1. La Constitución Española se fundamenta: a) En la unidad de la Nación Española. b) En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de la Nación Española. c) En la indisoluble unidad de la Nación Española.
2. ¿Es de aplicación a los partidos políticos el Título I de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno? a) Sí, es plenamente aplicable ya que los partidos políticos forman parte de sector público. b) No, en ningún caso, ya que los partidos políticos se rigen por la Ley Orgánica de Partidos Políticos del año 2002. c) Tal y como dispone el artículo 3 de dicha norma, las disposiciones del capítulo II del Título I serán también aplicables a los partidos políticos, además de a las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
3. Los valores superiores del ordenamiento jurídico propugnados desde la Constitución Española son: a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. b) La libertad, la justicia y la libre competencia. c) La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical. .
4. Sólo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente: a) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de la Administración Pública, tanto nacional, como autonómica o local. b) La responsabilidad de la Administración Pública. c) La interdicción de la arbitrariedad del poder judicial.
5. Una de las siguientes materias no es regulada en el Título Preliminar de la Constitución Española: a) Las Cortes Generales. b) Las Asociaciones de Empresarios. c) Las Fuerzas Armadas.
6. Conforme al artículo 3 de la Constitución Española, todos los españoles, con respecto al idioma oficial del Estado: a) Tienen el deber de usarlo. b) Tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo. c) Tienen el deber y el derecho de conocerlo.
7. De acuerdo con la Constitución Española, las banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, reconocidas en sus Estatutos: a) Se utilizarán junto con la española sólo en los actos oficiales de carácter estatal. b) Se utilizarán junto a la española en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. c) La utilización conjunta de la bandera de España y la de cada Comunidad Autónoma es potestad de las autoridades de la administración autonómica.
8. Según la Constitución Española, los Tribunales de Honor: a) Se prohíben en el ámbito de la Administración Militar. b) Se prohíben en el ámbito de la Administración Gubernamental. c) Se prohíben en el ámbito de las organizaciones profesionales. .
9. En relación con el derecho a la libertad religiosa, ¿qué establece la Constitución española? a) La reconoce, la garantiza y la protege. b) La reconoce. c) La garantiza.
10. De conformidad con la Constitución Española, el derecho a participar en los asuntos públicos: a) Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, tanto para el sufragio activo como para el pasivo en las elecciones municipales. b) Sólo corresponde a los ciudadanos españoles. c) Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, pero sólo para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.
11. Para la Constitución Española, la defensa de los consumidores a cargo de los poderes públicos protegerá, por procedimientos eficaces: a) La seguridad de los consumidores. b) La libre competencia. c) La economía de mercado. .
12. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Española, sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido en caso de se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio: a) Derecho de huelga. b) Derecho de petición colectiva. c) Derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales.
13. Según la Constitución Española, las penas privativas de libertad: 13. Según la Constitución Española, las penas privativas de libertad: a) Podrán estar orientadas hacia la reeducación. b) Estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, al contrario de lo que sucede con las medidas de seguridad. c) No podrán consistir en trabajos forzados. .
14. De acuerdo con la Constitución Española, ¿Quiénes tienen derecho a la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales? a) Solo los ciudadanos españoles y los nacionales de países de la Unión Europea legalizados. b) Todos los ciudadanos de la Unión Europea y los españoles, pero no los extranjeros ajenos a ese ámbito. c) Todas las personas.
15. El derecho de huelga reconocido constitucionalmente en favor de los trabajadores para la defensa de sus intereses: a) Se hará compatible su ejercicio con la posible vulneración de los derechos de los empresarios. b) Carece de limitación. c) Se hará compatible su ejercicio con el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, en todo caso.
16. ¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el desarrollo del artículo 21 de la Constitución española de 1978? a) Ley ordinaria. b) Ley de bases. c) Ley orgánica. .
17. Según la Constitución Española, la educación tendrá por objeto: a) El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia, ya los derechos y libertades fundamentales. b) El pleno desarrollo de la personalidad humana conforme a los planes educativos aprobados por el Consejo Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales de Padres de Alumnos. c) El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos marcados por cada colectivo educativo. .
18. ¿Qué carácter tiene la Corona de España, a tenor del artículo 57.1 de la Constitución? a) Constitucional. b) Electiva. c) Hereditaria.
19. Según el artículo 57 de la Constitución, las abdicaciones y renuncias se resolverán por una: a) Ley. b) Ley orgánica. c) Real Decreto.
20. De acuerdo con la Constitución Española, una de las siguientes no es función del Rey: a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno. b) En su caso, nombrar al candidato a Presidente de Gobierno, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. c) Proponer los nombramientos de los miembros del Gobierno. .
21. El Rey asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con: a) Con las naciones de su comunidad histórica. b) Con los países de su entorno cultural y geográfico. c) Con los países integrantes de la Unión Europea.
22. La iniciativa para la reforma total de la Constitución, del TÍTULO Preliminar, del TÍTULO Segundo, o de la Sección primera del TÍTULO Primero: a) Llevará aparejada la abdicación del titular de la corona. b) Llevará aparejada la entrada en vigor del estado de excepción. c) Llevará aparejada la disolución inmediata de las Cortes.
23. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados: a) Por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras. b) Por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. c) Por mayoría de tres quintos de los Cámaras reunidas en sesión conjunta. .
24. La misma mayoría exigida para dar principio a una reforma o revisión total de la Constitución se exige para la reforma o revisión: a) Cuando afecte a dos o más de sus Títulos. b) Cuando se refiera al TÍTULO Preliminar, al TÍTULO Segundo, o Capítulo II, Sección primera del TÍTULO Primero. c) De todos y cada uno de sus Títulos. .
25. La normativa que regula en la actualidad el Estatuto de Autonomía de Canarias es: a) Ley Orgánica 1/2018. b) Ley Orgánica 10/1982. c) Ley 4/1996.
26. Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Presidente del Gobierno de Canarias es elegido: a) Por el Parlamento de Canarias. b) Por el Parlamento de Canarias de entre sus miembros. c) Por los ciudadanos, por sufragio directo, libre y secreto. .
27. Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, los órganos de gobierno, administración y representación de cada isla, se denominan: a) Ayuntamientos. b) Federación de Municipios. c) Cabildos.
28. Las competencias para establecer la organización y el régimen de funcionamiento de su Administración, le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias de forma íntegra: a) Desarrollo reglamentario. b) Función ejecutiva. c) Exclusiva. .
29. No es función atribuida estatutariamente al Gobierno de Canarias: a) La potestad reglamentaria. b) Aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma. c) Las funciones ejecutivas y administrativas.
30. Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, la moción de censura al Gobierno de Canarias será presentada por: a) El Presidente del Parlamento. b) 15 % de los miembros del Parlamento. c) Mayoría Absoluta de los miembros del Parlamento.
31. Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, ostentará la más alta representación de Canarias: a) El Rey como Jefe de Estado. b) El Presidente de la Comunidad. c) El Presidente de Parlamento. .
32. ¿En qué Título del Estatuto de Autonomía de Canarias se encuentran reguladas las Instituciones autonómicas de la misma? a) En el Título II. b) En el Título III. c) En el Título IV. .
33. Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, si transcurridos dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ninguna candidatura a la Presidencia de Canarias hubiera obtenido la confianza del Parlamento: a) Se propondrán otros candidatos. b) Quedará automáticamente disuelto. c) Queda investido el candidato que haya obtenido mayor número de votos. .
34. El Presidente del Gobierno de Canarias puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa. La confianza se entenderá otorgada cuando el Presidente obtenga: a) La mayoría cualificada de 3/5. b) La mayoría absoluta. c) La mayoría simple.
35. A tenor de lo recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad podrá dictar normas con rango de ley, que se denominan: a) Real Decreto-Ley. b) Decretos Leyes. c) Decretos Legislativos.
36. De acuerdo con el artículo 48 del Estatuto de Autonomía de Canarias, para ser elegido Presidente del Gobierno de Canarias, el candidato/a tiene que ostentar la condición de: a) Diputado del Parlamento de Canarias. b) Diputado en las Cortes Generales. c) Presidente de un partido político.
37. La persona elegida para ocupar la Presidencia del Gobierno de Canarias por el Parlamento autonómico será nombrada por: a) El Presidente del Gobierno de la Nación. b) El Rey. c) El Presidente del Parlamento de Canarias. .
38. La determinación del número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias es competencia: a) Del Parlamento de Canarias. b) Del Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente del Gobierno. c) Del Presidente del Gobierno.
39. El Gobierno de Canarias responde solidariamente de su gestión política, ante: a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. b) El Rey. c) El Parlamento de Canarias.
40. De acuerdo con el artículo 56 del Estatuto de Autonomía de Canarias, quién puede disolver anticipadamente el Parlamento de Canarias: a) El Presidente del Gobierno de Canarias. b) El Presidente del Gobierno de la Nación. c) El Presidente del Parlamento de Canarias. .
41. Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno de Canarias está compuesto por: a) Presidente, Vicepresidente y Consejeros. b) Presidente, Consejeros y Directores Generales. c) Presidente, Consejeros y Viceconsejeros. .
42. ¿Cuántos miembros componen la Unión Europea actualmente? a) 26 países, tras la salida de Reino Unido. b) 27 países, tras la salida de Reino Unido. c) 28 países, tras la salida de Reino Unido.
43. Señale la respuesta correcta en relación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: a) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituye la autoridad judicial de la Unión Europea y, en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, vela por la aplicación y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión. Tiene su sede en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está integrado por dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia y el Tribunal General (creado en 1988). b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituye la autoridad judicial de la Unión Europea y, en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, vela por la aplicación y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión. Tiene su sede en Estrasburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está integrado por dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia y el Tribunal General (creado en 1988). c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituye la autoridad judicial de la Unión Europea y, en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, vela por la aplicación y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión. Tiene su sede en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea actualmente está integrado por tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Función Pública y el Tribunal General (creado en 1987).
44. ¿Cuántas sesiones plenarias como mínimo celebra el Parlamento Europeo? a) Una al año. b) Una al mes. c) Una a la semana. .
45. ¿Qué institución de la Unión Europea elabora el anteproyecto de presupuestos? a) El Defensor del Pueblo europeo. b) El Consejo Europeo. c) La Comisión Europea. .
46. ¿Cuántos jueces componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actualmente? a) 15. b) 27. c) 28. .
47. ¿Cada cuánto tiempo se renuevan parcialmente los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? a) Cada seis años. b) Cada tres años. c) Cada cuatro años. .
48. ¿De cuántos escaños se compone actualmente el Parlamento Europeo? a) 750, desde la salida de Reino Unido. b) 751, desde la salida de Reino Unido. c) 705, desde la salida de Reino Unido. .
49. La Presidencia del Consejo de la Unión Europea se ejerce por cada Estado miembro durante un período de: a) Un año. b) Seis meses. c) Dieciocho meses.
50. El Presidente del Consejo Europeo es elegido por: a) El Consejo Europeo, por mayoría cualificada. b) El Parlamento Europeo, por mayoría cualificada. c) El Consejo, por unanimidad.
51. En relación a la sede del Parlamento Europeo, señale la correcta. a) Su sede principal está en Bruselas, sin perjuicio de las delegaciones existentes en cada uno de los Estados Miembros. En el caso de España, su sede está en Barcelona. b) Estrasburgo es la sede oficial del Parlamento Europeo, en el que tienen lugar doce sesiones plenarias al año, mientras que en Bruselas se celebran las sesiones complementarias y las comisiones. La Secretaría General del Parlamento Europeo por su parte tiene su sede en Luxemburgo. c) Luxemburgo es la sede oficial del Parlamento Europeo, en el que tienen lugar doce sesiones plenarias al año, mientras que en Bruselas se celebran las sesiones complementarias y las comisiones. La Secretaría General del Parlamento Europeo por su parte tiene su sede en Estrasburgo.
52. Según dispone el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, tendrán la consideración de instituciones de la Unión Europea: a) Las instituciones de la Unión son: El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, El Consejo, La Comisión Europea, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, El Banco Central Europeo, y El Tribunal de Cuentas. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas. b) Las instituciones de la Unión son: El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, El Consejo, La Comisión Europea y El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas y el Tribunal de Cuentas como órgano externo auxiliar de consulta. c) Las instituciones de la Unión son: El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, El Consejo, La Comisión Europea, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, El Consejo Fiscal Económico Europeo y El Tribunal de Cuentas. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas. .
53. La moción de censura de la Comisión Europea ha de ser aprobada por mayoría de: a) Un tercio de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo. b) Dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo. c) Tres quintos de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo.
54. Señale la afirmación correcta en relación a la Comisión Europea: a) El Presidente de la Comisión, con la aprobación de la Comisión, puede exigir la dimisión de un Comisario. b) La Comisión por mayoría de dos tercios de sus miembros puede exigir la dimisión de un Comisario. c) El Presidente, sin necesidad de contar con la Comisión, puede exigir la dimisión de un Comisario.
55. El mandato de la Comisión Europea se establece por un período de: a) Cinco años. b) Seis años. c) Cuatro años.
56. Indique a quién corresponde la función de promover el interés general de la Unión Europea y tomar las iniciativas adecuadas con este fin: a) Al Consejo Europeo. b) Al Consejo de la Unión Europea. c) A la Comisión Europea.
57. Señale cuál de las siguientes no es una función del Banco Central Europeo: a) Emitir billetes y monedas en la zona euro. b) Definir la política monetaria de la zona euro. c) Emitir deuda a nivel europeo. .
58. La designación para formar parte del Tribunal de Cuentas Europeo la efectúa: a) El Consejo de Europa. b) El Consejo Europeo. c) El Consejo de la Unión Europea. .
59. Es una función del Presidente del Parlamento Europeo: a) Presentar la moción de censura. b) Presidir las sesiones del Parlamento. c) Organizar la Secretaría General. .
60. La sede del Tribunal de Cuentas Europeo se encuentra en: a) Estrasburgo. b) Bruselas. c) Luxemburgo. .
61. De las siguientes afirmaciones sobre el Parlamento Europeo, señale la incorrecta: a) Está compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. b) Su número no excederá de setecientos cincuenta, incluido el Presidente. c) Se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo. .
62. ¿El Estatuto de los Trabajadores recoge el trabajo a distancia? a) No, sólo se prevé trabajo a distancia o teletrabajo para el personal de las administraciones públicas. b) Sí, el artículo 13 dispone que las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos previstos en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia. c) Sí, el artículo 31 dispone que las personas trabajadoras podrán prestar trabajo a distancia en los términos previstos en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia.
63. Conforme al artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de formación en alternancia tendrá por objeto: a) Compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. b) Formar al trabajador en el ámbito de la formación profesional, los estudios universitarios o del Catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. c) Que el trabajador conozca el entorno de la empresa para superar el periodo de prueba. .
64. De conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la duración del contrato de formación en alternancia será: a) La prevista en el correspondiente plan o programa formativo, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años. b) La prevista en el correspondiente plan o programa formativo, con un mínimo de dos meses y un máximo de un año. c) Será la equivalente al periodo de prueba que legalmente le corresponda. .
65. Según el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el contrato de formación en alternancia: a) La persona contratada contará con una persona tutora designada por el centro o entidad de formación y otra designada por la empresa b) La persona contratada contará solo con una persona tutora designada por el centro o entidad de formación. c) La persona contratada no contará con tutores dentro de la empresa. .
66. Según el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el contrato de formación en alternancia el tiempo de trabajo efectivo: a) Habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año, o al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima legal. b) Habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 30 por ciento, durante el primer año, o al 65 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima legal. c) No habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas en el centro de formación.
67. Según establece el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, se considerará: a) Contrato a tiempo parcial. b) Contrato de grupo. c) Contrato de formación en alternancia.
68. El contrato a tiempo parcial se podrá concertar: a) Por tiempo indefinido o por duración determinada en los supuestos en los que legalmente se permita la utilización de esta modalidad de contratación. b) Solo por tiempo indefinido. c) Solo por duración determinada.
69. El artículo 39 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, establece respecto a la movilidad funcional que: a) La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. b) La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional no es posible. c) La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen razones técnicas. .
70. De acuerdo con el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ¿Cuál de las siguientes materias no se considera una modificación sustancial de un contrato de trabajo? a) Jornada de trabajo. b) Régimen de trabajo a turnos. c) Realización de horas extras.
71. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto de la excedencia forzosa de los trabajadores que regula el Estatuto de los Trabajadores: a) Se concederá por la designación o elección de un cargo público que imposibilite su asistencia al trabajo. b) Dará derecho a la conservación del puesto de trabajo, pero no al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad. c) El reingreso de la situación de excedencia deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público. .
72. De acuerdo con el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, ¿cuál de las siguientes causas son causas de suspensión del contrato? a) Mutuo acuerdo de las partes y ejercicio de cargo público representativo. b) Excedencia voluntaria. c) Régimen de trabajo a turnos.
73. Respecto a la suspensión del contrato de trabajo, el Estatuto de los Trabajadores establece que: a) La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo. b) La suspensión exonera solo de la obligación de trabajar. c) La suspensión exonera solo de la obligación de remunerar el trabajo.
74. El artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores prevé el derecho de los trabajadores a un periodo de excedencia para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa: a) Por un periodo de duración no superior a tres años. b) Por un periodo de duración no superior a cuatro años. c) Por un periodo de duración no superior a seis años.
75. El artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores prevé el derecho de los trabajadores a un periodo de excedencia para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida: a) Por un periodo de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva b) Por un periodo de duración no superior a un año. c) Por un periodo de duración no superior a seis meses. .
