tec. medio especifico

1. Conforme a la Constitución de 1978, cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: a) Se necesita autorización previa para ejercer el derecho de reunión. b) Ninguna persona española de origen podrá ser privada de su nacionalidad. c) Se reconoce la inviolabilidad del domicilio. d) La prohibición de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones podrá acordarse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

2. Conforme a la Constitución de 1978: a) La lengua española oficial del Estado es el castellano. b) Se reconoce el deber de todos los españoles de conocer y usar el castellano. c) Las demás lenguas españolas serán también oficiales en el Estado de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía. d) Ninguna respuesta es correcta.

3. Conforme a la Constitución de 1978: a) El derecho de asilo se reconoce a todos los ciudadanos y las ciudadanas españolas y extranjeras. b) El derecho de asilo se reconoce en exclusiva a las personas apátridas. c) El derecho de asilo no se recoge en la Constitución de 1978. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

4. Conforme a la Constitución de 1978: a) Son valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. b) Son valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la seguridad jurídica, la igualdad y el pluralismo político. c) Son valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y la jerarquía normativa. d) Son valores superiores del ordenamiento jurídico la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la legalidad.

5. Conforme a la Constitución de 1978: a) Solo se reconoce la igualdad formal de todos los españoles y las españolas en su artículo 14. b) Se exige la intervención de los poderes públicos para que la igualdad sea real y efectiva. c) En el artículo 14 se reconoce la igualdad formal y la igualdad material de todas las personas españolas. d) Se reconoce junto a la igualdad formal prevista en el artículo 14, la igualdad ante la ley de todos los españoles y las españolas en el artículo 9.2.

6. De acuerdo con la Constitución de 1978: a) Todas las lenguas serán junto con el castellano oficiales del Estado proclamándose el deber de todos los españoles de conocerlas y el derecho a usarlas. b) Los Estatutos de Autonomía reconocerán banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas que se utilizarán en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. c) La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. d) Ninguna persona española podrá ser privada de su nacionalidad.

7. Conforme establece la Constitución española de 1978, el plazo máximo que puede durar la detención preventiva es: a) De setenta y dos horas. b) De cuarenta y ocho horas. c) El que determine la autoridad judicial. d) El que determine la ley.

8. Conforme a los principios de la Constitución, las bases de la organización militar han de ser regulados: a) Por Ley. b) Por Ley orgánica. c) Por Reglamento. d) Por Decreto.

9. Conforme al tenor literal de la Constitución, son titulares del derecho de participación en los asuntos públicos: a) Todos. b) Los ciudadanos y las ciudadanas. c) Los españoles y las españolas. d) Todas las personas.

10. Conforme a la Constitución de 1978: a) El Defensor del Pueblo es un Alto Comisionado de las Cortes Generales. b) El Defensor del Pueblo es un Alto Comisionado del Congreso de los Diputados. c) El Defensor del Pueblo es un Alto Comisionado del Gobierno de la Nación. d) El Defensor del Pueblo es un órgano independiente.

11. Conforme a la Constitución de 1978: a) Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 deberán inscribirse en un registro a efectos constitutivos. b) Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 deberán inscribirse en un registro a efectos jurídicos. c) Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 no deben inscribirse en ningún registro más que en el del Ministerio del Interior. d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

12. El derecho a la educación en la Constitución de 1978: a) Está recogido en el artículo 24. b) Está recogido en el artículo 18. c) Está recogido en el artículo 27. d) Está recogido en el artículo 16.

13. La Constitución de 1978: a) Reconoce el derecho de petición dentro de los derechos fundamentales susceptibles de ser tutelados mediante recurso de amparo. b) Ya no reconoce el derecho de petición. c) Reconoce el derecho de petición como derecho fundamental pero sin ser susceptible de ser tutelado mediante recurso de amparo. d) Reconoce el derecho de petición dentro de los Principios rectores de la política social y económica.

14. Según la Constitución de 1978, el derecho a la protección de la salud: a) Es un derecho fundamental cuya tutela se puede recabar a través del procedimiento preferente y sumario. b) Es un derecho fundamental cuya tutela se puede recabar a través del procedimiento preferente y sumario y a través del recurso de amparo. c) Es un derecho fundamental únicamente tutelable a través de procedimientos ordinarios jurisdiccionales. d) Es un principio rector de la política social y económica.

