La pregunta ¿cuál de las siguientes entidades no forma parte del sector público institucional? está mal contestada, debe de ser "las entidades que integran la Administración local" la respuesta correcta
A efectos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y según lo señalado por el artículo 2 de dicha ley, ¿cuál de las siguientes entidades no forma parte del sector público institucional?: Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas. Las entidades que integran la Administración local. Las universidades públicas. . ¿En qué supuestos tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas los grupos de afectados según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?: Cuando la ley así lo declare expresamente. Únicamente en los casos previstos por la propia ley de procedimiento administrativo común. En ningún caso, salvo que una norma con rango de ley diga lo contrario. . A tenor de la regulación contenida en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes supuestos no encaja con la definición de interesado?: El que promueva el procedimiento como titular de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. El que, sin iniciar el procedimiento, tenga derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en él se adopte. El que, sin iniciar el procedimiento, tenga cualquier tipo de interés en él. . Conforme al artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, ¿quién podrá actuar en representación de otra persona ante las administraciones públicas?: Las personas jurídicas en todo caso. Las personas físicas en todo caso. Las personas físicas con capacidad de obrar. . En relación con la acreditación de la representación y en virtud de la regulación contenida en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señálese la respuesta correcta: Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en el correspondiente registro electrónico o a través de la acreditación de su inscripción en la sede electrónica de apoderamientos de la Administración pública competente. Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la sede electrónica o a través de la acreditación de su inscripción en el correspondiente registro electrónico de apoderamientos de la Administración pública competente, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración pública competente. . Señala el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que los poderes inscritos en los registros electrónicos de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de: Diez años. Cinco años. Cuatro años. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes datos no está previsto que forme parte de la información mínima que debe de constar en los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos?: Período de tiempo por el cual se otorga el poder. Objeto del apoderamiento. Fecha de inscripción. . De conformidad con el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán: Con el que figure en primer término, en cualquier caso. Con el que decida discrecionalmente la Administración. Con el representante o con el interesado que expresamente se señalase. . Se les comunicará la tramitación de un procedimiento a las personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte (artículo 8 de la LPAC): En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. Durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad. Durante la tramitación de cualquier clase de procedimiento. . Uno de los siguientes sistemas no está previsto como uno de aquellos que podrán utilizar los interesados para identificarse electrónicamente ante las administraciones públicas en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Señálese cuál: Sistemas basados en claves electrónicas reconocidas de certificado electrónico expedidas por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. . Según el artículo 9 da la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas la aceptación de algún sistema de identificación electrónica por parte de la Administración General del Estado servirá para acreditar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo: Unicamente frente a la administación local. Frente a todas las administraciones públicas. Unicamente frente a la administración autonómica. . Señala el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que las administraciones públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para una serie de actuaciones, entre las cuales no se encuentra una de las siguientes. Señálese cuál: Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Desistir de acciones. Presentar documentación en el registro. . La Administración general del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales mantendrán actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes administraciones públicas (artículo 12 de la LPAC): A efectos de comprobar la validez de dichas habilitaciones. A efectos de agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos. A efectos de garantizar los principios de transparencia y cercanía al ciudadano. El artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, impone a las administraciones públicas el deber de que asistan a los interesados en el uso de medios electrónicos. ¿A quién en concreto?: A los interesados que así lo soliciten y que no están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. A todos los interesados en un procedimiento administrativo. Únicamente a aquellos interesados que, por su falta de formación, lo necesiten. Uno de los derechos reconocidos a las personas en sus relaciones con las administraciones públicas en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas es el de: La protección de datos de carácter confidencial y, en particular, la seguridad y custodia de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. La protección de datos de carácter personal y, en particular, la integridad y autenticidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. La protección de datos de carácter personal y, en particular, la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. . El artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas relaciona los sujetos que, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Entre ellos figura uno de los siguientes, indíquese cual: Las personas físicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Quien ejerza una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria. Respecto de los registros, establece el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que para poder hacer el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo: Cada Administración dispondrá de un registro electrónico general. Existirá un registro electrónico general para todas las administraciones públicas. Existirá un registro electrónico general para todas las administraciones públicas, sin perjuicio de que cada Administración dispondrá de un registro electrónico propio. . Dispone el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice: La transparencia en el intercambio de información y la incorruptibilidad del sistema, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. La agilización en la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros, así como la fiabilidad en la veracidad de los datos en ellos contenidos. Su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. . Respecto de las cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las administraciones públicas, señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que: Se podrán hacer efectivas únicamente mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente. Se podrán hacer efectivas mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. Se podrán hacer efectivas por cualquier medio que permita tener constancia del pago. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta, con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso (artículo 17 de la LPAC): Que la eliminación de dichos documentos deba ser autorizada expresamente por el interesado. Que esta consulta no tenga coste alguno para el interesado, salvo en aquellos casos en que así se determine por las normas reguladoras de cada procedimiento. La posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. . Aclara el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que las administraciones públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia: Cuando así lo solicite. Únicamente cuando esta comparecencia fuese presencial. En todo caso. . En todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, esta mención (artículo 21 de la LPAC): Se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Se incluirá en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Se incluirá en el portal web de la Administración de la que dependa el órgano administrativo al que vaya dirigida la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico del órgano competente para su tramitación. . Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para recibir dicha notificación, esta será de: Un año. Seis meses. Tres meses. . De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿a partir de qué momento comienza a contarse el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio?: Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Desde la fecha en que se publica el acuerdo de iniciación. Desde la fecha en que se notifica el acuerdo de iniciación. . Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, por un plazo que no podrá exceder en ningún caso de (artículo 22 de la LPAC): Dos meses. Tres meses. Un mes. . ¿En cuál de los siguientes casos se suspenderá obligatoriamente el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución? (artículo 22 de la LPAC): Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio. Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento. . Excepcionalmente, cuando se agoten los medios personales y materiales disponibles, el órgano competente para resolver podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, sin que pueda ser este con carácter general (artículo 23 de la LPAC): Superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Superior a tres meses. Superior a seis meses. . Cuando un procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio (artículo 24 de la LPAC): Deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. Deberá acreditar el cumplimiento de los principios de necesidad y proporcionalidad. Deberá ponderar, de forma suficientemente razonada, el perjuicio que causa al interés público. . ¿En cuál de los siguientes supuestos el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se dictase y notificase resolución expresa no conllevará necesariamente que se produzca la caducidad del procedimiento? (artículo 25 de la LPAC): Procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras. Procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos. Procedimientos en que la Administración ejercite potestades de intervención susceptibles de producir efectos de gravamen. . Respecto de los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, señala el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que: Requieren de firma electrónica. Será necesario identificar su origen. Será necesario identificar su destino. . El artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas define la digitalización como: El proceso técnico que permite convertir un documento en un fichero digital que contiene la identidad del órgano que expidió el documento. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. El proceso telemático que permite convertir un documento en soporte papel en un fichero digital que contiene la firma incorporada del órgano que lo emite. En ausencia de oposición del interesado, las administraciones públicas deberán solicitar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo (artículo 28 de la LPAC): De quince días contados desde su solicitud. De diez días contados desde su solicitud. Que determine el órgano que lo solicite, que en ningún caso podrá ser superior a diez días. . En lo que se refiere a los términos y plazos, de acuerdo con el tenor literal del artículo 29 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señálese cuál de las siguientes respuestas es correcta: Los términos y plazos establecidos en esta o en otras leyes obligan a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas competentes para dictar resolución de los asuntos, así como a los interesados en ellos. Los términos y plazos establecidos en esta o en otras leyes obligan a las autoridades y al personal el servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en ellos. Los términos y plazos establecidos en esta o en otras leyes obligan únicamente al personal al servicio de las administraciones públicas competente para la instrucción de los asuntos, así como a los interesados en ellos. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando el plazo se fija en meses o años, estos se computarán: A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar a notificación o la publicación del acto de que se trate. A partir del día natural siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o la publicación del acto de que se trate. A partir del mismo día en que tenga lugar la notificación o la publicación del acto de que se trate. . A efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados en el caso de presentación a través del registro electrónico, los días que se considerarán inhábiles los determinará (artículo 31 de la LPAC): La sede electrónica del registro de cada Administración pública u organismo. Cada Administración pública u organismo. El registro general de cada Administración pública u organismo. . Establece el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que la Administración podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos: Salvo precepto en contrario. Que no exceda en ningún caso de diez días. Únicamente a petición de los interesados. . Establece el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común que la Administración podrá conceder, de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos: Que no exceda de la mitad de estos. Por un plazo máximo idéntico a los originales. Únicamente en aquellos supuestos tasados por la propia ley.
