59. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento: a. La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la declaración de caducidad. b. La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida, la imposibilidad sobrevenida y la declaración de caducidad. c. La caducidad, la renuncia o el desistimiento. d. La prescripción, la caducidad y la resolución motivada.
60. Los procedimientos sancionadores podrán finalizar: a. Si el infractor reconoce su responsabilidad ante fedatario público. b. En el caso de sanciones pecuniarias, si el presunto responsable paga voluntariamente antes de que se dicte resolución. c. Si el infractor paga voluntariamente la sanción pecuniaria antes de la práctica de diligencias probatorias. d. Si el infractor y el órgano competente acuerdan la reducción de la sanción antes de que se abra el plazo para dictar resolución. .
61. Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones pecuniarias pueden ascender: a. Al 20% del importe de la sanción propuesta. b. Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada. c. Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se incremente reglamentariamente dicho porcentaje. d. Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias previas. .
62. Los procedimientos administrativos, según el art. 86 de la Ley 39/2015, podrán finalizar mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos si respetan el ordenamiento y satisfacen el interés público: a. Celebrados con personas y entidades de Derecho público. b. Celebrados con entidades de Derecho público. c. Celebrados con entidades de Derecho público o privado. d. Celebrados con entidades con personalidad jurídica y con el dictamen conforme del Consejo de Estado. .
63. El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la resolución: a. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete días. b. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a treinta días. c. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. d. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días. .
64. La Administración está obligada a resolver los procedimientos administrativos, en virtud de las prescripciones del artículo 21 de la Ley 39/2015: a. En el plazo establecido por la norma pertinente, con un máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. b. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. c. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley. d. En el plazo máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. .
65. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos. a. En un plazo máximo de tres meses cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo. b. En un plazo máximo de seis meses cuando el procedimiento se inicie de oficio. c. En un plazo máximo de tres meses cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte. d. En el plazo máximo de cuatro meses si la terminación tiene lugar por pacto o convenio. .
66. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: a. En los procedimientos iniciados de oficio. b. En los procedimientos finalizados por pacto o convenio. c. En todos los procedimientos cualquiera que sea la forma de iniciación. d. No ha de dictar resolución en los casos de prescripción, renuncia o caducidad. .
67. La Administración está obligada a informar a los interesados en relación a: a. Los procedimientos de su competencia, los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo. b. La duración máxima de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo. c. Las posibilidades de ampliar el plazo para resolver. d. La compensación económica correspondiente a los interesados por la demora en la resolución del procedimiento. .
68. El artículo 24 de la Ley 39/2015, en relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, establece que el silencio administrativo: a. Tendrá efecto estimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE o el Derecho Internacional. b. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal. c. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE d. Tendrá efecto desestimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal. .
69. El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos desestimatorios: a. En todos los supuestos salvo disposición legal contraria. b. En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de impugnación y solicitud de revisión de oficio. c. En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos. d. En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o complementarias. .
70. La estimación por silencio administrativo: a. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. b. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Administración. c. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. d. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento desde que la Administración competente dicta resolución expresa posterior. .
71. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá: a. De oficio por el órgano competente para resolver en los tres meses siguientes a la expiración del plazo b. A instancia del interesado. c. De oficio por el órgano competente para resolver transcurridos quince días desde que expiró su plazo para resolver o a instancia del interesado en cualquier momento. d. Cuando no pueda efectuarse la notificación electrónica. .
72. La regulación del silencio administrativo fue modificada para incrementar la seguridad jurídica de los administrados en: a. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. d. La Ley 4/1999, de 13 de enero. .
73. La regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se reguló en: a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. b. La Ley 4/1999, de 13 de enero. c. Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. d. La Ley 11/2007, de 22 de junio. .
74. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración: a. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, el organismo competente volverá a iniciar el expediente. b. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, se entenderán desestimadas las pretensiones del interesado que persiguieren situaciones jurídicas favorables por silencio administrativo. c. La Administración, aun transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, ha de dictar resolución y notificarla fehacientemente al interesado. d. La Administración podrá paralizar o suspender el plazo para resolver siempre que lo notifique al interesado. .
75. Según el art. 88 de la Ley 39/2015, la resolución que ponga fin al procedimiento: a. Decidirá exclusivamente las cuestiones planteadas por los interesados en los procedimientos iniciados por estos. b. Las resoluciones serán motivadas en todos los casos. c. La Administración podrá declinar la resolución por ausencia de regulación a las cuestiones planteadas en el procedimiento. d. Podrán expresar los recursos que caben contra la misma. .
