Una de las siguientes afirmaciones relativa a los sindicatos y asociaciones empresariales no es correcta: El ejercicio de su actividad será libre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna deberá ser jerárquica. Su funcionamiento interno deberá ser democrático.
La capital del Estado es: La ciudad de Madrid. El Madrid metropolitano. La villa de Madrid.
La soberanía nacional: Reside en los ciudadanos mayores de edad. Reside en el pueblo español. Reside en el Rey.
La lengua oficial del Estado es: El idioma autóctono en aquellas comunidades que gocen de lengua propia. El castellano. El español.
Todos los españoles, con respecto al idioma oficial del Estado: Tienen el deber y el derecho de conocerlo. Tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo. Tienen el deber y el derecho de usarlo.
La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España: Es un patrimonio histórico que deberá ser desarrollado exclusivamente por las Comunidades Autónomas afectadas Es un patrimonio cultural cuya gestión corresponderá al Estado. Es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Las bases de la organización militar conforme a los principios constitucionales: Se regulan por Ley Ordinaria, conforme al mandato constitucional. Se regulan por Ley Orgánica, conforme al mandato constitucional Se regulan en la propia Constitución, en el Título Octavo.
¿Cómo se organiza territorialmente el Estado, según el artículo 137 de la Constitución Española? En entidades locales y autonómicas En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. En municipios, mancomunidades, provincias, territorios insulares y Comunidades Autónomas.
Los partidos políticos: Son instrumento fundamental para la participación política. Expresan el pluralismo ideológico en todos los campos. Concurren a la formación de la voluntad institucional.
La bandera de España está formada por tres franjas, roja, amarilla y roja: Horizontalmente colocadas, siendo la roja de doble anchura que cada una de las amarillas. Horizontalmente colocadas, siendo las tres franjas de igual anchura. Horizontalmente colocadas, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
En torno a los Colegios Profesionales: No se contemplan en la Constitución Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Están detalladamente regulados en la Constitución.
El derecho a participar en los asuntos públicos: Sólo corresponde a los ciudadanos españoles. Podrá corresponder también a los ciudadanos extranjeros, tanto para el sufragio activo como para el pasivo en las elecciones municipales Nunca puede corresponder a los extranjeros.
En cuanto a la Seguridad Social: En ningún caso da cobertura al desempleo. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para la población activa. Garantizará la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.
El Defensor del Pueblo: Es designado por el Rey, dando cuenta de su actividad a las Cortes Generales Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta de su actividad al Rey Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta.
Los Tribunales de Honor: Se prohíben en el art. 25.4 de la Constitución. Se prohíben en el ámbito de la Administración Militar. Se prohíben en el ámbito de las organizaciones profesionales y Administración Civil.
Sólo podrán ejercer el derecho de petición individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su normativa específica: Los componentes de la Armada. Todas las otras respuestas son correctas. Los integrantes de la Guardia Civil.
¿Qué asociaciones son ilegales? Las asociaciones prohibidas. Las que se reúnan sin autorización previa. Las que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito.
El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo: Su ejercicio no está sujeto a medida limitadora alguna. Su ejercicio deberá estar sometido a las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Se reconoce únicamente a los empresarios.
¿Pueden interceptarse las comunicaciones postales? Sí, por medio de resolución administrativa. No, en ningún caso. Sólo mediante resolución judicial.
La Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución: Comprende los artículos treinta a cincuenta y dos. No existe. Comprende los artículos treinta a treinta y ocho.
¿Qué artículos forman la sección denominada Derechos fundamentales y libertades públicas? Los artículos del 14 al 29 ambos inclusive. Los artículos del 15 al 30 ambos inclusive. Los artículos del 15 al 29 ambos inclusive.
¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho y el deber de trabajar? El artículo 39. El artículo 33. El artículo 35.
En relación con el derecho a la libertad religiosa, ¿qué declara la Constitución Española? La reconoce. La garantiza. La reconoce y la garantiza.
La detención preventiva no podrá durar: Menos de setenta y dos horas. Más de veinticuatro horas Más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones necesarias tendentes al esclarecimiento de los hechos.
La Ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social del Estado: De los grupos sociales y políticos significativos. De todos los grupos sociales y políticos. Respetando el pluralismo de la sociedad, dando cabida a los grupos económicos y políticos más representativos.
