Tema 1.2

El artículo 10 de la Constitución Española se encarga de abrir el Título I. ¿Cuál de los siguientes NO es un fundamento del orden político y de la paz social según dicho artículo?. La dignidad de la persona. Los derechos inviolables que le son inherentes. El libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás. La plenitud de la tutela judicial efectiva y el principio de proporcionalidad.

De acuerdo con el artículo 10.2 CE, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con: La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados e acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Únicamente los Tratados de la Unión Europea y las Directivas Comunitarias. Las Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional dictadas en pleno. La legislación orgánica que desarrolle cada uno de los derechos individualmente.

La mayoría de edad de los españoles se alcanza, según el artículo 12 de la Constitución Española, a los: 16 años. 18 años. 21 años. La edad que determine reglamentariamente el Gobierno.

Respecto a la nacionalidad española, el artículo 11.2 de la CE establece que: Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Se podrá privar de la nacionalidad de origen mediante sentencia judicial firme. La nacionalidad de origen solo se pierde por alta traición.

¿En qué casos puede concertar el Estado tratados de doble nacionalidad según el artículo 11.3 de la CE?. Con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Con todos los países miembros de las Naciones Unidas. Exclusivamente con los Estados miembros de la Unión Europea. Con cualquier país que reconozca el principio de reciprocidad de forma expresa.

Según el artículo 13.2 de la CE, ¿qué derechos del artículo 23 pueden ostentar los extranjeros en España para las elecciones municipales?. Solo el derecho de sufragio activo. Solo el derecho de sufragio pasivo. Tanto el derecho de sufragio activo como el pasivo, atendiendo a criterios de reciprocidad establecidos por tratado o ley. Los extranjeros no pueden votar ni ser votados en ningún proceso electoral.

Quedan excluidos de la extradición, según el artículo 13.3 de la Constitución Española: Todos los delitos fiscales y financieros. Exclusivamente los delitos militares cometidos en tiempos de paz. Los delitos contra la propiedad pública estatal. Los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

El principio de igualdad de los españoles ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna está consagrado en el artículo: Artículo 9.3. Artículo 10.1. Artículo 14. Artículo 15.

El derecho a la vida y a la integridad física y moral forma parte del contenido del artículo: Artículo 14. Artículo 15. Artículo 16. Artículo 17.

Queda abolida la pena de muerte por el artículo 15 de la CE, salvo lo que puedan disponer: Las leyes penales militares para tiempos de guerra. Las Leyes de Enjuiciamiento Criminal en estados de alarma. Las Reales Reales Órdenes del Ministerio de Defensa. Los Decretos Leyes del Gobierno en estado de sitio.

La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades se garantiza en el artículo: Artículo 15. Artículo 17. Artículo 18. Artículo 16.

¿Cuál es la confesión religiosa que tiene carácter estatal en España según el artículo 16.3 de la Constitución?. La Católica. La Católica y las de notorio arraigo. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. La que determine el Congreso por mayoría absoluta.

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones y, en todo caso, en el plazo máximo de: 24 horas, debe ser puesto a disposición judicial. 48 horas, debe ser puesto a disposición judicial o en libertad. 72 horas, debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 5 días, prorrogables por otros 5 días por el Juez de Guardia.

El procedimiento de "Habeas Corpus" regulado en el artículo 17.4 de la CE se configura para: Evitar las detenciones prolongadas por delitos leves. Producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Garantizar la asistencia de letrado desde la detención policial. Solicitar el traslado inmediato de centro penitenciario.

¿En qué caso se permite la entrada o registro en un domicilio privado sin consentimiento del titular ni resolución judicial (Art. 18.2)?. En caso de flagrante delito. Por orden escrita del Comisario o Mando Militar de la zona. En investigación de delitos conexos con el crimen organizado. En ningún caso bajo ninguna circunstancia.

El secreto de las comunicaciones se garantiza en el artículo 18.3, salvo: Autorización del Ministerio del Interior. Estado de alarma declarado. Resolución judicial. Declaración de urgencia por el Fiscal General del Estado.

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Esta previsión se recoge en el artículo: Art. 19. Art. 20.1. Art. 18.4. Art. 18.1.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional según el artículo: Artículo 17. Artículo 18. Artículo 21. Artículo 19.

