96. Los datos personales son: a. Cualquier información relativa a una persona física o jurídica identificada o
identificable. b. Los datos personales que hayan sido anonimizados, de forma que la persona no sea
identificable o deje de serlo. c. Cualquier información relativa a una persona física viva identificada o identificable. d. Las distintas informaciones relacionadas con la transparencia que se despliega en la
actividad de las entidades administrativas en relación a los administrados.
97. Las distintas informaciones que recopiladas pueden llevar a la identificación de una
determinada persona: a. También constituyen datos de carácter personal. b. Se consideran datos personales si son tratados tecnológicamente. c. Se consideran datos personales si se conservan en un sistema informático. d. Se consideran datos personales si son datos anonimizados.
98. Señale cuál de los siguientes no se considera “dato personal”: a. La dirección de protocolo de Internet (IP). b. El número de documento nacional de identidad. c. El número de registro mercantil. d. El identificador de la publicidad del teléfono.
99. El principal objetivo de las normas relativas a la protección de datos es: a. Garantizar el derecho a obtener información veraz. b. La protección del derecho al respeto de la vida privada y familiar. c. El derecho al olvido y la rectificación. d. Proteger las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la intimidad.
100. Desde el punto de vista del formato o el soporte en que la información está contenida,
el concepto de datos personales hace referencia a: a. Toda la información recogida en una base de datos o en un fichero estructurado. b. Toda la información disponible en forma alfabética, numérica, gráfica. c. La información disponible en cualquier forma, alfabética, numérica, gráfica,
fotográfica o sonora. d. Se excluyen los datos que consisten en sonidos e imágenes.
101. Entre las siguientes categorías especiales de datos personales señale aquella que
podría no ser considerada «sensible» en relación a la protección específica del
Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016: a. Origen racial o étnico. b. Opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas. c. El tratamiento de datos genéticos. d. Los datos en relación a los que se haya dado consentimiento explícito.
102. Una solicitud de consentimiento para usar los datos personales facilitados no será
conforme al Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016: a. Si la solicitud de consentimiento se diferencia claramente de otras informaciones, como
las condiciones de uso. b. Si el formulario contiene un documento redactado en letra más pequeña que el resto
del texto. c. Si presenta casillas ya marcadas que el usuario debe desactivar. d. Si el formulario de petición del consentimiento presenta términos jurídicos.
103. El consentimiento para tratar los datos tendrá que ser solicitado: a. Mediante una manifestación inequívoca e identificada y a través de una acción
afirmativa por parte del interesado. b. Mediante una explicación clara y expresa sobre el uso que se hará de los datos. c. Mediante la explicación detallada de las condiciones jurídicas que determinan el uso
que podrá darse a los datos del interesado. d. Indicando con claridad qué uso se hará de los datos personales, mediante manifestación
afirmativa e inequívoca del interesado.
104. La reforma de la regulación de la protección de datos en la Unión Europea tuvo lugar: a. El 25 de mayo de 2018. b. El 7 abril de 2017. c. El 9 de mayo de 2009. d. El 6 de abril de 2016.
105. Respecto al Reglamento General de Protección de Datos: a. El Reglamento está en vigor desde el 25 de mayo de 2018. b. El Reglamento está en vigor desde el 24 de mayo de 2016 y se aplica a partir del 25 de mayo de 2018. c. Hasta la adopción y entrada en vigor del Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones, se aplicaba la Directiva 2002/58/CE como lex specialis con respecto al
Reglamento. d. Ha sido transpuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
106. La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos
personales: a. Es un derecho garantizado desde 1960 por las normas del Consejo de Europa. b. Es un derecho contemplado en la normativa europea. c. Es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. d. Es una facultad diseñada para los ciudadanos por la legislación interna.
107. Según señaló el Tribunal Constitucional en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, el derecho a la protección de datos: a. Se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención. b. Es un derecho fundamental por el que se garantiza a personas físicas y jurídicas el control sobre sus datos, su origen y destino. c. Tiene por objeto evitar el tráfico ilícito o lesivo de los mismos para la dignidad y los derechos de las personas y entidades afectados. d. Permite que la ley ordinaria limite el uso de la informática para garantizar el honor de los ciudadanos.
108. Para el Tribunal Constitucional, según declara en la Sentencia 292/2000, de 30 de
noviembre, el derecho a la protección de datos es: a. Un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y de
control sobre los datos personales. b. Una faceta incluida en el derecho al honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos. c. Es parte del derecho a la propia imagen que garantiza la Constitución. d. Un aspecto del derecho a la información que se formula en el texto constitucional.
