EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES NUEVAS TENDENCIAS EN ESPAÑA

1. ¿Cómo se caracterizaban las prestaciones en las primeras Leyes de Servicios Sociales (LSS) promulgadas en la década de 1980?. A. Como derechos subjetivos plenamente exigibles ante la jurisdicción pública. B. Como «derechos de papel», al carecer de fuerza jurídica vinculante y presentar timidez normativa. C. Como competencias exclusivas gestionadas por la Administración General del Estado. D. Como servicios prestados de forma única por la iniciativa privada sin ánimo de lucro.

2. ¿A qué se debió el repliegue de la Seguridad Social sobre sí misma y qué consecuencia tuvo para las Comunidades Autónomas?. A. A reformas constitucionales que traspasaron la gestión de pensiones a los ayuntamientos. B. A la falta de demanda ciudadana de servicios de atención directa. C. A dificultades financieras, centrándose solo en pensiones y prestaciones económicas, lo que otorgó un mayor protagonismo a los sistemas autonómicos en la provisión de servicios directos. D. A la aprobación de una Ley estatal marco que centralizó la sanidad y la educación.

3. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de «responsabilidad pública» en las Leyes de Servicios Sociales autonómicas?. A. Pasó de ser un derecho subjetivo exigible a un simple indicador administrativo de calidad. B. Evolucionó de ser considerado un principio informador a convertirse en el pilar que fundamenta derechos subjetivos, universales y exigibles a prestaciones técnicas y económicas. C. Fue sustituido por el principio de subsidiariedad exclusiva de las entidades con ánimo de lucro. D. Se restringió únicamente a la regulación del régimen sancionador municipal.

4. En las Leyes de Servicios Sociales (LSS) actuales, ¿excluyen la titularidad y la responsabilidad públicas la presencia de la iniciativa privada?. A. Sí, la normativa prohíbe expresamente la gestión por parte de entidades con ánimo de lucro. B. Sí, la gestión privada solo se permite en situaciones de emergencia o catástrofe. C. No, la titularidad y responsabilidad públicas no excluyen la presencia de la iniciativa privada (con y sin ánimo de lucro) en la gestión de servicios, estando contemplada desde las primeras versiones de las LSS. D. No, pero la iniciativa privada solo puede intervenir mediante subvenciones sin contrato público.

5. ¿En qué consiste el reto pendiente identificado en el texto para el sistema de servicios sociales en España?. A. Suprimir la coordinación entre los servicios sociales y los sistemas de salud y educación. B. Transferir la titularidad de los centros de atención a la dependencia a corporaciones locales. C. Alcanzar un acuerdo entre la Administración General del Estado y las CCAA para elaborar una Ley estatal de servicios sociales semejante a la de atención a la dependencia. D. Eliminar los Catálogos y Carteras de Servicios Sociales en favor de prestaciones económicas exclusivamente contributivas.

6. Según el documento, ¿qué efecto tiene la aprobación de las LSS generales respecto a las leyes específicas de protección o prestaciones concretas?. A. Deroga de forma inmediata las leyes de renta mínima y mediación familiar. B. No suprime la vigencia de leyes específicas diseñadas para profundizar en prestaciones particulares o en la protección de colectivos concretos. C. Obliga a integrar las normas de accesibilidad dentro de la regulación de empleo estatal. D. Transfiere la potestad sancionadora exclusivamente a la jurisdicción civil ordinaria.

7.¿A quiénes se restringía la titularidad del derecho a las prestaciones en las primeras Leyes de Servicios Sociales (LSS) autonómicas?. A. A cualquier persona que se hallase en estado de necesidad o indigencia independientemente de su nacionalidad. B. Exclusivamente a las personas extranjeras con protección internacional o estatus de refugiado. C. A las personas residentes en la Comunidad Autónoma y a transeúntes no extranjeros, condicionando el acceso de los extranjeros a reglamentos o tratados internacionales. D. Únicamente a los emigrantes retornados y a los ciudadanos comunitarios de la Unión Europea.

8.Dentro de los colectivos vulnerables sin residencia legal, ¿quiénes tienen reconocida la titularidad en las nuevas Leyes de Servicios Sociales?. A. Únicamente los trabajadores transfronterizos con contrato laboral temporal. B. Las personas extranjeras pertenecientes a grupos de especial vulnerabilidad, tales como menores de edad o mujeres víctimas de violencia de género. C. Solamente aquellas personas que hayan solicitado el certificado de empadronamiento en los últimos cinco años. D. Exclusivamente las personas que acrediten ingresos patrimoniales en el exterior.

