EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES

1. Según las definiciones de la OIM y la Unión Europea, ¿cómo se conceptualiza a la persona migrante?. a) Como cualquier trabajador por cuenta ajena que traslada su residencia únicamente por razones económicas. b) Como cualquier persona que se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual, independientemente de su situación jurídica, causas, duración o carácter voluntario del traslado. c) Únicamente como la persona que cuenta con permiso de residencia legal e intenciones de permanencia definitiva en el país de destino. d) Exclusivamente como la persona refugiada o apátrida que huye de conflictos bélicos.

2. ¿En qué año se impulsó en España el primer Plan para la integración social de los inmigrantes a nivel estatal?. a) En 1978, tras la promulgación de la Constitución Española. b) En 2006, de forma paralela a la tramitación de la Ley de Dependencia. c) En 1994, impulsándose posteriormente planes autonómicos y la creación de Foros de participación. d) En 1980, con la regulación del subsidio asistencial por desempleo.

3. En el proceso de integración social de las personas inmigrantes en España, ¿en qué consiste la aplicación del principio de normalización?. a) En centralizar toda la atención social únicamente en las ONG y entidades del tercer sector. b) En derivar la atención sectorial a cada área administrativa correspondiente (sanidad, educación, empleo, etc.), manteniendo los servicios sociales su función clave de derivación y apoyo. c) En exigir diez años de empadronamiento previo antes de poder acceder a la sanidad pública. d) En unificar todos los trámites migratorios bajo la competencia exclusiva de los municipios.

4. Respecto a la población de comunitarios europeos que residen en España, ¿qué motivos específicos de residencia se destacan ?. a) La búsqueda de empleo no cualificado en el sector de la construcción. b) El reasentamiento por razones de apatridia o refugio político. c) Motivos climáticos y de bienestar. d) El acceso prioritario a las rentas mínimas de inserción autonómicas.

5. En la política pública de protección y retorno de la población emigrante española, ¿cuál de los siguientes objetivos se persigue explícitamente?. a) Limitar el acceso a los servicios sociales únicamente a quienes hayan cotizado previamente en el extranjero. b) Facilitar el retorno a España y garantizar el acceso del colectivo y sus familias a la asistencia sanitaria, Seguridad Social, servicios sociales e ingresos mínimos. c) Delegar la atención sanitaria de los retornados en seguros privados obligatorios. d) Exigir la renuncia a la residencia legal en el país de acogida para solicitar la asistencia pública.

6. Tras la crisis económica, ¿qué perfil caracteriza principalmente al nuevo flujo migratorio de personas españolas que se desplazan al extranjero?. a) Pensionistas y personas mayores de 65 años que buscan destinos de retiro con menor coste de vida. b) Jóvenes de elevada cualificación que se desplazan al extranjero en busca de empleo. c) Cuidadores no profesionales en el entorno familiar sin formación técnica. d) Familias con menores en edad de atención temprana.

7. ¿qué carácter se atribuye a los movimientos migratorios?. a) Constituyen un fenómeno complejo, permanente, de magnitud insólita y de carácter estructural. b) Constituyen un hecho puramente ocasional, aislado y reciente en la historia. c) Se tratan de una situación temporal restringida únicamente a periodos de crisis bancarias. d) Son desplazamientos exclusivos de los países del norte de Europa.

8. ¿A qué países se dirigen principalmente las rutas de entrada hacia el sur de Europa y de dónde procede la mayoría de las personas?. a) A Alemania y Francia, con personas procedentes exclusivamente de América del Norte. b) A Grecia, Italia, España, Malta y Chipre, procedentes mayoritariamente del centro, norte y este de África. c) A Suecia y Finlandia, con personas procedentes del sudeste asiático. d) A Reino Unido e Irlanda, con personas procedentes de Oceanía.

9.Ante los cambios en el perfil sociodemográfico (aumento de mujeres, reagrupación familiar y menores no acompañados), ¿cuáles son las cuatro líneas de acción pública definidas?. a) Control de flujos, integración pluricultural, vinculación con el mercado de trabajo y cooperación/codesarrollo con países de origen. b) Privatización de fronteras, cobro de aranceles, repatriación forzosa e internamiento prolongado. c) Suspensión de visados, fomento del éxodo rural, nacionalizaciones masivas y rescates bancarios. d) Concesión de licencias industriales, exención de IVA, subvenciones a la construcción y aranceles.