76. Según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, se entiende por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, o organizativas o de producción, cuando en un periodo de noventas días, la extinción afecte al menos a: a) Cincuenta trabajadores en las empresas que ocupen mas de trescientos trabajadores. b) Veinte por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores. c) Diez trabajadores en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
77. Según lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores, en los supuestos de suspensión por ejercicio de cargo público representativo o funciones sindicales de ámbito provincial o superior: a) El trabajador deberá reincorporarse en el plazo máximo de treinta días naturales a partir dela cesación en el cargo o función. b) El trabajador deberá reincorporarse en el plazo máximo de quince días naturales a partir de la cesación en el cargo o función. c) El trabajador no tiene derecho a reserva de puesto de trabajo. .
78. El artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores contempla entre las causas de extinción del contrato de trabajo, las siguientes: a) Por mutuo acuerdo de las partes y por despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. b) Por el ejercicio del derecho de huelga. c) Por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses. .
79. El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores establece entre las causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato: a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador. b) Las modificaciones no sustanciales del contrato de trabajo. c) El abono puntual del salario pactado. .
80. El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores establece que el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador. A tal efecto se considerarán incumplimientos contractuales: a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo y la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado. b) La falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables. c) La buena fe contractual. .
81. De acuerdo con el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, en los casos en los que el despido sea declarado improcedente, el empresario podrá optar: a) Entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. b) Entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a cuarenta días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. c) Entre el abono de una indemnización equivalente a cuarenta días de salario por año deservicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades y el abono de una indemnización equivalente a cincuenta días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. .
82. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, será de aplicación: a) A los trabajadores con vinculación laboral, regulada en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. b) Al personal al servicio de las Administraciones Públicas con relaciones de carácter administrativo o estatutario. c) Ambas son correctas. .
83. Dispone el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, podrán ser usados con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador: a) Sólo en caso de enfermedades contagiosas. b) Si, siempre que se notifique al trabajador afectado. c) No, en ningún caso.
84. El incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: a) Dará lugar a su despido inmediato de la empresa o perdida de la condición de funcionario público. b) No lleva aparejada ninguna consecuencia si no se produce muerte del trabajador. c) Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, según la normativa de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos o del Personal Estatutario al servicio de las Administraciones Publicas.
85. El conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asistiendo y asesorando para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados, de acuerdo con la Ley 31/1995, es la definición de: a) Comité de seguridad y Salud. b) Delegados de Prevención. c) Servicio de Prevención. .
86. El artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales recoge medidas de protección adicionales para: a) Las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto. b) El personal con edad superior a los 62 años, para aquellos trabajos que puedan generar un riesgo en su salud. c) El personal que trabaja con animales peligrosos. .
87. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde a: a) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. b) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. c) Servicios de Medicina Preventiva. .
88. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención serán: a) Nombrados entre los trabajadores con titulación de técnico básico en prevención de riesgos laborales. b) Designados por y entre los representantes de los trabajadores. c) Son designados por la autoridad sindical estatal.
89. De acuerdo a lo indicado en la Ley 31/1995, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo constituye: a) Daño en el trabajo. b) Riesgo Laboral. c) Condición a soportar de la relación laboral.
90. De acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario podrá: a) Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad. b) Constituir un servicio de prevención propio o concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. c) Todas las opciones anteriores están previstas en la Ley 31/1995. .
91. Según el art. 35 de la Ley 35/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de Prevención serán designados de manera que: a) De 100 a 500 trabajadores le corresponden 3 delegados. b) De 501 a 1000 trabajadores le corresponden 4 delegados. c) De 2000 a 3000 trabajadores le corresponden 6 delegados.
92. De acuerdo con el art. 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, tendrán el deber de: a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. b) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos imprevisibles, las máquinas, aparatos, herramientas y en general cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. c) Informar de inmediato a la autoridad laboral, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. .
93. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para constituir un Comité de Seguridad y Salud, ¿Qué número mínimo de trabajadores debe tener la empresa? a) 30. b) 40. c) 50.
94. ¿En qué norma están reguladas las infracciones y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales? a) En la normativa de riesgos laborales, esto es, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. b) Desde el año 2000 en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. c) En la Ley General de la Seguridad Social. .
95. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos, señala la opción correcta: a) La designación de Delegado de Prevención podrá recaer en aquellos funcionarios y funcionarias de carrera que preste sus servicios en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos. b) El número de Delegados de Prevención que podrán ser designados, por cada Departamento, Administración de Justicia, Área de Salud o Centro Educativo o el Servicio Canario de Empleo, se ajustará a la escala establecida en la normativa vigente, designándose un delegado más, por cada cien trabajadores a partir de los 1000 empleadas y empleados. c) Los Delegados de Prevención serán designados y distribuidos por las organizaciones sindicales, de forma proporcional a la representatividad que cada una de éstas ostente en los órganos de representación del personal funcionario, estatutario y laboral del sector respectivo.
96. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, con las adaptaciones correspondientes para la Administración previstas en el Decreto 168/2009, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el sistema de prevención se someterá a una auditoría o evaluación externa. ¿Quién se encargará de llevarla a cabo? a) La Dirección General de Trabajo a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral, como órgano técnico en materia preventiva de la Comunidad Autónoma, en colaboración con la Inspección General de Servicios, y al Servicio Canario de la Salud para la auditoría del sistema en lo referente a la vigilancia de la salud de los empleados públicos. b) La intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, al Servicio Canario de la Salud para la auditoría del sistema en lo referente a la vigilancia de la salud de los empleados públicos. c) La Dirección General de Trabajo a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral, como órgano técnico en materia preventiva de la Comunidad Autónoma, en colaboración con la Intervención General Delegada de dicha Consejería, y al Servicio Canario de la Salud para la auditoría del sistema en lo referente a la vigilancia de la salud de los empleados públicos. .
97. En materia de prevención de riesgos laborales, serán obligaciones del empresario: a) Garantizar la formación adecuada y suficiente de todos los trabajadores de su empresa en
materia preventiva. b) Adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados al trabajo a realizar. c) Ambas son correctas.
98. La Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de: a) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. b) Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. c) Todas las respuestas son correctas.
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99. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, se considera: a) Equipo de Protección Individual (EPI). b) Equipo de Trabajo. c) Equipo o productos potencialmente peligrosos.
100. La realización de la actividad de prevención que corresponde al empresario podrá hacerse mediante concierto con una entidad especializada ajena a la empresa, siempre que: a) Esté autorizada por la autoridad laboral. b) Sea autorizada por la autoridad sanitaria para realizar las actividades de prevención. c) Sea una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social. .
101. Cuántos títulos conforman la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. a) 7. b) 9. c) 10. .
102. De acuerdo con la Ley de la Hacienda Pública Canaria, cuál de las siguientes entidades no forma parte del Sector público autonómico: a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. b) Las sociedades mercantiles públicas definidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. c) Los Cabildos Insulares.
103. Según la Ley de la Hacienda Pública Canaria, cómo se clasifican los derechos de la Hacienda Pública: a) De naturaleza pública y de naturaleza privada. b) Sólo de naturaleza pública. c) Sólo de naturaleza pública privada. .
104. El procedimiento, efectos y requisitos de las formas de extinción de los derechos de
naturaleza pública de la Hacienda Pública se rigen por: a) Lo establecido en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. b) Lo establecido en la normativa tributaria. c) En ninguno de los casos mencionados. .
105. ¿En qué plazo prescriben los derechos de la Hacienda Pública? a) 4 años. b) 3 años. c) 5 años. .
106. ¿Cuál es el interés de demora en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria? a) El interés legal fijado en la Ley estatal de Presupuestos. b) El interés legal incrementado en un 25%. c) El interés legal fijado en la Ley autonómica de Presupuestos.
107. ¿Qué integran los escenarios presupuestarios plurianuales? a) Un estado de gastos. b) Un escenario de ingresos y un escenario de gastos. c) Un estado de ingresos.
108. Definición de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme establece el artículo 35 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. a) La expresión conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio del sector público. b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos del ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público. c) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público.
109. Conforme a la Ley de la Hacienda Pública Canaria, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias se presentarán y aprobarán atendiendo al cumplimiento de qué objetivo: a) La estabilidad presupuestaria. b) La seguridad jurídica. c) La sostenibilidad financiera. .
110. Conforme a la Ley de la Hacienda Pública Canaria, en el ejercicio presupuestario las obligaciones reconocidas, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general realizados antes de la expiración del ejercicio presupuestario se imputarán hasta: a) El 31 de diciembre. b) El último día hábil del ejercicio. c) El 15 de enero siguiente. .