9.En el caso de personas con dificultades graves de movilidad física, ¿qué derecho específico reconoce la normativa autonómica reciente?. A. La asignación obligatoria de plaza en un centro residencial cerrado de forma permanente. B. El derecho a recibir atención en el propio domicilio familiar. C. La exención total de participar en el plan personalizado de intervención social. D. El traslado forzoso fuera de la Comunidad Autónoma.

10.Respecto a la planificación de la intervención social, ¿cuáles son los derechos asociados a la autonomía y consentimiento del titular?. A. La elaboración unilateral de los objetivos por parte del profesional sin consultar al usuario. B. La prohibición implícita de formular instrucciones previas ante futuras limitaciones de capacidad. C. Disponer de un plan personalizado elaborado con su participación y autorización, dando o denegando por escrito su consentimiento e impartiendo instrucciones previas. D. La obligatoriedad de delegar todas las decisiones personales en los directores del centro asistencial.

11.¿En qué condiciones permite la normativa la aplicación de restricciones físicas o farmacológicas a las personas usuarias de centros asistenciales?. A. Quedan totalmente prohibidas sin excepción, aun cuando exista un peligro inminente. B. Se pueden aplicar libremente a criterio del personal administrativo sin orden médica. C. Están prohibidas salvo prescripción y supervisión facultativa, o bien ante un peligro inminente para la seguridad de la persona o de terceros. D. Se imponen de forma obligatoria a todos los usuarios al ingresar al centro.

12.Entre los derechos de los usuarios de centros de la red asistencial, ¿cuál de los siguientes aspectos garantiza su privacidad y personalidad dentro de la instalación?. A. El aislamiento de la comunidad y la prohibición de las comunicaciones exteriores. B. El respeto a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la garantía de personalizar su espacio privado dentro del centro. C. La suspensión temporal de la libertad ideológica, sexual y religiosa durante el ingreso. D. La obligación del centro de ocultar el coste real de los servicios prestados.

13.¿Qué norma legal desempeñó un papel decisivo en la transformación de las prestaciones de servicios sociales en derechos subjetivos plenamente exigibles en España?. a) La Ley General de Sanidad. b) La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAAD). c) La Ley de Contratos del Sector Público. d) La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

14.¿Cuál es la diferencia conceptual entre una prestación pública no exigible y una prestación exigible o de derecho subjetivo?. a) La prestación no exigible solo atiende a menores, mientras que la exigible es exclusiva para personas mayores. b) La prestación no exigible se abona siempre mediante cheque directo, mientras que la exigible requiere gestión privada. c) La prestación no exigible se otorga solo si existe crédito presupuestario suficiente, mientras que la exigible obliga a la Administración a concederla siempre que el ciudadano cumpla los requisitos. d) La prestación exigible no se puede impugnar en tribunales, mientras que la no exigible requiere juicio previo.

15.¿Cuáles son las dos condiciones principales requeridas para que se configure la exigibilidad de una prestación de servicios sociales?. a) Que una norma jurídica la defina expresamente como tal y que su denegación pueda ser objeto de reclamación por la vía judicial. b) Que se apruebe por decreto municipal y cuente con financiación de fondos comunitarios europeos. c) Que el usuario acredite carencia total de ingresos y firme un contrato de acogida familiar. d) Que el servicio se preste por una entidad sin ánimo de lucro e incluya transporte adaptado.

16.¿de qué ámbito jurídico proviene originalmente el concepto de «exigibilidad»?. a) Del Derecho internacional público. b) Del Derecho privado, en el marco de relaciones jurídicas bilaterales. c) Del Derecho procesal penal. d) Del Derecho canónico.

17.Antes del impacto de la Ley de Dependencia, ¿qué prestaciones de servicios sociales ya estaban configuradas como derechos subjetivos en varias Comunidades Autónomas?. a) El subsidio de desempleo de larga duración y las becas universitarias. b) Los servicios de atención al menor en situación de desamparo y la renta mínima de inserción. c) Las ayudas para el pago del alquiler joven y la tarjeta de transporte gratuito. d) Los vales de alimentación de emergencia y los pisos de acogida temporal.