10. ¿qué doble realidad caracteriza a la emigración española al extranjero?. a) Empresarios consolidados en América Latina frente a estudiantes de secundaria en África. b) Jóvenes altamente cualificados que emigran a países europeos desarrollados frente a personas mayores en países menos avanzados que requieren mayor asistencia del Estado. c) Trabajadores agrícolas en Europa central frente a militares en misión internacional. d) Turistas temporales en el Caribe frente a deportistas profesionales.

11.En el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿cómo se aplica la cobertura de los tratados a las personas migrantes?. a) Solo se aplican si la persona cuenta con un contrato de trabajo formal en el país de destino. b) Requieren la ratificación previa de un convenio bilateral de reciprocidad laboral entre los dos Estados. c) Les son de aplicación directa todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, tanto generales como sectoriales, situando la dignidad humana y la no discriminación como pilar fundamental. d) Se aplican únicamente a los migrantes que ostenten la condición legal de refugiados políticos.

12.Según el Informe de la ONU de 2019 sobre el seguimiento de la meta 10.7 del ODS 10, ¿qué deficiencia normativa se detectó a nivel global?. a) El 90% de los países carece por completo de leyes sobre control de fronteras. b) Más del 40% de los Estados analizados presentan deficiencias normativas en materia de derechos y bienestar económico de los migrantes. c) Ningún Estado miembro de la ONU ha adoptado medidas de cooperación internacional. d) La totalidad de los países ha suprimido los requisitos de visado para trabajadores migrantes.

13.¿Qué principios de protección prioritaria establece la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016?. a) La repatriación inmediata de todos los menores de edad sin excepción. b) El cobro de aranceles de estancia a las personas en tránsito vulnerables. c) La protección prioritaria de los niños migrantes (atendiendo al interés superior del menor), la incorporación de la perspectiva de género y la lucha contra la trata. d) La exclusión de las mujeres de los programas de acogida temporal.

14.En el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, ¿qué se reconoce en relación con la soberanía nacional y el Estado de derecho?. a) La obligación de los Estados de suprimir las fronteras territoriales nacionales. b) El derecho soberano de los Estados para determinar sus políticas migratorias y diferenciar entre migración regular e irregular conforme al derecho internacional y garantías procesales. c) La transferencia de la gestión de fronteras exclusivamente a organizaciones no gubernamentales. d) La prohibición de establecer requisitos legales de entrada para cualquier persona extranjera.

15.¿A través de qué instrumento se extendió posteriormente a nacionales de otros países el pilar básico de la libre circulación de personas entre los Estados miembros de la UE?. a) Mediante el Acuerdo de Schengen. b) Mediante la Carta Social Europea Revisada. c) A través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. d) Mediante el Tratado de Maastricht.

16.Según el Tratado de Funcionamiento de la UE, ¿cómo se articula el espacio de libertad, seguridad y justicia dentro de la Unión?. a) Sobre la centralización de las competencias judiciales en un órgano supraestatal único. b) Sobre el respeto a los derechos fundamentales y a los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros. c) Mediante la imposición de un código policial único e idéntico para todos los territorios. d) A través de la anulación de los tratados internacionales previos firmados por los Estados.

17.En el marco de la política común de asilo y protección internacional de la UE, ¿qué principio fundamental se garantiza explícitamente a quien requiera protección internacional?. a) El principio de residencia incondicionada sin control administrativo. b) El principio de no devolución. c) El principio de nacionalización automática tras un año de estancia. d) El principio de exención generalizada de obligaciones tributarias.

18.De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la UE, ¿a qué textos internacionales debe ajustarse formalmente la política común en materia de asilo?. a) Únicamente al Protocolo de Kyoto y a los Acuerdos de París. b) A la Convención de Ginebra de 1951, al Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y a los demás tratados aplicables. c) Exclusivamente al Tratado de Roma de 1957. d) A las normas unilaterales aprobadas por los países de origen de los flujos migratorios.