109. A nivel legislativo, la primera concreción y desarrollo del derecho de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar con: a. La Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre. b. La Ley Orgánica 46/1995, de 24 de octubre de 1995. c. La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre. d. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
110. A fin de transponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se promulgó: a. La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre. b. La Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre. c. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. d. La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto.
111. El derecho a la protección de datos se recoge: a. En el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. b. En el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. c. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. d. En el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
112. En relación a los Tratados Comunitarios vigentes, el derecho a la protección de datos se recoge: a. En el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. b. En el artículo 3 del Tratado de Niza. c. En el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. d. En el artículo 1.2 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
113. La adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento General de
Protección de Datos, se ha llevado a efecto mediante: a. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. b. La Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre. c. La Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo. d. La Ley Orgánica 6/2019, de 19 de junio.
114. Las Comunidades Autónomas, en relación a la protección de datos: a. Tienen competencias legislativas. b. Ostentan competencias de desarrollo normativo y ejecución en su ámbito de actividad. c. Poseen competencias de ejecución. d. Actúan en virtud de delegación expresa y sometidas a la Agencia Española de
Protección de Datos.
115. Según el Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en relación a las
personas fallecidas: a. Se permite que los legítimos herederos y legatarios puedan solicitar el acceso a los
mismos. b. Se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho
o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos con la autorización del Ministerio
Fiscal. c. Se excluye del ámbito de aplicación de la ley su tratamiento. d. Se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho
o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos.
116. En virtud de las estipulaciones del Reglamento (UE) 2016/679, no serán imputables
al responsable del tratamiento de datos: a. La inexactitud de los datos obtenidos de la Administración Pública. b. La incorrección de la información obtenida de la documentación en poder de empresas
relacionadas con el sector público de la Administración del Estado. c. La inexactitud de los datos obtenidos directamente del afectado, de otro responsable o
mediador que legítimamente los posea o de un registro público. d. La incorrección de los datos obtenidos de procedimientos administrativos relacionados
con el afectado.
117. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento es: a. A los 12 años b. A los 14 años. c. A los 16 años. d. A los 14 años, refrendado por el titular de la patria potestad o tutela en caso de ser requerido por las autoridades competentes.
118. Los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, vigente en materia
de protección de datos: a. Permiten el tratamiento de datos con la finalidad principal de almacenar información
identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos con el
consentimiento expreso de los afectados. b. Permiten, con autorización gubernativa, el tratamiento de datos para el almacenamiento
de información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente
protegidos. c. Mantienen la prohibición de consentir tratamientos de datos con la finalidad principal
de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos
especialmente protegidos. d. Subordinan a la autorización judicial el tratamiento de datos con la finalidad principal
de almacenar información identificativa de determinadas categorías de datos
especialmente protegidos.
119. En virtud de las estipulaciones contenidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018,
no pueden considerarse datos de categorías especiales: a. Los referidos a la afiliación sindical o política. b. Los relativos a la filiación y estado civil. c. Los relativos a la orientación sexual. d. Los que identifican las creencias o la religión.
120. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, en relación a su aplicación: a. Es una norma obligatoria en todos sus elementos desde su entrada en vigor, para todos
los Estados de la Unión. b. Permite a los Estados incorporar a su Derecho nacional elementos del Reglamento. c. No permite a los Estados imponer condiciones especiales al tratamiento de datos puesto
que establece un marco uniforme. d. Se excluye toda intervención del Derecho interno en los ámbitos concernidos por los
reglamentos europeos.
121. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, entró en vigor: a. Al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. b. A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. c. A los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. d. A los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
122. El Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, se encuentra: a. Derogado por la Ley Orgánica 3/2018. b. Transitoriamente en vigor hasta la implementación de la Ley. c. En vigor salvo en las disposiciones que contravengan las disposiciones de la ley Orgánica 3/2018. d. La mayor parte de su articulado se ha incorporado a la Ley Orgánica 3/2018.
123. Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2018, la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se encuentra: a. Transitoriamente en vigor hasta la implementación de la Ley 3/2018. b. Expresamente derogada por la Ley Orgánica 3/2018. c. La mayor parte de su articulado se ha incorporado a la nueva Ley 3/2018. d. Sus artículos 23 y 24 seguirán vigentes en tanto no sean expresamente modificados, sustituidos o derogados.