18.¿Qué ejemplo autonómico se cita expresamente para ilustrar el reconocimiento de las prestaciones esenciales de su catálogo como derechos subjetivos garantizados?. a) La Ley de Servicios Sociales de Andalucía. b) La Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. c) La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. d) La Ley de Servicios Sociales de Cataluña.

19. ¿Cuál fue la primera Comunidad Autónoma en establecer prestaciones exigibles bajo la denominación de «prestaciones garantizadas» y en qué año lo hizo?. a) Cataluña en 2004. b) La Comunidad Foral de Navarra en 2006. c) Castilla y León en 2008. d) Galicia en 2010.

20.En caso de que la Administración no atienda una prestación garantizada en los plazos fijados en la cartera de servicios sociales, ¿ante qué órgano judicial se puede hacer valer?. a) Ante la Jurisdicción Social o Laboral. b) Ante la Jurisdicción Civil Ordinaria. c) Ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. d) Ante el Tribunal Constitucional directamente.

21.¿Qué Comunidades Autónomas utilizan el término «prestaciones esenciales» para referirse a este tipo de prestaciones garantizadas con idéntico alcance jurídico?. a) Cantabria, Cataluña e Illes Balears. b) Galicia, Aragón y Castilla y León. c) Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. d) Comunitat Valenciana, Canarias y Navarra.

22.Junto con la opción de recurso jurisdiccional, ¿qué condición financiera representa el elemento distintivo del carácter de derecho subjetivo de las prestaciones exigibles?. a) Que estén financiadas exclusivamente mediante fondos comunitarios europeos. b) Que los fondos destinados a ellas sean créditos ampliables. c) Que cuenten con un importe único fijado de forma inalterable en la ley de presupuestos. d) Que requieran un sistema de copago obligatorio por parte del usuario.

23.Respecto a las prestaciones NO exigibles, ¿cuáles son los criterios legales que rigen su concesión en las Leyes de Servicios Sociales?. a) Están estrictamente condicionadas a la disponibilidad presupuestaria y se rigen por los principios de prelación y concurrencia. b) Se conceden automáticamente a todo solicitante que cumpla los requisitos, independientemente del crédito asignado. c) Pueden reclamarse ante los tribunales administrativos en caso de denegación por falta de fondos. d) No requieren cumplir con los requisitos establecidos en las Carteras de Servicios Sociales.

24.¿Cuál de los siguientes supuestos se contempla en el texto como un ejemplo característico de prestación NO exigible en la mayoría de las Comunidades Autónomas?. a) El ingreso en centros de protección de menores en situación de desamparo. b) Las prestaciones garantizadas recogidas en la cartera de servicios de Navarra. c) El acceso a centros residenciales para personas mayores que no se encuentren en situación de dependencia. d) Las ayudas financiadas con partidas de crédito ampliable.

25.¿Cuál es la función principal de la Cartera de Servicios Sociales en comparación con el Catálogo general?. a) Derogar la legislación general sobre procedimiento administrativo en el ámbito municipal. b) Desarrollar reglamentariamente el Catálogo, concretando los requisitos de acceso, intensidad, población destinataria y si la prestación es garantizada o no garantizada. c) Restringir el acceso a los servicios únicamente a personas en situación de exclusión social extrema. d) Eximir a las administraciones públicas de la responsabilidad de financiar la atención primaria.

26.¿Qué tres modalidades de prestaciones se estructuran habitualmente dentro de las Carteras de Servicios Sociales?. a) Únicamente transferencias monetarias contributivas y subsidios por desempleo. b) Prestaciones técnicas (servicios profesionales), prestaciones económicas (rentas y ayudas dinerarias) y prestaciones tecnológicas (teleasistencia y ayudas técnicas). c) Exclusivamente licencias de edificación asistencial y prestaciones sanitarias de urgencia. d) Subvenciones destinadas de forma exclusiva al fomento de la contratación laboral privada.

27.Dentro del marco de la Cartera de Servicios Sociales, ¿qué caracteriza fundamentalmente a una prestación clasificada como «garantizada»?. a) Que su otorgamiento se encuentra supeditado en todo caso a la existencia de crédito en el presupuesto ordinario. b) Que constituye un derecho subjetivo pleno, exigible ante la Administración y los tribunales si se cumplen los requisitos fijados. c) Que requiere la autorización discrecional previa de una comisión vecinal o comunitaria. d) Que solo puede ser gestionada por entidades privadas mercantilizadas.

