El estado social y democrático de derecho que en España está constituido está regido por: El principio de supremacía constitucional, porque tanto los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución (norma suprema del ordenamiento jurídico) de aquí que sea un estado constitucional de derecho. El principio de supremacía reglamentaria. El principio de supremacía parlamentaria. Que rija un principio u otro depende de los factores, materia, persona y territorio. .
Señale la opción más completa. El estado constitucional de derecho implica: a. Imperio de la constitución como expresión de la soberanía popular y principio de división de poderes. b. Sujeción de todos los poderes públicos y los ciudadanos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico. c. Tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales, libertades públicas y del derecho y el principio de igualdad sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. d. Las opciones a b y c están integrada en la categoría jurídica del estado constitucional de derecho. .
La constitución española garantiza que en el proceso jurisdiccional siempre se aplica: La jerarquía normativa y el principio de legalidad. En definitiva, el sistema de fuentes del derecho. El principio de legalidad sí , pero no la jerarquía normativa. Que se aplique o no el principio de jerarquía normativa, depende del orden jurisdiccional y del procedimiento. El principio de legalidad y el principio de jerarquía normativa no tiene ninguna relación entre si. .
Los derechos fundamentales de incidencia procesal: Deben ser siempre respetados en cualquiera de los órdenes jurisdiccionales. No rigen en el proceso civil. No rigen e determinados procedimientos del orden civil. Ninguna opción es cierta.
El contenido de la jurisdicción consiste en: Todas las premisas son ciertas. La protección jurisdiccional de los derechos subjetivos. El control de la legalidad, tanto respecto de los particulares como de los poderes públicos. La complementación del ordenamiento jurídico. .
La constitución española garantiza : El principio de legalidad El principio de legalidad y la publicidad de las normas La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Todas las premisas expuestas son verdaderas. .
La constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones: Sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Siempre que así expresamente se determine. Depende de los sujetos afectados por la norma. En ningún caso garantiza la irretroactividad de ninguna disposición. .
¿Cuáles de estos derechos tiene rango de derecho fundamental? El derecho a la asistencia letrada. A la defensa y a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El derecho a la asistencia letrada. Todos los derechos enunciados son derechos fundamentales. .
¿Cuál de estos derechos tiene rango de derecho fundamental? El derecho a un proceso público y el derecho a un proceso con todas las garantías El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el derecho a un proceso público El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a un proceso con todas las garantías. Todos los derechos enunciados son derechos fundamentales. .
SEÑALE LA FALSA :El derecho a la tutela judicial efectiva: Es un derecho civil privado, regulado por el código civil dentro de l a categoría de derechos reales. Debe interpretarse de conformidad con la declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es parte integrante de la legalidad objetiva en cuanto que la constitución es norma jurídica suprema, derecho objetivo en consecuencia, de directa aplicabilidad por los órganos jurisdiccionales españoles en cualquier orden jurisdiccional. No solo tienen rango constitucional sino que además es un derecho fundamental. .
Las leyes habrán de aplicarse por los jueces y magistrados, según los preceptos y principios constitucionales: Conforme a la interpretación de que estos hayan realizado el tribunal constitucional. Conforme a la interpretación que de estos haya realizado el tribunal supremo o los tribunales superiores de justicia. Conforme a la interpretación que de estos haya realizado la audiencia nacional. Conforme a la interpretación que de estos realice cada juez o tribunal. .
Los derechos fundamentales, y por ende los contenidos en el art.24CE, se interpretarán: Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. Conforme a la doctrina del tribunal supremo. Conforme a los usos comerciales internacionales. Conforme al saber y entender de cada juzgado o tribunal. .
Los derechos fundamentales de naturaleza procesal y el principio de igualdad (art.14CE), ¿vinculan a los órganos jurisdiccionales españoles? directamente, sin necesidad de legislación de desarrollo y a todos los órganos jurisdiccionales porque vinculan en su integridad a todos los poderes públicos. No pueden ser invocados por las partes ante un determinado tribunal, a no ser que haya legislación de desarrollo en ese
específico procedimiento. Directamente sin necesidad de legislación de desarrollo pero no en todos los órdenes jurisdiccionales. Directamente sin necesidad de legislación de desarrollo pero no a todos los órganos jurisdiccionales. .
España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico: La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Exclusivamente la igualdad la justicia y el pluralismo político. Exclusivamente la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Exclusivamente la libertad, la igualdad y el pluralismo político. .
La constitución española prescribe que: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. La justicia emana del poder legislativo y se administra en nombre del poder judicial. La jurisdicción emana del pueblo y se administra en nombre del rey. La jurisdicción emana del poder legislativo y se administra en nombre del poder ejecutivo. .
¿Cómo se denomina el título VI de la constitución española? Del poder judicial. De la administración de justicia. De la administración de jurisdicción. De los tribunales. .