La Constitución reconoce: La posibilidad de que el hombre y la mujer contraigan matrimonio con plena igualdad formal La posibilidad de que el hombre y la mujer contraigan matrimonio con plena igualdad jurídica La posibilidad de que el hombre y la mujer, contraigan matrimonio en términos canónicos.
La Constitución reconoce, en su artículo 33: El derecho a la propiedad privada y a la herencia El derecho a la propiedad privada, pero no a la herencia El derecho a la propiedad privada y a la propiedad pública.
El artículo 53 de la Constitución determina que: Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Por ley o reglamente, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley o normativa de derecho internacional, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a) (artículo 33.1 CE).
La Constitución indica, en su artículo 55, que: Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción, alarma o de sitio en los términos previstos en la Constitución Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, no podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución.
La Constitución indica, en su artículo 49, que: Los poderes públicos realizarán una política de asimilación de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. Los poderes públicos realizarán una política de evaluación, planificación y afianzamiento de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el Estatuto de autonomía de Castilla y León? Es un Estatuto de Autonomía que ha sido objeto de reforma No tiene Título Preliminar haciendo las veces de éste el Preámbulo del Estatuto Es un texto con numeroso articulado que supera incluso el número de artículos de la Constitución.
Dentro de la parte final del Estatuto de Autonomía de Castilla y León no existen disposiciones: Adicionales Especiales Transitorias.
La Junta de Castilla y León determinará la ubicación de los organismos o servicios de la administración de la comunidad atendiendo a los siguientes criterios: Descentralización, eficacia, coordinación de funciones y tradición histórica cultural Desconcentración, eficacia, jerarquía y tradición histórica cultural. Descoordinación, eficacia, coordinación de funciones y tradición histórica cultural.
Señale cuál de las siguientes atribuciones corresponde a las Cortes de Castilla y León: Elaborar los presupuestos de la Comunidad Designar a los diputados del Congreso que han de representar a la Comunidad Controlar la acción política y de Gobierno de la Junta y de su Presidente.
La tramitación parlamentaria de la cuestión de confianza se regirá por el Reglamento de las Cortes de Castilla y León y se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la: Mayoría absoluta de los Procuradores Mayoría simple de los Procuradores Mayoría de votos de los Procuradores.
Señale cuál de las siguientes funciones corresponde al Presidente de la Junta de Castilla y León: Promulgar en nombre del Rey, las leyes aprobadas por las Cortes de Castilla y León, así como ordenar su publicación en “el Boletín Oficial de Castilla y León” y la remisión para su publicación en “el Boletín Oficial del Estado” Dirigir y coordinar la acción de Gobierno Todas las respuestas son correctas.
Según lo dispuesto en el Capítulo III del Título II del Estatuto de Autonomía, la Junta de Castilla y León se compone de: El Presidente de las Cortes de Castilla y León y los Consejeros El Presidente de la Junta, de los Consejeros y de los Directores Generales El Presidente de la Junta, los Vicepresidentes, en su caso, y de los Consejeros.
La iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León no corresponde a: A una tercera parte de sus miembros de las Cortes de Castilla y León. La Junta de Castilla y León. La Comisión Permanente de Reforma de Estatutos de las Comunidades Autónomas.
La delegación de las Cortes a la Junta para la elaboración de los textos articulados, ha de efectuarse a través de: Ley Orgánica Ley de Bases Ley Ordinaria.
¿Cuál es el mínimo de Procuradores que se asigna a cada provincia de la Comunidad de Castilla y León? 3 5 2.
¿Quién promoverá la igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres en el acceso a los mandatos representativos autonómicos?: Los poderes públicos Las Cortes de Castilla y León La Ley.
¿A quién le corresponde caso de procesamiento de un procurador por un delito cometido fuera de la comunidad? Tribunal Superior de Justicia en Pleno Sala de lo penal Tribunal Supremo Sala de lo penal Tribunal Superior de Justicia.
Instituciones de autogobierno de la comunidad, ¿en qué título del estatuto se encuentran regulados?: Dicha denominación no existe en el Estatuto Se encuentran regulados en el Título I del Estatuto Título II del Estatuto.