111. ¿Cómo se aprueban los créditos extraordinarios y suplementos de créditos? a) Mediante Ley del Parlamento de Canarias. b) Por el Consejero competente en materia de Hacienda. c) Mediante Acuerdo de Gobierno. .
112. A los efectos de la Ley de la Hacienda Pública Canaria el sector público se divide en: a) Sector público con presupuesto limitativo y sector público con presupuesto convencional. b) Sector público con presupuesto limitativo y sector público con presupuesto ponderado. c) Sector público con presupuesto limitativo y sector público con presupuesto estimativo.
113. Según la Ley de la Hacienda Pública Canaria, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias estarán integrados por: a) Los presupuestos de los sujetos del sector público con presupuesto convencional. b) Los presupuestos de operaciones corrientes y los de operaciones de capital y financieras de las entidades del sector público con presupuesto ponderado. c) Los presupuestos de operaciones corrientes y los de operaciones de capital y financieras de las entidades del sector público con presupuesto estimativo.
114. ¿Cuál es el ámbito temporal de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias? a) Coincidirá con el año parlamentario. b) Coincidirá con el año natural. c) Coincidirá con el año hábil.
115. A efectos del procedimiento de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿quién elabora el anteproyecto del estado de ingresos de la Administración Pública Canaria? a) El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. b) Cada departamento. c) La Consejería competente en materia de Hacienda.
116. ¿Quién establece las directrices a las que se someterá la elaboración del presupuesto? a) La consejería competente en materia de Hacienda. b) El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, a propuesta de la consejería competente en materia de Hacienda. c) El Presidente del Gobierno de Canarias. .
117. ¿A quién corresponde elevar al Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria, el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias? a) Al Presidente del Gobierno de Canarias. b) A la Comisión Interdepartamental Presupuestaria (C.I.P.). c) Al Consejero competente en materia de Hacienda.
118. ¿En qué fecha se debe remitir al Parlamento de Canarias, el Proyecto Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias? a) Antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera. b) Antes del día 1 de diciembre del año anterior al que se refiera. c) Antes del día 1 de noviembre del año anterior al que se refiera. .
119. ¿Cuál de la siguiente documentación complementaria se deberá presentar acompañando el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias? a) Un anexo de operaciones corrientes. b) Las memorias descriptivas de los programas de ingresos. c) Los estados consolidados de los presupuestos. .
120. ¿De acuerdo a qué clasificaciones se estructuran los estados de gastos de los Presupuestos Generales del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias con presupuesto limitativo? a) Orgánica, por sectores, económica y territorial. b) Orgánica, por programas, económica y jurisdiccional. c) Orgánica, por programas, económica y territorial. .
121. ¿Cómo se denomina la clasificación de los estados de gasto de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, según la cual agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos, y otras entidades? a) Clasificación funcional. b) Clasificación por programa. c) Clasificación orgánica. .
122. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, la publicación de los actos administrativos, se requiere cuando: a) Se separan del dictamen de órganos consultivos. b) Limitan derechos subjetivos. c) Existe una pluralidad indeterminada de destinatarios.
123. ¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas establece los casos en los que debe motivarse un acto administrativo?: a) El artículo 53. b) El artículo 35. c) El artículo 55. .
124. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿Qué implica la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas? a) La nulidad de pleno derecho. b) La nulidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo. c) La anulabilidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo.
125. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, si un acto administrativo nulo ha derivado en firme, por no haber sido recurrido en tiempo y forma: a) Solamente cabe contra el mismo el recurso administrativo de reposición. b) Solamente cabe contra el mismo la revisión de oficio en el plazo de 4 años. c) Cabe contra el mismo la revisión de oficio, sin límite de tiempo.
126. Señale la respuesta incorrecta en relación a la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos: a) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. b) Los actos en los que la administración incurra en desviación de poder en todo caso. c) El defecto de forma en todo caso.
127. Señale la respuesta incorrecta de lo regulado por la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, en relación con la actividad de las Administraciones Públicas, respecto de la estimación y desestimación por silencio administrativo: a) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que una norma de Derecho internacional aplicable en España así lo establezca. b) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. c) El sentido del silencio será estimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
128. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común delas Administraciones Públicas, es una causa de anulabilidad: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los que tengan un contenido imposible. c) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
129. Señale la respuesta incorrecta respecto de los actos de las Administraciones Públicas, donde se indica que son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. .
130. Señale la respuesta incorrecta respecto de los actos de las Administraciones Públicas, donde se indica que son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. b) Cualquiera que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley o reglamentaria. c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. .
131. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (señala la incorrecta): a) Que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. b) Que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. c) Que regulen materias reservadas a la Ley. .
132. Respecto a la anulabilidad de los actos administrativos: a) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. b) Todas son correctas. c) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder.
133. La técnica mediante la cual los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste, se denomina: a) Conservación de actos y trámites. b) Convalidación de actos y trámites. c) Conversión de actos viciados.
134. Señale la respuesta incorrecta respecto de los actos de las Administraciones Públicas, donde se indica que son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible.
135. Señale la respuesta incorrecta respecto de los actos de las Administraciones Públicas, donde se indica que son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. b) Cualquiera que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley o reglamentaria. c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
136. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (señala la incorrecta): a) Que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. b) Que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. c) Que regulen materias reservadas a la Ley. .
137. Respecto a la anulabilidad de los actos administrativos: a) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. b) Todas son correctas. c) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. .
138. En relación con los actos administrativos nulos, señale la respuesta falsa: a) La Administración podrá convalidarlos, subsanando los vicios de los que adolezcan. b) La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. c) Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. .
139. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la nulidad o anulabilidad de un acto administrativo: a) Va a implicar la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, en todos los casos que el interesado así lo solicite. b) No implicará la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. c) Implicará la de los sucesivos en el procedimiento, sean o no independientes del primero, siempre que se trate de actos desfavorables o de gravamen.
140. Si un acto es impugnado basándose en una causa del art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: a) Será declarado nulo automáticamente. b) Podrá suspenderse su ejecución. c) No podrá suspenderse su ejecución. .
141. Según ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, respecto de la suspensión del plazo máximo para resolver del artículo 22 de la presente ley, señale cuál de las siguientes opciones considera incorrecta: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, se podrá suspender el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido. b) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, se suspenderá el plazo máximo para resolver desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, se podrá suspender el plazo máximo para resolver durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. .
142. Cuando los particulares sufren una lesión como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, concurriendo fuerza mayor ¿tienen derecho a ser indemnizados por la Administración? a) Sí, en cualquier caso. b) Sí, una indemnización económica en función de lo que resulte acreditado. c) No. .
143. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo: a) La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del mismo. b) La Administración e advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del mismo. c) La Administración le advertirá que continuará el procedimiento sin su audiencia. .
144. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación a que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos: a) Deberá ser garantizado por las Administraciones Públicas. b) Podrá ser garantizado por las Administraciones Públicas. c) Es potestativo para cada Administración Pública.
145. Las personas que promuevan un procedimiento administrativo como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, se denominan: a) Afectados. b) Interesados. c) Administrados.
146. Siguiendo el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la condición de interesado derivase de una relación jurídica transmisible, ¿Quién sucederá en la condición de interesado? a) El heredero. b) El derecho-habiente. c) El sucesor.
147. Siguiendo el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para actos de gestión y mero trámite: a) Se presumirá la representación. b) Se deberá acreditar la representación. c) No se puede actuar con representante.
148. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con: a) Con el interesado que decida la Administración actuante. b) Con el interesado que se haya señalado. c) Siempre con el que aparece en primer lugar. .
149. Siguiendo el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de acumulación de procedimientos, cabrá: a) Recurso extraordinario de revisión. b) Recurso potestativo de reposición. c) No cabrá recurso alguno.
150. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de inicio de oficio de un procedimiento administrativo? a) Por solicitud de un interesado. b) Por petición razonada de otro órgano. c) Como consecuencia de una orden superior. .
151. Se podrá solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito el derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá: a) A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. b) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) A dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
152. Siguiendo el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver: a) Debe continuarse el procedimiento hasta el final. b) Se puede resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. c) Se resuelve el expediente sin imponer sanción alguna.
153. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamentos a la resolución, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, se denomina: a) Cuerpo probatorio. b) Procedimiento administrativo. c) Expediente administrativo.
154. Siguiendo el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: a) Economía y simplificación. b) Transparencia y publicidad. c) Eficacia y eficiencia.
155. Siguiendo el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, acordar en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, lo denomina: a) Concentración de trámites. b) Acumulación de trámites. c) Concatenación de trámites. .
156. La apertura del periodo de prueba dentro de un procedimiento administrativo tendrá un plazo de: a) No superior a treinta días ni inferior a diez. b) No superior a dos meses ni inferior a un mes. c) No superior a cuarenta y cinco días ni inferior a quince. .
157. En un procedimiento administrativo que se esté instruyendo, el instructor podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados: a) Nunca. b) Siempre. c) Sólo cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.
