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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESESIMULACRO 7

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Título del test:
SIMULACRO 7

Descripción:
simulacro

Autor:
Laura
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
22/12/2023

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 50
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Temario:
El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán. La legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. La Constitución establece derechos y no principios. Podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria por uno de los procedimientos establecidos en el artículo 161.1.a) de la Constitución. Todas las anteriores son correctas.
El derecho a la libertad y a la seguridad, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libre elección de residencia y circulación por el territorio nacional, de reunión pacífica y sin armas, entre otros, podrán ser suspendidos: Cuando se declare una pandemia. Podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. Podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de alarma. La libre circulación por el territorio nacional se establece por las asambleas legislativas de cada Comunidad Autónoma respecto de su territorio, dando lugar a que en unas se pueda circular y en otras no.
La duración de la detención preventiva, el secreto de las comunicaciones y la limitación del uso de la informática: Pueden ser suspendidos por una ley orgánica, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Pueden ser suspendidos por ley para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de delincuentes clasificados de peligrosos o muy peligrosos.
El Defensor del Pueblo, designado por las Cortes Generales, para la defensa de los derechos comprendidos. Capítulo segundo (Derechos y libertades) del Título I de la Constitución Española. Capítulo tercero (De los principios rectores de la política social y económica) del Título I de la Constitución Española. En el Título I de la Constitución Española. En el Título I de la Constitución Española excepto los previstos en el artículo 31, contribución al sostenimiento de los gastos públicos, cuya competencia corresponde al defensor del contribuyente.
El gobierno se compone. Del Presidente y de los Ministros. Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros.
Son órganos superiores de la administración general del estado: Los ministros y los secretarios de estado. Los secretarios generales técnicos y los directores generales. Los subdirectores generales, los embajadores y los representantes permanentes ante organizaciones internacionales. Los subsecretarios y los secretarios generales. .
Las administraciones territoriales y no territoriales se distinguen en: Las administraciones territoriales proyectan su actividad en un ámbito territorial concreto (el estado, la comunidad o el municipio), mientras que las no territoriales tienen un ámbito de actuación general. Las administraciones territoriales dependen de las no territoriales, que tienen base personal y carácter corporativo. Las administraciones territoriales velan por todos los intereses de una comunidad que sean de su competencia, mientras que las no territoriales se ocupan de materias específicas. Las no territoriales ostentan todas las potestades administrativas, mientras que las territoriales sólo ostentan la reglamentaria y la expropiatoria.
El régimen de suplencias de los consejeros se establece por: Un decreto del consejo de gobierno Un decreto del presidente. Una Ley del parlamento. Ninguna de las anteriores es correcta.
La convocatoria de las conferencias sectoriales es una competencia atribuida: A el ministro de política territorial. A el consejo de ministros. A el ministro correspondiente según el sector de actividad de que se trate A el presidente del gobierno.
Según el artículo 103.1 de la constitución, la administración pública actúa de acuerdo con los principios de: De eficacia, jerarquía, delegación, descentralización, desconcentración y coordinación. De eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. De servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. De eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación. .
Indica qué afirmación es falsa en relación con los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, previstos en el artículo 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Estos derechos están reconocidos, aunque la persona no haya iniciado un procedimiento administrativo. Las personas tienen derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. Se prevé que las personas que se relacionen con las Administraciones, aunque no tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo, cuando así se establezca legalmente, puedan exigir responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades. Estos derechos solo pueden ejercerse una vez la persona es parte de un procedimiento administrativo.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, constituye un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas: Identificar las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. La obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. Obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. .
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la relación a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas dentro de un procedimiento administrativo es obligatoria: Para las entidades sin personalidad jurídica. Para los empleados públicos de las Administraciones Públicas, indistintamente hagan trámites por su condición de empleado público o no. Para todos aquellos que ejerzan una actividad profesional, requiera o no colegiación obligatoria. Para todas las personas físicas. .