¿A efectos de la elección de procuradores, cual es la circunscripción electoral? El Municipio La Comunidad Autónoma La Provincia.
¿Quién determinara las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los procuradores?: Ley de Incompatibilidades Los poderes públicos Legislación electoral.
Los ciudadanos de Castilla y León tienen derecho a promover la convocatoria de consultas populares, relativas a decisiones políticas que sean competencia de la comunidad, en las condiciones y con los requisitos que señalen las leyes, respetando. Art. 148.2.32 de la Constitución Art. 11 del Estatuto Art. 149.1.32.a de la Constitución.
El voto o moción de investidura que se produce en las cortes de Castilla y León para la elección del presidente de la comunidad, exige en su primera votación: Mayoría simple Mayoría absoluta Mayoría de 2/3.
Firmar los decretos en Castilla y León y ordenar su publicación es competencia de: Consejeros Cortes de Castilla y León Presidente de la Junta de Castilla y León.
Desde la promulgación los Decretos-leyes deberán ser convalidados o derogados en un plazo de: 10 días 20 días 30 días.
¿A quién corresponde la elaboración y aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma de Castilla y León? A la Junta A la Consejería de economía y hacienda La elaboración a la Junta y la aprobación a las Cortes.
¿Qué es el Consejo Consultivo? El Consejo Consultivo de Castilla y León es el superior órgano jurídico de la Junta y de la Administración de la Comunidad El Consejo Consultivo de Castilla y León es el superior órgano corporativo de la Junta y de la Administración de la Comunidad El Consejo Consultivo de Castilla y León es el superior órgano consultivo de la Junta y de la Administración de la Comunidad.
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en relación con la Administración de Justicia: Delimitar las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y la localización de su sede y, en su caso, solicitar la revisión de la planta de los Juzgados y Tribunales para adaptarla a las necesidades de su ámbito territorial, con excepción de los Tribunales militares. Delimitar las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales y la localización de su sede y, en su caso, solicitar la revisión de la planta de los Juzgados y Tribunales para adaptarla a las necesidades de su ámbito territorial, sin excepción alguna. Delimitar las demarcaciones provinciales de los órganos jurisdiccionales y la localización de su sede y, en su caso, solicitar la revisión de la planta de los Juzgados y Tribunales para adaptarla a las necesidades de su ámbito territorial.
Según el Estatuto de Autonomía, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es el órgano jurisdiccional superior de la Administración de Justicia dentro de la Comunidad en todos los órdenes, sin excepción alguna, y alcanza a todo su ámbito territorial El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es el órgano jurisdiccional superior de la Administración de Justicia en todos los órdenes, y alcanza a todo su ámbito municipal El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es el órgano jurisdiccional superior de la Administración de Justicia dentro de la Comunidad en todos los órdenes, con excepción de la jurisdicción militar, y alcanza a todo su ámbito territorial.
Según el Estatuto de Autonomía, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: Su organización, competencias y funcionamiento se ajustará a cuanto disponga la legislación autonómica Su organización, competencias y funcionamiento se ajustará a cuanto disponga la legislación estatal Su organización, competencias y funcionamiento se ajustará a cuanto disponga la legislación europea.
Según el Estatuto de Autonomía, las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: Se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan al Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes dentro de la Administración de Justicia española o, cuando proceda, de las reconocidas a los Tribunales nacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan a la Audiencia Nacional como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes dentro de la Administración de Justicia española, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la legislación del Estado y los Tratados suscritos por España Se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan al Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes dentro de la Administración de Justicia española o, cuando proceda, de las reconocidas a los Tribunales Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la legislación del Estado y los Tratados suscritos por España.
Según el Estatuto de Autonomía, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León será nombrado por el Presidente de la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León será nombrado por el Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Según el Estatuto de Autonomía, con relación al Tribunal Superior de Justicia: El nombramiento de los Magistrados, Jueces, Secretarios y restante personal del Tribunal Superior y de los demás órganos de la Administración de Justicia en la Comunidad se efectuará según la forma prevista en la legislación autonómica El nombramiento de los Magistrados, Jueces, Secretarios y restante personal del Tribunal Superior y de los demás órganos de la Administración de Justicia en la Comunidad se efectuará libremente El nombramiento de los Magistrados, Jueces, Secretarios y restante personal del Tribunal Superior y de los demás órganos de la Administración de Justicia en la Comunidad se efectuará según la forma prevista en la legislación del Estado.