15. Conforme determina la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la denominación de la Comunidad Autónoma es: a) Euskal Herria. b) Euskadi o País Vasco. c) País Vasco en la versión en castellano del Estatuto. d) Comunidad Autónoma Vasca.

16. Conforme determina la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la designación de la sede de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco: a) Corresponde al Lehendakari. b) Se hará mediante Ley del Parlamento Vasco. c) Corresponde a cada uno de los Territorios Históricos que integran el País Vasco. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17. Conforme a la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco: a) Álava, Guipúzcoa y Vizcaya son las únicas que tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco. b) Se reconoce el derecho de Navarra a su incorporación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con el procedimiento establecido en la Disposición Adicional cuarta de la Constitución. c) La designación de la sede de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco se hará mediante Ley del Parlamento Vasco. d) La bandera del País Vasco es la bicrucífera, compuesta de aspa verde, cruz roja superpuesta y fondo blanco.

18. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, ¿cuál de los siguientes requisitos para la agregación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de otros territorios o municipios que estuvieran enclavados en su totalidad dentro de la misma, es INCORRECTO?. a) Que lo acuerden los habitantes de dicho municipio o territorio mediante referéndum aprobado por mayoría absoluta. b) Que lo aprueben las Cortes Generales del Estado mediante Ley Orgánica. c) Que lo apruebe el Parlamento Vasco. d) Que solicite la incorporación el Ayuntamiento o la mayoría de los Ayuntamientos interesados.

19. En relación con los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos vascos, el Estatuto de Autonomía del País Vasco NO recoge la siguiente afirmación: a) Los poderes públicos vascos impulsarán una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo. b) Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco serán los establecidos en el presente Estatuto. c) Los poderes públicos vascos adoptarán, en el ámbito de su competencia, aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica. d) Los poderes públicos vascos velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.

20. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, la designación de la sede de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco se hará mediante: a) Ley del Parlamento Vasco. b) Ley Orgánica de las Cortes Generales. c) Decreto del Lehendakari. d) Real Decreto del Lehendakari.

21. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía del País Vasco, para que otros territorios o municipios puedan agregarse a la Comunidad Autónoma del País Vasco será necesario (indíquese la respuesta incorrecta): a) Que estén enclavados en su totalidad dentro del territorio de la Comunidad Autónoma. b) Que lo aprueben en referéndum los habitantes de la CAPV. c) Que las Cortes Generales del Estado aprueben la agregación mediante Ley Orgánica. d) Que lo aprueben los habitantes de dicho territorio o municipio mediante referéndum por mayoría de los votos válidos emitidos.

22. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía del País Vasco, indíquese cuál de las siguientes afirmaciones con relación al euskera es incorrecta: a) El euskera tiene carácter de lengua oficial en Euskadi como el castellano. b) Todos los habitantes del País Vasco tienen el deber de conocer y el derecho a usar el castellano y el euskera. c) Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma garantizarán el uso de ambas lenguas, teniendo en cuenta la diversidad socio-lingüística del País Vasco. d) La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia es la institución consultiva oficial en lo referente al euskera.

23. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, ¿cuál es el papel que cumple el Estatuto de Autonomía del País Vasco?. a) Es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. b) Es un Reglamento interno que recoge la organización institucional de la Administración autonómica. c) Es una ley del Parlamento Vasco. d) Constituye la norma autonómica suprema, de rango superior a la Constitución española dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

24. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, ¿quién tiene derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco?. a) Sólo Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, tal y como se encuentra integrada en la actualidad. b) Navarra no tiene derecho a formar parte de la CAPV, pero podría solicitar su incorporación de acuerdo con el procedimiento establecido en la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución. c) Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. d) Navarra no tiene derecho a formar parte de la CAPV, pero podría decidir su incorporación de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente Estatuto.

25. ¿Cuál es la denominación oficial que recibe la Comunidad Autónoma vasca en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre?. a) Se denomina País Vasco en la versión en castellano y Euskadi en la versión en euskera. b) Euskal Herria. c) Euskadi o Vasconia. d) Son incorrectas las tres respuestas anteriores.