Indica que afirmación es correcta. En relación con el derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece: Que todas las personas físicas pueden elegir si se comunican a través de medios electrónicos o no, excepto los empleados públicos y los profesionales que dispongan de medios electrónicos adecuados. Que todas las personas físicas pueden elegir si se comunican a través de medios electrónicos o no. Que no todas las personas físicas pueden elegir si se comunican a través de medios electrónicos, porque algunos colectivos de personas físicas están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos. Que todas las personas físicas están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. .
En relación con las personas físicas que no están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿En qué momento podrán elegir comunicarse con las Administraciones a través de medios electrónicos? Antes de la instrucción de un procedimiento. En todo momento. En el momento de iniciarse el procedimiento. Antes de iniciar la fase de instrucción y de la prueba. .
De acuerdo con el artículo 138 de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la tolerancia del personal superior jerárquico respecto de la comisión de faltas muy graves o graves del personal que de él depende: Constituye una falta muy grave o grave en función que la falta cometida por el personal que de él depende haya sido respectivamente, muy grave o grave. Constituye una falta grave indistintamente que las faltas cometidas por el personal que de él dependen hayan sido muy graves o graves. Constituye una falta grave si la falta cometida por el personal que de él depende ha sido muy grave y una falta leve si ha sido grave. Constituye una falta muy grave, indistintamente que las faltas cometidas por el personal que de él depende hayan sido muy graves o graves. .
De acuerdo con el artículo 138 de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la comisión de una tercera falta injustificada de asistencia: Supone una falta grave si los incumplimientos injustificados de jornada acumulados en el último mes natural superan las diez horas. Supone una falta grave, si en los últimos tres meses el funcionario o la funcionaria ha sido sancionado por dos faltas leves. Supone una falta grave, si en los últimos tres meses al funcionario o la funcionaria se le han abierto dos expedientes disciplinarios por faltas de asistencia injustificada. En un período de tres meses, supone una falta grave si las dos anteriores faltas injustificadas de asistencia han sido objeto de sanción por falta leve. .
No está previsto en el artículo 140 de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la sanción disciplinaria de: Suspensión de funciones y retribuciones. Amonestación. Perdida de uno a cuatro grados personales. La separación del servicio. .
De acuerdo con el artículo 20 del Texto refundido del Estatuto básico del empleado público, los sistemas de evaluación del desempeño se tienen que adecuar en todo caso a criterios: De transparencia, mérito, objetividad e imparcialidad. De transparencia, publicidad, mérito y objetividad. De mérito, capacidad, no-discriminación y objetividad. De transparencia, objetividad, imparcialidad y no-discriminación.
De acuerdo con el artículo 141 de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, ¿De qué período ha de ser la sanción de suspensión de funciones y retribuciones para que determine la pérdida del puesto de trabajo? De un período superior a tres meses. De un período superior a seis meses. De un período superior a cinco meses. De un período superior cuatro meses.
De acuerdo con el artículo 141 de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la sanción consistente en el traslado a un puesto de trabajo situado a una localidad diferente determina la imposibilidad de obtener un nuevo destino en la localidad desde la que se produce el traslado durante un período: De cuatro años. De dos años. De un año. De tres años. .
Indique qué afirmación es correcta. De acuerdo con el artículo 20 del Texto refundido del Estatuto básico del empleado público: Las administraciones públicas pueden aplicar la carrera profesional horizontal sin tener que establecer previamente un sistema que permita la evaluación del desempeño de sus empleados. Las administraciones públicas tienen que establecer sistemas que permitan la evaluación en el desempeño, entre otros, de sus funcionarios interinos. La evaluación en el desempeño es el procedimiento con que se mide y se valora exclusivamente el rendimiento o el logro de resultados. Los efectos de la evaluación en el desempeño en la carrera profesional horizontal del personal al servicio de las administraciones de las comunidades autónomas se tienen que determinar por una ley estatal.
De acuerdo con el artículo 29 del Texto refundido del Estatuto básico del empleado público, tienen la consideración de retribución diferida: Las cantidades destinadas por la Administración a financiar aportaciones a planes de pensiones de ocupación del personal funcionario. Las cantidades abonadas por la Administración al personal funcionario por los servicios prestados por estos fuera de la jornada normal de trabajo. Las cantidades destinadas por la Administración a financiar las aportaciones a un contrato de seguro destinado a cubrir las prestaciones de asistencia sanitaria del personal funcionario. Los anticipos de retribuciones que puedan conceder las administraciones a su personal funcionario.
