¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la igualdad de los españoles ante la Ley es incierta conforme a lo previsto en el artículo 14 de nuestro texto constitucional?: Que puede prevalecer discriminación en base a determinadas circunstancias personales. Que podrá prevalecer discriminación en base a ciertas circunstancias sociales. Que su contenido se encuentra en la sección primera del capítulo segundo del Título Primero de nuestra Constitución. Todas las anteriores son falsas.
Nuestro texto constitucional, en su artículo 14, señala una serie de razones sobre las que no cabe discriminación alguna. ¿Cuál de las siguientes no es una de las allí señaladas?: Edad. Nacimiento. Religión. Raza.
Nuestra Carta Magna reconoce la igualdad ante la Ley de los españoles. ¿Cuál de las siguientes discriminaciones no pueden producirse?: Por razón de sexo. Por razón de raza. Por razones personales o sociales. Todas las anteriores son correctas entre otras.
Nuestra Constitución Española reconoce la igualdad ante la Ley de los españoles. ¿Cuál de las siguientes discriminaciones no pueden producirse?: Por razón de nacimiento. Por razón de raza. Por razón de opinión. Todas las anteriores son correctas entre otras.
El derecho a la igualdad garantizado en el artículo 14 de la Constitución: Vincula a los Tribunales a fundamentar sus sentencias atendiendo a los precedentes jurisprudenciales siempre que las resoluciones que dicten sean relativas a materias como el nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vincula a la Administración a no establecer en el acceso a la función pública la exigencia del conocimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. Asegura el trato igual de todos los españoles, con independencia de las situaciones que pueden ser objeto de amparo. Integra el derecho a la igualdad jurídica que prohíbe todo tratamiento desigual que sea injustificado por no ser razonable.
Nuestra Constitución Española señala que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones s también correcta en relación con esta cuestión?: Que nadie puede ser sometido a tortura o a tratos degradantes, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares. Que en ningún caso se puede someter a nadie a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Que el sometimiento a tratos degradantes para determinadas personas estará sometido a control parlamentario cuando se trate de investigación de bandas armadas o elementos terroristas. Que la ley regulará el procedimiento para poner inmediatamente a disposición judicial a toda persona que haya sido sometida a tratos inhumanos en sede policial.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta según la literalidad de lo contenido en el artículo 15 de nuestra Carta Magna?: Que ningún ser humano podrá ser sometido a trato degradante. Que todos los nacidos tienen derecho a la vida. Que se reconoce el derecho a la integridad física y psíquica de las personas. Todas las respuestas anteriores son correctas.
¿A quiénes otorga el literal de nuestra Constitución derecho a 1 vida y a la integridad física y moral?: A todos. A los españoles de origen. A los españoles. A todos los ciudadanos que se encuentren residiendo legalmente.
Señale la afirmación correcta en relación con la pena de muerte: Según el art 15 de la Constitución queda abolida la pena de muerte incluso en tiempos de guerra. En la actualidad, no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico ni siquiera en tiempos de guerra. Según el art. 15 de la Constitución queda abolida la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales. El Código Penal podría establecer la pena de muerte para delitos de extrema gravedad a tenor de lo establecido en el art. 15 de la Constitución.
La constitución española establece que en la actualidad: Queda abolida la pena de muerte en todos los casos. Queda abolida la pena de muerte salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Queda abolida la pena de muerte salvo en los juicios militares. Queda abolida la pena de muerte en la jurisdicción civil.
La abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra se produjo por: La Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. La Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre. La Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril.
¿Qué límite establece nuestra Carta Magna en relación con el ejercicio, por parte de personas y comunidades, de su derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto?: La imposición del respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La delimitación del respeto a la moral y a las buenas costumbres. Ninguno, dado que está consagrado en la Carta Universal de Derechos del Hombre suscrita por el reino de España. El mantenimiento del orden público protegido por la Ley.
En relación a la religión, ¿qué establece nuestro texto constitución: Que la religión católica es la confesión oficial del Estado español. Que se establece la obligatoriedad de que poderes públicos promuevan las relaciones de independencia respecto de confesiones no tradicionales. Que los poderes públicos españoles serán ateos. Que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta conforme a lo señalado en el artículo 16 de nuestra Constitución Española?: Que sólo podrá obligarse a una persona a declarar respecto a su ideología en los casos previstos en una Ley orgánica. Que sólo será preciso informar sobre su ideología, religión y creencias para acceder a la función pública. Que todo el mundo está obligado a declarar sobre sus creencias. Que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su religión.
¿Cómo se posiciona nuestra Carta Magna en relación con la libertad religiosa?: La reconoce. La garantiza. La reconoce y la garantiza conforme a lo establecido mediante Ley. La reconoce, la garantiza y la protege.
¿Qué carácter tiene el estado español según la Constitución de 1978?: Multiconfesional. Católico. Aconfesional. Confesional.
¿Qué tipo de relaciones deberán mantener los poderes públicos con la Iglesia Católica y las demás confesiones?: A) De cooperación. B) De lealtad institucional. Ciertas A) y B). Ninguna, más allá de la mera cordialidad institucional.
¿Qué señala nuestra Constitución Española en su artículo 16 en relación con las libertades ideológica y religiosa?: Que no tienen ninguna limitación. Que tienen limitación en cuanto a su ejercicio protegido por la Ley. Que tienen limitación, en cuanto a su manifestación, en Jo relativo al orden público. Que no tienen ninguna limitación puesto que sería anticonstitucional.
Según el artículo 16 de nuestra Carta Magna, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta si nos referimos a las relaciones entre los poderes públicos con las diversas confesiones religiosas?: Que las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica tendrán carácter preferente. Que dichas relaciones carácter estatal. Que mantendrán relaciones de cooperación con todas. Que deberán tener en cuenta todas las creencias religiosas de la sociedad española, manteniendo en consecuencia, relaciones de especial cooperación con la Iglesia Católica.
Todo detenido quedará obligado a declarar sobre su ideología en dependencias judiciales. ¿Qué es predicable respecto de ésta afirmación según lo señalado en el artículo 16 de la Constitución Española?: Que es falsa, salvo en lo previsto en el estado de excepción para los delitos de terrorismo, en cuyo caso sí existe dicha obligación de declarar. Que es falsa en todo caso. Que es falsa, salvo que se trate de delitos de terrorismo, si existe dicha obligación de declarar. Cierta, pero cuando se trate de delitos políticos.