76. En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados: a. Deberá indicará el plazo de alegaciones, en su caso las medidas cautelares adoptadas y la valoración de la prueba practicada. b. Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos probados, su calificación, la persona responsable y la sanción propuesta. c. Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la responsabilidad del interesado. d. Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas. .
77. En los procedimientos iniciados de oficio: a. La Administración no podrá desistir sin resolver previamente el expediente. b. La Administración podrá desistir sin necesidad de motivar su actuación c. Los interesados podrán desistir o renunciar a sus derechos por cualquier medio que acredite su constancia y con las firmas correspondientes según normativa aplicable. d. Los interesados podrán desistir mediante comparecencia personal ante el órgano encargado de instruir el expediente. .
78. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece: a. En las cuestiones que afecten al interés general o aquellas cuya sustanciación fuese conveniente, la caducidad podrá no ser aplicada por la Administración. b. La caducidad se aplicará a la paralización del procedimiento por los interesados que lo iniciaron por causas imputables a estos en todos los casos. c. Podrá acordarse la caducidad por inactividad del interesado en la cumplimentación de cualquier trámite pertinente en el procedimiento. d. Los actos y trámites utilizados en un procedimiento en el que se haya producido su caducidad no podrán ser incorporados a otro procedimiento. .
79. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que: a. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante un mes por causa imputable al interesado que lo inició. b. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició. c. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició, previa advertencia de la Administración pertinente. d. Contra la resolución que acuerde la caducidad no cabrá recurso alguno. .
80. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo podrá acordarse: a. Por razones de interés o falta de complejidad del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado. b. De oficio por razones de orden público o interés general. c. A instancia de parte, cuando se acredite la lesión patrimonial. d. No cabrá tramitación simplificada en procedimientos sancionatorios. .
81. En el caso de que se acuerde la tramitación simplificada, los procedimientos administrativos deberán ser resueltos: a. En un plazo de quince días. b. En un plazo de cuarenta días. c. En un plazo de treinta días en las Administraciones Central y Autonómica y de quince días en el caso de la Administración Local. d. En un plazo de treinta días desde que se acuerde, a menos que restase menos para su tramitación ordinaria. .
82. Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes: a. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y dictámenes preceptivos y resolución. b. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. c. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a prueba, informes y dictámenes preceptivos y resolución. d. Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. .
83. En el procedimiento simplificado si fuesen preceptivos informes o dictámenes, el órgano competente, a fin de respetar el plazo establecido en el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, podrá solicitar: a. Que el dictamen se emita en el plazo de un mes desde la recepción del expediente. b. Que el dictamen se emita en el plazo de quince días. c. Que se prescinda del dictamen por causa de urgencia. d. Que el dictamen se ajuste a la propuesta de resolución que se adjunta en el expediente remitido. .
84. El artículo 61 de la Ley 39/2015 permite a un órgano administrativo el inicio de procedimientos por petición razonada de otros. Podemos afirmar que: a. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de inspección del órgano solicitante. b. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de investigación del órgano solicitante. c. El órgano competente, si recibida la petición decide no iniciar el procedimiento, habrá de dictar resolución motivada. d. El órgano competente, si recibida la petición, decide no iniciar el procedimiento habrá de comunicar al peticionario los motivos por los que no procede el inicio del procedimiento. .
85. En el caso de ser preceptivo dictamen en el procedimiento administrativo simplificado: a. El procedimiento se suspenderá por el plazo necesario para resolver. b. El dictamen conforme a la propuesta de resolución pone fin al procedimiento. c. Se seguirá la tramitación por el procedimiento ordinario si el dictamen se aparta de la propuesta de resolución del órgano competente. d. El dictamen conforme a la petición inicial del interesado pone fin al procedimiento. .
86. El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos: a. A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos del silencio administrativo, el órgano competente, los trámites y la resolución. b. A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar documentación por este mismo método en cualquier momento del procedimiento. c. A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus intereses. d. A la obtención de compensación de daños e indemnización por el retraso de la Administración por el incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes que le afecten. .
87. Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser adoptadas: a. De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias. b. De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que resulten necesarias y proporcionadas c. De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten necesarias. d. De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el órgano competente.
88. La iniciación del procedimiento por la Administración puede llevarse a efecto: a. Por denuncia identificada o anónima, por orden de un órgano superior o por propia iniciativa del órgano competente. b. Por denuncia, por propia iniciativa del órgano competente o por petición razonada de otros. c. Por orden de un órgano superior o por denuncia de un particular, identificado o no, en caso de infracción legal flagrante. d. Por denuncia, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otro órgano administrativo o por propia iniciativa del competente. .
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