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T 1 P G

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Título del test:
T 1 P G

Descripción:
Psicotécnicos

Autor:
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Fecha de Creación:
07/02/2020

Categoría:
Psicotécnicos
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1. Los artículos 1 y 2 sintetizan los rasgos más sobresalientes del régimen democrático instaurado por la Constitución de 1978. Seleccione la opción correcta. a. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. b. España es un Estado social y democrático de derecho. c. España es un Estado democrático de derecho. d. España se constituye como un Estado social y democrático.
2. La caracterización como Estado de Derecho implica: a. La división de poderes. b. La progresiva ampliación de los ámbitos de sumisión al Derecho y la eliminación de los espacios inmunes al mismo. c. La definición como Estado regional y descentralizado. d. La extensión del principio de participación política.
3. La consagración constitucional de determinados valores -la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político- como superiores en nuestro ordenamiento jurídico: a. Recoge los pronunciamientos tradicionales del constitucionalismo español. b. En el constitucionalismo comparado no encontramos fórmulas análogas. Es una formulación novedosa en 1978. c. El texto constitucional de 1978 reproduce las estipulaciones de la Constitución de 1931. d. El texto sigue la dicción de Ley Fundamental de Bonn.
4. Los constituyentes optaron, en relación a la soberanía, por declarar: a. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. b. La soberanía reside en la nación española. El diseño de los constituyentes optaba por tesis centralistas. c. La soberanía reside en los pueblos que forman la nación española. d. El sistema diseña un Estado pseudofederalista y regionalista, siendo las nacionalidades las titulares de la soberanía.
5. En el texto constitucional se consagra que la forma política del Estado español es: a. La monarquía. b. La monarquía constitucional. c. La monarquía parlamentaria. d. El gobierno representativo y parlamentario.
6. La regulación constitucional de los principios rectores de la política social y económica del artículo 39 de la Constitución se inicia con la referencia a la protección a la familia. Señale la opción correcta. a. Lo que realmente identifica a una familia es la existencia de vínculos paterno filiales o, de un núcleo de convivencia parental, y en menor medida el estado civil de los padres. b. Lo que realmente define una familia es el estado civil de los padres. c. No se asume la existencia de una relación familiar cuando ese núcleo de convivencia se constituye entre miembros con una relación de segundo grado o colateral. d. El art. 39.1 impone a los poderes públicos, según el Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia, que dicha protección se dispense a través de medidas tributarias.
7. El artículo 40 dedicado a los principios rectores de la política social y económica que alude a la consecución del progreso social y económico, la distribución de la renta regional y personal más equitativa, la estabilidad económica y el pleno empleo: a. Tiene el carácter de noma imperativa e indisponible. b. Recoge los precedentes constitucionales españoles. c. Es una norma típicamente programática que prescribe la persecución de un fin de interés general pero sin poner los medios y las condiciones para su realización. d. Para la consecución del pleno empleo y el reparto del trabajo, el Tribunal Constitucional ha dicho que el legislador no puede utilizar como instrumento la jubilación forzosa.
8. En relación a la alusión de la Constitución al derecho a la salud: a. El texto constitucional diseña una organización territorial del Estado que impide la asunción por las Comunidades Autónomas de competencias en materia de sanidad. b. Tiene su precedente en el artículo 46.2 de la Constitución de 1931, que estipulaba que la legislación social de la República regularía los casos de seguro de enfermedad. c. El art. 4.2.f del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, define como competencia exclusiva de los Estados miembros los asuntos relativos a la seguridad en materia de salud pública. d. Titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria son todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia legal en el territorio nacional.
9. El artículo 41 de la Constitución, encuadrado en el capítulo de principios rectores de la política social y económica, se ocupa de la Seguridad Social: a. Las prestaciones de la Seguridad Social son contributivas y proporcionales en todo caso a cotizaciones de los afiliados. b. La Seguridad Social española sigue el modelo contributivo y profesional que diseñó Bismark. c. Se regula partiendo de manera flexible y abierta a la evolución del sistema. d. La Seguridad Social española sigue el modelo anglosajón de Beveridge, no contributivo y universal.
10. En el plano legislativo, el punto de partida de las políticas de protección social en España ha de situarse en: a. La Ley Azcárate de 23 de julio de 1908. b. La Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 y el Retiro Obrero Obligatorio, de 1919, donde se optó claramente por un sistema contributivo. c. El artículo 46 de la Constitución republicana de 1931. d. La Ley de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del régimen general de la Seguridad Social de 1972.
11. ¿En qué Título de nuestra Constitución encontramos definida la doctrina de la separación de poderes? a. En el Título III, de las Cortes Generales. b. No existe referencia expresa en el texto constitucional. c. En el Título IV, del Gobierno y de la Administración. d. En el Título Preliminar.
