sanción a la gravedad de la infracción, evitando castigos desmedidos o arbitrarios. Principio de oportunidad, que permite a la Administración sancionar o no según su libre criterio político, aunque existan infracciones y estén probadas. Principio de presunción de inocencia, que garantiza que ningún administrado sea considerado responsable sin pruebas suficientes de la comisión de la infracción.

¿Cuál de las siguientes actuaciones constituye una manifestación de la actividad administrativa de limitación (policía administrativa)?. Exigir una licencia municipal previa para poder abrir al público un establecimiento de seguridad privada, cumpliendo con la normativa vigente. Conceder una subvención a una asociación de vecinos para financiar actividades de prevención del delito en el barrio. Externalizar un servicio de vigilancia municipal mediante la adjudicación a una empresa de seguridad privada que lo gestione. Otorgar una distinción honorífica a los voluntarios que han colaborado en programas de seguridad ciudadana como reconocimiento a su labor.

¿Qué requisito NO es necesario para que proceda la responsabilidad patrimonial de la Administración según la legislación vigente?. Que el ciudadano haya sufrido un daño efectivo, evaluable económicamente y cuantificable, en sus bienes o derechos. Que el daño sea antijurídico, es decir, que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo según las normas. Que se demuestre culpa o negligencia grave en la actuación de la Administración o de sus agentes causantes del daño. Que exista un nexo causal directo entre el funcionamiento normal o anormal de un servicio público y el perjuicio sufrido por el reclamante.

¿En cuál de las siguientes situaciones la Administración quedaría exonerada de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados?. Cuando el daño se deba a un caso de fuerza mayor imprevisible e inevitable, ajeno al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Cuando el daño derive de la actuación de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones oficiales, aunque haya dolo o negligencia por su parte. Cuando el daño sea consecuencia directa de la ejecución de un servicio público en funcionamiento normal, sin que medie ninguna irregularidad. Cuando el perjudicado no haya interpuesto la reclamación patrimonial en el plazo de tres años desde que ocurrió el hecho dañoso causante del perjuicio.

Un vecino sufre la inundación de su vivienda debido al reventón de una tubería de agua municipal cuya reparación se había demorado negligentemente, provocando importantes daños. En este caso, para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración se deberá confirmar que: El funcionamiento del servicio público fue anormal o defectuoso (falta de mantenimiento adecuado de la tubería) y que ese incumplimiento causó un daño efectivo y antijurídico al vecino. Los daños eran ineludibles incluso con un mantenimiento normal, dado el desgaste natural de las tuberías, lo que obliga igualmente a la Administración a indemnizar. No concurren causas de fuerza mayor, pero sí podría alegarse culpa exclusiva de la víctima si el vecino no tomó medidas de protección en su vivienda contra inundaciones. Existe una póliza de seguro municipal que cubre el siniestro, ya que de lo contrario la Administración no podría legalmente asumir el resarcimiento de esos daños privados.

Un agente de policía, fuera de su horario de servicio y por motivos personales, utiliza un vehículo oficial y provoca un accidente que causa daños a un tercero. El perjudicado reclama una indemnización por los daños sufridos. ¿Cómo responde jurídicamente la Administración en este caso?. La Administración pública debe responder directamente por los daños causados al tercero, incluso si el agente actuó al margen de sus funciones, pudiendo luego repetir (reclamar) contra el funcionario responsable si medió dolo o culpa grave. La Administración no es responsable, ya que el agente causante no estaba en ejercicio de sus funciones oficiales, debiendo el particular reclamar exclusivamente al agente como persona privada. No procede responsabilidad administrativa porque el uso indebido de un vehículo oficial por parte de un funcionario fuera de servicio se considera un caso de fuerza mayor para la Administración. La responsabilidad es compartida al 50% entre la Administración y el agente, aplicando el criterio de la concurrencia de culpas automáticamente por el uso personal de medios públicos.

Una tormenta excepcionalmente fuerte e imprevisible provoca la caída de un árbol perfectamente sano en un parque público, dañando varios vehículos estacionados. Los propietarios reclaman indemnización al Ayuntamiento por los desperfectos. En esta situación, lo correcto es afirmar que: No procede responsabilidad patrimonial de la Administración, al tratarse de un supuesto de fuerza mayor imprevisible que rompe el nexo causal entre el servicio público (gestión del arbolado) y el daño. Sí existe responsabilidad patrimonial objetiva, puesto que el árbol era municipal y cualquier daño causado por bienes de titularidad pública debe ser indemnizado por la Administración. El Ayuntamiento debe indemnizar solo si los afectados demuestran que hubo falta de poda o mantenimiento del árbol, pues de lo contrario se presumiría fuerza mayor. Se podría eludir la responsabilidad únicamente si el Ayuntamiento prueba que la culpa fue exclusivamente de las víctimas, por haber estacionado en una zona de riesgo conocida.