¿Por qué motivos se puede limitar el derecho a entrar y salir libremente de España a los españoles por motivos políticos (Art. 19)?. Por razones de seguridad nacional previa autorización judicial. Por decisión del Gobierno sancionada por el Congreso. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. En caso de imputación por delitos contra la Corona.

El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción se recoge en el artículo: Art. 20.1 a). Art. 20.1 b). Art. 20.1 c). Art. 20.1 d).

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información (Art. 20): Requiere censura previa de las publicaciones por seguridad pública. No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Admite censura previa mediante resolución motivada de un Juez. Puede ser objeto de censura previa por Decreto Ley.

El secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información solo podrá acordarse en virtud de (Art. 20.5): Resolución judicial. Decisión del Ministerio del Interior en casos graves. Informe favorable de la Fiscalía General del Estado. Acuerdo del Consejo de Ministros.

El derecho de reunión manifestado en lugares de tránsito público y manifestaciones (Art. 21.2) requiere: Autorización previa del Alcalde o Subdelegado del Gobierno. Comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Licencia municipal en el plazo de 15 días. Únicamente el aviso verbal con 24 horas de antelación.

Son ilegales, conforme al artículo 22.2 de la Constitución, las asociaciones que: Persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Tengan financiación o subvención de origen extranjero. No se inscriban en el Registro Público correspondiente. Carezcan de ánimo de lucro o estructura jerárquica.

Según el artículo 22.5 de la CE, están prohibidas de forma expresa: Las asociaciones con un número inferior a tres socios fundadores. Las sindicaciones patronales y gremiales no oficiales. Las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Las asociaciones políticas de ámbito territorial limitado.

¿Cómo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades las asociaciones según el artículo 22.4 de la CE?. Por orden motivada de la Delegación del Gobierno. Únicamente en virtud de resolución judicial motivada. Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento donde residan. Por orden del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, se consagra en el artículo: Artículo 24.1. Artículo 22. Artículo 23.1. Artículo 25.1.

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Este derecho fundamental se regula en el artículo: Artículo 24. Artículo 25. Artículo 26. Artículo 23.

¿Cuál de los siguientes principios procesales o derechos NO está recogido expresamente en el artículo 24.2 de la CE?. Derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. Derecho a no declararse culpable y a no confesarse culpable. Derecho a la gratuidad total de los procuradores en todos los casos. Derecho a la presunción de inocencia.

El principio de legalidad penal, según el cual nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, está en el artículo: Artículo 24.1. Artículo 25.1. Artículo 25.2. Artículo 26.

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas según el artículo 25.2 de la CE hacia: El castigo ejemplar y la retribución del daño causado. La reeducación y reinsertación social. El trabajo obligatorio en beneficio del Estado. La reparación pecuniaria de la víctima.

La Administración Civil NO podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen (Art. 25.3): Multas superiores al sueldo del sancionado. Privación de derechos de propiedad. Privación de libertad. Inhabilitación para el desempeño de cargos de libre designación.

Se prohíben expresamente los Tribunales de Honor en el ámbito de (Art. 26): La Administración Civil y las organizaciones profesionales. Exclusivamente el ámbito del Ejército. Las empresas del sector público empresarial. Los partidos políticos e institutos armados.

El derecho a la educación y la libertad de enseñanza se reconocen en el artículo: Artículo 26. Artículo 29. Artículo 28. Artículo 27.

Según el artículo 27.4 de la Constitución, la enseñanza básica es: Obligatoria y gratuita. Gratuita y optativa. Obligatoria, pero de pago compartido en etapas superiores. Optativa y subvencionada.

El derecho a la libre sindicación se reconoce en el artículo 28.1. ¿A quiénes puede limitar o exceptuar la ley el ejercicio de este derecho?. A los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local. A los profesionales del sector sanitario en periodo de huelga. A los altos cargos de la Administración General del Estado. A las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar.

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses en el artículo: Artículo 28.1. Artículo 28.2. Artículo 35.1. Artículo 37.2.

Respecto al derecho de petición individual y colectiva regulado en el artículo 29, los miembros de las Fuerzas o Institutos armados podrán ejercerlo: Únicamente de forma individual y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Exactamente igual que el resto de los ciudadanos. Solamente de forma colectiva mediante firma conjunta de la unidad. Tienen prohibido el derecho de petición.