158. Salvo disposición expresa en contrario, los informes que deban emitirse dentro de los procedimientos administrativos serán: a) Facultativos y vinculantes. b) Facultativos y no vinculantes. c) Obligatorios y vinculantes. .
159. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder su emisión de un plazo de: a) 10 días. b) 15 días. c) 1 mes.
160. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe de: a) Ministerio de Justicia. b) Abogacía del Estado. c) Consejo General del Poder Judicial.
161. Siguiendo el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se dará al interesado, el denominado: a) Trámite de alegaciones. b) Trámite de audiencia. c) Trámite de conocimiento.
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162. Según la Ley 39/2015, las notificaciones se practicarán: a) Siempre por medios electrónicos. b) Siempre en papel. c) Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. .
163. ¿Cómo deberán practicarse las notificaciones en papel? a) No pueden entregarse en el domicilio del interesado. b) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. c) La legislación vigente no permite la práctica de notificaciones en papel en ningún caso. .
164. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse éste presente en el momento de entregarse la notificación, y si nadie se hiciera cargo de la misma: a) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, dando por efectuado el trámite. b) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez, y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. c) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez, y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes. .
165. Según ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será: a) Como norma general el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, plazo que no podrá exceder de 3 meses. b) Una norma con rango de Ley o el derecho de la Unión Europea pueden establecer un plazo no superior a 6 meses. c) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 3 meses.
166. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de las notificaciones en papel: a) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. b) En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las catorce horas, el segundo intento deberá realizarse después de las catorce horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. c) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, tendrá la obligación de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
167. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, para declarar la nulidad de un acto administrativo en el procedimiento de revisión de oficio: a) La Administración no necesita ningún requisito. b) La Administración necesita el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. c) La Administración necesita la previa declaración de lesividad del acto. .
168. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando éste no acceda a su contenido, desde la puesta a disposición de la notificación, en el plazo de: a) Diez días hábiles. b) Diez días naturales. c) Quince días hábiles. .
169. ¿Puede una Administración Pública impugnar sus propios actos en vía contencioso administrativa? a) No, porque puede revisar de oficio sus propios actos. b) Sí, declarándolos previamente lesivos. c) Sí, en cualquier caso. .
170. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos, expresos o presuntos: a) De gravamen o desfavorables. b) Dictados por órganos manifiestamente incompetentes. c) Ninguna de las respuestas es correcta.
171. Si los particulares presuntamente lesionados no se personan en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado de oficio, en el plazo establecido al efecto, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: a) Se acordará el archivo de actuaciones. b) Se producirá la prescripción. c) Se instruirá el procedimiento.
172. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿Cuándo es posible la revocación de oficio de los actos de gravamen o desfavorables? a) Cuando no sea contraria al ordenamiento jurídico, al principio de igualdad y al interés público. b) Siempre. c) Siempre que sea solicitada también por los interesados.
173. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, ¿a qué se refiere el concepto de validez de un acto administrativo? a) La validez de un acto administrativo se refiere a la capacidad de este para generar efectos ante terceros. b) La validez de un acto administrativo se refiere exclusivamente a que la notificación del mismo se haya practicado de forma satisfactoria. c) La validez de un acto administrativo se refiere a la adecuación a derecho de todos sus elementos. .
174. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas: a) Podrán dictarse de oficio y a instancia del interesado. b) Requieren de su producción por órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. c) Ambas opciones son correctas.
175. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: a) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. b) La fecha en que se notifiquen, en cualquier caso. c) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
176. ¿Quiénes de los siguientes sujetos estarán obligados a relacionarse, en todo caso, a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? a) Las personas físicas. b) Quienes representen a un interesado, aunque éste no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. c) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
177. Señalar cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto de la validez y eficacia de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo: a) Se presumen válidos y producirán sus efectos desde la fecha en que se dicten salvo que en ellos se disponga otra cosa. b) Su eficacia puede quedar demorada cuando así lo exija el superior jerárquico. c) Ambas respuestas son correctas.
178. Según ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en relación a los plazos del procedimiento administrativo: a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. b) No cabrá señalar los plazos por días naturales en ningún caso. c) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto.
179. Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: a) Salvo que reglamentariamente se disponga otro cómputo. b) Salvo que por Ley se disponga otro cómputo. c) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo.
180. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuándo se entenderá por cumplida la obligación de notificar, dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos? a) Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado y los recursos que procedan. b) Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. c) Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, los recursos que procedan, así como el intento de notificación debidamente acreditado. .
181. Según el artículo 41.4 de la la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el interesado adicionalmente podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico: a) Que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de publicaciones. b) Que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, y para la práctica de notificaciones. c) Que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones. .
182. En los litigios entre Administraciones Públicas, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: a) No cabe interponer recurso en vía administrativa. b) No cabe interponer recurso contencioso-administrativo. c) Sólo cabe el recurso de lesividad.
183. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo contra los actos administrativos presuntos se computará: a) Desde el día siguiente al de la solicitud. b) Desde el mismo día de la petición. c) Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido.
184. El plazo de proposición y práctica de prueba en el procedimiento contencioso administrativo es de: a) Diez días para proponer y veinte para practicar. b) Quince días para proponer y veinte para practicar. c) Treinta días para practicar.
185. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, en el proceso contencioso-administrativo, las alegaciones previas serán formuladas: a) En la contestación a la demanda. b) En la celebración de la vista. c) Dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda.
186. Indique cuáles de estas cuestiones o conflictos no corresponden a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: a) Cuestiones que se susciten en relación con los contratos administrativos. b) Cuestiones sobre responsabilidad patrimonial de la Administración. c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración Pública.
187. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recibido el expediente administrativo en el juzgado o tribunal, se acordará que se entregue al demandante para que deduzca la demanda en el plazo de: a) Cinco días. b) Veinte días. c) Diez días. .
188. De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, una vez que el órgano jurisdiccional requiere a la Administración para que le remita el expediente administrativo, ¿en qué plazo deberá ser remitido? a) En el plazo de 30 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. b) En el plazo prorrogable de 15 día naturales, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general o auxiliar del órgano requerido. c) En el plazo improrrogable de 20 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido.
189. ¿Cuándo podrán los afectados formular recurso contencioso-administrativo en los supuestos en que la Administración no ejecute sus actos firmes? a) Cuando, solicitada su ejecución por los afectados, ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición. b) Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la petición de ejecución por los afectados, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no se hubiera llegado a un acuerdo con ellos. c) Cuando, solicitada su ejecución por los afectados, ésta no se produce en el plazo de dos meses desde tal petición.
190. Señale la opción correcta con respecto a la función de la jurisdicción contencioso administrativa, regulada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: a) Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 107.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. b) Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. c) De forma actualizada y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad legislativa y reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. .
191. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación de hecho, el plazo para interponer el recurso será: a) De conformidad con el artículo 46.3, si no hubiera requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. b) De conformidad con el artículo 46.3, si hubiera requerimiento, el plazo será de cinco días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo de diez días siguientes a la presentación de aquel. c) De conformidad con el artículo 45.3, si no hubiera requerimiento, el plazo será de diez días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. .
192. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, de la actividad de las Administraciones Públicas, una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los recursos administrativos: a) Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión. b) Contra la resolución del recurso de reposición se podrá interponer de nuevo dicho recurso. c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la condición de finalizadores del procedimiento, no agotan la vía administrativa.
193. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿Qué actos de trámite no son susceptibles de recurso de alzada o potestativo de reposición? a) Los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto. b) Los que produzcan indefensión. c) Los que pueden alterar la continuidad del procedimiento.
194. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el recurso potestativo de reposición no es correcta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas? a) No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. b) Se interpone contra actos firmes en vía administrativa. c) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
195. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general: a) No cabrá recurso en vía administrativa. b) Caben todos los recursos administrativos, menos el de revisión. c) Sólo cabe el llamado recurso administrativo de súplica. .
196. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, de la actividad de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso: a) Podrá suponer la suspensión del acto impugnado. b) Supondrá la renuncia a la vía jurisdiccional, sin perjuicio de lo que dicte el Consejo Consultivo. c) Nunca suspenderá la eficacia del acto impugnado. .
197. Una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el recurso de alzada, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: a) Sólo puede interponerse ante el superior jerárquico del que dictó el acto impugnado. b) Si se interpone ante el órgano que dictó el acto impugnado, dicho órgano deberá comunicarlo al órgano superior jerárquico a los efectos que procedan. c) Puede interponerse ante el órgano que dictó el acto impugnado o ante el competente para resolverlo.
198. La Ley 39/2105, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, establece que contra la resolución del recurso de reposición: a) No podrá interponerse nuevamente dicho recurso. b) No podrá ya interponerse recurso contencioso-administrativo. c) No cabrá recurso alguno. .
199. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el error en la calificación del recurso administrativo por parte del recurrente: a) Impedirá su tramitación en todo caso. b) Provocará su subsanación o requerimiento de la Administración. c) No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter.
200. El recurso de alzada podrá interponerse, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: a) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna. b) Ante el órgano competente para resolver el acto que se impugna. c) Ante el órgano que dictó el órgano que se impugna o ante el competente para resolverlo.
201. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de reposición si el acto fuera expreso será: a) Un mes. b) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. c) Tres meses. .
202. ¿Cuál es la normativa vigente que regula la materia de los contratos del Sector Público? a) Ley 9/2017 de 8 de noviembre. b) Ley 30/2007 de 30 de octubre. c) Real Decreto Legislativo 2/2000. .
203. A tenor de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la tramitación de los expedientes de contratación puede ser: a) Ordinaria y extraordinaria. b) Ordinaria, urgente o de emergencia. c) Abierta, restringido o negociada. .
204. A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la adjudicación de contratos del sector público ¿Cómo se ha de realizar ordinariamente? a) Utilizando cualquiera de los procedimientos de contratación. b) Utilizando solamente el procedimiento abierto. c) Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido.
205. Una vez completado el expediente de contratación, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿a quién corresponde aprobarlo y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación? a) En todo caso, a los Consejeros. b) En todo caso, a los Secretarios Generales Técnicos. c) En todo caso, al órgano de contratación. .
206. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿Qué se consideran contratos menores? a) Los contratos de importe inferior a 15.000 euros, cuanto se trate de contratos de obras, o a 40.000 euros, cuando se trate de otros contratos. b) Solo los contratos de importe inferior a 40.000 euros y superior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. c) Los contratos de importe inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o de 15.000 euros, cuando se trate de otros contratos.
207. Los contratos administrativos se perfeccionan, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación utilizados: a) Mediante la adjudicación realizada por el órgano competente. b) Cuando se formalizan. c) Cuando se licitan. .
208. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿Puede la Administración contratar verbalmente? a) La Administración no podrá contratar verbalmente, en ningún caso. b) La Administración no podrá contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia. c) La Administración no podrá contratar verbalmente, salvo pacto excepcional realizado con la empresa y previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. .
209. No pueden contratar, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, con la Administración Pública: a) Los que no estén al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. b) Los que tengan pendiente de pago multas de tráfico. c) Los que estén siendo objeto de inspección por los órganos competentes de la Administración
tributaria. .
210. El límite cuantitativo, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, para exigir la clasificación en los contratos de obras será de: a) 500.000 €. b) 200.000 €. c) 700.000 €. .
211. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿Cuándo se aprueban los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares? a) Previa o conjuntamente a la autorización del gasto y siempre antes de la adjudicación del contrato. b) Siempre con carácter previo a la autorización del gasto y antes de la perfección y, en su caso, licitación del contrato. c) Siempre conjuntamente a la autorización del gasto y antes de la licitación del contrato. .
212. Una vez perfeccionado el contrato, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación: a) No podrá introducir modificaciones. b) Sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, solo en el caso en que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente. c) Podrá introducir las modificaciones que requiera el interés público, y será preciso su formalización en documento administrativo o escritura pública.
213. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, tendrán carácter administrativo los siguientes contratos que se celebren por una Administración Pública: a) Concesión de servicios públicos. b) Compraventa y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles. c) Suscripción a revistas de carácter periódico.
214. Un expediente de contratación, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público se puede tramitar de forma abreviada mediante: a) La tramitación urgente del expediente. b) La tramitación de un contrato menor. c) La tramitación de un negociado sin publicidad. .
215. A efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la duración de los contratos de concesión obras será de: a) 20 años. b) No podrá exceder de 20 años. c) 40 años .
216. Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse: a) Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. b) Posteriormente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella. c) Conjuntamente con la licitación del contrato. .
217. La Ley de Contratos del Sector Público prevé que: a) En el cómputo de plazos establecidos, se entenderá que los días son hábiles. b) Los contratos de emergencia podrán ser verbales. c) La inderogabilidad singular de reglamentos impide que los pliegos particulares sean contrarios a los pliegos generales. .
218. Los contratos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro, son los contratos de: a) Concesión de obras. b) Concesión de servicios. c) Servicios.
219. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿El contrato mediante el cual, una Administración Pública, encarga a una entidad de derecho privado, la realización de una obra y la contraprestación consistirá en la explotación de la misma por un periodo determinado? a) Contrato de Concesión de obras. b) Contrato de Obras. c) Contrato de Cesión de obra pública.
220. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿Cuál de los siguientes se considera un contrato de servicios? a) Limpieza de un edificio de la Administración Pública. b) Construcción de una edificación. c) Ambas son ciertas.
221. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿Cuál de los siguientes se considera un contrato de servicios? a) Limpieza de un edificio de la Administración Pública. b) Construcción de una edificación. c) Entrega de material informático. .
222. Según lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrán obtener la condición de beneficiario de una subvención: a) Los condenados mediante sentencia a la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas. b) Los que tengan la residencia fiscal fuera de España. c) Los que hayan dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
223. Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en la gestión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: a) La tramitación del expediente de gasto se inicia una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y abierto el plazo de presentación de solicitudes. b) El reconocimiento de la obligación es previo a la justificación de la aplicación de los fondos por el beneficiario y a la acreditación de que éste se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. c) El proceso de selección de los beneficiarios culmina con una resolución del órgano concedente, que llevará consigo el compromiso de gasto por el importe de las subvenciones concedidas.
224. Conforme a la Ley General de Subvenciones, el procedimiento de concesión de una subvención en régimen de concurrencia competitiva se inicia: a) A instancia de los beneficiarios de una subvención. b) A instancia del centro gestor de los créditos a distribuir. c) De oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
225. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deben concederse por concurrencia competitiva las subvenciones: a) Con asignación nominal en los Presupuestos Generales del Estado. b) Las de cuantía impuesta por una norma de rango legal. c) Las que se concedan con criterios de valoración previamente fijados.
226. Señale la afirmación correcta. De acuerdo con la Ley 38/2003 General de Subvenciones será nula la resolución de una concesión que: a) Sea constitutiva de infracción administrativa. b) Se otorgue a favor de persona que no haya justificado la entrega de los fondos percibidos. c) Se otorgue a favor de persona que no esté al corriente de sus obligaciones tributarias. .
227. Señale la afirmación correcta. De acuerdo la Ley 38/2003, la subvención es un instrumento de la actividad administrativa: a) De servicio público. b) De limitación. c) De fomento.
228. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el gasto de subvenciones, ¿en qué momento debe efectuarse la aprobación del gasto? a) Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva. b) Durante la instrucción del procedimiento de concesión. c) Con carácter previo a la convocatoria de la subvención.
229. La Ley 38/2003 General de Subvenciones determina que para poder otorgar una subvención: a) Deben aprobarse, con carácter previo a su otorgamiento, las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión de la subvención. b) Debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado la existencia de crédito adecuado y suficiente para la concesión de la subvención en cuestión. c) Deben aprobarse las bases reguladoras, una vez se ha tramitado el procedimiento de concesión. .
230. De conformidad con la Ley General de Subvenciones, el beneficiario de una subvención: a) Puede ser una persona física o jurídica. b) Puede ser sólo una persona física. c) Ha de ser una persona jurídica necesariamente, ya que las personas físicas reciben ayudas, no subvenciones. .
231. El procedimiento de reintegro de subvenciones: a) Se iniciará de oficio y no interrumpe el plazo de prescripción de que dispone la Administración para exigir el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones. b) Se iniciará de oficio, como consecuencia de la propia iniciativa del órgano concedente, a propuesta de la Intervención General o de otros órganos o de denuncia. c) La resolución de este procedimiento se dictará previa instrucción de procedimiento administrativo con audiencia del interesado por un plazo no inferior a 15 días hábiles.
232. Tienen carácter de subvención pública, a los efectos de la Ley General de
Subvenciones: a) Las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. b) Las prestaciones por razón de terrorismo. c) Las actividades subvencionables de las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
233. De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley General de Subvenciones, ¿Cuál de los siguientes informes se debe recabar con carácter previo a la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones? a) El informe del Ministerio de Economía y Hacienda. b) El informe del Ministerio de Administraciones Públicas. c) El informe de la Intervención Delegada correspondiente.
234. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿Cuál es el concepto de subvención? a) Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, cumpliendo una serie de requisitos. b) Toda disposición normativa realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos. c) Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en la normativa de contratos, a favor de personas privadas, y que cumpla los siguientes requisitos. .
235. ¿Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la disposición dineraria realizada ha de hacerse con contraprestación directa de los beneficiarios? a) No. b) Sí. c) Sí, salvo los menores. .
236. Las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿están comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley? a) Sí. b) No. c) Sí, cuando la cuantía sea superior a la cantidad subvencionada. .
237. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones: a) Aquellos que la soliciten dentro del plazo. b) La persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. c) Ninguna de las anteriores es correcta. .
238. Es obligación de la entidad colaboradora, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre otras: a) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios. b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. c) Las dos anteriores son correctas.
239. ¿Es obligación del beneficiario de una subvención, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control? a) Sí. b) No, porque ya quedó acreditada la justificación al otorgársele la subvención. c) Sí, pero solo en caso de subvenciones superiores a los diez mil euros.
240. Es obligación de la entidad colaboradora, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, entre otras: a) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios. b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. c) Las dos anteriores son correctas.
241. En un procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión de una subvención destinada a actividades relacionadas con el turismo, el plazo de subsanación podrá ser ampliado: a) Hasta cinco días. b) No cabe la ampliación. c) Hasta cinco días naturales. .
242. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se entienden por funcionarios interinos: a) Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. b) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente c) A los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera. .
243. Conforme al artículo 89.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, la excedencia voluntaria por interés particular se podrá solicitar cuando: a) Cuando hayan prestado servicios efectivos mínimo de cinco años inmediatamente anteriores, en cualquier administración. b) Cuando hayan prestado servicio efectivos mínimo de cinco años inmediatamente anteriores en la administración donde prestan en la actualidad sus servicios. c) Cuando hayan prestado servicio efectivos mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores, en cualquier administración.
244. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones: a) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión. b) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia. c) Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia e incapacidad laboral temporal.
245. Conforme al artículo 89.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, la excedencia voluntaria por interés particular se podrá solicitar cuando: a) Cuando hayan prestado servicios efectivos mínimo de cinco años inmediatamente anteriores, en cualquier administración. b) Cuando hayan prestado servicio efectivos mínimo de cinco años inmediatamente anteriores en la administración donde prestan en la actualidad sus servicios. c) Cuando hayan prestado servicio efectivos mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores, en cualquier administración. .
246. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público ¿Qué tipo de personal es el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o de asesoramiento especial? a) Personal eventual. b) Funcionario interino. c) Personal directivo. .
247. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, ¿Qué derechos retributivos se reconocen a las funcionarias víctimas de violencia de género que pasen a la situación de excedencia por razón de violencia de género? a) El abono de las retribuciones básicas durante los dos primeros meses. b) El abono de las retribuciones complementarias durante los dos primeros meses. c) El abono de las retribuciones íntegras durante los dos primeros meses.
248. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público ¿a qué tipo de personal le corresponde el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas? a) A los funcionarios. b) Al personal laboral. c) Al personal eventual. .
249. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público y en orden a la provisión de puestos de trabajo ¿Qué tipo de personal debe pasar a la situación administrativa de servicios especiales cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas? a) Los funcionarios. b) Los funcionarios de carrera. c) El personal laboral.
250. En las Ofertas de Empleo Público se reservará, para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento, un cupo de plazas no inferior al: a) Tres por ciento. b) Cinco por ciento. c) Siete por ciento.
251. Señale cómo se clasifican los empleados públicos de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público: a) Funcionarios de carrera, personal laboral y personal estatutario. b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal estatutario. c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
252. Según el EBEP, ¿Cuánto días de permiso se le conceden a los funcionarios por motivo de fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad, si no se precisa trasladarse de localidad? a) 4 días. b) 5 días. c) 2 días.
253. ¿Cuánto días de permiso, según el EBEP, tienen los funcionarios públicos por cambio de domicilio sin cambio de residencia? a) Ninguno. b) 1 día. c) 3 días. .
254. El EBEP, a los funcionarios públicos tienen derecho, por asuntos particulares, hasta: a) 7 días. b) 5 días. c) 6 días.
255. Al cumplir el octavo trienio, ¿en cuántos días se ve incrementado el permiso por asuntos particulares? a) 1 día. b) 2 días. c) 3 días.
256. ¿Cuánto tiempo, según el EBEP, tiene de permiso de ausencia de trabajo por lactancia el funcionario que es padre de un hijo de menor de 12 meses? a) Ningún tiempo, al ser un permiso que sólo puede disfrutar la madre. b) Media hora, al tener que ser compartido entre los progenitores. c) Una hora, ya que este derecho puede ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores.
257. En caso de que el hijo recién nacido tenga que permanecer en el hospital a continuación del parto, ¿tienen derecho los progenitores funcionarios, a algún tipo de reducción laboral? a) Sí, a la ausencia del trabajo durante dos horas diarias como máximo. b) Sí, a la ausencia del trabajo durante tres horas diarias como máximo. c) No, en ningún caso.
258. ¿Cuál de las siguientes es una de las medidas recogidas en el EBEP, en relación a las funcionarias víctimas de violencia de género? a) Tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo. b) Tendrán derecho a la reducción de la jornada sin disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo. c) No tendrán derecho en ningún caso a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, pero si a la reordenación del tiempo de trabajo.
259. Conforme al artículo 34 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, indique cuál de las siguientes, es una causa de pérdida de la condición de funcionario: a) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados. b) Sentencia firme que imponga el funcionario pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño de cargo público. c) Excedencia forzosa. .
260. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 2/1987 de Función Pública Canaria, ¿Cuál de los siguientes órganos superiores no tiene competencias en materia de personal? a) El Gobierno de Canarias. b) El Consejero competente en materia de Hacienda. c) La Comisión de Asuntos Preparatorios del Gobierno.
261. De conformidad con la Ley 2/1987 de Función Pública Canaria, ¿a qué órgano le corresponde adscribir un Cuerpo o Escala de funcionarios a un Departamento u Organismo? a) A la Dirección General de Función Pública. b) A la Secretaría General Técnica. c) Al Gobierno de Canarias. .
262. En cuanto a las medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, tras la redacción del artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, señale la opción correcta: a) Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. b) Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación. c) Ambas opciones son correctas.
263. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el derecho a la reparación de las víctimas, incorporado por la Ley Orgánica 10/2022, comprenderá: a) La compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición. b) La compensación moral por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, las acciones de reparación simbólica y la disculpa pública en medios de comunicación social. c) La compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social y una indemnización adicional para las mujeres con más de cuatro hijos.
264. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, quiénes serán los encargados de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género: a) El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral. b) El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de igualdad, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios de igualdad de modo que cuenten con unidades de valoración social integral. c) Las comunidades autónomas y los Cabildos que hayan asumido competencias en materia de justicia organizarán, en el ámbito que a cada una le es propio, los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral. .
265. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) Establece principios de actuación de los Poderes Públicos. b) Únicamente regula derechos y deberes de las personas físicas. c) Prevé medidas destinadas a eliminar y corregir exclusivamente en el sector público, toda forma de discriminación por razón de sexo. .
266. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto: a) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. b) Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. c) El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley.
267. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas: a) Política y civil. b) Laboral y económica. c) Ambas son correctas.
268. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo: a) Todas las personas. b) Solo las mujeres. c) Las mujeres y los hombres.
269. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece: a) Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. b) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. c) Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes. .
270. Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, serán de aplicación a toda persona: a) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, con nacionalidad, domicilio o residencia española. b) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. c) Física o jurídica, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, aunque no se encuentre o actúe en territorio español. .
271. El órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se denomina conforme el art. 30 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: a) Observatorio Estatal de Igualdad y Violencia de Género. b) Observatorio Estatal de Violencia de Género. c) Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
272. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito educativo, la Educación Infantil contribuirá a: a) Desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. b) Desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. c) Desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
273. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito educativo, la Educación Primaria contribuirá a: a) Desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos. b) Desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos. c) Ninguna de las anteriores es correcta. .
274. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ámbito educativo, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a: a) Desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. b) Desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. c) Desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.
275. Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en relación a la escolarización en caso de violencia de género: a) Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. b) Las Administraciones competentes deberán prever la escolarización en el curso del año siguiente, de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. c) Las dos anteriores son correctas. .
276. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) Anulables. b) Nulos y sin efecto. c) Incorrectos. .
277. En relación a la tutela judicial efectiva, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la persona acosada será: a) La única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. b) La principal legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. c) Legitimada, si así lo solicita solo en los litigios sobre acoso sexual. .
278. En relación a la prueba, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona: a) Demandante probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. b) Demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su
proporcionalidad. c) Ninguna de las anteriores es correcta.
.
279. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cómo se considera la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable? a) Discriminación directa por razón del sexo. b) Discriminación indirecta por razón del sexo. c) Discriminación directa por razón del género.
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280. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, se define como: a) Agresión sexual. b) Acoso sexual. c) Abuso sexual. .
281. Según dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, a qué concepto corresponde que la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro: a) Discriminación directa por razón del sexo. b) Discriminación indirecta por razón del sexo. c) Discriminación directa por razón del género. .
282. En el marco de una solicitud de acceso a la información, cuando ésta no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información ¿Cuáles de estos no es un criterio marcado por la ley? a) El menor perjuicio a los afectados derivados del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho que tengan la condición de empleados públicos y motiven el acceso para fines de interés público. c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. .