124. El derecho del interesado a conocer si se están tratando sus datos personales podrá
ser denegado por: a. Las Administraciones tributarias en relación con datos que obren en su poder. b. Las Administraciones tributarias cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones
inspectoras. c. Las Administraciones tributarias en relación con datos facilitados por el Administrado. d. Cualquier entidad de la Administración General del Estado que haya iniciado
expedientes sancionadores.
125. Las Administraciones Públicas actúan como: a. Depositarias de los datos que obtiene de su habitual gestión. b. Meros gestores de datos que obran en su poder como consecuencia del ejercicio
habitual de sus potestades c. Encargados de tratamiento de los datos de carácter personal. d. Responsables de tratamientos de datos de carácter personal y, en algunas ocasiones,
ejercen funciones de encargados de tratamiento.
126. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en su artículo 1, expone que: a. Establece normas relativas a la protección de las personas físicas o jurídicas en lo que respecta al tratamiento de los datos que les conciernan. b. Establece normas relativas a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de los datos personales. c. Establece normas relativas a la libre circulación de los datos de las personas físicas o jurídicas con residencia legal en los Estados miembros de la Unión Europea. d. Establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos.
127. El Reglamento (UE) 2016/679 contempla datos que considera objeto de especial
protección, entre los que no se encuentran los datos: a. Datos de adscripción a colegios o asociaciones profesionales. b. Datos relacionados con la salud. c. Datos relacionados con la ideología o adscripción política. d. Datos relacionados con la pertenencia étnica o religión.
128. El artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 parte de la prohibición del tratamiento
de los datos considerados objeto de especial protección que sólo podrá llevarse a cabo si
es aplicable alguna de las excepciones: a. Aquellas que reglamentariamente establezca el gobierno de España. b. Que los datos personales se hayan hecho manifiestamente públicos por el interesado. c. Que los datos personales hayan sido aportados por el interesado a expedientes
administrativos en los que sea parte. d. Que obren en poder de medios de comunicación masivos o redes sociales al uso.
129. El artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 establece que el responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos: a. Siempre que el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público. b. Siempre que el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto
los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. c. Que formará parte de la plantilla del responsable o encargado y será designado
atendiendo a sus cualidades profesionales y sus conocimientos especializados de
Derecho. d. Cada autoridad u organismo público contará con un delegado de protección de datos
que trabajará en coordinación con la autoridad nacional de control.
130. El “Considerando” 19 del Reglamento (UE) 2016/679 excluye de su aplicación el tratamiento de datos de carácter personal por parte de las autoridades competentes: a. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones financieras y tributarias. b. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones relacionadas con la competencia y la propiedad industrial e intelectual. c. A efectos de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de la ejecución de las sanciones derivadas de las mismas. d. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones aduaneras.
131. El “Considerando” 18 del Reglamento (UE) 2016/679 excluye de su aplicación el
tratamiento de datos de carácter personal: a. En el curso de una actividad profesional de trabajadores por cuenta propia. b. En el curso de una actividad comercial en línea o en las redes sociales. c. En el curso de actividades públicas no lucrativas. d. En el curso de una actividad exclusivamente personal o doméstica.
132. Según se refiere en el “Considerando” 15 del Reglamento (UE) 2016/679, la protección de las personas físicas debe ser tecnológicamente neutra, debe aplicarse: a. Al tratamiento automatizado de datos personales. b. Al tratamiento automatizado o manual de datos personales. c. A los datos relacionados con las actividades personales o domésticas que figuren en las redes sociales. d. A los datos relacionados con la protección frente a las amenazas contra la seguridad pública.
133. El derecho de rectificación supone que el interesado podrá obtener del responsable
de tratamiento de datos la rectificación de los datos personales que sean inexactos: a. En el plazo de un mes, aunque, en virtud de la complejidad de la solicitud, se puede
prorrogar el plazo otros dos meses más. b. Sin dilación indebida del responsable del tratamiento. c. En el plazo improrrogable de un mes. d. En el plazo de veinte días si el interesado reside en el mismo Estado en el que presenta
su solicitud.
134. El denominado “derecho al olvido” no es ilimitado, de tal forma que puede ser
factible no proceder a la supresión de los datos cuando el tratamiento sea necesario para: a. Asegurar el ejercicio de la libre competencia. b. El ejercicio de la libertad de empresa. c. El ejercicio de la libertad de expresión e información. d. El ejercicio de la libertad de circulación.