El derecho y el deber de defender a España forma parte de la Sección 2ª del Capítulo II y se encuentra regulado en el artículo: Artículo 30. Artículo 31. Artículo 32. Artículo 33.

De acuerdo con el artículo 31.1 de la CE, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de: Igualdad y proporcionalidad estricta. Suficiencia y equidad financiera. Capacidad de pago y solidaridad interterritorial. Progresividad y no confiscatoriedad.

El derecho a la propiedad privada y a la herencia se reconoce en el artículo 33 de la CE. Sin embargo, nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante: Expropiación forzosa con la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Orden expresa motivada de la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Dictamen favorable del Tribunal de Cuentas. Incautación administrativa urgente por Decreto de Alcaldía.

¿Qué derecho o principio se consagra en el artículo 35 de la Constitución Española?. El deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a una remuneración suficiente. La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. El derecho a la huelga en caso de conflicto colectivo laboral. El derecho a la negociación colectiva.

El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios se garantiza en el artículo: Artículo 28.1. Artículo 35.2. Artículo 37.1. Artículo 38.

La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado se reconoce en el artículo: Artículo 33. Artículo 38. Artículo 35. Artículo 128.

El Capítulo III del Título I de la Constitución Española (Arts. 39 a 52) lleva por título: "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales". "De los derechos y deberes de los ciudadanos". "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas". "De los principios rectores de la política social y económica".

¿Cuál de los siguientes artículos NO forma parte de los "Principios rectores de la política social y económica" (Capítulo III)?. Art. 29 (Derecho de petición). Art. 43 (Protección de la salud). Art. 41 (Seguridad Social). Art. 39 (Protección de la familia e infancia).

Según el artículo 53.2 de la CE, ¿qué derechos pueden ser protegidos mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?. Todos los derechos comprendidos en el Título I (Arts. 10 a 55). Los reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1ª del Capítulo II (Arts. 15 a 29), más la objeción de conciencia del artículo 30. Exclusivamente los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (Arts. 15 a 29). Los derechos de la Sección 1ª y Sección 2ª del Capítulo II (Arts. 15 a 38).

El desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Sección 1ª del Capítulo II, Arts. 15 a 29) debe realizarse obligatoriamente mediante: Ley Ordinaria aprobada por la mayoría simple de las Cortes. Decreto-Ley por razones de urgente y extrema necesidad. Ley Orgánica. Real Decreto Legislativo por delegación de las Cortes.

¿Quién es el alto comisionado de las Cortes Generales designado para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I (Art. 54)?. El Presidente del Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. El Fiscal General del Estado. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18 (apartados 2 y 3), 19, 20 (apartados 1 a y d, y apartado 5), 21, 28 (apartado 2) y 37 (apartado 2) podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de: Excepción o sitio en los términos previstos en la Constitución. Alarma exclusivamente. Alarma o excepción. Emergencia nacional decretada por Real Decreto.

1. Analizando el tenor literal del artículo 10.1 de la CE, ¿cuál de los siguientes elementos NO figura expresamente como fundamento del orden político y de la paz social?. El libre desarrollo de la personalidad. El respeto a la ley y a los derechos de los demás. La dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes. La tutela judicial efectiva de las libertades públicas.

Respecto a la interpretación de los derechos fundamentales regulada en el artículo 10.2 CE, señale la afirmación correcta: Los Tratados Internacionales sobre la materia ratificados por España forman parte del bloque de constitucionalidad, prevaleciendo sobre el texto constitucional en todo caso. La Constitución impone la interpretación de los derechos y libertades de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados e acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Solo las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligada observancia interpretativa. La interpretación internacional solo es preceptiva para los derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I.

En el artículo 11.2 CE se establece que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. ¿Qué ocurre con un español que ha adquirido la nacionalidad por residencia (no de origen)?. Tampoco puede ser privado de ella bajo ningún supuesto, conforme al principio de igualdad del artículo 14. Puede ser privado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros sin intervención judicial. Puede ser privado de ella únicamente por decisión motivada del Delegado del Gobierno. Podrá perder la nacionalidad por las causas de privación sancionatoria previstas expresamente en la legislación reguladora del Código Civil.

