tec medio especifico (200)

101. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros: a) Bastará con una estimación genérica de su impacto. b) Se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. c) Solo será necesaria una memoria económica si así lo exige una ley sectorial. d) Quedará exceptuada de toda valoración económica si se trata de un reglamento.

102. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas: a) Revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y comprobar el grado de consecución de los objetivos previstos. b) Solo revisarán su normativa cuando lo solicite el órgano consultivo competente. c) Únicamente evaluarán las normas con rango de ley, pero no los reglamentos. d) Podrán omitir cualquier evaluación de la normativa vigente si existe Plan Normativo anual.

103. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, anualmente las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá: a) Exclusivamente las iniciativas reglamentarias que deban aprobarse en el año en curso. b) Las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. c) Todas las disposiciones internas de organización administrativa tengan o no rango normativo. d) Únicamente los anteproyectos de ley cuya tramitación parlamentaria ya se haya iniciado.

104. ¿Cuál de las siguientes competencias NO puede ser objeto de delegación?. a) La adopción de disposiciones de carácter general. b) La competencia para dictar actos de gestión. c) La instrucción de procedimientos administrativos. d) La formalización de actos de trámite.

105. Conforme a la Ley 40/2015, señale qué elemento NO forma parte del contenido mínimo de un convenio: a) La identificación de las partes firmantes y la competencia con la que actúan. b) El objeto del convenio y las actuaciones a realizar por las partes. c) El régimen de modificación del convenio. d) El régimen sancionador aplicable a las partes en caso de incumplimiento.

106. Conforme a la Ley 40/2015, los órganos colegiados podrán celebrar sesiones a distancia siempre que: a) El presidente y el secretario se encuentren físicamente en el mismo lugar. b) Se garantice la identidad de los miembros, el contenido de sus manifestaciones y la interactividad en tiempo real. c) Se autorice expresamente en cada convocatoria por el órgano superior jerárquico. d) Las sesiones se celebren exclusivamente mediante correo electrónico.

107. Sobre la delegación de firma, señale la opción correcta: a) La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante. b) La delegación de firma exige publicación en el diario oficial para su validez. c) La delegación de firma permite delegar la potestad reglamentaria. d) La delegación de firma no altera la competencia del órgano delegante y no requiere publicación para su validez.

108. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes cuando: a) Circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. b) Lo solicite cualquier interesado personado en el procedimiento. c) Se trate de competencias delegadas en un órgano colegiado. d) Exista recurso administrativo interpuesto contra el acto de trámite.

109. Conforme a la Ley 40/2015, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como cuando se haya declarado la abstención o recusación del titular de un órgano administrativo: a) La competencia quedará automáticamente suspendida hasta nuevo nombramiento. b) La competencia pasará necesariamente al órgano colegiado superior. c) La suplencia solo podrá acordarse mediante publicación en el diario oficial correspondiente. d) El titular podrá ser suplido temporalmente en la forma prevista en la propia ley.

110. Conforme a la Ley 40/2015, la encomienda de gestión: a) Supone la cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio. b) Solo puede realizarse entre órganos pertenecientes a distintas Administraciones Públicas. c) No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. d) Tiene naturaleza reglamentaria y debe publicarse siempre como disposición general.

111. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas legalmente: a) Podrán intervenir en el procedimiento si no formula oposición el interesado. b) Deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, que resolverá lo procedente. c) Solo deberán abstenerse cuando concurra parentesco de consanguinidad en primer grado. d) Únicamente podrán ser apartados del procedimiento mediante recusación promovida por el interesado.

112. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: a) Las unidades administrativas a las que no se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación no tenga carácter preceptivo. b) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. c) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación no tenga carácter preceptivo. d) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

113. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en NINGÚN caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: a) Las materias en que así se determine por norma con rango de Reglamento. b) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. c) La adopción de resoluciones de carácter particular. d) Los asuntos que se refieran a relaciones con órganos directivos.

114. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los órganos colegiados NO podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que NO figure incluido en el orden del día: a) Salvo que asistan la mayoría de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. b) Salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. c) Salvo que asistan la mitad de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. d) Salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de todos los miembros.

115. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa: a) Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan y así lo decidan todos los miembros. b) Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial el Secretario y un tercio de los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, y así lo decidan todos los reunidos. c) Cuando estuvieran reunidos a distancia, el Secretario y una cuarta parte de los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, y así lo decidan todos los reunidos. d) Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y la mitad de los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, y así lo decidan todos los reunidos.

116. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán: a) Siempre por el Consejo de Ministros. b) Por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos legalmente previstos. c) Por el órgano que haya causado materialmente el daño. d) Por el órgano consultivo superior de la Administración afectada.

117. Conforme a la Ley 40/2015, el principio non bis in ídem implica que: a) No puedan sancionarse hechos distintos, aunque protejan el mismo bien jurídico. b) No puedan imponerse sanciones administrativas cuando exista cualquier actuación judicial. c) No puedan sancionarse los mismos hechos cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. d) No puedan imponerse sanciones administrativas si el infractor es empleado público.