Una de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto de la libertad religiosa reconocida en nuestra CE: Nadie puede ser obligado a declarar sobre su religión. Los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. La nación española constituye un estado confesional. La libertad religiosa está desarrollada en la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de Julio.
El derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto: Se reconoce únicamente a las confesiones religiosas. Se reconoce únicamente a los individuos. Se reconoce a los individuos y a las comunidades. Se reconoce únicamente a las comunidades.
Las libertades Ideológicas y religiosas: No tienen ninguna limitación. Toda limitación de ellas es anticonstitucional. Tienen limitación en cuanto a su ejercicio protegido por la ley. Tienen limitación, en cuanto a su manifestación, en lo relativo al mantenimiento del orden público protegido por la ley.
Los Poderes Públicos, respecto de las confesiones religiosas: Solo tendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica. Todas tendrán carácter estatal. Mantendrán relaciones de cooperación con todas. Tendrán en cuenta todas las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones.
Según la Constitución Española, ¿en qué casos puede ser obligada una persona a declarar sobre su ideología?: En tiempos de guerra. Para evitar una catástrofe. En ningún caso. Cuando se presente como candidato en unas elecciones generales.
¿Cómo se denomina el procedimiento señalado en nuestra Constitución Española por el que se pretende la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente?: Extra corpus CARCERI Iustitia humanum est. Hábeas Corpus. Erant 'non rabidus, scimus quod velis.
Si nos referimos a la prisión preventiva, ¿en qué plazo el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial tal y como así determina la Constitución de 1978?: Al menos de veinticuatro horas. En un máximo de setenta y dos horas. La pregunta está incorrectamente formulada. Al menos en setenta y dos horas.
Según el artículo 17 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto de una persona detenida?: Que debe de ser informada antes de las setenta y dos horas de sus derechos y de las razones de su detención. Que debe de ser informada de los extremos indicados en la opción anterior de forma que tales datos puedan ser entendidos por su Abogado. Que podrá ser obligada a declarar en determinados casos señalados mediante una Ley orgánica. Todas las respuestas anteriores son falsas.
¿Cuál será la duración de la detención preventiva según lo señalado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna?: No superior a veinticuatro horas, o el tiempo necesario para la realización de las averiguaciones necesarias tendentes al conocimiento del delito. La del tiempo necesario para la realización de las averiguaciones necesarias tendentes al esclarecimiento de los hechos. De al menos setenta y dos horas, al objeto de poder realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. No superior a las cuarenta y ocho horas, salvo en el supuesto de los estados señalados en el artículo 99 de la Constitución Española.
¿Qué señala nuestra Constitución Española en su artículo 17 respecto del detenido?: Que queda garantizada la asistencia de Abogado desde el inicio de las actuaciones judiciales, siempre en los términos que se establezca mediante Ley orgánica. Que está garantizada, mediante Ley, la asistencia de Letrado y Procurador desde la incoación de la instrucción de las actuaciones judiciales. Que se le garantiza la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la Ley establezca. Que se le garantiza un juicio sumario y preferente desde que se le notifica el auto de procesamiento.
¿Qué implican los derechos a la libertad y a la seguridad reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Española?: Una incompatibilidad práctica. Que nadie podrá ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en la Constitución y las Leyes. Una vinculación reconocida por el artículo dieciocho de la Constitución. Que los ciudadanos disfrutarán de tanta seguridad como libertad entreguen al Estado.
¿En qué casos y de qué forma podrá privarse a una persona de libertad según nuestra Constitución Española?: En ningún caso, en tanto que derecho fundamental amparado constitucionalmente. Sólo cuando cometa algún delito. Sólo en virtud de resolución judicial no recurrible. Conforme a lo señalado en la Ley.
¿Qué persigue el procedimiento de «Habeas Corpus» contenido en nuestra Constitución Española?: Acortar con la situación de detención preventiva. Producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Concluir con la situación de prisión provisional. Producir la inmediata puesta en libertad de toda persona detenida ilegalmente.
¿Cuál es el plazo máximo de duración de la detención preventivo según lo indicado en nuestro texto constitucional?: No se señala ningún tiempo máximo, salvo el preciso para el esclarecimiento de los hechos. 36 horas. 72 horas. 60 horas.
¿Qué implica el derecho a la libertad aludido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna?: Que nadie puede ser privado de la misma, sino por la detención preventiva. Que todo detenido deber ser puesto a disposición de la autoridad judicial. Que toda persona tiene el derecho de no ser puesta en prisión provisional. Que sólo se puede ser privado de ella conforme a la Constitución y a la Ley.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la duración de la detención provisional es cierta según lo contenido en el artículo 17 de nuestra Constitución Española?: Que dependerá del criterio judicial, sin que tenga limitación alguna. Que su plazo máximo se recoge en la Ley. Que no podrá ser superior a un año. La pregunta está incorrectamente formulada.
Concluido el plazo que señala la Constitución, el detenido: Será puesto a disposición del Ministerio Fiscal. Será puesto a disposición judicial o en libertad. La policía podrá prorrogar por otro plazo igual su detención. Será puesto inmediatamente en libertad.
¿Cuál de las siguientes constituye una excepción a la duración máxima de la detención prevista y regulada en la Constitución, en el artículo 17?: Cuando la Autoridad judicial, en cualquier momento del procedimiento y para cualquier delito, así Jo decida, mediante auto motivado. Cuando se declara un estado de excepción en España. Cuando el detenido, loes, por un delito calificado como grave, en el vigente Código Penal. Cuando las investigaciones que debe desarrollar el Juez en la instrucción del procedimiento, las debe realizar fuera de la península de España.
En caso de miembros relacionados con bandas armadas, ¿cuál será el plazo máximo de detención extrajudicial?: Cinco días, siempre que lo autorice la autoridad judicial competente. 72 horas. 144 horas. 120 horas sin autorización judicial.
¿Cuál de los siguientes derechos no queda garantizado por el artículo 18 de nuestra Constitución?: A la intimidad personal. A la imagen pública. A la intimidad familiar. Al honor.