Atendiendo al artículo 13.2 CE y tras la reforma constitucional de 1992, los extranjeros en España pueden ser titulares del derecho de sufragio: Activo y pasivo en las elecciones municipales y autonómicas, atendiendo a criterios de reciprocidad. Activo y pasivo en las elecciones municipales, exclusivamente, cuando se establezca por tratado o ley atendiendo a criterios de reciprocidad. Solamente activo en las elecciones locales y provinciales de su lugar de empadronamiento. Activo y pasivo en cualquier tipo de proceso electoral siempre que residan legalmente más de 5 años.

Según el artículo 13.3 CE sobre la extradición, señale la opción correcta: La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos y los actos de terrorismo por su motivación social. Los ciudadanos españoles pueden ser extraditados sin necesidad de tratado bilateral previo. La extradición puede ser concedida directamente por la Autoridad Policial en casos de extrema urgencia.

El artículo 14 CE consagra la cláusula general de igualdad. ¿A qué Capítulo del Título I pertenece formalmente este precepto?. Al Capítulo I (De los españoles y los extranjeros). No está adscrito a ningún Capítulo, figura como encabezamiento del Capítulo II. A la Sección 1ª del Capítulo II. A la Sección 2ª del Capítulo II.

De acuerdo con la literalidad del artículo 15 CE respecto a la abolición de la pena de muerte, ¿cuál es la excepción constitucional explícita contemplada en su texto?. No existe excepción alguna en el texto constitucional vigente. Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Salvo en casos de terrorismo con resultado de muerte masiva decretado en estado de sitio. Salvo por la comisión de delitos de alta traición contra la seguridad del Estado.

En relación con el artículo 16.2 CE sobre la libertad ideológica y religiosa, ninguna persona podrá ser obligada a declarar sobre: Su ideología, religión o creencias. Exclusivamente su filiación política o sindical. Su estado civil y sus orientaciones filosóficas. Su ideología o antecedentes penales.

En el límite máximo de la detención preventiva previsto en el artículo 17.2 CE (72 horas), la autoridad policial o judicial debe: Poner al detenido a disposición judicial o prorrogar la detención por escrito. Poner en libertad al detenido o entregar la custodia a la Institución Penitenciaria. Poner en libertad al detenido o ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Notificar la acusación formal ante el Ministerio Fiscal.

Conforme al artículo 17.3 CE, se garantiza la asistencia de abogado al detenido: Solamente en las diligencias policiales de toma de declaración. A partir del momento en que el Juez de Instrucción dicte el auto de procesamiento. Exclusivamente si carece de recursos económicos para litigar. En las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

En el artículo 18.2 CE se consagra la inviolabilidad del domicilio. ¿Cuáles son las ÚNICAS tres excepciones que permiten la entrada o registro constitucionalmente válidos?. Consentimiento del titular, orden administrativa motivada o delito grave. Consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito. Resolución judicial, sospecha fundada de delito o estado de alarma. Consentimiento del inquilino, investigación policial en curso o catástrofe pública.

¿Qué garantía constitucional específica contempla el artículo 18.4 CE para evitar intromisiones en la intimidad de los ciudadanos?. La limitación por ley del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar. El secreto del sumario en las actuaciones de enjuiciamiento. La prohibición de interceptar comunicaciones telemáticas sin autorización del Ministerio Fiscal. La intervención directa del Defensor del Pueblo en los ficheros automatizados.

En relación con el derecho a la libre circulación y residencia (artículo 19 CE), los ciudadanos españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España. Este derecho: Puede ser limitado por razones de orden público previa resolución de la Delegación del Gobierno. No podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Requiere la expedición de un visado de salida en estados de alarma. Solo es aplicable dentro de los países pertenecientes al espacio Schengen.

El artículo 20.1 d) CE reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. ¿Cuál es el requisito calificador de la información protegido constitucionalmente?. La objetividad absoluta del periodista. La neutralidad política del medio de comunicación. La veracidad de la información. El contraste previo por la Agencia EFE o medio oficial.