118. Señale la afirmación que describe correctamente el principio de proporcionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa: a) La sanción debe adecuarse a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. b) La sanción debe imponerse siempre en su grado máximo cuando exista intencionalidad. c) La sanción debe coincidir con la prevista en el tipo penal equivalente. d) La sanción debe atender exclusivamente a la reincidencia del infractor.

119. En relación con la responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta: a) La responsabilidad penal excluye siempre la responsabilidad administrativa. b) La responsabilidad civil solo puede exigirse directamente al empleado público. c) La exigencia de responsabilidad es independiente de la responsabilidad patrimonial de la Administración. d) La responsabilidad administrativa solo puede exigirse tras sentencia judicial firme.

120. Según la Ley 40/2015, el ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones Públicas exige que: a) Las infracciones administrativas estén previamente tipificadas por norma con rango de ley. b) Las sanciones administrativas puedan imponerse por analogía cuando exista identidad de razón. c) Las sanciones administrativas se establezcan mediante instrucciones internas del órgano competente. d) Las infracciones puedan definirse mediante resoluciones administrativas singulares.

121. En materia de prescripción de las sanciones administrativas, la Ley 40/2015 establece que el plazo de prescripción comenzará a contarse: a) Desde la fecha de comisión de la infracción administrativa. b) Desde la notificación de la resolución sancionadora al interesado. c) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. d) Desde la finalización del procedimiento administrativo sancionador.

122. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son responsables de las infracciones administrativas las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar: a) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. b) Exclusivamente las personas físicas mayores de edad. c) Solo las Administraciones Públicas territoriales. d) Únicamente los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones.

123. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo: a) Siempre que favorezcan a la Administración. b) Solo cuando así lo acuerde expresamente el órgano sancionador. c) En cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto respecto de la tipificación de la infracción como de la sanción y de sus plazos de prescripción. d) Únicamente cuando la sanción no sea firme.

124. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas: a) Deberá observarse la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. b) Deberá imponerse preferentemente sanción pecuniaria frente a cualquier otra. c) Deberá atenderse exclusivamente al perjuicio económico causado. d) Deberá imponerse la sanción máxima cuando concurra reincidencia.

125. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras: a) Deberán imponerse acumulativamente todas las sanciones correspondientes. b) Solo podrá exigirse la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. c) No podrá imponerse sanción alguna hasta que se pronuncie la jurisdicción penal. d) Deberá imponerse la sanción correspondiente a la primera infracción cometida en el tiempo.

126. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse: a) Desde el día siguiente a aquel en que se dicte la resolución por la que se declara la caducidad del procedimiento. b) Desde el día que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. c) Desde el día en que se dicte la resolución por la que se impone la sanción, aunque no haya transcurrido el plazo para recurrirla. d) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

127. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la contratación del sector público a fin de garantizar, entre otros principios: a) La libertad de pacto absoluta y la libre designación del contratista. b) La eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos. c) Exclusivamente la selección de la oferta económicamente más baja. d) La preferencia general por la gestión indirecta de los servicios públicos.

128. Señale cuál de los siguientes negocios jurídicos está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017: a) Los contratos de obras celebrados por una Administración Pública. b) Los contratos de servicios adjudicados por un poder adjudicador. c) Los convenios incluidos en el artículo 6, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta ley. d) Los contratos de suministro celebrados por una entidad del sector público.

129. A los efectos de la Ley 9/2017, tendrán la consideración de sector público: a) Solo la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. b) Exclusivamente las Administraciones Públicas territoriales. c) Únicamente los poderes adjudicadores que tengan la condición de Administración Pública. d) Las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, entre otros entes previstos legalmente.

130. En los contratos mixtos, la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación se efectuará: a) Atendiendo exclusivamente al valor económico de cada prestación por separado. b) Conforme a las normas del contrato de menor cuantía. c) En función de la prestación principal. d) Según decida discrecionalmente el órgano de contratación en el pliego.

131. Son contratos administrativos, siempre que se celebren por una Administración Pública: a) Todos los contratos celebrados por cualquier ente del sector público. b) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios, así como los contratos administrativos especiales. c) Solo los contratos de obras y de concesión de servicios. d) Exclusivamente los contratos sujetos a regulación armonizada.

132. Tendrán la consideración de contratos privados, cuando los celebre una Administración Pública: a) Los contratos de servicios financieros con números de referencia CPV de los comprendidos entre 66100000-1 y 66720000-3. b) Todos los contratos de suministro celebrados por una Administración Pública. c) Los contratos de obras celebrados por una Administración Pública. d) Los contratos de concesión de servicios celebrados por una Administración Pública.

133. La libertad de pactos en la contratación del sector público: a) Permite establecer cualquier cláusula, aunque sea contraria al interés público. b) Solo opera en los contratos privados. c) Permite concertar los pactos, cláusulas y condiciones que se tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. d) Queda excluida en todo caso en los contratos administrativos.

134. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administración Pública: a) Tendrán siempre carácter administrativo. b) Tendrán la consideración de contratos privados. c) Serán nulos de pleno derecho si superan los umbrales armonizados. d) Se regirán íntegramente por el Derecho civil en todas sus fases.

135. El recurso especial en materia de contratación es procedente, entre otros supuestos, contra: a) Cualquier acto de trámite no cualificado dictado en cualquier procedimiento de contratación. b) Exclusivamente la formalización del contrato. c) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. d) Únicamente los actos dictados en contratos menores.

136. No podrá interponerse recurso especial en materia de contratación en relación con: a) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a tres millones de euros. b) Los contratos de concesión de obras cualquiera que sea su valor estimado. c) Los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a cien mil euros. d) Los acuerdos marco sujetos a regulación armonizada.

137. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: a) Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo. b) Los contratos privados se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, en defecto de normas específicas, por dicha Ley y sus disposiciones de desarrollo. c) Los contratos privados se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, por derecho privado. d) Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en primer lugar, por las normas de derecho privado.

138. Para contratar con el sector público, los empresarios deberán tener capacidad de obrar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Ley 9/2017?. a) La capacidad de obrar se presume en todo caso para las personas físicas. b) Solo pueden contratar las personas jurídicas inscritas en el Registro Mercantil. c) La capacidad de obrar se acredita conforme a las normas civiles o mercantiles que resulten de aplicación. d) La capacidad de obrar solo se exige en contratos sujetos a regulación armonizada.

139. ¿Cuál de las siguientes situaciones constituye una prohibición para contratar con el sector público?. a) Haber sido sancionado por infracción administrativa leve. b) No estar inscrito en un registro administrativo voluntario. c) Haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de corrupción. d) No haber contratado previamente con una Administración Pública.

140. En relación con la solvencia económica y financiera exigida para contratar con el sector público, señale la opción correcta: a) Solo puede acreditarse mediante volumen anual de negocios. b) Podrá acreditarse por cualquiera de los medios previstos en la ley y en los pliegos, respetando el principio de proporcionalidad. c) Es obligatoria únicamente en contratos sujetos a regulación armonizada. d) No puede exigirse en contratos de servicios.

141. Conforme a la Ley 9/2017, si el órgano de contratación exige garantía provisional, su importe NO podrá exceder de: a) El 1 % del valor estimado del contrato, IVA incluido. b) El 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido. c) El 5 % del presupuesto base de licitación, IVA incluido. d) El 3 % del valor estimado del contrato, IVA excluido.

142. Conforme a la Ley 9/2017, el valor estimado del contrato: a) Incluye el IVA y no puede incorporar prórrogas. b) Incluye el IVA e incorpora las posibles modificaciones previstas. c) No incluye el IVA e incorpora las prórrogas y modificaciones previstas en los pliegos. d) Coincide siempre con el presupuesto base de licitación.

143. En un contrato del sector público en el que se exige garantía definitiva, ¿cuál es la regla general sobre su importe?. a) Es del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido. b) Es del 5 % del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA excluido. c) Es del 10 % del valor estimado del contrato, IVA incluido. d) Es del 5 % del presupuesto base de licitación, IVA incluido.

144. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total del mismo: a) Sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. b) Incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido. c) Sin incluir las eventuales prórrogas. d) Sin incluir las posibles modificaciones previstas.

145. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: a) Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que constituyan la unión en escritura pública antes de la finalización del plazo de recepción de las ofertas. b) Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. c) Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, pero será necesaria la formalización de las mismas en escritura pública antes de la adjudicación del contrato a su favor. d) Solo podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que estuvieran constituidas como tal antes de que se publique la licitación del contrato.

146. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la prórroga del contrato: a) Se acordará por el órgano de contratación y no será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. b) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con quince días de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. c) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. d) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con veinte días de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.

147. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición: a) Se perfeccionan con su formalización. b) Se perfeccionan con su adjudicación. c) Se perfeccionan con su ejecución. d) Se perfeccionan a través de un pacto verbal.

148. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: a) En el procedimiento de contratación se exigirá garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, no lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. b) En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. c) En el procedimiento de contratación se exigirá garantía provisional, salvo para el contrato de servicios, en el que no procederá dicha exigencia. d) En el procedimiento de contratación se exigirá garantía provisional, salvo para el contrato de obras, en el que no procederá dicha exigencia.

149. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando se utilice un único criterio de adjudicación: a) Deberá estar relacionado siempre con el precio. b) Deberá estar relacionado con la calidad. c) Puede ser un criterio de rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. d) En los contratos de las Administraciones Públicas no puede haber un único criterio de adjudicación.

150. En relación con la formalización de los contratos del sector público, señale la opción correcta: a) El contrato se perfecciona con su formalización. b) La formalización no es necesaria cuando el contrato es sujeto a regulación armonizada. c) El contrato deberá formalizarse en documento administrativo dentro del plazo previsto legalmente tras la adjudicación. d) La formalización es potestativa si el adjudicatario ya ha constituido garantía definitiva.