¿Qué señala nuestra Constitución Española de 1978 respecto del secreto de las comunicaciones?: Que se garantiza salvo resolución judicial. Que no cubre las efectuadas por ciudadanos españoles fuera de nuestro territorio. Que es un derecho que se encuentra amparado por lo contenido en el segundo apartado del artículo mencionado en la pregunta. Que afecta exclusivamente a las postales, telegráficas y telefónicas.
¿Cuál de las siguientes alternativas no contempla nuestra Constitución Española en su artículo 18, para poder entrar y registrar un domicilio particular?: Resolución judicial. Flagrante delito. Consentimiento del titular. Resolución motivada.
Tal y como así señala el artículo 18 de nuestra Constitución de 1978. ¿Qué deberá limitarse, al objeto de garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos?: El uso de la informática. El uso de la libertad de expresión. El uso de la libertad de prensa. El uso de la publicidad.
El domicilio es inviolable según nuestra Constitución Española. ¿De qué manera puede accederse a él cuando en tanto en cuanto no suceda un flagrante delito?: Mediante consentimiento del titular previa resolución judicial. Mediante consentimiento del titular, salvo resolución judicial. Mediante consentimiento judicial, previa autorización del titular. Mediante consentimiento del titular o resolución judicial.
Salvo resolución judicial, ¿respecto de qué comunicaciones no garantiza nuestra Constitución de 1978 el secreto de las mismas de manera especial?: De las postales. De las telegráficas. De las telefónicas. Todas las anteriores son falsas.
¿Qué representa para nuestra Constitución la propia imagen?: Una libertad pública susceptible de amparo constitucional. Un derecho de todos los ciudadanos, reconocido en el Capítulo III del Título I de la Constitución. Es un principio de la política social y económica, que deberá ser objeto de especial respeto y protección, debiendo desarrollarse mediante Ley orgánica. Un derecho fundamental.
¿Garantiza de manera especial nuestra Constitución Española el secreto de las comunicaciones postales?: Sí, pero no de manera especial. No, salvo resolución judicial. No, salvo resolución motivada. Sí, salvo resolución judicial.
Según nuestra Carta Magna, ¿cómo podrá limitarse el uso de la informática?: Mediante Ley. Mediante medios eficaces. Mediante procedimientos eficaces, previa autorización de las Cortes Generales. De ninguna manera, pues atentaría al derecho al honor, que es consagrado como fundamental por nuestra Constitución Española.
¿Garantiza el artículo 18 de nuestra Constitución Española el secreto de las comunicaciones?: Sí en todo caso, quedando tutelado mediante el recurso de amparo. Sí, salvo resolución judicial. Sí, salvo los casos de terrorismo. Si, salvo la aplicación del principio de garantía a que está sometida la seguridad nacional.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el uso de la informática es cierta según lo contenido en el artículo 18 de nuestra Constitución Española?: Que la Ley garantizará el secreto de las comunicaciones en aras a garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Que la Ley garantizará la libertad de información a través de las distintas formas de comunicación. Que la Ley limitará su uso para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Que la Ley garantizará el secreto profesional en el intercambio de comunicaciones.
¿Qué comunicaciones quedan garantizadas de manera especial por nuestra Constitución de 1978?: Las postales. Las telegráficas. Las telefónicas. Todas las anteriores son ciertas.
El derecho fundamental del secreto de comunicaciones: Solo puede ser suspendido en casos de declaración de estado de Alarma, Excepción o Sitio. Pueden ser suspendidos a determinados ciudadanos españoles. Podrán ser suspendidos exclusivamente por orden judicial. En ningún caso puede ser suspendido un derecho fundamental.
Según el articulo 18, se puede entrar en un domicilio en los siguientes casos: Por consentimiento del titular o por resolución judicial. Sólo por resolución judicial. Cuando la Policía lo estime procedente. Por consentimiento del titular, resolución judicial y flagrante delito.
Del derecho al secreto de las comunicaciones: Quedan excluidas las comunicaciones postales. Quedan excluidas las comunicaciones telegráficas. Quedan excluidas las se realicen por medio de la informática. Todas las respuestas son falsas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incierta según lo establecido en el artículo 19 de nuestra Constitución Española?: Que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia. Que los españoles tienen derecho a entrar libremente a España en los términos que la Ley establezca. Que los españoles podrán ver limitado su derecho a circular por el territorio español por motivos políticos. Todas las anteriores respuestas son falsas.
Sólo en uno de los supuestos siguientes, no se puede vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, regulado en el artículo 18.2 de la Constitución: En los supuestos de delito flagrante. En los supuestos de resolución judicial, autorizando la entrada a un domicilio. En los supuestos de consentimiento del titular del domicilio. Cuando se tenga la sospecha de posible comisión de un delito en ese domicilio y sin contar con la resolución judicial.
¿Qué limitaciones no podrán imponerse, conforme a nuestra Constitución Española, al ejercicio del derecho de los españoles a entrar y salir libremente de España?: De carácter temporal. Ni por motivos políticos o ideológicos. Por motivos de delincuencia internacional. De carácter temporal por motivos de interpretación de normativa internacional.
Dentro del artículo 18 de la Constitución, que regula el derecho al honor y a la intimidad, no se encuentra la legislación, sobre: Prohibición de malos tratos, inhumanos y degradantes. La inviolabilidad del domicilio. Secreto de las comunicaciones. Derecho a Ja propia imagen.
Según el artículo 19 de nuestra Constitución Española, ¿tienen todos los españoles derecho a salir y entrar libremente de España?: Sí, pudiendo quedar condicionada por motivos políticos. Sí, pudiendo quedar condicionada por motivos políticos o ideológicos. Sí, en los términos que se establezca legalmente. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
El secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas tiene como excepción, en nuestra constitución: Una Resolución administrativa. Una Resolución del Rey. Una investigación policial. Una Resolución judicial.
El artículo 20 de la Constitución Española habla, en su quinto apartado, de la posibilidad de secuestro de grabaciones, publicaciones y otros medios de información. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con esta cuestión?: Que sólo podrá acordarse en virtud de resolución administrativa. Que nuestra Constitución no permite las mismas, en tanto que están configuradas como derechos fundamentales. Que sólo podrá acordarse en virtud de resolución judicial. Que solo podrá acordarse en virtud de resolución administrativa para salvaguardar el honor o la imagen del Jefe del Estado y de la institución de la Corona.