135. En relación al derecho a la limitación del tratamiento de los datos, su ejercicio
presenta dos vertientes: a. Se puede solicitar ante la negativa reiterada del responsable a responder a una solicitud. b. Se puede solicitar para transmitirlos a otro responsable del tratamiento. c. Se puede solicitar la suspensión del tratamiento de los datos por la manifiesta negligencia del responsable de tratamiento de los mismos. d. Se puede solicitar la suspensión del tratamiento de los datos impugnando su exactitud o en virtud de oposición al tratamiento de los mismos.
136. Cuando se recaban datos de carácter personal, el responsable del tratamiento debe cumplir con el derecho de información, que implica: a. En el supuesto de que los datos personales no hayan sido obtenidos directamente del interesado, el derecho a conocer el origen y categoría de los datos, a excepción de la información en poder de los registros públicos oficiales. b. La remisión al interesado de toda la documentación que solicite en el improrrogable plazo de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. c. Facilitar una información básica resumida en el mismo momento y en el mismo medio en que se recojan los datos personales y remisión del resto de la información, en un medio más adecuado para su presentación, compresión y archivo. d. La posibilidad de dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para recurrir la resolución del responsable de los datos afectados y solicitar la pertinente compensación.
137. El derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas pretende
garantizar: a. Que los interesados no sean objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de sus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de forma similar. b. El respeto por los derechos del interesado en todos aquellos expedientes en los que sea parte y a relacionarse personalmente con la Administración y con las entidades que gestionan sus datos. c. Que los interesados conservan la facultad de relacionarse directamente con las Administraciones y entidades que gestionan sus datos sin intervención de medios o soportes electrónicos o telemáticos. d. La adecuada asistencia jurídica de los ciudadanos encaminada a la interposición de recursos e impugnaciones de las actuaciones administrativas sancionadoras derivadas del tratamiento de sus datos.
138. En relación a la aplicación territorial del Reglamento (UE) 2016/679, la norma se aplicará al siguiente supuesto: a. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un
responsable o encargado no establecido en la Unión previo consentimiento expreso de estos últimos. b. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un
responsable o encargado no establecido en la Unión previo consentimiento expreso de aquellos. c. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un
responsable o encargado no establecido en la Unión. d. El tratamiento de datos personales de los interesados que realicen actividades en el territorio de la Unión y tengan la nacionalidad de uno de sus Estados miembros.
139. Según establece el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679, en relación a los menores: a. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años. b. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 14 años. c. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito si lo consintió o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que lo hizo. d. El tratamiento de los datos personales de un niño únicamente se considerará lícito si viene impuesto por obligaciones legales de la Unión o de los Estados miembros.
140. Según el Reglamento (UE) 2016/679, los interesados pueden ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del
tratamiento y derecho de oposición a las decisiones automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles). El ejercicio de los mismos corresponde: a. A todas aquellas personas físicas o jurídicas con residencia en la Unión Europea. b. A todos los mayores de 16 años con residencia en la Unión Europea. c. En el caso de los menores de 16 años el ejercicio de estos derechos se realizará siempre por quien ostente la patria potestad o por sus tutores. d. En el caso de los menores de 14 años el ejercicio de estos derechos se realizará siempre por quien ostente la patria potestad o por sus tutores.
141. Según establece el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a los principios
del tratamiento de datos: a. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de los principios de
licitud, lealtad y transparencia, y garantizará la exactitud y actualización de los datos. b. El responsable garantizará la transparencia material del consentimiento del interesado. c. El responsable adoptará todas las medidas posibles para que se supriman o rectifiquen
en un plazo de quince días los datos personales que sean inexactos. d. El responsable del tratamiento trabajará siguiendo el principio de responsabilidad proactiva.
142. Los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, se caracterizan por lo siguiente: a. Su ejercicio es gratuito, aunque ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas o repetitivas el responsable podrá cobrar un canon proporcional a los costes administrativos soportados o negarse a actuar. b. Las solicitudes relacionadas con estos derechos deben responderse a la mayor brevedad, aunque en virtud de la complejidad y número de solicitudes se puede acordar con el interesado la comunicación de la resolución interesada en 90 días. c. Las solicitudes relacionadas con estos derechos habrán de presentarse por medios electrónicos o por correo certificado. d. Las solicitudes relacionadas con estos derechos serán atendidas por el responsable de protección de datos y podrán ser cursadas por el interesado o por su representante legal.
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