26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía del País Vasco para la agregación de otros territorios o municipios a la Comunidad Autónoma vasca?. a) No se admite la incorporación de nuevos territorios o municipios a menos que estos se hallen enclavados en su totalidad dentro del territorio de la CAPV. b) Se debe oír a la Comunidad Autónoma o provincia actual del territorio o municipio que solicita su agregación a la CAPV:. c) Será necesaria su aprobación mediante Ley Orgánica de las Cortes Generales del Estado. d) Tendrán que autorizarlo tanto los habitantes del territorio o municipio a agregar como los habitantes de la CAPV mediante referéndum convocado a tal efecto.

27. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco: a) Son los establecidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía. b) Son los recogidos en el Estatuto de Autonomía, interpretados conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos. c) Son los reconocidos en los tratados internacionales ratificados por España. d) Son los establecidos en la Constitución española.

28. Indíquese cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con lo establecido en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (EAPV) acerca de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos vascos. a) El EAPV impone limitaciones a los poderes públicos vascos en relación con el ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. b) El EAPV contiene obligaciones positivas para los poderes públicos, formuladas como mandatos de actuación, y no meros deberes negativos de abstención. c) Lo establecido en el EAPV sustituye la legislación estatal en materia de derechos fundamentales en todo lo que no contradiga la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre la materia ratificados por España. d) Los poderes públicos vascos regularán el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos vascos en el territorio de la CAPV.

29. Conforme determina la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en materia de sanidad interior corresponde al País Vasco: a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado. b) La ejecución de la legislación del Estado. c) La potestad reglamentaria. d) La competencia exclusiva.

30. Conforme a la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco: a) No se prevé la reforma del Estatuto de Autonomía. b) La iniciativa para la reforma del Estatuto corresponde al Parlamento Vasco, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales del Estado Español. c) La reforma del Estatuto debe hacerse cada cinco años. d) La reforma del Estatuto de Autonomía no requiere aprobación por parte de las Cortes Generales.

31. En relación con el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, indíquese cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: a) La iniciativa de reforma corresponde a las Cortes Generales del Estado español, al Gobierno Vasco y al Parlamento Vasco, a propuesta de la mayoría simple de sus componentes. b) La propuesta de reforma habrá de ser aprobada por el Parlamento Vasco mediante mayoría cualificada de 2/3 de sus componentes. c) Tras su aprobación por el Parlamento Vasco, la reforma será aprobada por las Cortes Generales del Estado mediante Ley Orgánica. d) Con carácter previo a la remisión a las Cortes Generales, se requerirá la aprobación de los electores vascos mediante referéndum.

32. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, indíquese sobre cuál de las siguientes materias NO tiene Euskadi competencia exclusiva: a) Pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre. b) Asistencia Social. c) Investigación científica y técnica en coordinación con el Estado. d) Sanidad interior.

33. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco es correcta?: a) La iniciativa de reforma corresponde al Parlamento Vasco, al Gobierno Vasco o a las Juntas Generales de los Territorios Históricos. b) El Gobierno Vasco podrá ser facultado, por delegación expresa del Estado, para convocar el referéndum necesario para la reforma del Estatuto. c) La propuesta de reforma, una vez aprobada en el Parlamento Vasco, debe ser trasladada a las Cortes Generales para su aprobación mediante Ley ordinaria, y finalmente se precisará la aprobación mediante referéndum. d) La propuesta de reforma corresponde al Parlamento Vasco, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales y, una vez aprobada por el Parlamento Vasco, podrá ser sometida a referéndum.

34. Según establece el Estatuto de Autonomía, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en materia de: a) Medio ambiente y ecología. b) Propiedad intelectual e industrial. c) Legislación del Estado sobre productos farmacéuticos. d) Legislación penitenciaria.

35. Conforme determina la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en el caso de la reforma del Estatuto: a) La iniciativa corresponderá al Parlamento Vasco, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o al Gobierno Vasco. b) La iniciativa corresponde al Parlamento Vasco, a propuesta de una quinta parte de sus componentes, al Gobierno Vasco o a las Cortes Generales del Estado. c) La iniciativa corresponde al Parlamento Vasco a propuesta de la mayoría absoluta de sus componentes. d) La iniciativa corresponde al Parlamento Vasco o a las Cortes Generales del Estado a propuesta de la mayoría absoluta de sus miembros.

