Señala la respuesta incorrecta respecto a la caducidad:.......La caducidad también se puede producir en procedimientos iniciados de oficio. Por lo tanto hay dos respuestas incorrectas.
Estas son respuestas sacadas de un libro de la editorial MAD, pueda ser lo que tu indicas, este libro en cuestión está muy lleno de erratas, lo anoto de todas formas, muchas gracias.
En la aplicación del art.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, NO tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: "Los menores incapacitados, cuando la extensión de la capacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuya actuación les estuviese permitida por el ordenamiento jurídico, sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad"....éstos no puede obrar.
La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo......la respuesta " No implicará necesariamente la de las partes del mismo independientes de aquella. " es perfectamente válida también. Un saludo y gracias
Uno de los objetivos que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. ¿Cuál es la justificación jurídica de esta reserva material? El Preámbulo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957. El artículo 149.1.18 de la Constitución española de 1978. La Ley de Procedimiento Administrativo de17 de julio de1958. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. ¿A qué se refiere el concepto de validez de un acto administrativo? La validez de un acto administrativo se refiere a la capacidad de este para generar efectos ante un tercero. La validez de un acto administrativo se refiere a que la notificación del mismo se haya practicado de forma satisfactoria. La validez de un acto administrativo se refiere a que el acto administrativo se haya publicado si forma parte de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. La validez de un acto administrativo se refiere a la adecuación a derecho de todos sus elementos. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, que es objeto de regulación por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿incluye el de reclamación de responsabilidad de las D ministraciones Públicas? No, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas se regula en el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Sí, el procedimientos de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas se incluye en el procedimientos administrativo común aunque la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deriva su regulación al Real decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. No, solo incluye el procedimiento sancionador. Sí. ¿A qué capacidad se refiere el art.3 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, en relación con las personas físicas? A la capacidad jurídica. A la capacidad para ser titular de derechos subjetivos. A la capacidad para ser titular de deberes jurídicos. A la capacidad de obrar. Los menores de edad, ¿tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas? Sí, en todo caso, para el ejercicio y defensa de aquello de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. No, en ningún caso; únicamente tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, las personas físicas mayores de edad no incapacitadas. Sí, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, aunque sean menores incapacitados, siempre que la extensión de la incapacitación no afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses de que se trate. Sí, excepto los menores incapacitados. Excepto el supuesto previsto por el artículo 3.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los menores de edad no tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, y necesitan de la asistencia de la persona que ejerza la patria protesta, tutela o curatela. En relación con la patria potestad, señala cuál de los siguientes enunciados es incorrecto: La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respecto a sus derechos, su integridad física y mental. El ejercicio de la patria potestad comprende representar a sus hijos y administrar sus bienes. Los hijos emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. Si los hijos tuvieran suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. ¿Quiénes de los siguientes están sujetos a tutela? Los menores emancipados que estén bajo la patria potestad. Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad. Los menores emancipados que no estén bajo la patria potestad. Los hijos no emancipados. Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. ¿En qué momento adquirirán esta capacidad? Desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiese quedado válidamente constituidas. Las personas jurídicas adquirirán su capacidad de obrar en los mismos términos que las personas físicas. En el momento en que finalice su personalidad. Las personas jurídicas no tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas sino capacidad jurídica. En la aplicación del art.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, NO tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas incapacitadas. Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la capacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos e intereses cuya actuación les estuviese permitida por el ordenamiento jurídico, sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Las asociaciones de interés público reconocidas por ley. Señale la respuesta incorrecta. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla a cualquier que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá, conforme al artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso. Con indicación de los hechos producidos. Con indicación de las normas aplicadas. Con indicación de las pruebas practicadas. . La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Se exceptúan de esta obligación, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. Los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. Los procedimientos sancionadores. Las respuestas a) y b) son correctas. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, conforme al artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas será: El fijado por la norma reguladora del correspondiente precedimiento. No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor. No podrá exceder de seis meses salvo que venga previsto en la normativa comunitaria europea. Será de tres meses. De acuerdo con el artículo 21.3 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contarán en los procedimientos indicados de oficio: Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano receptor de la solicitud. Desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contarán en los procedimientos a solicitud del interesado: Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación o desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano receptor de la solicitud. Desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación. En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que puede producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de: Los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano receptor. Los diez días naturales siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación o en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Los diez días naturales siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano receptor. Conforme al artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son: Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. Naturales, y se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. De fecha a fecha. Señala la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán: A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate. A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del acto de que se trate. Desde el día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Desde el día en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Los registros telemáticos permitirán la entrada de documentos electrónicos a través de redes abiertas de telecomunicación todos los días del año: Todos los días del año. Desde las 20 a las 24 horas. Desde las 00 hasta las 8 horas. Desde las 15 hasta las 24 horas. En el procedimiento administrativo, si los plazos se expresan en días, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Se entenderán hábiles excluyéndose los domingos. Se entenderán hábiles excluyéndose los sábados, los domingos y festivos. Se entenderán naturales. Se computarán todos los días del plazo. Si en el es de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el plazo, este entenderá que expira: El subsiguiente día hábil. El primer día hábil del mes sucesivo. El día siguiente. El último día del mes. Los plazos expresados en días comenzarán a computarse: A partir del día de la fecha de la notificación. A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. A partir de la fecha indicada en la notificación. A partir de la fecha en que se haya dictado. Si el último día del plazo en meses o en años fuere inhábil: Se computa el plazo hasta el último día hábil. Se computará el plazo con un día menos. Se prorrogará al primer día hábil siguiente. Al computarse de fecha a fecha se incluirá en el cómputo. Tal y como establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando los plazos se señalen por horas, se entienden que son hábiles: Todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Desde las 9:00 hasta 20:00 horas de cada día hábil. Los plazos se computan por días, no por horas. Todas las horas del día que formen parte de un día ( excepto domingos y festivos). Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de Derecho: Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos declarativos de derechos. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter general, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: La fecha en la que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Su notificación. Su publicación. La aprobación superior. De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Los actos dictados por órganos manifiestamente incompetente por razón de la jerarquía . Los actos que tengan un contenido imposible. Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder. Son anulables, de acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Los actos dictados por órganos manifiestamente incompetente por razón de la materia. Conforme con el artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el defecto de forma de los actos de las Administraciones Públicas solo determinará la anulabilidad: Siempre. Nunca. Cuando el acto careza de los requisitos formales, dando lugar a la indefensión de los interesados. Cuando un acto administrativo se notifique fuere de plazo, no siendo esencial el término o plazo. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse de conformidad con el artículo 52.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por: El órgano competente cuando sea inferior jerárquico del que dictó el acto viciado. El órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. El órgano competente por razón de la materia. El órgano competente por razón del territorio. Son actos anulables de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los actos de contenido imposible. Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. Los dictados prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos legalmente establecidos para ellos. Los dictados que contienen reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. De todas las resoluciones citadas a continuación, ¿cuáles de ellas no necesitarán ser motivadas? Las que sigan el criterio seguido en actuaciones precedentes. Los acuerdos de suspensión de actos. Las que dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. Las que resuelvan los recursos. ¿En qué casos un defecto de forma determinará la anulabilidad del acto?
Cuando carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión. Cuando sean insubsanables. Solo en los casos en los que se dé lugar a indefensión. Solo cuando carezcan de los requisitos formales indispensables. Como norma general, los actos administrativos serán válidos y producirán efectos salvo que, en ellos, se disponga otra cosa: Los 20 días de dictarse el acto. Desde que se aprueban por el superior jerárquico. Desde la publicación en el Boletín correspondiente. Desde que se dictan. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo. Implicará la de las partes del mismo independientes de aquella. Implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo cuando la administración proceda a la convalidación del acto. No implicará necesariamente la de las partes del mismo independientes de aquella. No implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. . Los actos de las Administraciones Públicas no son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los que tengan un contenido imposible. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los que sean constitutivos de infracción administrativa y se dicten como consecuencia de esta. . Los que tuvieren la condición de interesados en un procedimiento administrativo, podrán conocer del estado de la tramitación del mismo: En el trámite de audiencia. En el trámite de información pública. En cualquier momento. Solo cuando lo permita el instructor del procedimiento. La revocación por la Administración Pública de un acto administrativo de gravamen o no declarativo de derechos: Ha de efectuarse a instancia de los particulares. Está prohibida. Se podrá revocar mientras que no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Requiere previo dictamen del Consejo de Estado. Salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse: En el plazo de un mes a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. En el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. En el plazo de quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Señala la respuesta correcta respecto a la emisión de informes: Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo se suspensión no podrá exceder en ningún caso de un mes. ¿De que plazo disponen los interesados durante el trámite de audiencia para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes? No inferior a quince ni superior a un mes. No inferior a diez días ni superior a quince. Quince días. Siete días hábiles. . A tenor del art.84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento: El desistimiento. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud. La declaración de caducidad. Todas las respuestas son correctas. ¿Cuál es la forma especial de terminación del procedimiento administrativo? La resolución. La declaración de caducidad. La terminación convencional. El desistimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas, de: Siete días. Diez días. Quince días. Un mes. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su penalización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá de que se producirá la caducidad del procedimiento, transcurrido: Quince días. Veinte días. Un mes. Tres meses. . Señala la respuesta incorrecta respecto a la caducidad: La caducidad no producirá por sí solo la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Podrá no ser aplicables la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. Tanto la caducidad como la renuncia, solo son posibles en los procedimientos incoados a instancia de los particulares y no en los iniciados de oficio por la propia Administración. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea, no podrá exceder de: Veinte días. Un mes. Tres meses. Seis meses. ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación? Ninguno Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Señala la respuesta incorrecta respecto a la información pública: La incomparecencia en este trámite podrá impedir a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. El órgano al que corresponda la resolución del procedimientos, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un período de información pública. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí mesma, condición de interesado. Quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. indica cuál de las siguientes no es una de las formas anormales de terminación del procedimiento administrativo: La declaración de caducidad. El desistimento. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud. La resolución. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a: Diez días. Quince días Veinte días Un mes. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones sobre el importe de la sanción propuesta de, al menos: El 10% El 15% El 20% El 30%. ¿Cuál de las siguientes es una forma presunta de finalizar el procedimiento administrativo? La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. El desistimiento. El silencio administrativo. Todas las respuestas son correctas. ¿En qué supuesto excepcional se podrá imponer una sanción sin que haya tramitado el oportuno procedimiento? En casos de urgencia. En aquellos supuestos donde no dé lugar a dudas la imposición de la sanción. Únicamente en aquellos supuestos donde una norma con rango de ley así lo determine. En ningún caso. . ¿Cómo se denominan los procedimientos que tienden a la realización material de una decisión anterior ya definitiva, como, por ejemplo, el procedimiento de apremio? Procedimientos ejecutivos. Procedimientos declarativos. Procedimientos de simple gestión. Procedimientos de materialización o sustanciación. ¿Cuándo podrán los administrados conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados? Solo en la fase de instrucción. Únicamente en la fase de laegaciones. Tan solo en la fase de prueba. En cualquier momento. . ¿Cuándo se iniciará de oficio los procedimientos? Por denuncia. Por acuerdo del órgano competente. Por propia iniciativa. Todas las respuestas son correctas. Señala la respuesta incorrecta respecto al inicio del procedimiento por denuncia: Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes ña decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. ¿En qué caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento? En casos de urgente necesidad. En situaciones excepcionales, como por ejemplo, situaciones de crisis sanitarias o epidemias. Las respuestas a) y b) son correctas. En ningún caso. . ¿Cuál de los siguientes datos no es necesario que figure en las solicitudes de iniciación del procedimiento por parte de los interesados? Número de teléfono. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Todas las respuestas son correctas. . Los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclama. El derecho a reclamar prescribirá: Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo Este derecho no prescribe. . ¿De acuerdo con qué principio se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo? Con el principio de oficialidad. Con el principio de eficacia. Con el principio de simplificación administrativa. Con el principio de eficacia. Salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: Siete días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Un mes a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. . En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo para cumplimentarlo: De cinco días. De siete días. De diez días. De veinte días. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes, por un plazo: No superior a treinta días ni inferior a diez. No superior a treinta días ni inferior a quince. No superior a veinte días ni inferior a diez. No superior a treinta días ni inferior a cinco. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: Vinculantes. Vinculantes y facultativos. Facultativos y no vinculantes. Nunca facultativos. . En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder el plazo de su emisión de : Diez días. Quince días. Veinte días. Un mes. . ¿ Cómo se denomina el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla? Dossier administrativo. Acto administrativo. Expediente administrativo. Procedimiento administrativo. . Con arreglo al artículo 74 LPACAP, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones: Suspenderán la tramitación del procedimiento. No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación. No suspenderán la tramitación del procedimiento, en ningún caso. Siempre que lo estime oportuno el instructor del procedimiento, y así lo motive suficientemente, suspenderá la tramitación del procedimiento. . ¿Cuándo podrán los interesados aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio? En cualquier momento. En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Únicamente cuando lo autorice el instructor del procedimiento. Señala la respuesta incorrecta respecto a los medios y período de prueba: El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, sin necesidad de resolución motivada. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que este tiene carácter preceptivo. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. . Cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo: No superior a diez días. No superior a quince días. No superior a veinte días. No superior a un mes. . Salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, los informes serán emitidos en el plazo de: Diez días. Quince días. Veinte días. Un mes. ¿De qué plazo disponen los interesados para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes? De un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez. De un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. De un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte. De un plazo no inferior a diez días ni superior a un mes. ¿Cuál es la forma normal de terminación del procedimiento? La terminación convencional. El silencio administrativo. La resolución. La renuncia al derecho en que se se funde la solicitud. . La terminación convencional es una forma de terminación del procedimiento: Normal. Anormal. Especial. Presunta. Señala cuál de las siguientes es una forma de terminación anormal del procedimiento: La renuncia al derecho en que se funde la solicitud. La declaración de caducidad. El desistimiento. Todas las respuestas son correctas. . ¿En qué plazo deberán practicarse las actuaciones complementarias? En un plazo no superior a siete días. En un plazo no superior a diez días. En un plazo no superior a quince días. En un plazo no superior a un mes. ¿Transcurrido qué plazo desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular? Transcurrido un mes. Transcurridos tres meses. Transcurridos seis meses. Transcurrido un año. A tenor del artículo 92 LPACAP, en el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por: El Ministro respectivo. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Las respuestas a) y c) son correctas. Señala la respuesta incorrecta respecto al desistimiento y renuncia por los interesados: Si el escrito de iniciación de hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia afectará a todos los que la hubiesen formulado. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o , cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos, Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. . La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de: Un mes desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. Veinte días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. Quince días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. Diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento, transcurrido: Un mes. Tres meses. Seis meses. Un año. ¿Cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa? Quince días. Veinte días. Un mes. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender: Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. Cuando exista en procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. Todas las respuestas son correctas. . ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos? Recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión. Recurso de reposición, en el plazo de un mes. Ningún recurso. El recurso de alzada contra actos que no agotan la vía administrativa es: Extraordinario. La regla general. Especial. Inexistente. El recurso de reposición contra actos que no agotan la vía administrativa es: Ordinario. Extraordinario. Especial. Inexistente. El recurso de alzada se presentará: Ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. Ante el Tribunal contencioso competente. Ante el órgano que dictó el acto. Indistintamente, ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico que deba decidirlo. La resolución presunta del recurso de alzada se dará, si no recae resolución, al/a los: Quince días de interponerlo. Mes de su interposición. Tres meses de dictarse el acto. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. . El silencio administrativo en el recurso de alzada puede ser positivo en el siguiente caso: Cuando el recurso se presentó contra un acto presunto desestimatorio de la solicitud del ciudadano. Cuando perjudique al ciudadano, Siempre que beneficie al interés público. En ningún supuesto es positivo. El recurso extraordinario de revisión se interpone contra: Cualquier acto admnistrativo. Actos que no agotan la vía administrativa. Los actos que agotan la vía administrativa. Los actos firmes exclusivamente. . La terminación presunta del recurso extraordinario de revisión se dará: A los tres meses se su interposición. Al mes de su interposición. No cabe. Solo en el supuesto de que se base en manifiesto error de derecho. . El recurso extraordinario de revisión por manifiesto error de hecho debe plantearse: A los tres meses desde que se produjo. A los cuatro años desde que se conoció. Dentro de los cuatro años desde la notificación del acto. No puede darse nunca aisladamente. . La revisión de los actos por los recursos administrativos: Corresponde a la propia Administración Pública. Supone una actuación excepcional por la Administración Pública sobre sus actos firmes. Compete a los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo. Se da solo en supuestos tasados y límites. Para plantear un recurso administrativo: Hay que tener capacidad jurídica, sin requerirse la capacidad de obrar. Basta con la capacidad de obrar. Se requiere, siempre, ser titular de un derecho subjetivo afectado por el acto que se recurre. Puede hacerlo quien ostente la condición de interesado. . Se puede sustituir en determinados supuestos por procedimientos de mediación y arbitraje el: Recurso de alzada. Recurso de revisión. Recurso de reposición. Las respuestas a) y c) son ciertas. . Cuando un persona interpone un recurso de alzada denominándolo como recurso de revisión: Deberá desestimarse el recurso por improcedente. Deberá notificársele el error para que lo subsane. No se admitirá el recurso. Deberá resolverse, si del propio recurso se deduce si carácter. . La resolución de un recurso: Debe iniciarse a lo solicitado por el recurrente. Resolverá cuantas cuestiones se deduzcan del expediente. No es necesario que se motive. Debe aceptar las razones en que se fundamente el propio recurso. La reformatio in peius, en materia de recursos: Se admite como regla general. Solo se permite en materia sancionadora. Se admite cuando el recurso está claramente infundado. Está expresamente prohibida. . Como consecuencia del principio de congruencia, al resolver un recurso, la Administración Pública: Podrá agravar la situación inicial recurrente. Deberá ajustarse a las peticiones del recurrente. Lo desestimará, manteniendo el acto administrativo. Solo decidirá sobre las cuestiones planteadas por el recurrente sin entrar en otras que deriven del procedimiento. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido/s desde que se dictó el acto administrativo: Un año. Dos años. Tres años. Cuatro años. No es motivo bastante para interponer un recurso de revisión que: Se haya incurrido en manifiesto error de hecho al dictar acto. Hubiere mediado cohecho en la resolución. Se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente. Hayan influido documentos declarados falsos por sentencia judicial firme. Para que pueda entablarse un recurso extraordinario de revisión por error de hecho, este: Ha de ser declarado por sentencia judicial firme. Ha de haberse adoptado por cohecho. Ha de derivar de documentos habidos en el expediente. Nada de lo anterior es cierto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de reposición será de: 1 mes 2 meses 3 meses 6 meses.
