Según dispone el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ampliación del plazo máximo para resolver: Solo necesita motivación en los procedimientos iniciados de oficio. No podrá ser superior a la mitad del plazo establecido en el procedimiento. Se podrá recurrir ante el órgano competente. Tiene carácter excepcional.
Según dispone el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento, cuando no venga previsto en su norma reguladora: No podrá exceder de un mes. No podrá exceder de tres meses. No podrá exceder de seis meses. No podrá ser superior a la mitad del término establecido para la tramitación del procedimiento.
Indique cual de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artigo 16.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles. Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas no tienen validez. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.
Respecto a la notificación electrónica, indique cual de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artigo 43 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter voluntario, o no haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se pongan a disposición del interesado en el Punto General de Acceso electrónico de la Administración. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
El artículo 43.2 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, establece que cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o fuese expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando transcurriesen: Veinte días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cinco días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cinco días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
De acuerdo con el artículo 47.1 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son: Anulables. Convalidables. Invalidables. Nulos de pleno derecho.
Según el artículo 44 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos: La notificación se podrá hacer indistintamente a través de anuncio en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma o del BOE. La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el BOE. La notificación se hará necesariamente a través de anuncio en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma y del tablón de edictos del ayuntamiento. La notificación se podrá hacer por cualquier medio de difusión, sin que sea necesario, entonces, la publicación en el BOE o en otro boletín oficial.
De acuerdo con el artículo 28 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. La administración actuante podrá consultar u obtener dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello (señale la respuesta correcta): Tal oposición del interesado se deberá realizar en documento público, salvo que se trate de una sociedad o de una entidad con personalidad jurídica. Sólo cabrá tal oposición del interesado cuando la aportación del documento afecte a datos del interesado incluidos en las categorías especiales de datos a las que se refiere el artículo 9 de la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. No cabrá tal oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora o de inspección. Si la oposición se efectuase en el marco de la potestad sancionadora, el interesado deberá formalizarla en documento público notarial en el plazo de cinco días desde el requerimiento de la administración actuante.
Según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: Facultativos y no vinculantes. Facultativos y vinculantes. Preceptivos y vinculantes. Preceptivos y no vinculantes.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados, en todo caso, a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo (señale la respuesta incorrecta): Quien representa a una persona jurídica. Quien representa a una entidad sin personalidad jurídica. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente Las personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica o dedicación profesional acreditaron previamente que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
El artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que los actos de las Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo producirán efectos: Desde la fecha en la que se dicten. Desde el día siguiente a la fecha en la que se dicten. Desde la fecha en la que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde el día siguiente a la fecha en la que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Según el artículo 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, quién y cuándo puede aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en un procedimiento administrativo? Los interesados, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. Cualquier persona, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. Cualquier persona, exclusivamente en el período de prueba. Los interesados, exclusivamente en el período de prueba.
Según el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuándo prescribe el derecho a reclamar de los interesados referido a un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste el efecto lesivo. A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste el efecto lesivo. A los dos años de producido el hecho o acto que motive la indemnización o se manifieste el efecto lesivo. A los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste el efecto lesivo.
La ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, especifica los actos administrativos que deben ser motivados. Los siguientes actos serán motivados, con la excepción de: Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos producidos por escrito a través de medios electrónicos, cuando su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva.
La ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, recoge que las resoluciones administrativas: De carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. De carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, cuando esta última disponga actos ya declarados nulos por los tribunales. Que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son anulables. Generales solo podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general cuando estas procedan de un órgano de inferior jerarquía al que dictó la disposición general.
Según la ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución podrá suspenderse: Durante un máximo de seis meses, en caso de estar pendiente de recepción un informe vinculante en el procedimiento. Cuando se promueva la recusación del responsable del procedimiento, hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Cuando deba requerirse a cualquier interesado que resuelva deficiencias o aporte documentos. Cuando lo disponga el órgano superior del órgano instructor del procedimiento.
