89. La primera norma que se refiere al impulso del empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias, fue: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. El artículo 9.3 de la Constitución. c. La Ley 30/1992, de 29 de noviembre. d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.
90. La normativa derogada por las Leyes 39 y 40/2015, en relación a los medios electrónicos: a. Promocionaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios técnicos o electrónicos cuando fuese compatible con los medios técnicos de que aquellas dispusieren. b. No facilitaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios técnicos o electrónicos c. Únicamente permitía el uso de medios electrónicos a los profesionales en el ámbito de la contratación con el sector público. d. Permitía a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los medios técnicos de que dispusieran. .
91. Según la Exposición de motivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, el establecimiento de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones por medios telemáticos se impulsó con a. La Ley 24/2001 de 27 de diciembre b. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. c. La Ley 6/1997, de 14 de abril d. La Ley 32/2003, de 3 de noviembre. .
92. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: a. Imponía a los ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. b. Dejaba en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos podían de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas. c. Imponía a determinadas categorías de ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas. d. Imponía a determinadas Administraciones Públicas relacionarse por medios electrónicos con los ciudadanos. .
93. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos se estableció en: a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. b. La Ley 56/2007, de 28 de diciembre. c. La Ley 49/2007, de 26 de diciembre. d. Ley 37/2007, de 16 de noviembre. .
94. El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público: a. Complementa al Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías b. Transpone la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público c. Complementa la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
95. Tras la entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: a. Está derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016. b. Están en vigor únicamente las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, hasta el 2 de octubre de 2020, estando el resto derogado. c. Está en vigor en lo que no contravenga las disposiciones de la legislación de 2015. d. Ha sido incorporada en su totalidad a la Ley 40/2015. .
96. La base que sustenta la creación de oficinas virtuales y sedes electrónicas en la Administración Pública es: a. El principio de transparencia de la Administración que proclama el artículo 9 de la Constitución. b. El principio de eficiencia que desarrollaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. c. El derecho a una buena administración que ha consagrado el ordenamiento de la Unión Europea. d. El principio de eficacia de la Administración que proclama el artículo 103 de la Constitución. .
97. En el ámbito europeo, las obligaciones para los Estados miembros de facilitar por medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los mismos se estableció en: a. La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre. b. La Decisión 99/1720, de 12 de julio de 1999. c. La Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999 d. Ninguna es correcta. .
98. La obligación de las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos se establece en: a. En el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b. En el artículo 1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. c. En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. d. En el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. .
99. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los medios electrónicos utilizados por las Administraciones Públicas: a. Potenciarán la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua entre los diferentes organismos administrativos. b. Han de garantizar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos en los procedimientos incoados por medios electrónicos. c. Han de asegurar la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas. d. Han de garantizar la protección de los datos de carácter personal, y la prestación conjunta de servicios a los interesados. .
100. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, la sede electrónica es: a. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, b. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. c. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, que informa a los ciudadanos sobre la actividad de una Administración Pública. d. Aquel punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de Internet a la información. .
101. En relación al Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: a. Está regulado por Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre. b. El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) facilita la relación de los ciudadanos con las administraciones públicas al ser la puerta de entrada vía Internet a los servicios públicos. c. Ha sido sustituido por el Portal de Transparencia. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
102. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: a. Depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. b. Depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. c. Depende del Ministerio de la Presidencia. d. Depende del Ministerio de Fomento e Innovación. .
103. Según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su artículo 40, en relación a los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas: a. Las Administraciones Públicas tendrán que identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. b. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas contendrán exclusivamente el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente. c. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. d. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas explicitarán la identidad de la persona titular del órgano administrativo. .
104. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se entiende por actuación administrativa automatizada: a. Cualquier acto o actuación realizada en su mayor parte a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo con la intervención mínima del personal al servicio de la Administración. b. Cualquier acto de tramitación y comunicación con los administrados realizado en su mayor parte a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo. c. Cualquier acto de notificación a los administrados realizado exclusivamente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo. d. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. .
105. La firma electrónica fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por: a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre b. El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. .
106. La firma electrónica actualmente se regula en: a. La Ley 39/2015, de 1 de octubre b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. d. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre. .
107. En el ámbito de la Unión Europea, en relación a la identificación electrónica y las transacciones electrónicas en el mercado interior, está vigente la regulación contenida en: a. La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999. b. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1984 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, por la que se definen las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación. c. El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014. d. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/296 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015.
108. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se practicarán: a. Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. b. Mediante comparecencia en la sede de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección habilitada. c. Mediante formas de notificación complementarias a través de los medios de difusión, en cumplimiento de la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». d. Preferentemente en el domicilio del interesado o en el que haya sido expresamente elegido por este. .
109. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones: a. Para determinados procedimientos que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. b. Para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. c. Para determinados procedimientos que afecten a obligaciones financieras de los interesados o les impongan sanciones pecuniarias. d. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar. .
110. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: a. Por medios electrónicos. b. Por medios no electrónicos. c. Por el medio señalado al efecto por aquel. d. Por el medio señalado al efecto por la Administración. .
111. De entre los siguientes colectivos no están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración en virtud de lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: a. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. b. Los trabajadores por cuenta propia. c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria. d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
112. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y a la dirección de correo electrónico que el interesado haya facilitado, o a ambos, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única: a. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. b. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. c. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. d. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. .
113. Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas: a. Una vez transcurridas 24 horas tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. b. A los 10 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. c. A los 5 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. d. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido. .
114. En relación a los registros y archivos electrónicos: a. Se regulan en los artículos 16 y 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. c. Los documentos electrónicos podrán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los mismos. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
115. El funcionamiento electrónico del sector público que regula la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas en: a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. b. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. c. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
116. Se entiende por documento electrónico: a. La información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b. El conjunto de componentes electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo. c. Las copias de papel auténticas de documentos públicos administrativos que están en poder de la Administración en ejercicio de sus competencias. d. Ninguna de las anteriores es correcta. .
117. Entendemos por carga administrativa: a. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para solicitar determinadas prestaciones de la Administración previstas por el ordenamiento jurídico. b. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. c. Aquellas contraprestaciones onerosas que ha de asumir el interesado para obtener determinados servicios de naturaleza administrativa. d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. .
118. Se puede considerar una reducción de cargas administrativas: a. La eliminación de obligaciones innecesarias, no requerir documentos o datos que obren en poder de las Administraciones. b. Reducir la frecuencia de petición de datos y los plazos de tramitación de los procedimientos. c. Posibilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos. d. Todas las opciones son correctas. .
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