El registro policial en los hogares de los españoles: Puede realizarlo la policía sin orden judicial cuando se trate de perseguir un delito. En todo caso está prohibido por la Constitución. Es necesaria la orden judicial para efectuarlo. Ninguna respuesta es correcta.
¿A qué estarán sujetos los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público según lo indicado en nuestro Constitución de 1978?: A censura previa. A control gubernamental. A normas especiales para garantizar su pleno ejercicio. A control parlamentario.
¿Qué garantiza nuestra Constitución en su artículo 20 en relación al derecho a la información?: Que podrá limitarse el uso de la informática. Que deberá garantizarse el secreto de las comunicaciones informativas. Que podrá comunicarse y recibirse libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Que una Ley regulará el derecho a la cláusula profesional.
¿Qué indica nuestra Constitución Española si nos referimos a los medios de comunicación?: Que la Ley los regulará de manera independiente. Que la Ley que los regule deberá tener en cuenta aspectos diferenciales de las lenguas españolas que sean cooficiales conforme al procedimiento señalado mediante Ley. Que deberá respetarse el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Todas las anteriores respuestas son falsas.
¿Cuál de los siguientes derechos no se contiene en el artículo 20 de nuestra Constitución Española?: El derecho a la libertad de cátedra. El derecho a recibir libremente información veraz. El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos. El derecho de las personas físicas y jurídicas a crear centros docentes.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el derecho a expresar opiniones por escrito a que hace referencia nuestro texto constituciona?: Que puede restringirse mediante censura previa por parte de los organismos oficiales en los casos en los que esté en peligro la seguridad nacional. Que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Que sólo puede restringirse mediante censura previa cuando la opinión sea vertida a través de los medios de comunicación del Estado. Que podrá restringirse mediante censura previa cuando los destinatarios de la opinión sean menores de edad.
El artículo 20 de nuestro texto constitucional consagra una serie de límites al ejercicio de los derechos en él reconocidos, pero, ¿cuál de los siguientes no es uno de éstos?: La protección de la juventud. La protección de la infancia. El secreto profesional. El derecho a la intimidad.
¿Cómo se regulará el ejercicio del derecho a la cláusula de conciencia según nuestra Constitución Española?: Mediante Ley. Reglamentariamente. Prestando especial atención a las comunicaciones telefónicas. De manera proporcionada, fomentando su difusión por medios electrónicos.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, conforme a lo establecido en nuestra Constitución Española, si nos referimos a los medios de comunicación social del Estado?: Que la Ley regulará el acceso a los mismos por parte de todos los grupos sociales y políticos. Que la Ley regulará el acceso a los mismos por parte de grupos sociales y políticos significativos. Que deberá respetase el pluralismo de la sociedad, y, en consecuencia deberá darse acceso a todos los ciudadanos. Que el acceso a los mismos es un principio rector de la política social y económica.
Según lo señalado en nuestra Constitución Española, ¿cómo se regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público?: Mediante Ley de Bases. Mediante Ley de Armonización. Mediante Ley. Mediante Decreto-legislativo.
¿Qué señala nuestra Carta Magna respecto de los derechos contenidos en el primer apartado de su artículo 20?: Que el ejercicio de los mismos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Que mediante Ley se respetará el pluralismo informativo de la sociedad española. Que mediante Ley se regulará la difusión veraz de información. Que una Ley regulará el control parlamentario del ejercicio de dichos derechos.
La Constitución, respecto de los medios de comunicación social escritos dependientes del Estado: Dispone su total desaparición a la entrada en vigor de la CE. Dispone su desaparición paulatina sin plazo fijo para ello. Permite su existencia. Dispone su desaparición paulatina en el plazo de 10 años a parir de la entrada en vigor de la CE.
El secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas que la Constitución reconoce pretende garantizar el derecho fundamental de la persona a: El honor. La intimidad. La inviolabilidad del domicilio. La libertad ideológica.
La libertad de cátedra constituye una manifestación de la: Libertad ideológica. Libertad de residencia. Libertad de expresión. Libertad de sindicación.
La Constitución, en el ejercicio del derecho a comunicar libremente la información veraz: Reconoce el derecho al secreto profesional. Lo limita en el supuesto del secuestro de publicaciones previa resolución administrativa. No establece limitación alguna a la práctica de dicho derecho. Reconoce su limitación en los casos de censura previa según desarrolle ley posterior.
¿Tiene algún límite constitucional la libertad de expresión?: No, ningún límite se establece para el desarrollo de este derecho. El límite queda fijado en la decisión de las autoridades pertinentes tras llevar a cabo la censura previa establecida por la Constitución. La libertad de expresión tiene su límite en el respeto a los derechos fundamentales y a las leyes que los desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. No tiene ningún límite y en ningún caso podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información, ni siquiera en caso de resolución judicial.
Dentro de los derechos fundamentales que se derivan del artículo 20 de la Constitución, no se recoge: La libertad de difusión, pensamiento e ideas. La libertad de producción y creación artística; literaria, científica y técnica. El secreto de las comunicaciones y La regulación en el uso de la informática. La libertad de prensa e información.
De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución, que regula la libertad de expresión, La censura previa, ¿es posible en algún caso?: En ningún caso es posible la censura previa. Sólo en los casos de respeto al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, así como la protección de la juventud e infancia. Siempre que así lo estime la Autoridad Judicial, respetando la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Sólo, cuando de la publicación, se derive un daño objetivo, contra el patrimonio de un tercero.
De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuál es cierta en relación con el ejercicio del derecho de reunión reconocido en nuestra Carta Magna?: Que necesitará autorización previa cuando la misma a celebrar se vaya a celebrar con armas. Que necesitará autorización previa en todo caso. Que no necesitará autorización previa. Que necesitará autorización previa de la autoridad cuando se comunique que la misma no va a discurrir por cauces pacíficos.
¿Qué señala nuestra Constitución Española en su artículo 21 respecto del ejercicio del ejercicio del derecho de reunión en lugares de tránsito público?: Que no precisará en ningún caso ni autorización previa ni tampoco comunicación, al ser un derecho de carácter fundamental. Que no podrá ser prohibido en ningún caso, debiendo, eso sí, ser dotado el acto de una actuación preventiva por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Que podrá prohibirse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público. Que sólo podrá ser prohibido si su celebración implica un peligro para las personas, aun no existiendo razones fundadas de alteración del orden constitucional.