Según el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si en un procedimiento administrativo desarrollado ante los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial, concurrieran varios interesados en el procedimiento y existiera discrepancia entre ellos en cuanto a la lengua: Todo el procedimiento, sin excepción, se tramitará en castellano. Todo el procedimiento se tramitará, sin excepción, en la lengua utilizada por el primero de los administrados intervinientes. Todo el procedimiento se desarrollará en la lengua que elija el titular del órgano administrativo, sin perjuicio de que los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. El procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán establecerse especialidades del procedimiento: Solo mediante ley, referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Reglamentariamente, referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Reglamentariamente, referidas a trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación e informes a recabar. Reglamentariamente, referidas a los requisitos de validez y eficacia, trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley y plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la tramitación de urgencia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: Cuando razones de interés público lo aconsejen, el órgano competente acordará de oficio la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. No se podrá acordar la aplicación de la tramitación de urgencia a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
La emisión de informes, según el artículo 80 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizará con carácter general en el plazo de: Cinco días. Diez días. Quince días. Veinte días.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla: Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración y los casos de desaparición sobrevenida del objeto. Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud. Los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: Incorporar los metadatos mínimos exigidos. Incorporar firma electrónica que permita que sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos cuando no formen parte de un expediente administrativo o se publiquen con carácter informativo. Incorporar una referencia local y temporal del momento en que han sido emitidos. Contener la identificación de los destinatarios del documento.
Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las notificaciones que se practiquen en papel: Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, el resto de las notificaciones deberán realizarse a través de medios electrónicos. Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante cuando contengan medios de pago a favor de los obligados.
A tenor del artículo 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, para el inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos: Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que haya tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. Se entiende por petición razonada la formulada por el órgano que tiene atribuida la competencia de la iniciación cuando su actuación derive del conocimiento directo o indirecto de circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. Se entiende por petición razonada la emitida por un órgano superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. En los procedimientos de naturaleza sancionadora no podrá iniciarse el procedimiento por petición razonada de otros órganos.
El artículo 43 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Publicas, establece que, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando: Hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se haya accedido a su contenido. La Administración u organismo haya optado por la exposición pública en el tablón de anuncios o en un diario oficial. El interesado inicie un nuevo procedimiento ante la misma Administración u organismo. Hayan transcurrido 30 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Según el artículo 56.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Publicas, iniciado un procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver podrá adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución, de acuerdo con los principios de: Eficacia, eficiencia y seguridad. Eficacia, suficiencia y simplicidad. Proporcionalidad, eficacia y seguridad. Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
Según dispone el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento, cuando no venga previsto en su norma reguladora: No podrá exceder de un mes. No podrá exceder de tres meses. No podrá exceder de seis meses. No podrá ser superior a la mitad del término establecido para la tramitación del procedimiento.
Según dispone el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, la falta de acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate: Siempre que se aporte aquella dentro del plazo de diez días ampliables en cinco días más cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Siempre que se aporte aquella dentro del plazo de quince días ampliables en cinco días más cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Siempre que se aporte aquella dentro del plazo de diez días, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Siempre que se aporte aquella dentro del plazo de quince días, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
Según dispone el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, la ampliación del plazo máximo para resolver: Solo necesita motivación en los procedimientos iniciados de oficio. No podrá ser superior a la mitad del plazo establecido en el procedimiento. Se podrá recurrir ante el órgano competente. Tiene carácter excepcional.
Según el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer: tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. ante cualquier medio de prueba admitido en Derecho. ante la Administración pública. ante la persona física o jurídica, pública o privada.
Las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma en el procedimiento administrativo para: Formular solicitudes, presentar comunicaciones oficiales, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Formular solicitudes, solicitar declaraciones o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Formular y presentar declaraciones juradas o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.
¿Qué normativa de la siguiente contempla el cómputo de plazos en la Administración General? Ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico de el Sector Público. Ley 39/2015, del 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y el Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia.