283. Conforme a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias, las resoluciones de acceso a la información de los órganos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrán ser impugnadas: a) Preceptivamente, previamente a la vía contencioso-administrativa, ante el mismo órgano que dictó la resolución. b) Preceptivamente, previamente a la vía contencioso-administrativa, ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. c) Potestativamente, previamente a la vía contencioso-administrativa, ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. .
284. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad se considerará lícito: a) Siempre que sea mayor de 14 años cuando conste su consentimiento conforme. b) Siempre que sea mayor de 14 años cuando conste el consentimiento conforme del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen éstos. c) Nunca podrá ser objeto de tratamiento si tiene una edad inferior a 13 años.
285. De acuerdo con el art. 5.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad, conforme al principio de: a) Accesibilidad universal, y diseño para todos. b) Acceso público y gratuito. c) Acceso general. .
286. En cumplimiento de la publicidad activa de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, la concesión de autorizaciones de compatibilidad para segundas actividades del personal al servicio del sector público: a) Alcanza únicamente a las actividades privadas, siendo objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad. b) Alcanza a las actividades públicas y privadas, siendo objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad. c) Alcanza a las actividades públicas y privadas, siendo objeto de publicación en el Boletín Oficial de Canarias especificando la identificación del personal, el puesto de trabajo que desempeña y la actividad o actividades para la que se autoriza la compatibilidad y el horario que dedica a cada actividad. .
287. El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, será de: a) Diez días. b) Un mes. c) Seis meses. .
288. La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal tiene por objeto garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales: a) Las libertades públicas de las personas físicas. b) Los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas. c) Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas.
289. La Ley Orgánica de Protección de Datos: a) Establece cuáles son sus objetivos, su objeto y cuáles son los datos, ficheros y tratamiento a los que se aplica. b) Establece cuáles son los requisitos para la creación de ficheros de titularidad pública y privada. c) Ambas son correctas.
290. Los interesados tienen derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernen: a) Cuando sean tratados conforme al consentimiento expreso prestado, pero estén incompletos. b) Cuando su tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. c) Cuando los datos hayan sido tratados ilícitamente.
291. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal tiene por objeto garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales: a) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. b) Los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas. c) Las libertades públicas de las personas físicas. .
292. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece los siguientes derechos: a) Derecho de acceso, derecho de rectificación y derecho de supresión. b) Derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad, derecho de oposición. c) Derecho de acceso, derecho de rectificación y cancelación. .
293. Conforme al artículo 5 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, se entiende por Portal de Transparencia: a) La dirección electrónica del Gobierno de Canarias que tiene por objeto centralizar y poner a disposición de cualquier persona toda la información que deben hacer pública de acuerdo con esta ley las entidades incluidas en su ámbito de aplicación. b) Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. c) La elaboración, actualización, difusión y puesta a disposición de cualquier persona, en una manera clara y entendible, de la información prevista en esta ley derivada de la actuación de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación en ejercicio de las funciones que tienen atribuidas, sin más limitaciones que las establecidas legalmente. .
294. Conforme al artículo 16 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, la información relativa a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a las entidades y organismos dependientes de aquella que se especifica en su capítulo II, se hará pública en: a) El Portal de Transparencia. b) En el Tablón de Anuncios del departamento. c) En Boletines informativos. .
295. Según el artículo 21 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de su personal y el de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, hará pública y mantendrá actualizada entre otras: a) La información general de las retribuciones de los altos cargos de la Administración y del personal directivo, articulada en función de la clase o categoría del órgano, así como de los gastos de representación que tienen asignados. Asimismo, se harán públicas las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. b) La información general de las retribuciones de los altos cargos de la Administración y del personal directivo, articulada en función de la clase o categoría del órgano, sin los gastos de representación que tienen asignados. c) La Información general de las retribuciones de los altos cargos de la Administración y del personal directivo, sin los gastos de representación que tienen asignados ni las indemnizaciones que pudieran recibir. .
296. De conformidad con la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, el derecho de acceso a la información pública: a) No está sujeto a límites. b) Está sujeto a los límites establecidos en la legislación básica del Estado, pudiendo ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para las materias que se recogen en el artículo 37 de la ley de referencia. c) Está sujeto a los límites establecidos en la legislación básica del Estado, pudiendo ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para las materias que se recogen en el artículo 45 de la ley de referencia. .
297. Según la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, las resoluciones sobre las solicitudes de acceso a la información pública se adoptarán y notificarán: a) En el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente para resolver, ampliable por otro mes cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen. b) En el plazo máximo de cinco meses desde su recepción por el órgano competente para resolver. c) En el plazo máximo de tres meses desde su recepción por el órgano competente para resolver. .
298. De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, transcurrido el plazo máximo para resolver sobre las solicitudes de acceso a información pública sin haberse notificado resolución expresa: a) La solicitud de acceso se entenderá desestimada. b) La solicitud de acceso se entenderá estimada. c) La solicitud se devolverá.
299. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. b) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente. c) Ambas son correctas.
300. ¿Es de aplicación a los partidos políticos el Título I de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno? a) Sí, es plenamente aplicable ya que los partidos políticos forman parte de sector público. b) No, en ningún caso, ya que los partidos políticos se rigen por la Ley Orgánica de Partidos Políticos del año 2002. c) Tal y como dispone el artículo 3 de dicha norma, las disposiciones del capítulo II del Título I serán también aplicables a los partidos políticos, además de a las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. .
8. ¿Cuál de las siguientes condiciones no se exige para ser Regente? a) Ser español. b) Ser miembro de la familia real. c) Ser mayor de edad.
39. Definición de Hacienda Pública, conforme establece el artículo 6 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. a) La Hacienda Pública está constituida por el conjunto de obligaciones de contenidoeconómico cuya titularidad corresponda a los entes del sector público autonómico que sujeten su actividad al derecho público. b) La Hacienda Pública está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponda a los entes del sector público autonómico que sujeten su actividad al derecho público. c) La Hacienda Pública está constituida por el conjunto de derechos de contenido económico cuya titularidad corresponda a los entes del sector público autonómico que sujeten su actividad al derecho público.
44. ¿Por qué causas se extinguen las obligaciones de la Hacienda Pública? a) Por el nacimiento de un derecho. b) Por prescripción. c) Por las causas contempladas en el Código Civil y en el resto del ordenamiento jurídico.
59. Señala cuál de los siguientes y a efectos de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, forma parte del sector público con presupuesto limitativo: a) Las entidades públicas empresariales definidas en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. b) Las fundaciones públicas definidas en la Ley de Fundaciones Canarias. c) Los organismos autónomos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. .
60. ¿Cómo se agruparán los créditos según la clasificación económica de los gastos? a) Por capítulos, separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras. Por secciones y servicios, separando las operaciones corrientes, las de capital y las
financieras. c) Por artículos, separando las operaciones comunes, las de capital y las financieras.
63. Uno de los objetos que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. ¿Cuál es la justificación jurídica de esta reserva material? a) El Preámbulo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. b) La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957. c) El artículo 149.1.18 de la Constitución española de 1978.
73. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una causa de anulabilidad: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los que tengan un contenido imposible. c) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. .
76. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, determina que: a) La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea inferior jerárquico del que dictó el acto viciado. b) La convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. c) No podrá realizarse la convalidación. .
105. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público Ordinariamente, en el expediente de contratación en el sector público ¿Cómo se ha justificar la elección del procedimiento? a) Adecuadamente. b) No se precisa justificación, cuando la misma se contiene tácitamente. c) De forma somera. .
109. A tenor de lo establecido por la norma legal reguladora de los contratos de las Administraciones Públicas, señale de las siguientes respuestas aquélla que haga referencia a un órgano de contratación: a) La Mesa de Contratación. b) El Consejero. c) El Gobierno.
116. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público ¿Cuál no es un tipo de contrato? a) Obras. b) Convenio. c) Concesión de servicios.
138. Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dentro de los requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, con carácter previo a dicho otorgamiento deberán: a) Aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en la Ley de Contratos. b) Aprobarse las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión en los términos establecidos en la Ley General de Patrimonio. c) Ninguna de las anteriores es cierta.
158. ¿Tiene derecho, según el EBEP el funcionario a permisos para realizar pruebas definitivas de aptitud y exámenes finales? a) No, en ningún caso. b) Sí, pero sólo si son Universitarias. c) Sí, durante los días de su celebración.
168. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo: a) Todas las personas. b) Solo las mujeres. c) Las mujeres y los hombres.
176. Qué significa la indemnidad frente a represalias, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. b) Cualquier trato inverso o efecto positivo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. c) Ninguna de las anteriores es correcta.
193. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sobre el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá: a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones. b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. c) Ambas son correctas.
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