28.¿En qué nivel del Sistema Público de Servicios Sociales se ubican las prestaciones de acceso directo, general e integral para toda la población en el ámbito local?. a) En el nivel de Atención Especializada de Alta Complejidad. b) En el nivel de Atención Primaria o Servicios Sociales Básicos. c) En el nivel de Gestión Hospitalaria y Sociosanitaria. d) En el nivel de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores.

29.¿Qué efecto tuvo la promulgación de la Ley 39/2006 de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAAD) en la configuración de las Carteras de Servicios Sociales autonómicas?. a) Provocó la supresión de las Carteras autonómicas por invasión de competencias estatales. b) Impulsó la integración y homogenización de los servicios de atención a la dependencia dentro de las Carteras de prestaciones públicas de las CCAA. c) Prohibió el reconocimiento de derechos subjetivos en el ámbito de la atención familiar e infantil. d) Eliminó la distinción entre prestaciones técnicas y económicas en la administración autonómica.

30.En la estructura funcional del sistema público de servicios sociales, ¿cómo se distribuyen ordinariamente las competencias entre las distintas administraciones?. a) Los servicios generales son de competencia autonómica y los especializados de competencia municipal. b) Los servicios generales o de atención primaria corresponden a la competencia municipal, mientras que los servicios especializados son de competencia autonómica. c) Ambos niveles son de competencia exclusiva de la Administración General del Estado. d) La atención primaria es de competencia provincial y la especializada de competencia municipal.

31. ¿A qué hace referencia la denominación de «estructura funcional» en el ámbito de los servicios sociales?. a) A la división territorial y geográfica de las zonas básicas de servicios sociales. b) A la clasificación del sistema en dos niveles asistenciales (atención primaria y atención especializada), diferenciándose de la organización territorial. c) A la distribución de la financiación entre tasas municipales e impuestos estatales. d) Al régimen disciplinario que regula el trabajo de los profesionales en los centros.

32.¿Qué plan impulsó de manera significativa el despliegue de los servicios sociales de atención primaria en municipios y mancomunidades?. a) El Plan Nacional de Inclusión Sociolaboral. b) El Plan Concertado de Servicios Sociales. c) El Plan Estatal de Dependencia e Infraestructuras. d) El Plan Marco de Asistencia Sanitaria Comunitario.

33.¿Cuál es la diferencia fundamental en cuanto al alcance y tipo de intervención entre la atención primaria y la atención especializada?. a) La atención especializada tiene un alcance universal para toda la población, mientras que la primaria solo atiende a colectivos en riesgo extremo. b) La atención primaria tiene un carácter universal y de primera acogida, mientras que la especializada atiende necesidades de sectores concretos con equipamientos específicos y mayor complejidad técnica. c) La atención primaria requiere un copago obligatorio y la especializada es totalmente gratuita. d) La atención especializada es gestionada por las Unidades de Trabajo Social municipales y la primaria por consejerías autonómicas.

34.¿Qué novedad organizativa han introducido normativas autonómicas como las de Galicia, Illes Balears y la Comunitat Valenciana en el primer nivel asistencial?. a) La privatización completa de la atención de primera acogida. b) Una subdivisión en la atención primaria entre servicios comunitarios «básicos» y «específicos», derivando en un traspaso competencial del ámbito autonómico al municipal. c) La eliminación de las Unidades de Trabajo Social en los municipios pequeños. d) La transferencia total de la atención especializada a las mancomunidades.

35.¿Por qué se requiere el establecimiento de órganos de coordinación administrativa (como los Consejos Interadministrativos)?. a) Para regular las tarifas de los servicios prestados por empresas privadas. b) Porque los dos niveles de atención dependen de administraciones públicas diferentes (municipal y autonómica) y es necesario articular su actuación. c) Para centralizar la selección del personal técnico mediante oposiciones estatales únicas. d) Para sustituir las funciones de valoración de los trabajadores sociales en los centros de base.