19.Respecto a la integración de nacionales de terceros países, ¿qué facultad se preserva expresamente para cada Estado miembro en la política común de inmigración?. a) La capacidad de decretar libremente la expulsión sin garantías procesales. b) El derecho a determinar sus volúmenes de admisión de nacionales de terceros países para buscar trabajo. c) El derecho a suprimir los controles en las fronteras exteriores comunitarias. d) La potestad de expedir visados comunitarios sin ajustarse a la normativa comunitaria.

20.¿Por qué principio rector se rigen estrictamente las políticas de la Unión en materia de fronteras, asilo e inmigración y su ejecución entre los Estados miembros?. a) Por el principio de aportación financiera inversamente proporcional al PIB. b) Por el principio de solidaridad y el reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, incluyendo el ámbito financiero. c) Por el principio de libre competencia de servicios privados de acogida. d) Por el principio de delegación exclusiva de competencias en la administración local.

21.¿Qué institución elaboró la «Agenda Europea de Migración» con el objetivo de establecer medidas a corto y medio plazo para desarrollar un enfoque comunitario coherente e integrado?. a) La Comisión Europea. b) El Consejo de Europa. c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. d) La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa.

22.Entre las medidas inmediatas de actuación contempladas en la Agenda Europea de Migración, ¿cuál busca intervenir directamente en las regiones de origen y tránsito para abordar la migración desde su raíz?. a) La sustitución de los servicios de salvamento por empresas privadas de transporte. b) La imposición de tasas aduaneras extraordinarias a las exportaciones. c) La cooperación con terceros países. d) La suspensión indefinida de los visados comunitarios.

23.¿Cuál de los siguientes puntos constituye uno de los cuatro pilares diseñados para las medidas a largo plazo dentro de la Agenda Europea de Migración?. a) La erradicación completa de las políticas de retorno y repatriación. b) Una política común de asilo sólida que garantice un reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros. c) La supresión de la vigilancia costera y de las fronteras marítimas. d) El cierre definitivo de las vías de integración para la migración legal.

24.En el marco de las actuaciones del Consejo de Europa, ¿cuál es el tratado internacional principal que reconoce expresamente los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias a recibir protección y asistencia?. a) La Carta Social Europea revisada. b) El Acuerdo de Schengen sobre fronteras interiores. c) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. d) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

25.En relación con la información facilitada a los trabajadores migrantes, ¿qué compromiso asumen los Estados partes de la Carta Social Europea revisada?. a) Exigir el pago obligatorio de tasas administrativas para acceder a la información legal. b) Garantizar la existencia de servicios gratuitos para informar adecuadamente y adoptar medidas legales contra la propaganda engañosa. c) Delegar la difusión de información únicamente en agencias privadas de colocación. d) Prohibir la publicación de guías sobre condiciones de estancia y sanidad.

26. Respecto a la vida familiar del trabajador extranjero autorizado a establecerse en el territorio, ¿qué obligación asumen los Estados partes?. a) Exigir una residencia previa ininterrumpida de al menos quince años para cualquier trámite. b) Facilitar, en la medida de lo posible, la reagrupación de la familia del trabajador. c) Prohibir la entrada de cónyuges o descendientes en el país de acogida. d) Condicionar el derecho a la vida familiar a la compra previa de una vivienda en propiedad.

27.¿Mediante qué indicador clave se evalúa la integración social y el riesgo de pobreza o exclusión social de las personas extranjeras en España?. a) El indicador AROPE. b) El índice de desarrollo humano (IDH). c) La tasa de variación de la intensidad salarial. d) El coeficiente de regulación tributaria.

28.En el marco del indicador AROPE, ¿cuál de las siguientes condiciones define la carencia material severa?. a) Percibir ingresos por debajo del 80% de la media europea. b) Trabajar de forma independiente en el sector servicios sin contrato. c) Sufrir privación o carencia material en al menos 4 de los 9 conceptos fijados por la Unión Europea. d) Residir en un hogar donde sus miembros trabajen menos del 50% de su potencial laboral anual.

29.¿Qué aspecto se señala como uno de los exponentes e indicadores más relevantes de la integración laboral y social de los inmigrantes y sus familias?. a) La inscripción previa en el padrón municipal de habitantes. b) Estar en situación de alta en la Seguridad Social. c) La solicitud inicial del permiso de residencia temporal. d) La homologación automática de títulos académicos.