Según lo indicado por nuestra Constitución Española, ¿qué precisan las manifestaciones en lugares de tránsito público?: Comunicación previa a la autoridad. Autorización expresa de la autoridad. Solicitud en los términos determinados mediante una Ley orgánica. Garantía de satisfacción del interés general y no alteración del orden público.
Nuestra Constitución Española reconoce el derecho de asociación en su artículo 22. De entre las siguientes asociaciones, ¿cuál es considerada como ilegal según lo contenido en el literal del artículo indicado?: Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Las secretas. Las que persigan el conocimiento de secretos militares. Las de carácter paramilitar.
El ejercicio del derecho de manifestación requiere: Autorización del Subdelegado del Gobierno cuando se pretenda desarrollar en vías de tránsito público y pueda provocar alteraciones de orden público. Autorización de las autoridades gubernativas competentes cuando se solicite por más de cien personas y se pretenda desarrollar en lugares cerrados. Comunicación previa a la autoridad solo cuando la organización corresponda a un partido político. Comunicación previa a la autoridad.
Al reconocer el derecho de reunión y manifestación, la Constitución establece que: Cabe celebrar una reunión con armas, siempre que se obtenga la correspondiente autorización. Sólo la autoridad judicial puede prohibir una manifestación. Sólo se puede prohibir una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes. En ningún caso se puede autorizar una manifestación en defensa de ideas contrarias a la Constitución.
Para el ejercicio del derecho de reunión en lugares de tránsito público: Es precisa la autorización gubernativa siempre. Es precisa la autorización gubernativa en determinados supuestos. Sólo es necesario ponerlo en conocimiento de la autoridad gubernativa, que en determinados supuestos podrán prohibir dicho ejercicio. No requiere ni autorización gubernativa ni comunicación a la autoridad.
Para que un grupo de personas se reúnan de forma lícita en un lugar privado, alejado de lugares de tránsito público, es necesario: Solicitar la autorización de la Autoridad gubernativa. Comunicárselo a la Autoridad gubernativa. que podrá suspender la reunión. No es necesario efectuar trámite alguno. Es necesario enviar el orden del día de la reunión a la Autoridad gubernativa, para que pueda verificar si se trata de una reunión lícita o ilícita.
Según el articulo 21, los derechos de reunión y manifestación: No necesitan autorización previa, si es pacífica y sin armas. Necesitan autorización previa siempre. Se pueden prohibir en cualquier caso. Pueden realizarse a pesar de llevar armas.
El derecho de reunión pacífica y sin armas está reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española de 1978. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones, según lo establecido en el párrafo primero del artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, deberá ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas: Con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo. Con una antelación de diez días hábiles, como mínimo y treinta como máximo. Con una antelación de quince días naturales, como mínimo y treinta y cinco como máximo. Con una antelación de quince días hábiles, como mínimo y treinta y cinco como máximo.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con las asociaciones según lo previsto en nuestro texto constitucional?: Que no podrán ser disueltas sino en virtud de resolución judicial motivada. Que no podrán ser suspendidas sus actividades sino en virtud de resolución judicial motivada. Que deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de fiscalización y control por parte de los poderes públicos. Que deberán inscribirse en un registro a efectos de darles publicidad.
¿Qué consideración tiene el derecho de asociación a que hace referencia nuestro texto constitucional?: De derecho y deber de los ciudadanos. De principio rector de la política social y económica. De derecho fundamental. De libertad pública.
¿Qué asociaciones están prohibidas según nuestra Constitución Española?: Las paramilitares y las secretas. Las que no hayan solicitado la inscripción en el registro a efectos de publicidad. La que persigan fines tipificados como ilegales. Las constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución Española.
¿Qué persigue la inscripción registra! de las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución Española?: Darles legalidad. Permitirles el inicio de su actividad. El control de su actividad al dotarlas de transparencia. Darles publicidad.
De entre los siguientes derechos reconocidos en nuestra Constitución, ¿cuál tiene la consideración de fundamental?: El derecho al trabajo. El derecho de asociación. El derecho de fundación para fines de interés general. Todos los anteriores tienen tal consideración.
Las asociaciones secretas: Estarán permitidas si así lo dictamina el Ministerio del interior. Están prohibidas constitucionalmente. Están permitidas si son de carácter religioso. Están permitidas si son de carácter militar.
Las asociaciones que persiguen fines tipificados como delitos: Son anulables. Son ilegales por declaración del Ministerio del Interior. Son ilegales y podrán ser disueltas por los Tribunales. Son nulas.
Las asociaciones: No deberán constar en registro alguno. Deberán constar en un registro a los meros efectos de publicidad. Podrán ser disueltas por orden gubernativa del Ministerio del Interior. Deberán solicitar previamente la legalización a los Tribunales de Justicia ordinario.
¿A qué tendrán derecho los ciudadanos según lo indicado por el artículo 24 de nuestra Carta Magna?: A acceder a los altos cargos de la Administración del Estado en condiciones de igualdad. A ostentar determinados cargos públicos y funciones mediante elección directa. A acceder a determinados cargos públicos y funciones en condiciones de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Todas las respuestas anteriores son falsas.
¿Qué reconoce nuestra Constitución a los ciudadanos en relación con los asuntos públicos?: Su derecho a fomentar los mismos mediante iniciativas de carácter popular. La libertad de participar en los mismos en los términos que se desarrollen legalmente, siempre que no se trate de cuestiones secretas o vinculadas a actos terroristas. Su libre acceso salvo cuestiones relacionadas con seguridad nacional determinadas mediante Ley. El derecho a participar en los mismos, bien directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
¿De qué manera señala nuestra Constitución de 1978 en su artículo 23 que los ciudadanos podrán ejercer el derecho a participar en los asuntos públicos?: Sólo de forma directa. Por medio de representantes. Cuando lo haga a través de representantes, estos deberán haber sido elegidos directamente por los afectados, facilitándoseles poder notarial de representación. Todas las respuestas anteriores son falsas.
Los españoles tienen derecho a participar en los asuntos públicos: Únicamente a través de sus representantes. Únicamente a través de los partidos políticos. Directamente o a través de sus representantes. Únicamente a través de los partidos políticos o sindicatos.