36.Según la influencia de las directrices de la Unión Europea en las Leyes de Servicios Sociales autonómicas, ¿cuáles son los principios generales de calidad que orientan las prestaciones?. a) La gratuidad absoluta sin límites presupuestarios y la gestión exclusiva por entidades públicas. b) La disponibilidad de una amplia gama de prestaciones, la accesibilidad universal y la asequibilidad. c) La atención restringida a colectivos específicos y la descentralización municipal obligatoria. d) La sustitución de los servicios presenciales por la atención digitalizada exclusiva.

37.De acuerdo con el marco comunitario, ¿cómo debe ser la atención en los servicios sociales para asegurar que estén centrados en la persona?. a) Rígida e higienista, primando los criterios de eficiencia contable sobre las preferencias del usuario. b) Integrada, flexible y oportuna, abordando las necesidades cambiantes y garantizando la continuidad del servicio. c) Temporal y fragmentada, interrumpiendo la prestación al cumplirse el año fiscal. d) Unidireccional e impuesta por el criterio técnico sin considerar a la familia.

38. En las Leyes autonómicas de servicios sociales, ¿cómo se configura formalmente el concepto de calidad?. a) Como un criterio técnico opcional de libre adhesión para los centros privados. b) Como un derecho de las personas usuarias, un objetivo prioritario y un principio rector. c) Como un protocolo sancionador exclusivo para los profesionales del sector público. d) Como una recomendación orientativa sin fuerza obligatoria para las entidades prestadoras.

39.Para que un centro o instalación de iniciativa privada obtenga la autorización de funcionamiento en el sistema, ¿qué requisitos de calidad se le exigen?. a) Contar con una subvención previa del Estado y un mínimo de cien trabajadores. b) Cumplir con unos criterios mínimos de calidad, siendo cada vez más extendida la exigencia de certificaciones como EFQM o ISO. c) Ofrecer sus prestaciones de forma 100% gratuita sin recibir compensación. d) Estar constituido exclusivamente como entidad sin ánimo de lucro o fundación.

40. ¿Cuál es el referente central que se toma en cuenta al elaborar el Plan o Estrategia de Calidad dentro del Plan estratégico de servicios sociales?. a) El volumen total de sanciones tramitadas durante el ejercicio anterior. b) El nivel de satisfacción de las personas usuarias. c) La reducción progresiva del gasto en personal y equipamiento técnico. d) El número de acuerdos firmados con empresas de trabajo temporal.

41.Además de fijar estándares e indicadores, ¿con qué otros elementos se vincula directamente la calidad en las Leyes de Servicios Sociales?. a) Con la privatización de los centros de atención primaria y la eliminación de inspecciones. b) Con la exigencia de titulaciones específicas, la promoción de la investigación y la creación de Observatorios de servicios sociales. c) Con la imposición de contratos temporales a los profesionales técnicos. d) Con la restricción de datos en las memorias anuales de atención comunitaria.

42.¿Por qué las Leyes de Servicios Sociales autonómicas más recientes introdujeron nuevas fórmulas como los conciertos sociales frente a la normativa de Contratos del Sector Público?. a) Porque la normativa de Contratos del Sector Público carecía con frecuencia de la flexibilidad necesaria para adaptarse a las particularidades de la atención social. b) Porque la legislación estatal prohibió la participación de entidades sin ánimo de lucro en la gestión de servicios sociales. c) Porque se pretendía privatizar totalmente la financiación y el control de acceso a las prestaciones públicas. d) Porque la normativa autonómica exigía la eliminación definitiva de los contratos de concesión de servicios.

43.¿Qué característica define la naturaleza jurídica de los conciertos sociales según la legislación autonómica?. a) Tienen el carácter de contrato administrativo ordinario sujeto a beneficio industrial. b) Destacan por su naturaleza no contractual, garantizando que la financiación, el acceso y el control sigan siendo de titularidad pública. c) Son acuerdos marco bilaterales donde la iniciativa privada fija libremente las tarifas cobradas al usuario. d) Constituyen transferencias patrimoniales definitivas a favor de entidades mercantiles.

44.Respecto al régimen económico y las incompatibilidades de los conciertos sociales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a) Se pueden compatibilizar libremente con la recepción de subvenciones públicas para la misma prestación. b) Las compensaciones económicas incorporan obligatoriamente un margen de beneficio industrial para la entidad. c) La suscripción del concierto es incompatible con la recepción de subvenciones públicas y solo se autoriza el cobro a las personas usuarias de los precios públicos fijados formalmente. d) Las entidades colaboradoras pueden fijar tarifas privadas adicionales sin autorización de la Administración.