13. El artículo 42 del texto constitucional establece que el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno: a. Es un artículo impuesto por la normativa europea. b. Su antecedente lo encontramos en la Constitución de 1931, que reconoció el derecho a emigrar, con las limitaciones pertinentes remitió a la legislación social la regulación del obrero español en el extranjero. c. Se origina en la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo. d. Se formula "ex novo" en el derecho a emigrar.
14. El artículo 44 de la Constitución contempla el derecho a la cultura, y las obligaciones para los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la misma: a. Se permite la posibilidad de exigencia inmediata del mismo ante jueces y tribunales. b. Se diseña como política de exclusiva competencia estatal. c. En su promoción intervendrán exclusivamente la administración autonómica y la administración europea. d. El derecho a la cultura pertenece, como ha señalado reiteradamente la doctrina, al género de los derechos de prestación.
15. En relación a la naturaleza del reconocimiento al derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado contenido en el artículo 45.1 de la Constitución: a. La degradación medioambiental podrá ser contraria al art. 45, y podrá ser materia de recurso de amparo constitucional, pues el precepto citado enuncia un derecho de tal naturaleza. b. La protección del medio ambiente es uno de los aspectos más innovadores y característicos de la parte dogmática de la Constitución de 1978, no se había aludido con anterioridad al medio ambiente en el ordenamiento español. c. Es un derecho subjetivo perfecto de que son titulares todos los españoles y cuyo respeto es exigible ante los tribunales. d. La conservación del medio ambiente se convierte en un verdadero fin transversal que inspira la actuación de todas las autoridades.
16. La STC 88/1986, de 1 julio, analiza la unidad de mercado y su compatibilidad con la autonomía política. De ella deducimos: a. La Constitución garantiza un mercado único que implica la uniformidad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. b. La Constitución garantiza la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. c. La Constitución excluye la diversidad de regímenes jurídicos eliminando las intervenciones de distintas autoridades públicas. d. La libertad de empresa, la unidad de mercado y la libertad de residencia son exigencias exclusivamente derivadas del Derecho Comunitario.
17. La regulación Capítulo III, del Título I de la Constitución se incluye en el Título I "De los derechos y deberes fundamentales", por lo que: a. Abren vía de recurso ante el Tribunal Constitucional. b. Pueden ser considerados verdaderos derechos subjetivos de los ciudadanos como el resto de derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el citado Título. c. De estos principios no cabe deducir pretensiones jurídicas inmediatas sino expectativas de derechos. d. Son normas meramente programáticas.
18. ¿Qué principios informan las relaciones entre las Administraciones Públicas? a. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional. b. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de legalidad. c. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con los principios de legalidad, jerarquía y lealtad constitucional. d. Las Administraciones Públicas se relacionan de acuerdo con el principio de jerarquía.
19. ¿Resulta la Constitución directamente aplicable a los operadores jurídicos como fuente del Derecho? a. No, puesto que sería una interpretación excesiva del principio de soberanía nacional. b. Sí, porque fue el resultado de un pacto entre la Corona y la soberanía nacional. c. Sí, puesto que la Constitución vincula a Jueces y Tribunales. d. No, puesto que las normas directamente aplicables son las emanadas del poder legislativo y del ejecutivo.
20. En relación a la garantía de los derechos constitucionales el artículo 53.2 permite: a. A cualquier ciudadano recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección primera del Capítulo 2º ante los tribunales ordinarios. b. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos mediante un procedimiento especial, preferente y sumario ante los tribunales ordinarios. c. La tutela de los derechos fundamentales corresponde al Tribunal Constitucional. d. Ninguna de las anteriores es correcta.
21. Los derechos fundamentales pueden ser suspendidos en determinados casos, establecidos constitucional y legalmente: a. La declaración de suspensión ha de ser general en relación a un colectivo de personas, en un ámbito territorial, nacional o regional. b. La suspensión de derechos fundamentales de forma individual ha sido declarada inconstitucional. c. Los derechos pueden ser suspendidos de forma tanto individual como colectiva. d. La suspensión de derechos ha sido integrada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
22. En relación a los estados de alarma, excepción o sitio: a. Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio serán provisionales e indispensables y proporcionadas para restablecer la normalidad. b. Se adoptarán cuando desórdenes extraordinarios hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad por parte de los poderes ordinarios de las autoridades. c. Deberán adoptarse a través de Ley Orgánica. d. Dependerán también de lo que se establezca en los correspondientes Estatutos de Autonomía.
23. En relación con las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales: a. Se regularon por primera vez en la Constitución de 1931. b. La suspensión de garantías se regulaba en las leyes de “orden público”. c. Las Constituciones históricas españolas no contuvieron mención alguna de las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales. d. Las dos últimas opciones son correctas.