36. De acuerdo con su Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en materia de: a) Sanidad interior. b) Asistencia Social. c) Legislación laboral. d) Seguridad Social, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.

37. Cuando la reforma del Estatuto tuviera por objeto una mera alteración de la organización de los poderes del País Vasco y no afectase a las relaciones de la Comunidad Autónoma con el Estado o a los regímenes forales privativos de los Territorios Históricos, se podrá proceder de la siguiente manera (indíquese la respuesta INCORRECTA): a) Elaboración del proyecto de reforma por el Parlamento Vasco. b) Consulta a las Cortes Generales y a las Juntas Generales. c) Si en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la consulta ningún órgano consultado se declarase afectado por la reforma, se convocará, debidamente autorizado, un referéndum sobre el texto propuesto. d) Se requerirá su aprobación mediante Ley del Parlamento Vasco.

38. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, ¿en cuál de las siguientes materias NO tiene la Comunidad Autónoma del País Vasco competencia exclusiva?: a) Demarcaciones territoriales municipales, sin perjuicio de las facultades correspondientes a los Territorios Históricos. b) Ordenación del sector pesquero en el País Vasco. c) Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno dentro de las normas de este Estatuto. d) Normas procesales y de procedimientos administrativo y económico-administrativo que se deriven de las especialidades de derecho sustantivo y de la organización propia del País Vasco.

39. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en materia de urbanismo y vivienda corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco: a) El desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado. b) La ejecución de la legislación del Estado. c) Es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco. d) La potestad reglamentaria.

40. ¿Qué establece la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en relación con la celebración de un referéndum en el procedimiento de reforma del Estatuto? Indíquese la respuesta correcta: a) El referéndum tendrá lugar tras su aprobación por las Cortes Generales del Estado mediante Ley Orgánica. b) La celebración de un referéndum es potestativa, no tiene carácter obligatorio. c) El referéndum tendrá lugar tras la aprobación de la propuesta de reforma por el Parlamento Vasco. d) El Estatuto de Autonomía no dice nada acerca de la necesidad de celebrar un referéndum.

41. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en las materias que son competencia exclusiva del País Vasco: a) Siempre tendrá preferencia el Derecho estatal. b) Se aplicará el Derecho del Estado con carácter supletorio en ausencia de Derecho autonómico. c) No cabe en ningún caso aplicación del Derecho del Estado. d) El Derecho del Estado será de aplicación supletoria sólo en aquellas materias de competencia compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

42. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía del País Vasco, corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca (indíquese la respuesta INCORRECTA): a) La ejecución de la legislación del Estado en materia de Asistencia Social. b) La ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos. c) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior. d) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de Seguridad Social, salvo las normas que configuran su régimen económico.

43. Señale la respuesta correcta, de acuerdo con la Ley 7/1981, de 30 de junio, en relación con el cese del Lehendakari: a) El Lehendakari cesa únicamente por la celebración de elecciones al Parlamento Vasco. b) El Lehendakari cesa si el Parlamento aprueba una moción de censura por mayoría simple. c) El Lehendakari cesa por dimisión, pérdida de la confianza parlamentaria o fallecimiento. d) El Lehendakari cesa automáticamente cuando se disuelve el Parlamento Vasco, sin excepción.

44. La Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, contempla la suspensión de las funciones del Lehendakari. A este respecto el acuerdo del Gobierno sobre la imposibilidad de ejercer sus funciones se adoptará por: a) Mayoría de tres quintas partes de sus miembros. b) Mayoría de las cuatro quintas partes de sus miembros. c) Mayoría de tres cuartas partes de sus miembros. d) El Gobierno no es competente para acordar la imposibilidad del Lehendakari para el desempeño de sus funciones.