Señale la afirmación CORRECTA en relación con la suspensión del plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar la resolución de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se suspenderá automáticamente cuando deba obtenerse un pronunciamiento de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición al interesado en el procedimiento y la notificación del pronunciamiento a dicho interesado. Se suspenderá cuando los interesados promuevan la abstención en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Se podrá suspender cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. Las tres afirmaciones anteriores son falsas.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación CORRECTA. El órgano instructor del procedimiento, podrá, a propuesta del interesado, acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento. El órgano competente para resolver un procedimiento, podrá a propuesta en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la tramitación del procedimiento. El órgano instructor del procedimiento, podrá, a propuesta del interesado, acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo exceder de la mitad del mismo. El órgano competente para resolver un procedimiento, podrá, a propuesta en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser éste inferior al establecido para la tramitación del procedimiento.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuál de los siguientes elementos NO forma parte necesariamente del acuerdo de inicio? Pliego de cargos. Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo. Norma que atribuya la competencia pare resolver el procedimiento al órgano competente. Todas las respuestas anteriores forman parte del contenido necesario del acuerdo de inicio.
En un procedimiento administrativo iniciado a solicitud de interesado, en el que éste señala que la resolución se le notifique por medios electrónicos: La notificación no será válida si no se realiza por el medio elegido por el interesado. La notificación será electrónica sólo en caso de que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. La notificación se practicará mediante su puesta a disposición en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La notificación podrá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud.
¿Cuándo surte efectos un acto administrativo desfavorable para el interesado cuya notificación, además de contener el texto íntegro de la resolución, informa así de los recursos que pueden ser interpuestos contra la misma: “Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Secretaria General del Servicio Extremeño de Salud, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que resulte competente, según se dispone en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.? A partir del intento de notificación debidamente acreditado, conforme a lo previsto en el artículo 42 de la Ley 39/2015. A partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. A partir del día siguiente a su publicación, en caso de que no hubiera sido posible notificar en el domicilio del interesado. A partir del día en que fue dictado.
Señala el enunciado correcto en relación al procedimiento de responsabilidad patrimonial, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. El órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la recepción del dictamen del órgano consultivo que resulte competente, remitirá propuesta de resolución al órgano competente para resolver. El dictamen del órgano consultivo competente, preceptivo si la indemnización reclamada es de cuantía igual o superior a cinco mil euros, se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley. .
La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por un órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, por tener atribuidas funciones de inspección: Es una forma de iniciación del procedimiento administrativo, a solicitud de interesado. Vincula al órgano administrativo competente para iniciar el procedimiento administrativo, de oficio. Constituye una petición razonada que puede dar lugar a la iniciación de oficio del procedimiento administrativo por el órgano competente. Deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, para que el órgano competente pueda iniciar un procedimiento de naturaleza sancionadora. .
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Las personas físicas. Si no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. Ninguna es correcta.
En relación con la anulabilidad de los actos administrativos, señala el enunciado INCORRECTO: Los actos anulables no pueden ser convalidados. Los actos anulables son aquellos que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
Señala el enunciado INCORRECTO en relación con la "denuncia" en un procedimiento administrativo: Constituye requisito para su presentación ostentar la titularidad de un derecho o interés legítimo que pueda resultar afectado. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Mediante la misma se pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. En la Ley se prevé un supuesto en el que el infractor que denuncia unos hechos podría obtener un beneficio en relación a la posible multa o sanción.
Para presentar una solicitud, un escrito o una comunicación dirigida a la Administración, es obligatorio: Indicar una dirección de correo postal para recibir la contestación de la Administración. Acreditar la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. Adjuntar al escrito la documentación en la que se base la petición. Estar asistido por letrado o representante, cuyos datos de identificación deben constar en el escrito.
Cuando se dice “las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general”, nos estamos refiriendo al principio de: Interdicción de la arbitrariedad. Irretroactividad de las normas. Inderogabilidad singular. Ejecutividad.
Puedo presentar un documento dirigido a la gerencia del Servicio gallego de Salud (señala la INCORRECTA, según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre): En el registro electrónico de la Junta de Extremadura. En el registro electrónico de una Corporación de Derecho Público. En una oficina de asistencia en materia de registro. En el registro electrónico de la Universidad de Extremadura.
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