45. ¿En qué consiste el principio rector de «subsidiariedad» aplicado a la acción concertada en las Leyes de Servicios Sociales?. a) En otorgar preferencia a las empresas privadas con ánimo de lucro sobre los centros públicos. b) En subordinar la acción concertada al uso prioritario de los servicios propios de la Administración. c) En financiar únicamente las prestaciones que sean gestionadas por corporaciones locales. d) En transferir la titularidad de las instalaciones públicas a entidades de iniciativa social.

46.De acuerdo con la regulación autonómica, ¿cómo se determinan las compensaciones económicas recibidas por las entidades en la acción concertada?. a) Mediante la libre negociación de tarifas de mercado sin módulo regulado. b) Se fundamentan en la eficiencia presupuestaria, fijando las compensaciones según módulos determinados y sin incluir beneficio industrial. c) A través de porcentajes sobre las ganancias netas anuales registradas por la entidad. d) Se abonan exclusivamente mediante desgravaciones de impuestos indirectos.

47.Tomando como referencia regulaciones autonómicas como las de Galicia, Comunitat Valenciana o Aragón, ¿cuáles son las dos grandes modalidades que constituyen el objeto del concierto social?. a) La concesión de obras públicas y el patrocinio de eventos comunitarios. b) La reserva y ocupación de plazas para usuarios o colectivos vulnerables y la gestión integral de prestaciones técnicas, tecnológicas, programas o centros. c) La inspección sancionadora de centros privados y la selección del personal técnico. d) El otorgamiento de subvenciones a fondo perdido y la auditoría contable.

48.¿Cuál de los siguientes requisitos administrativos se exige a las entidades privadas para acceder al régimen de concierto social según las Leyes de Servicios Sociales?. a) Contar con la correspondiente autorización de funcionamiento, inscripción en el registro oficial y acreditar la titularidad o un derecho real de uso sobre las instalaciones. b) Demostrar la titularidad patrimonial en propiedad de todos los inmuebles que integren la red asistencial. c) Eximir a la entidad del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social durante el primer año de contrato. d) Acreditar una presencia internacional previa en al menos tres países de la Unión Europea.

49.En el marco de los compromisos de responsabilidad social y laboral exigidos para concertar, ¿qué medidas se demandan a las entidades?. a) La contratación exclusiva de personal técnico extranjero con titulación internacional. b) El cumplimiento estricto de la legislación laboral para asegurar estabilidad y calidad del empleo, junto con planes de igualdad y medidas de conciliación familiar. c) La aplicación obligatoria de un sistema de copago directo del 50 % a las personas usuarias. d) La subcontratación permanente de la plantilla técnica a través de empresas de trabajo temporal.

50.Debido a que en muchas Comunidades Autónomas los conciertos sociales se restringen a entidades sin ánimo de lucro, ¿cuál es la figura administrativa utilizada para la gestión indirecta con entidades privadas con ánimo de lucro?. a) El contrato de fomento de empleo protegido. b) El contrato administrativo de concesión de servicios. c) El convenio de colaboración institucional sin retribución. d) La subvención directa de carácter nominativo.

51.¿Qué implicación tiene la gestión mediante el contrato de concesión de servicios y qué actuaciones quedan expresamente excluidas de esta modalidad?. a) Supone la transferencia del riesgo operacional al concesionario y quedan excluidas las actuaciones que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. b) Elimina el riesgo financiero para la empresa y excluye la prestación de servicios a colectivos vulnerables. c) Suprime la potestad inspectora de la Administración y excluye la gratuidad en la atención básica. d) Confiere la propiedad definitiva de los centros a la entidad y excluye las obras de conservación.

52.En los contratos que tienen por objeto prestaciones sociales orientadas a fomentar la integración de personas desfavorecidas o el empleo vulnerable, ¿qué establece la normativa respecto al precio y las cláusulas sociales?. a) El precio debe ser el único factor determinante y las cláusulas sociales son meramente orientativas. b) El precio no puede ser el único factor determinante en la adjudicación y las cláusulas sociales se fijan como un requisito obligatorio y vinculante. c) Se prohíbe evaluar aspectos técnicos y la adjudicación se realiza por subasta electrónica a la baja. d) Las cláusulas sociales son voluntarias y no repercuten en la puntuación final de la oferta.