¿A qué no tendrán derecho los ciudadanos si nos referimos a la tutela judicial efectiva aludida en nuestra Carta Magna?: A la defensa y asistencia de Abogado. A Juez especial predeterminado por la Ley. A un proceso público sin dilaciones indebidas. A ser informado de la acusación formulada contra él.
El artículo 24 de nuestra Constitución Española reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es incierta en relación con el referido derecho?: Que toda persona tiene derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales. Que sólo podrá producirse indefensión en los casos previstos constitucionalmente. Que la referida tutela se recabará en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Que en ningún caso puede producirse indefensión como consecuencia de la actuación de Juzgados y Tribunales a los que acudan los ciudadanos en ejercicio de sus derechos o intereses legítimos.
¿Cómo se regulará la no obligación de declarar sobre hechos presuntamente delictivos por razón de parentesco o de secreto profesional?: Mediante Ley. Mediante Decreto Ley. Mediante desarrollo normativo. Reglamentariamente.
¿Cuál de los siguientes no es derecho de los ciudadanos reconocido por nuestro texto constitucional en su artículo 24?: A un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. A no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. A utilizar cualquier medio de prueba para su defensa. A ser informados de la acusación formulada contra ellos.
¿Quedan en todo caso obligados los ciudadanos, según nuestro Constitución Española, a declarar sobre hechos presuntamente delictivos?: No cuando tengan parentesco de consanguinidad, en los términos que determine una Ley orgánica. No, salvo que así se determine mediante Ley orgánica. No cuando concurra razón de parentesco o secreto profesional, debiendo regularse esta posibilidad mediante Ley. No, salvo que así se determine mediante una Ley.
¿En cuál de los siguientes derechos no se concreta la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos por parte de las personas?: A defensa y a la asistencia de letrado. A un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. A Juez predeterminado ordenado por la Ley. Todas las anteriores son falsas.
¿A qué no tendrán derecho los ciudadanos según lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Española?: A un proceso público con todas las garantías. A utilizar cualquier medio de prueba para su defensa. A no declarar contra sí mismos. A la presunción de inocencia.
El principio de Juez ordinario predeterminado por la ley: Significa que no puede producirse indefensión. No está reconocido por la Constitución. Significa que no se puede elegir el Juez que ha de conocer del asunto. Es equivalente al principio de presunción de inocencia.
El derecho a la tutela judicial, comprende: Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. A la presunción de inocencia. El derecho a no declarar sobre hechos presuntamente delictivos por razón de parentesco. Todas las respuestas son correctas.
El derecho a la tutela judicial y de petición, no integra el siguiente derecho fundamental: Derecho a la defensa y asistencia de letrado. Duración del periodo máximo de la detención en 72 horas. Derecho a ser informado a ser de las acusaciones que se le formulen. Derecho a no declarar contra sí mismo.
¿Qué señalo el artículo 25 de lo Constitución Españolo en relación con los penos privativos de libertad?: Que podrán estar orientadas hacia la reeducación. Que, en algunos casos, deberán dirigirse a la obtención de la reinserción social. Que no podrán consistir en trabajos forzados. Todas las anteriores son ciertas.
¿Qué implica el principio de legalidad señalado en el artículo 25 de nuestro texto constitucional?: Que todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la Ley. Que no podrá ser sancionada una persona por la comisión de una infracción administrativa, aun cuando no constituya conducta sancionable en el momento de producirse. Que nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento. Que sólo podrá ser sancionada una persona por la comisión de una falta, aun cuando no constituya infracción penal en el momento de producirse, siempre que sí lo sea al dictarse sentencia.
Según lo indicado en el artículo 25 de la Constitución de 1978, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo condena?: Que no gozará de ninguno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Que gozará de cuantos derechos fundamentales reconoce la Constitución a excepción del que le permite fijar su residencia en cualquier parte del Estado, y entrar o salir del mismo libremente. Que gozará de cuantos derechos fundamentales reconoce la Constitución, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. Que la Ley penitenciaria no podrá contener limitación alguna al ejercicio de los derechos fundamentales por el condenado que cumple pena privativa de libertad.
¿Qué persiguen las penas privativas de libertad según nuestra Constitución Española?: La formación y el empleo. La reeducación y reinserción social. La inserción laboral. Todas las anteriores son correctas.
¿En qué no podrán consistir, según nuestra Constitución de 1978, penas privativas de libertad?: En la reeducación y reinserción social. En trabajos forzados. En trabajos remunerados. En el desarrollo integral de la personalidad del condenado.
Según la Constitución Española, ¿qué puede decirse de las penas privativas de libertad?: Que estarán orientadas a la realización de trabajos. Que estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Que tendrán como objetivo limitar la duración de la sentencia. Que podrán consistir en trabajos forzados cuando así se desprenda del contenido del auto.
¿Qué implica el principio de legalidad según lo indicado en el artículo 25 de nuestra Constitución Española?: Que todos los ciudadanos y poderes públicos están sometidos al imperio de la Ley. Que toda persona podrá ser sancionada penalmente una persona por la comisión de una infracción administrativa reconocida reglamentariamente. Que nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Que una persona podrá ser sancionada penalmente en vía administrativa, aún cuando no constituya infracción penal en el momento de producirse, siempre que así se desprenda del fallo judicial.
¿Cuál de los siguientes derechos no reconoce, en todo caso, nuestra Constitución Española al condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma?: A los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. A participar en los asuntos públicos. Al desarrollo integral de su personalidad. Todas las anteriores son falsas.
Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con la Constitución española de 1978: El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma carece de cualquiera de los derechos contemplados en la Constitución. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. La Administración Civil puede imponer sanciones que impliquen privaciones de libertad. El condenado a una pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma sólo ostenta el derecho a la vida ya que la Constitución abole la pena de muerte.
A tenor de lo dispuesto en el Art. 25 de la Constitución: Las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Todos los internos en un Establecimiento Penitenciario tienen derecho a un trabajo remunerado y los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. Los condenados a pena de prisión gozarán de todos los derechos fundamentales recogidos en el Capitulo ll del Titulo l. Todas las penas, impuestas por los Jueces o Tribunales Sentenciadores estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.