Según el artículo 20.2 CE, el ejercicio de las libertades de expresión e información: Puede ser sometido a censura previa gubernativa en supuestos de riesgo de alteración del orden público. Admite censura previa mediante orden motivada del Fiscal General del Estado. Solamente admite censura previa en publicaciones destinadas a menores de edad. No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

¿Qué órgano o autoridad es el único facultado para acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información según el artículo 20.5 CE?. El Consejo de Ministros. La autoridad judicial mediante resolución. La Junta Electoral Central durante periodos de campaña. La Comisión de Licencias y Medios Audiovisuales.

Para la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones (artículo 21.2 CE), los organizadores deberán realizar: Solicitud de autorización previa ante el Ayuntamiento de la localidad con 10 días de antelación. Petición de informe favorable al Subdelegado del Gobierno y a la Policía Local. Comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Notificación expresa únicamente si el número de asistentes previstos supera las 500 personas.

Según el artículo 22.2 CE, son ilegales las asociaciones que: Carezcan de inscripción formal en el Registro de Asociaciones. Persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. Tengan vinculación ideológica con organizaciones ilegalizadas judicialmente. No garanticen una estructura organizativa interna democrática.

A tenor del artículo 22.5 CE, ¿cuáles de las siguientes asociaciones están expresamente PROHIBIDAS?. Las asociaciones con fines lucrativos o mercantiles. Las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Las asociaciones con financiación de gobiernos extranjeros. Las asociaciones sindicales no adscritas a confederaciones estatales.

La disolución o suspensión en sus actividades de una asociación inscrita legalmente solo podrá acordarse (artículo 22.4 CE): Por resolución del Ministerio del Interior en caso de inactividad durante dos años. Por acuerdo del Pleno de la Corporación Local donde esté domiciliada. Por orden ejecutiva del Subdelegado del Gobierno por infracción grave administrativa. En virtud de resolución judicial motivada.

El derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, está consagrado en: El artículo 14 CE. El artículo 23.1 CE. El artículo 23.2 CE. El artículo 35.1 CE.

El derecho a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión se recoge en el artículo 24.1 CE. Respecto a la gratuidad de la justicia, ¿dónde se encuentra regulada en la Constitución?. En el artículo 24.2 dentro del listado de garantías procesales. En el artículo 119, fuera del Título I, señalando que será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En el artículo 25.1 como principio informador de las sanciones. En el artículo 53.3 como principio rector de la administración de justicia.

De acuerdo con el artículo 24.2 CE, ¿cuál de las siguientes garantistas procesales NO figura expresamente en dicho apartado?. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. El derecho a la asistencia de letrado y a un proceso público sin dilaciones indebidas. El derecho a la doble instancia penal en todos los delitos leves. El derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable.

El principio de irretroactividad de las leyes penales desfavorables consagrado en el artículo 25.1 CE se complementa con la prohibición impuesta a la Administración Civil en el artículo 25.3 CE, consistente en que esta: No podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. No podrá sancionar infracciones prescritas hace más de seis meses. No podrá embargar bienes declarados inembargables por la legislación procesal civil. No podrá fijar multas cuya cuantía supere el 50% de la renta anual del sancionado.

El artículo 26 CE prohíbe taxativamente la existencia de un tipo concreto de órganos probatorios en la sociedad. ¿A cuáles se refiere?. A los Tribunales de Excepción en la Jurisdicción Ordinaria. A los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. A las Comisiones de Investigación Parlamentarias con capacidad sancionatoria. A los Jurados Populares en procedimientos contencioso-administrativos.

La enseñanza básica reconocida en el artículo 27.4 CE se caracteriza por ser constitucionalmente: Gratuita en centros públicos y concertados indiferentemente. Gratuita y voluntaria para los menores de 16 años. Obligatoria y gratuita. Obligatoria hasta la consecución del título de Educación Secundaria Postobligatoria.

Respecto a la titularidad del derecho a la libertad de sindicación (artículo 28.1 CE), señale la afirmación exacta: Todos tienen derecho a sindicarse libremente, pero la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar. La Constitución prohíbe expresamente la sindicación a todos los funcionarios públicos sin excepción. Los Jueces, Magistrados y Fiscales tienen garantizado el derecho a afiliarse a sindicatos de trabajadores en activo. La ley no puede limitar la afiliación sindical a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

El derecho a la huelga reconocido en el artículo 28.2 CE impone a la ley que regule su ejercicio el establecimiento de: La prohibición de los piquetes informativos en empresas públicas. Las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. El arbitraje obligatorio por parte de la Inspección de Trabajo antes de convocarla. El preaviso mínimo de 30 días naturales ante las Administraciones Públicas.

Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar pueden ejercer el derecho de petición (artículo 29.2 CE): De forma colectiva, mediante escrito firmado por al menos tres miembros de la unidad. Solamente a través de sus representantes sindicales o de las asociaciones profesionales. Tienen absolutamente vedado el ejercicio de este derecho en todo caso. Únicamente de forma individual y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

En el artículo 30.2 CE se contemplaba la fijación de las obligaciones de los españoles para fines de interés general. ¿Qué figura regulaba explícitamente dicho apartado respecto al servicio militar?. La exención total por causa de matrimonio o carga familiar. La objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. La movilización obligatoria en supuestos de catástrofe o calamidad pública. La profesionalización progresiva de las Fuerzas Armadas mediante Ley Orgánica.

El sistema tributario justo configurado en el artículo 31.1 CE se basa en que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. ¿Qué límite infranqueable establece expresamente dicho apartado al sistema tributario?. Que la presión fiscal global no supere la media de la Unión Europea. Que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Que no podrán crearse tributos mediante norma autonómica o local. Que las rentas del trabajo tributarán siempre a un tipo inferior que las del capital.

El derecho a la propiedad privada y a la herencia está recogido en el artículo 33 CE. Según el apartado 33.2, la función social de estos derechos delimitará su contenido: De acuerdo con las leyes. Mediante reglamentos dictados por el Gobierno de la Nación. Por acuerdo de los Plenos de la Diputación Provincial u Órganos Locales. Exclusivamente por Ley Orgánica de las Cortes Generales.

Para que pueda llevarse a cabo la expropiación forsosa de bienes y derechos de un particular (artículo 33.3 CE), se requiere causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante: Incautación inmediata con pago aplazado hasta 5 años. Autorización previa del Pleno del Ayuntamiento afectado. La correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Expediente administrativo sancionador con audiencia previa al interesado.

El derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios se garantiza en el artículo 37.1 CE. La ley que regule este derecho garantizará: La participación de los sindicatos mayoritarios en los Consejos de Administración. La fuerza vinculante de los convenios. La duración indefinida de las cláusulas de paz laboral. La aprobación previa del convenio por la Autoridad Laboral para su efectividad.

El artículo 38 CE reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Corresponde a los poderes públicos: Garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Fijar anualmente los precios máximos de los productos básicos de consumo. Subvencionar a las empresas privadas con pérdidas para evitar despidos. Asumir la gestión directa de todas las industrias estratégicas del país.

¿Cuál es el valor y alcance jurídico de los "Principios rectores de la política social y económica" regulados en el Capítulo III del Título I (arts. 39 a 52), según el artículo 53.3 CE?. Tienen la misma eficacia directa que los derechos fundamentales del Capítulo II, pudiendo alegarse directamente ante los tribunales. Su reconocimiento, respeto y protección informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Son meras recomendaciones éticas sin vinculación jurídica para el legislador. Solo pueden ser desarrollados mediante Ley Orgánica aprobada por mayoría absoluta.

La protección de la salud está configurada en el artículo 43 CE como: Un Derecho Fundamental y Libertad Pública con tutela en amparo constitucional. Un principio rector de la política social y económica, correspondiendo a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Un derecho de los ciudadanos exigible directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sin necesidad de ley de desarrollo. Una competencia exclusiva del Estado insusceptible de transferencia a las CCAA.

El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada se contempla en el artículo 47 CE. ¿Qué mandato explícito dirige este artículo a los poderes públicos para hacer efectivo este derecho?. Expropiar las viviendas desocupadas de las entidades bancarias de forma automática. Conceder préstamos a tipo cero a todos los jóvenes menores de 35 años. Fijar el precio de compraventa del suelo urbanizable en todo el territorio estatal. Promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La atención a los ciudadanos de la tercera edad se recoge expresamente en el artículo 50 CE. Los poderes públicos garantizarán la suficiencia económica a los mismos mediante: Un fondo especial de ayuda gestionado por las Diputaciones Provinciales. Pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Exenciones fiscales totales en los tributos locales y estatales. La gratuidad universal de las plazas en centros residenciales.