45. Conforme a la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, el Lehendakari: a) Será designado por el Parlamento y nombrado por el Presidente del Gobierno central. b) Será designado, de entre sus miembros, por el Parlamento y nombrado por el Rey mediante un Real Decreto. c) Será designado, de entre sus miembros, por el Parlamento y nombrado por el Rey mediante Ley. d) Será designado y nombrado, de entre sus miembros, por el Parlamento mediante un Real- Decreto.

46. Conforme establece la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, la situación de interinidad en la Presidencia NO podrá ser superior en ningún caso a: a) Cuatro meses. b) Dos meses. c) Tres meses. d) Un mes.

47. Conforme a la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, al Gobierno Vasco le corresponde: a) Definir el Programa de Gobierno. b) Aprobar las Proposiciones de Ley para su remisión al Parlamento o determinar su retirada, en las condiciones que establezca el Reglamento de la Cámara. c) Ejercer, mediante Decretos-Legislativos, la delegación legislativa en los términos establecidos en esta Ley. d) Ejercer, mediante Decretos-Leyes, la delegación legislativa en los términos establecidos en esta Ley.

48. Conforme establece la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno: a) Las ausencias temporales del Lehendakari precisarán en todo caso de la previa autorización del Parlamento. b) En el Gobierno ambos sexos estarán representados al menos en un 50 %. c) En el Gobierno ambos sexos estarán representados al menos en un 40 %. d) Las ausencias temporales del Lehendakari precisarán de la previa autorización del Parlamento cuando sean superiores a dos semanas.

49. De acuerdo con la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, el Lehendakari: a) Establece los objetivos políticos generales. b) Dirige la Administración del País Vasco. c) Ejerce la iniciativa legislativa, la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. d) Ostenta la representación ordinaria del Estado en el territorio de la CAPV.

50. De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno, indíquese la respuesta INCORRECTA en relación con las reuniones del Gobierno: a) La celebración de las reuniones del Gobierno requerirá, para su válida constitución, la asistencia del Lehendakari, o de su sustituto, y de, al menos, la mitad de sus miembros. b) Los documentos que se presenten al Gobierno tendrán en todo caso carácter reservado y secreto, sin que en ningún caso pueda éste hacerlos públicos. c) La convocatoria de las reuniones del Gobierno irá acompañada del Orden del Día, el cual será establecido de acuerdo con las instrucciones del Lehendakari y firmado por el Secretario del Gobierno. d) A las reuniones del Gobierno podrán acudir los expertos cuya presencia autorice el Lehendakari.

51. Teniendo en cuenta la estructura general del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, indíquese cuál de las siguientes Direcciones NO se encuentra dentro de la Viceconsejería de Salud: a) Dirección de Investigación, Innovación y Evaluación sanitarias. b) Dirección de Salud Pública y Adicciones. c) Dirección de Farmacia. d) Dirección de Transformación, Planificación y Digitalización en Salud.

52. De acuerdo con la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud establecida por el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, indíquese cuál de las siguientes funciones NO corresponde a la Dirección de Gabinete y Comunicación: a) La organización y seguimiento del programa de trabajo y actuación del Consejero/a. b) La colaboración interinstitucional e interdepartamental en el ámbito sociosanitario. c) La organización de los actos oficiales y protocolarios que celebre el Departamento, sin perjuicio de los que correspondan a la Lehendakaritza-Presidencia de Gobierno. d) La canalización de las relaciones del Departamento con el Consejo Interterritorial de Sanidad del Sistema Nacional de Salud.

53. De acuerdo con el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, la provisión de los puestos de libre designación, previa convocatoria pública, así como la designación del personal eventual, corresponde: a) A la Viceconsejería de Salud. b) Al Consejero/a. c) A la Viceconsejería de Administración y Financiación Sanitarias. d) A las Delegaciones Territoriales de Álava, de Bizkaia y de Gipuzkoa.

54. Dentro de la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, la definición de las políticas de gestión pública correspondientes a las áreas de actuación de las distintas direcciones corresponde: a) Al Consejero/a. b) Al titular de la Viceconsejería correspondiente. c) Al Viceconsejero/a de Salud en todo caso. d) Al Director/a que estuviera al frente de cada dirección.

