Tema 21

Según el art. 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención serán designados con arreglo a la siguiente escala: a) De 100 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. b) De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. c) De 2.000 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. d) De 0 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.

¿En virtud de lo dispuesto en el art. 12 del Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, ¿quiénes dictarán las instrucciones precisas en materia de prevención de riesgos laborales?. a) Los titulares de los Órganos de los que dependen los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. b) Los Delegados de prevención elegidos democráticamente. c) Las Secretarías Generales Técnicas. d) Los Delegados de personal en el caso de empresas de hasta 30 trabajadores.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales: a) Debe estar garantizada por el empresario en cumplimiento del deber de protección. b) Debe estar garantizada por las instituciones públicas en cumplimiento del deber legislativo. c) Es una obligación del trabajador. d) Su garantía no está recogida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Uno de los siguientes NO está sujeto a las disposiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: a) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en el artículo 2 de la Ley 19/2023, sea inferior al 50 por 100. b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. d) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

Según el artículo 8.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de las siguientes funciones le corresponde al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo?. a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional. b) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la presente Ley. c) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. d) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Conforme al artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad: a) Se valorarán conjuntamente los factores individuales, colectivos y ambientales que concurran. b) Se aplicará la metodología aprobada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. c) Se aplicará lo que determine la Inspección de Trabajo en el marco de la elaboración del plan de prevención de riesgos laborales. d) Se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.

En virtud del artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la representación del interesado en el procedimiento se presumirá sin necesidad de ser acreditada para: a) Formular solicitudes. b) Interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona. c) Los actos y gestiones de mero trámite. d) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿los menores de edad ostentan capacidad de obrar ante la Administración Pública?. a) No, puesto que de conformidad con la Constitución Española, los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. b) Si, para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. c) Si, debiendo ser asistidos en todo momento por sus progenitores o quienes ostente su patria potestad, tutela o curatela. d) Ninguna es correcta.

Según el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto a su ámbito de aplicación, éste se aplica al personal funcionario, y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas: a) Las empresas adjudicatarias, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Publico. b) Las universidades privadas. c) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. d) Ninguna de las anteriores.

La obligación principal de los distintos niveles jerárquicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias respecto a la prevención de riesgos laborales es: a) Delegar la prevención de riesgos laborales exclusivamente en los Servicios de Prevención externos. b) Incluir la prevención de riesgos laborales en cualquier actividad que realicen o decisión que adopten, mediante la implantación de un Plan General de Prevención y Planes Sectoriales. c) Implementar la prevención de riesgos sólo en actividades de alto riesgo, bajo supervisión externa. d) Crear departamentos específicos de prevención en cada nivel jerárquico sin necesidad de coordinarse con el sistema general de gestión.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la pérdida de la condición de funcionario de carrera?. a) La pérdida de la nacionalidad española conlleva la pérdida de la condición de funcionario si se adquiere otra nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. b) La jubilación forzosa de un funcionario puede ser solicitada por el funcionario una vez cumpla los 60 años de edad. c) La renuncia a la condición de funcionario puede ser aceptada aunque el funcionario esté bajo expediente disciplinario. d) La pena de inhabilitación absoluta produce la pérdida de la condición de funcionario únicamente en los empleos o cargos específicos mencionados en la sentencia.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la función de asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional, corresponde a: a) La Organización Internacional del Trabajo. b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. d) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Según el artículo 7 del Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, ¿cuántos Servicios de Prevención de Riesgos Laborales se constituyen?. a) Uno. b) Cuatro. c) Dos. d) Tres.

Según el artículo 69 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿desde cuándo permitirán las declaraciones responsables y las comunicaciones el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad?. a) Desde que se notifique la resolución de la Administración. b) Desde el día de su presentación. c) En el plazo de veinte días. d) Desde la inspección de la Administración.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter general, el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas prescribirá: a) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. b) A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) A los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. d) Nunca prescribe.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas sólo serán indemnizables: a) Los daños causados por fuerza mayor. b) Los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. c) Los daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. d) Los daños que deriven de circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar.

Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos el ejercicio de las funciones que impliquen: a) La participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades tanto públicas como privadas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas. b) La participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas. c) La participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de las administraciones locales exclusivamente. d) La participación directa en el ejercicio de las potestades privadas en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ¿cuál de los siguientes casos de pérdida de la condición de funcionario tiene carácter definitivo?. a) Sanción firme de separación de servicio. b) Renuncia. c) Jubilación por incapacidad permanente. d) Pérdida de la nacionalidad española.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Régimen Jurídico del Sector Público, existirá responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas si la lesión es consecuencia del: a) Funcionamiento general de los servicios públicos. b) Funcionamiento especial de los servicios públicos. c) Funcionamiento ilegal de los servicios públicos. d) Funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: a) No es de aplicación a las relaciones entre las administraciones públicas y el personal a su servicio. b) No será de aplicación, en ningún caso, a las funciones públicas de Policía, seguridad y resguardo aduanero. c) Tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Se considerarán como daños derivados del trabajo: a) Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador. b) Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. c) Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria. d) Enfermedades profesionales y riesgos no laborales.

Los miembros de los órganos colegiados quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos cuando: a) voten a favor. b) voten a favor o se abstengan. c) voten en contra o se abstengan. d) ninguna es correcta.

Conforme al artículo 41.5 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si un interesado o su representante rechazan una notificación por medios no electrónicos: a) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el BOE. b) Se hará constar la circunstancia en el expediente y se repetirá el intento una sola vez dentro de los tres días siguientes. c) Se hará constar la circunstancia en el expediente, dándose por efectuada la notificación y siguiéndose el procedimiento. d) Todas las respuestas son incorrectas.