24. El artículo 55 del texto constitucional regula la suspensión general de derechos y libertades: a. Se relaciona con la declaración de las situaciones excepcionales cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades. b. Se permite la suspensión de derechos y libertades en nuestra Constitución en el estado de excepción, el estado de sitio y el estado de alarma. c. La finalidad es la suspensión de determinados derechos y libertades, sobre la base de dejar total libertad de actuación al Ejecutivo para posibilitarle el restablecimiento del orden público alterado. d. Los actos de la autoridad gubernativa adoptados durante la vigencia de la suspensión de derechos no son impugnables en vía jurisdiccional.
25. El art. 47 de la Constitución establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, afirmación que encuentra sus precedentes en: a. En la Constitución de 1812. b. En el art. 31 del Fuero de los Españoles y en la Declaración XII, 2, del Fuero del Trabajo. c. En la Constitución de 1931. d. En la Constitución de 1869.
26. El artículo 47 relativo al acceso a la vivienda, en su desarrollo normativo ha de integrar: a. La doble óptica que enmarca la materia que integra el Derecho urbanístico, por una parte, y en cuanto objeto de protección específica de las Administraciones Públicas, por otra. b. Los estudios de impacto ambiental y la eficiencia energética y la normativa reguladora de los créditos hipotecarios. c. La normativa de algunas Comunidades Autónomas sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, competencia que ha sido efectivamente incluida en algunos Estatutos de Autonomía. d. La producción jurídica del Estado, que está legitimado para realizar cualquier actividad en materia de vivienda.
27. El artículo 48 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. En relación al mismo, debe señalarse: a. Su significado de derecho social, es decir, de derecho de prestación directamente invocable. b. El único antecedente que puede señalarse en este precepto lo constituye la Organización Juvenil Española. c. No tiene precedentes en nuestro Derecho constitucional, es uno de los ejemplos paradigmáticos de precepto retórico y de muy difícil contenido y efectividad práctica. d. Se formula para concretar las exigencias del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
28. El texto constitucional que más ha influido en la formulación que hace nuestra Constitución en relación a los llamados “derechos sociales” es: a. La Constitución española de 1931. b. La Constitución francesa de1958. c. La Constitución italiana de 1947. d. La Constitución portuguesa de 1976.
29. El artículo 49 establece la obligación de los poderes públicos en relación a la previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. En relación a este precepto, hay que señalar: a. En puridad no reconoce un derecho subjetivo en sentido estricto. b. Estamos ante un supuesto de competencias exclusivas del Estado que se canaliza por medio de prestaciones de la Seguridad Social. c. Estamos ante un supuesto de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas que se canaliza por medio de la acción social. d. Nuestro ordenamiento implanta el modelo médico, que considera la discapacidad como un problema causado directamente por una enfermedad, accidente o condición de su salud, que requiere asistencia médica y rehabilitadora, en un tratamiento individualizado prestado por profesionales.
30. El artículo 50 encomienda a los poderes públicos garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad y la promoción de su bienestar. Señale la opción correcta. a. El compromiso del Estado de prestar asistencia a los ancianos se encuentra en España recogido en la Constitución de 1931 (art. 43), en el Fuero de los Españoles (art. 28) y el Fuero del Trabajo. b. No se había plasmado en ningún texto constitucional previo en España. c. El concepto de pensión adecuada ha de considerarse atendiendo a cada pensión singular según los derechos generados por cada persona. d. Los beneficiarios del sistema de pensiones serán los residentes durante 20 años continuados en territorio español.
31. El Tribunal Constitucional se compone de: a. 21 miembros nombrados por las Cortes Generales. b. 21 miembros nombrados por el Rey. c. 17 miembros nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. d. 12 miembros nombrados por el Rey.
32. En cuanto a la aprobación de la composición del Tribunal Constitucional, necesitarán una mayoría de: a. Tres quintos en el Congreso y tres quintos en el Senado. b. Mayoría absoluta en el Congreso y tres quintos en el Senado. c. Mayoría de tres quintos en el Congreso y tres quintos en el Senado. d. Mayoría absoluta en ambas Cámaras, Congreso y Senado.
33. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre: a. Magistrados, Fiscales y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. b. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. c. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. d. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
34. Según el artículo 159 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de: a. Seis años y se renovarán la mitad de sus miembros a los tres años. b. Seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. c. Cinco años con posibilidad de renovar el mandato una sola vez. d. Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
35. Los precedentes históricos constitucionales del artículo 159 relativo al control de constitucionalidad los encontramos en: a. El artículo 122 de la Constitución de 1931, que establecía el Tribunal de Garantías Constitucionales. b. La primera aparición la encontramos en el texto constitucional de 1873, en su artículo 77. c. En la Constitución de la Monarquía Española de 1929, que regulaba un recurso de inconstitucionalidad contra leyes y reglamentos, que debía resolverse en la Sección de Justicia del Consejo del Reino. d. En el artículo 95 de la Constitución de 1869.