55. De acuerdo con el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud, indíquese cuál de las siguientes funciones y áreas de actuación NO corresponde al Departamento de Salud: a) Prevención de adicciones. b) Innovación e investigación sanitaria. c) Promoción de la actividad física. d) Salud Pública: vigilancia, protección y promoción de la salud.

56. De acuerdo con la estructura orgánica y funcional del Departamento de Salud que establece el Decreto 319/2024, de 29 de octubre, ¿Cuál de los siguientes Consejos asesores NO se encuentra adscrito al Departamento de Salud?: a) Consejo asesor de vacunaciones de Euskadi. b) Comité vasco de Autorizaciones de Uso Terapéutico. c) Consejo Asesor sobre el Cáncer en Euskadi. d) Comité de Planificación y Gestión de la Medicina Personalizada de Euskadi.

57. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando un plazo se señale por días, se entenderá que estos son: a) Días naturales, salvo que la norma disponga lo contrario. b) Días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y festivos. c) Días naturales, incluyéndose sábados y domingos, pero no los festivos. d) Días hábiles, incluyéndose los sábados y excluyéndose únicamente los domingos y festivos.

58. Conforme a la Ley 39/2015, el ámbito subjetivo de aplicación de esta ley comprende: a) Exclusivamente la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. b) El sector público, incluyendo la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y el sector público institucional. c) Solo las Administraciones territoriales, quedando excluido el sector público institucional. d) Únicamente las Administraciones Públicas territoriales y las Corporaciones de Derecho Público.

59. A los efectos de la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Solo las personas físicas mayores de edad y las personas jurídicas. b) Las personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar conforme a las normas civiles, los menores en los supuestos previstos por el ordenamiento y, cuando la ley lo declare expresamente, determinados entes sin personalidad. c) Exclusivamente las personas físicas que actúen en defensa de derechos subjetivos. d) Solo quienes ostenten un interés legítimo individual, pero no colectivo.

60. Conforme a la Ley 39/2015, en materia de representación ante las Administraciones Públicas: a) Solo las personas jurídicas pueden actuar en representación de otras personas. b) La representación impide en todo caso que la Administración se entienda directamente con el interesado. c) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. d) La representación solo es posible cuando se acredite mediante escritura pública.

61. Conforme a la Ley 39/2015, deberán ser motivados: a) Todos los actos administrativos sin excepción. b) Solo los actos que pongan fin a la vía administrativa. c) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, entre otros supuestos legalmente previstos. d) Solo los actos sancionadores firmes.

62. Conforme a la Ley 39/2015, los actos administrativos se producirán: a) Preferentemente de forma verbal, salvo en los procedimientos sancionadores. b) Por escrito a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. c) Siempre en soporte papel, salvo consentimiento expreso del interesado. d) En cualquier forma, siempre que conste la voluntad del órgano.

63. Conforme a la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo: a) Solo producirán efectos desde su notificación al interesado. b) Se presumirán inválidos hasta que transcurra el plazo de recurso. c) Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. d) Producirán efectos únicamente desde su publicación oficial.

64. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán ejecutivos: a) Desde su notificación al interesado, en todo caso. b) Cuando pongan fin a la vía administrativa. c) Desde que se dicten, salvo que se disponga otra cosa o su eficacia quede supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. d) Únicamente cuando sean firmes.

65. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos podrán tener efecto retroactivo: a) En ningún caso. b) Siempre que favorezcan al interesado, aunque se lesionen derechos de terceros. c) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados y no se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas. d) Únicamente cuando así lo disponga una norma con rango de ley.

66. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico: a) Serán nulos de pleno derecho en todo caso. b) Serán anulables, salvo que concurra alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho. c) Serán inexistentes jurídicamente. d) No producirán efectos en ningún caso.

67. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales en los términos que la Ley reconozca. d) Cualquier ciudadano en defensa de la legalidad.

68. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho: a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. b) Los actos que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. d) Los actos dictados fuera del tiempo establecido por las leyes.

69. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el expediente administrativo electrónico: a) Debe conservarse únicamente mientras el procedimiento esté en tramitación. b) Debe incluir únicamente los documentos aportados por los interesados. c) Debe contener una relación ordenada de los documentos que lo integran, con independencia de su formato. d) Puede excluir los informes emitidos por otros órganos administrativos.