La justicia será gratuita: Cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. La expresión utilizada por la CE y la LOPJ (ley orgánica del poder judicial) no es justicia gratuita sino jurisdicción gratuita. No hay prescripción al respecto en la LOPJ, ni en la CE. Cuando así lo disponga exclusivamente la ley. .
Integran el poder judicial: Los jueces y magistrados. El persona jurisdiccional y el personal al servicio de la jurisdicción. Los jueces y magistrados, los tribunales administrativos (órganos administrativos ante los que se tramitan los procedimientos administrativos sancionadores y las reclamaciones previas en vía administrativa, los árbitros de derecho privado, los mediadores y los conciliadores. Los jueces y magistrados, el personal al servicio de la jurisdicción y el personal colaborador de la jurisdicción.
El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente en régimen del monopolio: A los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. A la administración publica. A las corporaciones, asociaciones y fundaciones privadas. A todos los mencionados en las restantes premisas, depende de la materia.
La jurisdicción es única y se ejerce: Por juzgados y tribunales regulados en la LOPJ, además de los órganos a los que la constitución confiere potestad jurisdiccional. Exclusivamente por los juzgados y tribunales regulados en la LOPJ. Por los juzgados y tribunales previstos en la LOPJ, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por cualquier otra fuente del derecho a otros órganos. Por los juzgados y tribunales previstos en la LOPJ, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la ley ordinaria a otros órganos. .
El principio de unidad jurisdiccional: Está reconocido en la CE y la LOPJ. Es consustancial al estado autocrático (no democrático). Es compatible con la dispersión jurisdiccional (cada estamento o grupo o personas y/o materias, o territorios, puede tener sus propios tribunales o pseudotribunales que a su vez pueden tener su propio estatuto jurídico y pueden juzgar mediante sus especificas reglas. Este principio es desconocido en el ordenamiento jurídico. .
Única y exclusivamente pueden ejercer la potestad jurisdiccional: A. A todos los órganos jurisdiccionales expresados en las anteriores opciones hay que añadir los tribunales supranacionales. B. A la opción a) hay que añadir la jurisdicción militar (jurisdicción especial o mixta). C. A la opción b) hay que añadir, los tribunales consuetudinarios (el tribunal de las aguas de la vega valenciana y el tribunal de los hombres buenos de Murcia) y el tribunal de cuentas. D. A los jueces y magistrados regulados dentro de la LOPJ en la jurisdicción ordinaria, el tribunal del jurado y el tribunal
constitucional. .
Los jueces y magistrados tienen las siguientes garantías constitucionales: A. independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento al imperio de la ley. B. Exclusivamente independencia y sometimiento al imperio de la ley. C. Exclusivamente inamovilidad y responsabilidad. D. La a) es cierta ‘’con reservas’’ , porque dentro del término ‘’ imperio de la ley’’ no cabe entender incluida la constitución.
Tienen potestad jurisdiccional: Los tribunales especiales constitucionales. Los árbitros de derecho privado. Los tribunales de honor (organizaciones profesionales). Los tribunales extranjeros. .
Cuando un órgano judicial considere, en un proceso, que la norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la constitución: Debe plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. Debe comunicarlo al ministerio fiscal para que sea este, quien en su caso, eleve dicha cuestión de inconstitucionalidad, al fiscal general del estado para que este decida. Remitirá la cuestión de inconstitucionalidad a la audiencia nacional para que esta decida. Remitirá la cuestión de inconstitucionalidad al tribunal supremo para que este decida. .
Señale la opción errónea. Los tribunales controlan: No controlan la potestad sancionadora de la Administración. La potestad reglamentaria. La legalidad de la actuación administrativa. El sometimiento de la administración a los fines que lo justifican.
Los órganos jurisdiccionales llevan a cabo: No solo funciones del ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, sino también las demás que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de un derecho. Las actuaciones administrativas que determinen los reglamentos. Las actuaciones que determinen los usos forenses. Solo y exclusivamente el ejercicio de la potestad jurisdiccional. .
En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ¿pueden los jueces y tribunales ser corregidos por sus superiores en el orden jerárquico judicial? No pueden en ningún caso, sino cuando administren justicia en virtud del recurso que legalmente proceda. Nunca. Si pero depende del orden jurisdiccional. Si siempre. .
Los órdenes jurisdiccionales integrados en la denominada jurisdicción ordinaria son: Civil, penal, social y contencioso administrativo. Civil, penal contencioso administrativo, social y militar Civil, mercantil, penal, social, contencioso-administrativo, militar y eclesiástico. A cada rama del derecho, corresponde un orden jurisdiccional. .
El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en materia de garantía constitucionales, es: El tribunal supremo. La audiencia nacional Los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas El tribunal constitucional. .
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