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Tema 20

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Título del test:
Tema 20

Descripción:
Preguntas 341 a 360

Autor:
HASSIA
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Fecha de Creación:
03/08/2022

Categoría:
Personal

Número preguntas: 16
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Temario:
1 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas… Elimina los derechos que corresponden a cualquier persona por el hecho de relacionarse con la Administración Pública al margen de que estén o sean (o quieran ser) parte de un procedimiento y los derechos que únicamente atañen a los que participan en el ámbito de un procedimiento administrativo, ostentando, por lo tanto, la consideración de interesado en el mismo. Equipara los derechos que corresponden a cualquier persona por el hecho de relacionarse con la Administración Pública al margen de que estén o sean (o quieran ser) parte de un procedimiento y los derechos que únicamente atañen a los que participan en el ámbito de un procedimiento administrativo, ostentando, por lo tanto, la consideración de interesado en el mismo. Diferencia los derechos que corresponden a cualquier persona por el hecho de relacionarse con la Administración Pública al margen de que estén o sean (o quieran ser) parte de un procedimiento y los derechos que únicamente atañen a los que participan en el ámbito de un procedimiento administrativo, ostentando, por lo tanto, la consideración de interesado en el mismo. Todas las opciones anteriores son falsas.
¿Quiénes no tienen capacidad de obrar ante las Administraciones públicas? Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Las personas físicas o jurídicas que no ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
¿Cuál de estos no es un derecho reconocido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a quienes ostentan la condición de persona que se relaciona con las Administraciones Públicas? A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
El artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) establece que «Se entiende por portal de internet… Cualquier portal que recibe financiación pública. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda exclusivamente a una Administración local. El punto de acceso que permite el acceso a través de internet a la información publicada por organismos internacionales.
RME responde a … Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Régimen de desarrollo y administración de Medios Eléctricos. Regulación Estatal de los Ministerios. Reglamento de actuación y funcionamiento del sector privado por medios electrónicos.
Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración únicamente no se impone a… Las personas jurídicas. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. Las personas físicas pueden elegir si se relacionan por medios electrónicos o no e incluso si con posterioridad desean modificar el modo elegido de comunicación.
Según los artículos 13 y 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, … Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en esa Comunidad Autónoma. Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán obligatoriamente utilizar la lengua que sea cooficial en esa Comunidad Autónoma. Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán obligatoriamente utilizar el castellano. Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán obligatoriamente utilizar la lengua oficial en todo el Estado.
¿Qué sucede en el caso de que distintos interesados en un procedimiento hagan uso de diferentes lenguas oficiales? Todo el procedimiento se tramitará en cada una de las dos las lenguas elegidas por los mismos. El procedimiento se tramitará en castellano, pero los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. El procedimiento se tramitará exclusivamente en castellano. Ninguna de las anteriores es correcta.
Los documentos, expedientes o partes de los mismos, redactados en una lengua cooficial, y que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente … Carecerán de valor jurídico alguno. La Administración Pública instructora deberá traducirlos al castellano. La persona interesada deberá traducirlos al castellano. La Administración Pública receptora de fuera del territorio deberá traducirlos al castellano.
¿Qué no establece el artículo 6 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera? Reconoce a todos los ciudadanos el derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan. Se adoptarán las medidas oportunas y se arbitrarán los medios necesarios para garantizar de forma progresiva el ejercicio de este derecho. En los expedientes o procedimientos en los que intervenga más de una persona, los poderes públicos utilizarán obligatoriamente aquella lengua oficial en el Estado. En los expedientes o procedimientos en los que intervenga más de una persona, los poderes públicos utilizarán aquella lengua que establezcan de mutuo acuerdo las partes que concurran.
¿Cuál es el límite que no impone el artículo 105b de la Constitución española al derecho de los ciudadanos al acceso a los archivos y registros administrativos? La seguridad y defensa del Estado. La averiguación de los delitos. La libertad de prensa. La intimidad de las personas.
¿Cuáles no son ámbitos limitados citados en la Ley 19/2013, de Transparencia? La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. Las resoluciones judiciales. El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
¿Es posible el ejercicio del derecho a la información pública por vía presencial? No, exclusivamente a través del Portal de Transparencia. No, está expresamente vetado en la Ley de Transparencia. Solamente de manera simultánea a la solicitud electrónica. Sí es posible el ejercicio del derecho a la información pública por vía presencial.
¿Qué debo hacer en caso de denegación de acceso a la información? La Ley determina que será el Defensor del Pueblo quien estudie si ha existido vulneración del derecho de acceso. Deberá interponerse la reclamación previa ante la Agencia de Protección de Datos. Podrá interponerse la reclamación previa prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013 ante el correspondiente órgano de control, que tendrá carácter sustitutivo del recurso administrativo. Solo queda interponer recurso contencioso administrativo previsto en el artículo 24 de la Ley 15/2013 ante el correspondiente órgano de control.
¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta? la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca ha previsto un régimen disciplinario particular sancionando como… … infracción leve la ligera incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados (artículo 85.c). …infracción leve toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 83. b). …infracción muy grave toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 83. b). …infracción grave la falta grave de consideración con los administrados (artículo 84.b).
¿Cuál no es un criterio de ponderación a la hora de exigir la responsabilidad de la Administración? El resultado dañoso producido. El grado de culpabilidad. La solvencia patrimonial de la Administración. La responsabilidad profesional del personal al servicio de la Administración y su relación con la producción del daño.
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