Los derechos fundamentales del Capitulo II, del Título I de la Constitución, reconocidos también a los condenados a pena de prisión: No pueden ser limitados. Pueden limitarse sólo por la sentencia. No se les reconoce estos derechos a los condenados. Pueden limitarse por el fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
El artículo 25.2 de la Constitución Española, sobre los derechos fundamentales del capítulo 2, Título 1 de la misma, y en relación a las personas condenadas a penas de prisión que estuvieran cumpliendo la misma, establece: Que gozarán sin excepción alguna de estos derechos. Que gozarán de estos derechos a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio y la normativa penitenciaria. Que gozarán de estos derechos a excepción, exclusivamente, de limitados expresamente por la Ley Penitenciaria, por el sentido de la pena, por el fallo condenatorio y por las normas de régimen interior de los establecimientos en los que cumplan. Que gozarán de estos derechos a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria.
¿Qué señala nuestro texto constitucional, en su artículo 26, respecto de los Tribunales de Honor?: Que se prohíben por la Constitución española para todo orden. Que se prohíben en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. La pregunta está incorrectamente formulada dado que no se mencionan en el referido artículo de nuestra Constitución de 1978. Que se prohíben en el ámbito de la Administración Militar y restantes jurisdicciones castrenses.
Según nuestra Constitución Española, ¿en qué ámbito están prohibidos los Tribunales de Honor?: En el de la Administración civil y militar. En el de la Administración civil y las organizaciones profesionales. En el de la Administración civil. En el de la Administración civil y militar y en el de las organizaciones profesionales.
Según la Constitución española, los Tribunales de honor, en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales: Están prohibidos. Están permitidos cuando el Consejo General del Poder Judicial lo autorice. Sólo pueden constituirse cuando se declare el estado de excepción. Están permitidos, pero sólo en los supuestos señalados en la Constitución.
En la Constitución Española, los Tribunales de Honor: Son permitidos siempre que actúen dentro del ámbito de las organizaciones profesionales. Son permitidos en el único ámbito de la Administración Civil. No son permitidos en el ámbito de las organizaciones profesionales. Son permitidos únicamente en el ámbito de la Administración Civil y en el de las organizaciones profesionales.
¿Qué dice la Constitución respecto de los Tribunales de excepción?: Funcionarán cuando se decreten los estados de sitio y excepción. Funcionarán cuando se decrete el estado de excepción. Se prohíben. Funcionarán en tiempos de guerra.
¿Qué tendrá por objeto la educación según lo señalado nuestra Constitución Española?: El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos marcados por cada colectivo educativo. El pleno desarrollo de la personalidad humana conforme a los planes educativos aprobados por el Consejo Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales de Padres de Alumnos. El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales. El desarrollo de la personalidad humana conforme a las líneas educativas marcadas por el Consejo Escolar Nacional.
¿Cómo garantizarán los poderes públicos el derecho de todos a la educación conforme a lo establecido por nuestra Carta Magna?: Con participación orientativa de todos los sectores afectados. Mediante una programación general de la enseñanza. Con la gestión de centros docentes. Garantizando el fomento de valores igualitarios en el seno de los centros educativos.
Según lo previsto en nuestra Constitución de 1978, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con la creación de centros docentes?: Que corresponde en exclusiva a los poderes públicos la autorización de creación de los mismos. Que, además de la Administración Central, pueden crear centros docentes las Administraciones Autonómicas con competencia al efecto. Que tanto personas físicas como jurídicas pueden crear centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Que las personas físicas no pueden, en caso alguno, crear centros docentes.
¿Cuál de las siguientes colectivos no intervendrá en el control y gestión de los centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos por la Administración según lo establecido en nuestro texto constitucional?: Los profesores. Los padres. Los alumnos. Las autoridades inspectoras de educación.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con el derecho a la educación según lo señalado en la Constitución de 1978?: Que los poderes públicos inspeccionarán el sistema educativo. Que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos legales. Que los poderes públicos gestionarán los centros de enseñanza no sostenidos por la Administración. Que se reconoce la autonomía de las Universidades.
¿Quiénes tienen derecho a la educación conforme al literal de nuestra Constitución Española?: Todos. Todos los españoles. Todos los españoles de origen. Todos los españoles así como los extranjeros no naturalizados.
¿Qué principios deberán respetarse si nos referimos a la creación de centros docentes según nuestra Constitución de 1978?: Los de igualdad de acceso y oportunidades. Los constitucionales. Los de promoción justa e igualdad de acceso. Los de igualdad de acceso y libre competencia.
¿Cómo será la enseñanza básica según nuestra Constitución Espala?: Obligatoria y gratuita. Libre y gratuita. Obligatoria y libre. Obligatoria y gratuita, salvo que la Ley pueda reconocer a los centros de naturaleza concertada.
Según la Constitución Española, ¿en qué términos se reconoce la autonomía de las Universidades?: En los que la Ley establezca. En los de igualdad y pluralidad. En términos de autonomía presupuestaria. En términos de autonomía presupuestaria y normativa.
¿Quiénes intervendrán, según nuestro texto constitucional, en el control y la gestión de todos los centros de enseñanza sostenidos por lo Administración con fondos públicos?: Los padres y los representantes de la Administración Pública. Las Administraciones Públicas directamente. Los profesores, los padres, y, en su caso, los alumnos. Los alumnos y los directores de los centros.
¿A quién atribuye nuestra Constitución Española la inspección y homologación del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes?: A las instituciones educativas. A los poderes públicos. Al Estado. Al Gobierno de la Nación a través de la Inspección educativa.
¿Cómo se garantiza el derecho de todos a la educación según la literalidad de lo indicado en nuestra Constitución de 1978?: A) Mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Cierta la A), de tal manera que se fomente la igualdad de oportunidades entre todos los españoles en todo el territorio. Mediante su acceso gratuito. Todas las anteriores son correctas.
¿Cómo es la enseñanza según lo indicado por el artículo 27 de la constitución Española?: Gratuita hasta el nivel medio. Obligatoria y gratuita en su nivel básico. Gratuita y solidaria, debiendo atenderse especialmente a las situaciones de necesidad. Justa y plural, debiendo atender especialmente al desarrollo armónico de la personalidad de la persona.
¿Qué derecho asiste a los padres según el artículo 27 de la Constitución de 1978? ¿Quién lo garantiza?: Que sus hijos reciban formación religiosa y moral. Los poderes públicos. Que sus hijos reciban la formación religiosa y moral determinada legalmente. La Administración de Justicia. Que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Los poderes públicos. Que sus hijos no reciban formación religiosa alguna. Los poderes públicos.