De acuerdo con el artículo 33 del Texto refundido del Estatuto básico del empleado público, la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos está sujeta a los principios: De legalidad, igualdad, cobertura presupuestaria y buena fe negocial. De legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. De legalidad, igualdad, lealtad institucional, buena fe negocial, publicidad y transparencia. De legalidad, cobertura presupuestaria, igualdad, buena fe negocial y lealtad institucional.
Indique cuál es la afirmación correcta en relación con las mesas sectoriales que prevé el artículo 34 del Texto refundido del Estatuto básico del empleado público: La competencia de estas mesas se tiene que extender a los temas comunes de los empleados públicos del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la mesa general respectiva o a los que esta explícitamente los reenvíe o delegue. Un motivo por el que pueden constituirse estas mesas es en atención a las peculiaridades de sectores concretos de empleados públicos y a su número. Las mesas sectoriales son unidades de negociación que no dependen de las mesas generales. Un motivo por el que pueden constituirse estas mesas es en consideración a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas.
Indique la respuesta incorrecta. Corresponde al parlamento de las llles Balears: Coordinar la actividad de los consejos insulares en todo lo que pueda afectar a los intereses de la comunidad autónoma. Interponer recursos de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional. Aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma. Designar a los senadores que han de representar a la comunidad autónoma en el senado.
Indique la respuesta incorrecta. De acuerdo con el estatuto de autonomía, los consejos insulares: Ejercen la potestad reglamentaria en las competencias que les son atribuidas como propias. Pueden ejercer la iniciativa legislativa ante el parlamento de las llles Balears. Pueden ejercer la iniciativa para la reforma del estatuto de autonomía. Son instituciones de la comunidad autónoma de las llles Balears.
Corresponde al presidente de las llles Balears, como representante ordinario de Estado en la comunidad autónoma: Sancionar y promulgar, en nombre del rey, las leyes del parlamento de las llles Balears. Ejercer la representación de las llles Balears en las relaciones con las instituciones del estado. Convocar elecciones al parlamento de las llles Balears, en los términos regulados por la ley. Ordenar la publicación del nombramiento del presidente del tribunal superior de justicia en el Butlletí Oficial de les llles Balears. .
Corresponde a la mesa del parlamento: Acordar la reunión del parlamento en sesión extraordinaria. Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria. Velar por el poder del parlamento cuando no esté reunido. Interpretar el reglamento del parlamento en los casos de duda y suplirlo en los de omisión.
Para que prospere la propuesta de reforma del estatuto de autonomía de las Illes Balears, respecto al parlamento requerirá aprobación: Por mayoría de un quinto. Por mayoría de dos tercios. Por mayoría absoluta. Por mayoría simple.
Indica cuál de las siguientes respuestas no supone una obligación de observación de la obligación de transparencia en la gestión de la administración de la CAIB, de acuerdo con la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balear. Adjudicación de los contratos Firma de convenios de colaboración suscritos con otras administraciones públicas. Concesión de subvenciones. Debates dentro del Consejo de Gobierno. .
De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿cuál de las siguientes respuestas no está incluida en el ámbito de aplicación de esta ley? El Ayuntamiento de Calviá. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. La Casa de su Majestad el Rey. Las cooperativas agrarias. .
De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala qué información pública se corresponde a información institucional, organizativa y de planificación que deben publicar las administraciones públicas: El organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia. Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Los presupuestos.
De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala qué información pública se corresponde a información económica, presupuestaria y estadística que deben publicar las administraciones públicas: Los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos cuya iniciativa les corresponda. Las cuentas anuales que deban rendirse. Información relativa a las funciones que desarrollan. Las directrices, instrucciones, acuerdos o circulares en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
De acuerdo con el art. 105 de la Constitución Española, en relación al acceso a los archivos y registros administrativos, la ley lo regulará para: Los ciudadanos. Los españoles. Las personas. Los interesados.
Según el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, las personas físicas y jurídicas pueden presentar las quejas y las sugerencias: a) Por correo postal. b) Sólo a través de la Sede Electrónica. c) Por telefax. d) Las respuestas a) y c) son correctas.