¿De conformidad con el artículo 39 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, cuál de las siguientes es una función del Comité de Seguridad y Salud en las empresas?: a) Imponer sanciones a los trabajadores. b) Realizar inspecciones en el centro de trabajo. c) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de planes y programas de pre vención de riesgos de la empresa. d) Determinar la responsabilidad del empresario.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones, en relación a las jornadas de trabajo en la Administración Pública, es correcta?: (art. 37.1 TREBEP). a) La jornada es materia objeto de negociación con la representación de los empleados públicos. b) La jornada viene establecida para todos los colectivos en el Estatuto de los Trabajadores. c) La jornada viene establecida en la Ley de Presupuestos 39/2012, de 21 de enero. d) No existe capacidad para su negociación.

¿Qué órgano es responsable de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de conformidad con el artículo 9 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales?: a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b) El Ministerio de Sanidad. c) El Comité de Seguridad y Salud. d) El Consejo de Seguridad Nacional.

De conformidad con el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué tipo de lesiones serán indemnizables?. a) Las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste tenga el deber jurídico de soportar. b) Todos los daños. c) Las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar. d) Cualquier tipo de daño.

En referencia a los principios de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y según el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el daño alegado habrá de ser: a) Evaluable económicamente. b) Individualizado con relación a una persona o grupo de personas. c) Efectivo. d) Todas son correctas.

Según el artículo 9.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿a qué órgano corresponde la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales?. a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. c) Los Delegados de Prevención. d) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Según el artículo 9 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde a: a) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. b) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. c) Servicios de Medicina Preventiva. d) La empresa.

Según el artículo 35 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención serán: a) Nombrados entre los trabajadores con conocimientos en prevención de riesgos laborales. b) Designados por y entre los representantes de los trabajadores. c) Designados por la propia empresa. d) Nombrados por la Administración.

Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: a) Funcionarios de carrera, personal laboral y personal eventual. b) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos. c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal directivo profesional. d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.

En la Constitución Española, en su artículo 28 regula el derecho de sindicación. ¿Qué particularidad establece para los funcionarios públicos?. a) La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a los funcionarios públicos. b) No establece previsión alguna para los funcionarios públicos. c) La ley podrá regular las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. d) La ley podrá establecer la sindicación obligatoria para los funcionarios públicos.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, para presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona: a) Se presumirá la representación. b) Se deberá acreditar la representación. c) No se puede actuar con representante. d) Es potestativo para cada Administración Pública.

No tendrá consideración de accidente de trabajo: a) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, aun cuando no tengan conexión directa con el trabajo. b) Aquellas lesiones que sufra el trabajador al ir o al volver de su lugar de trabajo. c) Aquellas que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. d) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

Con respecto a la vigilancia de la salud de los trabajadores, señale la afirmación FALSA: a) El trabajador estará siempre obligado a dar su consentimiento para la vigilancia de su salud. b) El empresario garantizará a sus trabajadores la vigilancia periódica de su salud. c) La vigilancia de la salud del trabajador se realizará respetando siempre el derecho a la intimidad y dignidad del trabajador. d) La vigilancia de la salud se realizará en función de los riesgos a los que está sometido el trabajador en su lugar de trabajo.

La relación estatutaria de los funcionarios de carrera está regulada por: a) Derecho laboral. b) Derecho administrativo. c) Derecho civil. d) Derecho penal.

En virtud de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, serán indemnizables las siguientes lesiones o daños derivados de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: a) Los que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de producción de aquellos. b) Las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. c) Los daños producidos en el plazo de veinte años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. d) Cualquier daño imputable a la Administración, aunque no se pueda individualizar a una persona o grupo de personas.

Según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuánto tiempo total puede reducir por jornada el funcionario que es padre de un hijo menor de 9 meses por motivo de lactancia?. a) Ningún tiempo, al ser un permiso que sólo puede disfrutar la madre. b) Media hora. c) Una hora. d) Hora y media.

Según el artículo 22.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con la vigilancia de la salud que debe garantizar el empresario, independientemente de que sus resultados sean comunicados a los trabajadores afectados, el acceso a la información médica de carácter personal: a) Solo será accesible al propio trabajador. b) Se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia. c) Se limitará al empresario y a los Servicios de Prevención propios. d) Se limitará a la persona superior inmediata del trabajador.

Según el artículo 21.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, ¿quién está obligado a adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad?. a) El empresario. b) El Servicio de Prevención. c) El Comité de Seguridad y Salud. d) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Dispone el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales que los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores podrán ser usados con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador: a) Sólo en caso de enfermedades contagiosas. b) No, en ningún caso. c) Cuando así lo acuerde el órgano de representación sindical, tras el oportuno periodo de alegaciones. d) Sí, siempre que se notifique al trabajador afectado.

El incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales: a) Dará lugar a su despido inmediato de la empresa o pérdida de la condición de funcionario público o de personal estatutario al servicio de las administraciones públicas. b) No lleva aparejada ninguna consecuencia, si no se produce muerte del trabajador. c) Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, según la normativa de régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las administraciones públicas. d) Tendrá la consideración de incumplimiento grave por parte del empleador, siendo igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo.

“El conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asistiendo y asesorando para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados” es, de acuerdo con la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, la definición de: a) Comité de seguridad y Salud. b) Delegados de Prevención. c) Organizaciones sindicales de mayor representatividad. d) Servicio de Prevención.

¿A quién corresponde la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales? (artículo 9 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales). a) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. c) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. d) Comité de Seguridad y Salud.

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con, al menos: (artículo 38.2 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales). a) 10 trabajadores. b) 25 trabajadores. c) 50 trabajadores. d) 100 trabajadores.

Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,por matrimonio, el funcionario público dispondrá de un permiso de: a) 7 días. b) 14 días. c) 15 días. d) 20 días.