70. En un procedimiento administrativo, antes de dictar resolución, la Administración debe conceder trámite de audiencia a los interesados. Señale en qué supuesto puede prescindirse de dicho trámite: a) Cuando el procedimiento se tramite por vía de urgencia. b) Cuando la resolución ponga fin a la vía administrativa. c) Cuando el procedimiento tenga carácter sancionador. d) Cuando no se tengan en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el interesado.

71. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para resolver un procedimiento tramitado por la vía de la tramitación simplificada será de: a) 15 días. b) 30 días. c) 2 meses. d) 3 meses.

72. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento: a) No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. b) No podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. c) No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango reglamentario establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. d) No podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango reglamentario establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

73. María reclama a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud una indemnización de 45.000 euros por los daños sufridos como consecuencia de una incorrecta actuación de los servicios de una Organización Sanitaria Integrada (OSI), consistente en un retraso de diagnóstico y tratamiento de una rotura de rótula derecha. Transcurridos ocho meses desde que formuló la solicitud, María no ha recibido notificación alguna. Señale la respuesta correcta: a) María podrá entender que la resolución es favorable a la indemnización solicitada. b) María podrá entender que el procedimiento ha caducado. c) María podrá entender que el procedimiento está suspendido. d) María podrá entender que la resolución es contraria a la indemnización solicitada.

74. Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables: a) El transcurso del plazo sin resolución expresa producirá la caducidad del procedimiento. b) El trascurso del plazo sin resolución expresa producirá la prescripción. c) Los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. d) Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

75. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, en caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas: a) El segundo intento deberá realizarse después de las diecisiete horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. b) El segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. c) El segundo intento deberá realizarse después de las diecisiete horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de dos horas entre ambos intentos de notificación. d) El segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de dos horas entre ambos intentos de notificación.

76. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales adoptadas antes de iniciar el procedimiento administrativo deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas: a) En el trámite de admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. b) En el acuerdo de propuesta de resolución, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. c) En el acuerdo de propuesta de resolución, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. d) En el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

77. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción contra el Patrimonio de las Administraciones públicas y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá: a) Eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. b) Reducir al denunciante el importe del pago de la multa que le corresponde, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. c) Eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga. d) Reducir al infractor el importe del pago de la multa que le corresponde, cuando facilite elementos de prueba, aunque no aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.

78. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes. b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán obligatorios y no vinculantes. c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán obligatorios y vinculantes. d) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

79. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única: a) La falta de práctica de este aviso conllevará la nulidad del acto notificado. b) La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. c) La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. d) La falta de práctica de este aviso conllevará la anulabilidad del acto notificado.

80. Cuando una Administración aprecia que un acto administrativo es nulo de pleno derecho, ¿qué actuación puede llevar a cabo conforme a la normativa vigente?. a) Iniciar de oficio el procedimiento de revisión, previo dictamen del órgano consultivo competente. b) Declarar la nulidad directamente sin necesidad de procedimiento alguno. c) Declarar la nulidad únicamente a instancia del interesado. d) Revocar el acto por razones de oportunidad.

81. Conforme a la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán declarar la lesividad para el interés público de los actos favorables que sean anulables: a) En cualquier momento. b) Dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. c) Dentro del plazo de un año desde que se dictó el acto. d) Únicamente cuando lo solicite el interesado.

82. Conforme a la Ley 39/2015, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del recurso de alzada será de: a) Un mes. b) Dos meses. c) Tres meses. d) Seis meses.

83. Conforme a la Ley 39/2015, contra la resolución de un recurso de alzada: a) Cabe recurso de reposición. b) Cabe recurso extraordinario de revisión en todo caso. c) No cabe ningún otro recurso administrativo. d) Cabe siempre recurso contencioso-administrativo y recurso de reposición.

84. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables: a) En cualquier momento, siempre que dicha revocación constituya dispensa o exención no permitida por las leyes. b) En cualquier momento, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. c) Únicamente dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto. d) Solo cuando exista solicitud expresa del interesado.