En el caso de las personas jurídicas, ¿es obligatorio presentar las quejas y sugerencias utilizando el modelo normalizado de quejas y sugerencias? Verdadero. Falso. Las personas jurídicas no pueden presentar quejas y sugerencias. En el caso de las quejas es obligatorio y en el caso de sugerencias es opcional.
¿Cuál es el plazo en el que deben responderse las quejas y sugerencias? Quince días hábiles. Veinte días hábiles. Un mes. Treinta días naturales.
¿Cuál es el órgano competente para responder a una queja o sugerencia dirigida a un instituto de educación secundaria? El director general competente en materia de planificación y centros. El consejero competente en materia de educación. El director del centro educativo. El director general competente en materia de personal docente.
Según el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de las quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en caso de que la persona usuaria no obtenga respuesta una vez transcurrido el plazo para resolver una queja o una sugerencia: Puede interponer un recurso administrativo. Puede interponer la reclamación a la que se refiere el artículo 11 del Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de las quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Puede dirigirse a la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios. Puede interponer recurso ante la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios.
¿Cómo deben ser las puertas de emergencia de un centro de trabajo? Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el interior y deben estar cerradas con cerradura. El Real decreto 486/1997, no regula cómo son las puertas de emergencia. Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el exterior y no deben estar cerradas, por lo que cualquier persona que necesite usarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. Tienen que ser de color rojo y pueden ser correderas o giratorias.
¿A qué están obligados los delegados de prevención con arreglo al artículo 37 de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales? A cumplir el deber de ejecución de las medidas preventivas. A cumplir con secreto profesional respecto a las informaciones a las que tengan acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. Están obligados a formarse por cuenta propia. A seguir las indicaciones y instrucciones del empresario.
¿Cuáles son las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud? Elaborar el plan de prevención y evaluar las consecuencias en la aplicación. Evaluar los riesgos inherentes a los puestos de trabajo. Promover la aplicación de medidas correctoras. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa, y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la prevención de los riesgos en la empresa.
¿Qué establece el artículo 41 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales? Los fabricantes, pero no los importadores deben cumplir con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgo laborales. Los fabricantes, los importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador. Los fabricantes y suministradores deben cumplir con las disposiciones reglamentarias. El empresario debe hacer cumplir la ley a los fabricantes, importadores y suministradores de herramientas y servicios.
El Real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo no es aplicable: A los medios de transporte, las obras de construcción, temporales o móviles, las industrias de extracción, los buques de pesca ni campos de cultivo, bosques u otros terrenos que se encuentren fuera de la zona edificada de estos terrenos. A los centros de trabajo de la administración pública. A los centros de trabajo del ámbito hospitalario. A los centros de trabajo de hostelería y restauración.
Según el Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, el sector público debe respetar los siguientes principios generales: El principio de facilidad de uso. El principio de personalización. El principio de accesibilidad. Todas las respuestas son correctas.
Según el Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ¿qué consejería ejerce las funciones en materia de atención ciudadana? La Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura. Ninguna, es una competencia de los ayuntamientos. Todas las que dispongan de oficina de asistencia en materia de registro. La Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad.
Según el Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ¿qué dirección general ejerce las funciones en materia de atención ciudadana? La Dirección General de Participación, Transparencia y Voluntariado. La Dirección General de Modernización y Administración Digital. La Dirección General de Calidad de los Servicios. La Oficina de Asistencia en Materia de Registro.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Las administraciones públicas deben garantizar que los interesados se puedan relacionar con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios. Las administraciones públicas deben garantizar que los ciudadanos puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios. Las administraciones públicas deben garantizar que las personas físicas puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios. Las administraciones públicas deben garantizar que las personas jurídicas se puedan relacionar con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios.
¿Cuándo es necesaria la presencia de los recursos preventivos? Cuando se realicen actividades o procesos que por reglamento sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se llevan a cabo sucesiva o simultáneamente y que hagan necesario el control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. Cuando la necesidad de esta presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigen debido a las condiciones de trabajo detectadas. Todas las anteriores respuestas son correctas. .
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