36. La normativa que complementa el artículo 159 está constituida por: a. La Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre. b. Los arts. 16 a 26 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. c. Los arts. 23 y 24 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). d. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
37. Según el art. 160 el Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de: a. Cuatro años. b. Seis años. c. Tres años con posibilidad de una reelección. d. Dos años renovables con posibilidad de tres mandatos.
38. Según el art. 161 el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2, los conflictos de competencia y las materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. b. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 y los conflictos de competencia. c. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 y las cuestiones de inconstitucionalidad. d. El recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el Título I, las cuestiones de competencia y las cuestiones de inconstitucionalidad.
39. Según el art. 161 el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas: a. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida. b. La impugnación gubernamental producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal deberá ratificarla en un plazo de tres meses. c. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal deberá ratificarla en un plazo no superior a cinco meses. d. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
12. La expresión "derecho de excepción", se puede relacionar con: a. La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Judicial. b. El ámbito de aplicación de la "legislación terrorista" y la suspensión de algunas garantías procesales. c. La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio competencial entre Estado y Comunidades Autónomas por motivos de orden público. d. La suspensión de derechos y libertades, por una parte, y, por otra, la alteración del equilibrio de poderes Ejecutivo-Legislativo.
40. Según el artículo 162 están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: a. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los Presidentes de la Comunidades Autónomas. b. El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. c. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. d. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
41. El artículo 163 permite plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a los siguientes legitimados: a. Los órganos judiciales ordinarios, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución. b. Los órganos judiciales, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, de cuya validez depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución. c. Los órganos judiciales y administrativos, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, de cuya validez depende la resolución, puede ser contraria a la Constitución. d. Los órganos judiciales, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, anterior a la Constitución, de cuya validez depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución.
42. La iniciativa para la reforma constitucional, según el artículo 166 queda en manos de: a. El Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y la iniciativa legislativa popular. b. El Gobierno, el Congreso, el Senado y las Comunidades Autónomas. c. El Gobierno, el Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y la iniciativa legislativa popular. d. El Gobierno, el Congreso, el Senado y la iniciativa legislativa popular.
43. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de la Constitución, se tramitarán: a. Conforme a las normas establecidas para proyectos y proposiciones de ley. b. Conforme al procedimiento seguido con los proyectos de ley. c. Conforme al procedimiento seguido con las proposiciones de ley. d. Conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
44. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por: a. Una mayoría de tres quintos en el Senado y mayoría absoluta en el Congreso. b. Una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras. c. Una mayoría de tres quintos en el Senado y mayoría de dos tercios en el Congreso. d. Por mayoría de dos tercios en ambas Cámaras.
45. Si el texto de propuesta de reforma constitucional hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado: a. El Congreso también podrá aprobar la reforma por mayoría absoluta. b. El Congreso se verá obligado a aprobar la reforma por mayoría de tres quintos. c. El Congreso la aprobará con la misma mayoría si la propuesta tiene el dictamen conforme del Consejo de Estado. d. El Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
46. Aprobada la reforma por las Cortes Generales: a. Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. b. Será sometida a referéndum a los treinta días de su aprobación. c. Será sometida a referéndum si lo solicitan 50 diputados. d. Será sometida a referéndum si o solicitan 50 senadores.
47. Se procederá a la aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes: a. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución. b. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II. c. Cuando se propusiere la revisión del Título preliminar y el Titulo II. d. Cuando se propusiere la revisión del Título II.
48. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo Segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá: a. A la disolución inmediata de las Cortes previa convocatoria de referéndum. b. Las nuevas Cámaras deberán ratificar la decisión y aprobar el nuevo texto constitucional por mayoría de dos tercios de ambas y someterla a referéndum. c. La propuesta podrá ser sometida a referéndum. d. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
49. Según el artículo 169 no podrá iniciarse la reforma constitucional: a. En tiempo de guerra o de estado de excepción. b. En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, de sitio o de excepción. c. En los estados de alarma, de sitio o de excepción. d. En los estados de sitio o excepción.
50. Los estados de alarma, de sitio o de excepción se regularán: a. Por ley orgánica. b. Por ley ordinaria. c. Por ley orgánica los estados de sitio y excepción y por ley ordinaria el estado de alarma. d. Por ley orgánica los estados de sitio y excepción y por ley ordinaria el estado de alarma o por Real Decreto en casos de urgencia.
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