En relación al derecho a la educación, indique la respuesta correcta: A) Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación. B) Los profesores y los padres intervendrán en la gestión y control de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos y privados. C) Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. D) Sólo las respuestas a) y c) son correctas.
La libertad de creación de centros docentes se reconoce: A las personas físicas y jurídicas. A las personas físicas exclusivamente. A las personas jurídicas exclusivamente. Ninguna de las respuestas es correcta.
Según la Constitución, la enseñanza básica: Es obligatoria pero no necesariamente gratuita. Es obligatoria y gratuita. Es gratuita pero no obligatoria. No es obligatoria ni gratuita.
Respecto al derecho a la educación, la Constitución: Reconoce la autonomía universitaria. Reconoce a la iniciativa privada, la inspección y homologación del sistema educativo. Prohíbe la creación de universidades de titularidad no pública. No reconoce la gratuidad de la enseñanza básica.
Una de las siguientes afirmaciones relacionadas con el derecho a la libertad sindical es falsa según lo manifestado por nuestra Constitución Española en su artículo 28. ¿De cuál se trata?: Que tal y como así se dispone en su normativa específica el mismo no podrá ser ejercido por las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar. Que nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Que todos tienen este derecho. Que tendrá un carácter restringido para los funcionarios públicos, debiendo ejercerse por escrito de manera colectiva, no pudiendo nadie ser obligado a ello.
Una de las siguientes afirmaciones vinculadas al derecho a la libertad sindical es incierta a tenor de lo expresado por nuestra Constitución Española en su artículo 28. ¿De cuál se trata?: Que comprende el derecho de los sindicatos a fundar organizaciones sindicales internacionales. Que comprende el derecho a fundar sindicatos. Que no comprende la obligación de afiliarse a los sindicatos más representativos. Que su ejercicio podrá restringirse cuando se trate de afiliaciones de carácter internacional por parte de funcionarios públicos.
El derecho de huelga se reconoce en el artículo 28 de la Constitución Española en favor de los trabajadores para la defensa de sus intereses. ¿Cuál de las afirmaciones es cierta en relación con el referido derecho?: Que su ejercicio debe hacerse compatible con la posible vulneración de los derechos de los empresarios. Que carece de limitación. Que su ejercicio debe hacerse compatible con el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, en todo caso. Que su ejercicio deberá hacerse compatible exclusivamente con el mantenimiento de los servicios mínimos de determinados sectores referidos en el mismo artículo: educación, transporte, la sanidad, seguridad ciudadana y atención a los drogodependientes.
¿Quiénes tienen derecho a sindicarse libremente según lo señalado literalmente en el artículo 28 de la Constitución Española?: Todos los trabajadores. Todos los trabajadores, mayores de edad, que se encuentren en plenitud de sus derechos. Todos aquellos que tengan un contrato legalmente válido. Todos.
¿Cuál de los siguientes derechos queda comprendido dentro de la libertad sindical conforme a lo previsto en nuestro texto constitucional?: El derecho de los ciudadanos a formar confederaciones sindicales. El derecho a fundar sindicatos. El derecho de los sindicatos a afiliarse a fundar asociaciones. El derecho de los trabajadores en activo a formar organizaciones internacionales.
El derecho de libertad sindical: Comprende la afiliación obligatoria en determinados supuestos a un Sindicato. No comprende el derecho de los Sindicatos a formar confederaciones. Comprende el derecho de los sindicatos a fundar organizaciones sindicales internacionales. No comprende el derecho de los sindicatos a afiliarse a organizaciones sindicales internacionales.
El régimen de sindicación dispuesto en la Constitución para las Fuerzas Armadas: También es aplicable a los demás Cuerpos sometidos a la disciplina militar. No es aplicable a los llamados Institutos Armados. Es también igualmente aplicable a los funcionarios públicos. Todas las respuestas son correctas.
Los funcionarios públicos: Tendrán un régimen sindical peculiar regulado por ley. Gozarán del mismo régimen sindical que los miembros de las Fuerzas Armadas. Únicamente podrán asociarse en organizaciones profesionales. No podrán sindicarse.
El derecho de sindicación de las Fuerzas Armadas según el tenor literal de la Constitución: Podrá ser limitado, pero no exceptuado. Podrá ser limitado e incluso exceptuado. No podrá ser limitado ni exceptuado. Estará limitado, pero no exceptuado.
El ejercicio del derecho a sindicarse libremente, podría regularse a través de un Decreto-Ley: Sólo en caso de necesidad y urgencia. Sí, con autorización del Congreso de los Diputados. En ningún caso, al tratarse de un derecho fundamental regulado en el Título 1 de la Constitución. Sí, cuando se tramite por el procedimiento de urgencia.
El derecho a sindicarse libremente: A) Puede regularse por Decreto-Ley, en caso de necesidad y urgencia. B) Puede regularse por Decreto-Ley, que luego ratificará o no el Congreso de los Diputados. Las respuestas a) y b) son incorrectas. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el artículo 29 de la Constitución Española, ¿quiénes podrán ejercer, sólo individualmente, el derecho de petición?: Los integrantes de la Guardia Civil. Los componentes de la Armada. Los miembros del Ejército de Tierra. Todos los anteriores, con arreglo a lo dispuesto en su normativa específica.
En relación con el derecho de petición, ¿qué indica nuestra Constitución Española en su artículo 29?: Que deberá ejercerse, siempre, por escrito. Que no podrá ser ejercido colectivamente. Que está reconocido en beneficio de los españoles en el artículo 30 de la Constitución. Que no podrá ser ejercido en determinados casos de forma individual.
¿Cómo se regulará el derecho de petición de los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar?: Mediante la Ley orgánica reguladora de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar. Mediante legislación específica. Por escrito. Mediante una Ley orgánica.
De entre los siguientes, ¿quiénes podrán ejercer el derecho de petición solo de manera individual y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica?: Los Jueces y Magistrados. Los funcionarios al servicio de las Cortes Generales. Los miembros de las Fuerzas Armadas. Todos los anteriores.
El derecho a la igualdad de todos los españoles y el derecho a la vida e integridad tísica y moral, están recogidos en la Constitución española, respectivamente, en los artículos: 15 y 14. 14 y 16. 14 y 15. 16 y 14.
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