85. Conforme a la Ley 39/2015, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso extraordinario de revisión cuando: a) Se considere que la resolución es contraria a Derecho por error en la interpretación jurídica. b) Aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencien el error de la resolución recurrida. c) El interesado no haya interpuesto previamente recurso de alzada. d) Se trate de actos que pongan fin a la vía administrativa.

86. Conforme a la Ley 39/2015, el plazo para interponer recurso extraordinario de revisión cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto será de: a) Un año desde que se dictó el acto administrativo. b) Cuatro años desde la notificación de la resolución recurrida. c) Tres meses desde el conocimiento de los documentos. d) Tres meses desde que la sentencia judicial adquirió firmeza.

87. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las resoluciones y actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados: a) Exclusivamente recurso extraordinario de revisión. b) Los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrán fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. c) Únicamente recurso contencioso-administrativo. d) Solo recurso de reposición, en todo caso.

88. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el recurso de alzada se interponga contra un acto presunto: a) El solicitante podrá interponerlo en el plazo de un mes. b) El solicitante podrá interponerlo en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. c) El solicitante deberá interponerlo en el plazo de tres meses desde que se entienda producido el silencio. d) El solicitante no podrá interponer recurso de alzada contra actos presuntos.

89. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición, si el acto fuera expreso, será de: a) Diez días. b) Quince días. c) Un mes. d) Tres meses.

90. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la resolución de un recurso potestativo de reposición: a) Podrá interponerse recurso de alzada. b) No podrá interponerse de nuevo dicho recurso. c) Cabrá otro recurso de reposición si aparecen hechos nuevos. d) Cabrá siempre recurso extraordinario de revisión.

91. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) De oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. b) A instancia de parte, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. c) Por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. d) De oficio y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la anulabilidad de las disposiciones administrativas.

92. En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los siguientes principios: a) Jerarquía, descentralización y coordinación. b) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. c) Legalidad, responsabilidad y control jurisdiccional. d) Exclusivamente eficacia y eficiencia.

93. Los reglamentos producirán efectos jurídicos: a) Desde su aprobación por el órgano competente. b) Desde su firma por el titular del departamento correspondiente. c) Desde su publicación en el diario oficial correspondiente. d) Desde su comunicación a los interesados.

94. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde: a) A los órganos administrativos inferiores cuando así lo acuerde su superior jerárquico. b) A los órganos de gobierno locales, autonómicos y estatales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril. c) Exclusivamente al Consejo de Ministros. d) A cualquier órgano administrativo que tenga atribuida competencia de gestión.

95. Conforme a la Ley 39/2015, en el trámite de consulta pública previa a la elaboración de una norma deberán recabarse, entre otros extremos: a) Exclusivamente la opinión de los Colegios Profesionales afectados por la futura regulación. b) Únicamente las observaciones de las Administraciones territoriales afectadas por la norma. c) La opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados acerca de los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. d) La valoración técnica del órgano consultivo competente y el texto articulado completo de la futura norma.

96. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe: a) Estar justificada exclusivamente por razones de oportunidad política. b) Estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. c) Limitarse a reproducir literalmente la normativa europea aplicable. d) Acompañarse siempre de una memoria económica vinculante.

97. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa que se proponga deberá: a) Contener la regulación más extensa posible para prevenir lagunas normativas. b) Contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. c) Imponer siempre obligaciones homogéneas a todos los destinatarios, con independencia de la materia. d) Limitarse a desarrollar reglamentariamente toda ley sin excepción.

98. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa: a) Deberá ejercerse de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre. b) Podrá apartarse del ordenamiento previo siempre que así lo justifique el órgano proponente. c) Deberá remitirse siempre al reglamento para completar sus elementos esenciales. d) Quedará exenta de justificación cuando tenga por objeto materias organizativas.

99. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general: a) A cualquier órgano administrativo con competencia gestora en la materia. b) Al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. c) A los titulares de los departamentos ministeriales o consejerías, sin necesidad de justificación. d) A las Direcciones Generales competentes por razón de la materia.

100. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe: a) Incrementar los trámites administrativos para reforzar el control previo. b) Evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. c) Someter toda actuación administrativa a autorización previa. d) Garantizar exclusivamente el ahorro presupuestario, aunque aumenten las cargas formales para los destinatarios.