30.Según el artículo 13.1 de la Constitución Española (CE), ¿de qué derechos y libertades gozan las personas extranjeras en España?. a) De los mismos derechos políticos que los ciudadanos españoles sin excepción. b) Únicamente de los derechos recogidos en los reglamentos municipales de acogida. c) De las libertades públicas garantizadas en el Título I en los términos fijados por la ley y los tratados internacionales. d) De la exención general de las obligaciones tributarias estatales.

31.Conforme al artículo 149.1.2.ª de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes materias es competencia exclusiva del Estado?. a) Sanidad y educación obligatoria. b) Promoción del empleo local y vivienda protegida. c) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. d) Asistencia social comunitaria y juventud.

32.¿En qué áreas o materias asumen competencias las Comunidades Autónomas y Entidades Locales para favorecer la integración de la población inmigrante?. a) Control de fronteras y expedición de pasaportes. b) Sanidad, educación, promoción del empleo, vivienda y servicios sociales. c) Regulación del derecho de asilo y extradición. d) Concesión exclusiva de la nacionalidad por carta de naturaleza.

33.Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 13.1 de la Constitución Española, ¿cuál es el margen de actuación del legislador al regular los derechos de las personas extranjeras?. a) Posee una capacidad ilimitada para suprimir cualquier derecho de los extranjeros sin atender a tratados internacionales. b) Goza de libertad para regular dichos derechos, pero debe valorar la conexión con la dignidad humana, el contenido constitucional, los tratados internacionales y la preservación de otros bienes protegidos. c) Carece de margen reglamentario, estando obligado a aplicar exactamente las mismas normas que para los nacionales en todos los ámbitos. d) Debe someter cada regulación a la aprobación previa de las Comunidades Autónomas.

34.En relación con los derechos pertenecientes a la persona en cuanto tal (art. 10.1 CE), ¿en qué condiciones gozan de ellos las personas extranjeras respecto a los nacionales?. a) Únicamente los disfrutan si cuentan con un contrato de trabajo formal de larga duración. b) Solo los adquieren tras obtener la nacionalidad española por residencia. c) Gozan de ellos en condiciones equiparables a los nacionales por ser inherentes a la dignidad humana. d) Quedan supeditados al pago previo de impuestos directos.

35.Respecto a los derechos que no pertenecen a la persona de forma inherente, ¿qué criterio establece el Tribunal Constitucional?. a) Se prohíbe de forma absoluta establecer cualquier tipo de diferencia respecto a los ciudadanos españoles. b) Su titularidad se rige por lo dispuesto en las leyes y tratados, siendo admisible fijar diferencias respecto a los ciudadanos españoles. c) Pasan a ser competencia exclusiva de los municipios donde resida la persona extranjera. d) Se conceden únicamente a nacionales de países miembros de la Unión Europea.

36.Según la doctrina constitucional, ¿a qué ámbito se limita estrictamente la competencia exclusiva del Estado sobre inmigración (art. 149.1.2.ª CE)?. a) A la gestión directa de todos los servicios sociales básicos autonómicos. b)A la elaboración de los planes municipales de vivienda y urbanismo. c) Al control de la entrada y residencia de personas extranjeras en España. d) A la regulación exclusiva de la primera acogida e integración social.

37.Las actuaciones de primera acogida, integración e inclusión social de las personas extranjeras se encuadran en la materia de asistencia social, ¿a quién corresponde esta competencia?. a) Exclusivamente a las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro. b) A las Comunidades Autónomas. c) De manera compartida e indivisible entre el Gobierno Central y la Unión Europea. d) Al Tribunal Constitucional de forma directa.

38.¿Qué naturaleza jurídica atribuye el Tribunal Constitucional a la integración social de las personas extranjeras?. a) La de un derecho social constitucional fundamental de aplicación directa. b) La de un principio rector de la política social y un derecho de configuración legal desarrollado por la normativa ordinaria. c) La de una obligación contributiva ligada a la Seguridad Social. d) La de una norma internacional de obligado cumplimiento sin rango de ley en España.