Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. .
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá
de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones
públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. .
3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás
personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. .
4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2
y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: a) Alegaciones durante un plazo de quince días.
4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2
y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días.
4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2
y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: c) Audiencia durante un plazo de diez días.
4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2
y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2
y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.
4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2
y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: 5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.
4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2
y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites: 6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
Artículo 37. Responsabilidad penal.
1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así
como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la
legislación correspondiente.
2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones
Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que
se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea
necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. .
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