¿En qué artículo de la Constitución se encarga a los poderes públicos realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (personas con discapacidad)?. Artículo 39. Artículo 43. Artículo 49. Artículo 51.

De acuerdo con el artículo 51 CE sobre la defensa de los consumidores y usuarios, los poderes públicos garantizarán su protección mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y: Los legítimos intereses económicos de los mismos. El control de precios del sector alimentario. La exención de tasas judiciales en reclamaciones de consumo. La prohibición de la publicidad comercial en radio y televisión.

El sistema de garantías de los derechos del Capítulo II del Título I viene fijado en el artículo 53.1 CE. ¿Qué tipo de norma se exige para regular el ejercicio de tales derechos?. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. En todo caso por Ley Orgánica. Por Real Decreto-Ley en casos de extrema y urgente necesidad. Por Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros.

¿Qué derechos disfrutan del procedimiento preferente y sumario ante los Tribunales ordinarios y, en su caso, del Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional (artículo 53.2 CE)?. Todos los derechos del Capítulo II (Arts. 14 a 38). El artículo 14 (Igualdad), los derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo II (Arts. 15 a 29) y la objeción de conciencia del artículo 30. Exclusivamente los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II (Arts. 15 a 29). Todos los derechos contenidos entre el artículo 10 y el artículo 55 CE.

La institución del Defensor del Pueblo se regula en el artículo 54 CE. ¿A quién representa y ante quién da cuenta de su gestión?. Es un órgano delegado del Tribunal Constitucional y da cuenta al Rey. Es un órgano independiente del Ministerio de Justicia y da cuenta al Gobierno de la Nación. Es el representante del Poder Judicial para las reclamaciones de los ciudadanos. Es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ellas para la defensa de los derechos del Título I, y dará cuenta a las Cortes Generales.

Atendiendo al artículo 55.1 CE, la suspensión individual de derechos (como la intervención de comunicaciones o el límite de detención preventiva) está prevista exclusivamente para la investigación de: Delitos graves cometidos por autoridades o empleados públicos. Actuaciones de bandas armadas o elementos terroristas. Infracciones urbanísticas e intermediación financiera ilegal. Delitos contra la Hacienda Pública que superen los tres millones de euros.

¿Cuáles de los siguientes derechos NO pueden ser suspendidos con carácter general durante la declaración del Estado de Excepción (artículo 55.1 CE)?. El derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 17). La inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2). El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (artículo 24). El derecho a la libertad de circulación y residencia (artículo 19).

Durante la declaración del Estado de Alarma (artículo 116 CE y en consonancia con el artículo 55 CE): Se suspenden de forma automática todos los derechos de la Sección 1ª del Capítulo II. No se produce la suspensión de ningún derecho fundamental, pudiendo imponerse únicamente medidas de limitación o restricción del ejercicio de determinados derechos. Se suspende únicamente el derecho de huelga y la libertad de reunión. El Gobierno puede suspender la inviolabilidad del domicilio sin autorización judicial.

El derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica se reconoce en el artículo 32 CE. Dicho precepto se sitúa en: La Sección 1ª del Capítulo II del Título I. La Sección 2ª del Capítulo II del Título I. El Capítulo III del Título I. El Título Preliminar.

El deber de los ciudadanos de soportar las prestaciones personales y patrimoniales de carácter público se regula en el artículo: Artículo 30.4 y Artículo 31.3 CE. Artículo 33.1 CE. Artículo 35.2 CE. Artículo 41 CE.

La libertad de cátedra se reconoce expresamente en la Constitución como una de las manifestaciones de la libertad de expresión. ¿En qué artículo y apartado concreto se ubica?. Artículo 20.1 a). Artículo 20.1 c). Artículo 27.1. Artículo 27.2.

Un ciudadano que considera vulnerado su derecho a la vivienda digna (artículo 47 CE) pretende interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Es jurídicamente viable esta acción?. Sí, porque la vivienda es un derecho de todos los españoles garantizado en el Título I. Sí, siempre que haya agotado previamente la vía judicial en el Tribunal Superior de Justicia de su CCAA. No, porque los principios rectores del Capítulo III (como el art. 47) no están amparados por el recurso de amparo constitucional del artículo 53.2 CE. Sí, con la condición de que la solicitud vaya avalada por el Defensor del Pueblo.