Según el Estatuto de Autonomía, el Consejo de Justicia de Castilla y León: Se podrá crear por ley de Cortes No existe tal órgano Se podrá crear mediante Real Decreto.
En el ejercicio de sus competencias, la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León gozará de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado, entre los que se comprende: La potestad de sanción dentro de los límites que establezca el ordenamiento jurídico La potestad de privación de libertad dentro de los límites que establezca el ordenamiento jurídico La potestad de embargo, en sustitución de la Agencia Tributaria.
En el ejercicio de sus competencias, la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León gozará de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado, entre los que se comprende: La facultad de utilización del procedimiento de apremio No tiene facultades de ejecución forzosa La facultad de expropiación forzosa, de conformidad únicamente con la legislación autonómica prevista al efecto.
Corresponde a cada Consejería el desarrollo de un sector funcionalmente homogéneo de actividad administrativa el desarrollo de uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa actuar como órgano de comunicación con las demás Consejería.
Los consejeros son son los titulares de las consejerías desempeñan la jefatura superior de todo el personal de la Consejería ambas son ciertas.
Los Vicepresidentes y los Consejeros tienen tratamiento de Ilustrísima Excelencia ninguna de las anteriores.
Corresponde a cada Consejero: inspeccionar su Consejería, así como las entidades vinculadas o dependientes de la misma elaborar el anteproyecto del presupuesto correspondiente a su Consejería y desarrollar el control presupuestario ninguna de las anteriores.
Los Consejeros cesan por cese del Vicepresidente de la Junta, si bien continuarán en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Junta dimisión aceptada por el Presidente ambas causas.
Los Vicepresidentes cesan por sentencia por la comisión de cualquier delito dimisión libremente aceptada por el Presidente revocación de su nombramiento decidida libremente por el Presidente.
Los Consejeros ejercen, en las materias propias de su Consejería: la potestad reglamentaria la función ejecutiva ambas.
El Gabinete del Consejero: es un órgano de existencia potestativa, de asesoramiento y apoyo al Consejero es un órgano preceptivo en toda Consejería no existe.
En cada Consejería podrá existir: Un Gabinete de apoyo libremente nombrado y cesado por el titular de la Consejería. Puestos de trabajo, en cada uno de los centros directivos, con funciones de apoyo, impulso, coordinación e interlocución. a y b son correctas.
Los Consejeros: perciben la remuneración y los gastos de representación que les asignan los Presupuestos de la Comunidad Autónoma están sujetos a las mismas incompatibilidades que el Presidente de la Junta a y b son ciertas.
Las competencias de los directores generales se determinan en los decretos de estructura orgánica las órdenes de desarrollo de estructura orgánica las relaciones de puestos de trabajo.
Corresponde al Secretario general: actuar como órgano de comunicación con las demás Consejerías informar y tramitar los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones administrativas de carácter general de la Consejería ambas.
El estatuto personal de los Consejeros se regula en la Ley del Gobierno y la Administración de Castilla y León en sus artículos: 27 y 28 28 y 29 29 y 30.
Las competencias de los Secretarios Generales se regulan en la Ley del Gobierno y la Administración de Castilla y León en sus artículos: 39 40 41.
El delegado territorial representa en la respectiva provincia: a la Junta de Castilla y León a cada una de las Consejerías a la Junta y a cada una de las Consejería.
Es competencia de los delegados territoriales en su provincia: Coordinar la acción política de la Junta Coordinar e impulsar la actividad de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma en la provincia a y b son ciertas.
La creación de Gabinetes con funciones de apoyo y asesoramiento al Consejero corresponde: al Presidente de la Junta al respectivo Consejero a la Junta.
El personal del Gabinete del Consejero será eventual será nombrado por el Secretario General de la respectiva Consejería a y b son ciertas.
El Director general es el representante de la Consejería en su ámbito material de competencias Dirigir y gestionar los Servicios propios a y b son ciertas.
Las Delegaciones Territoriales son: órganos directivos periféricos órganos directivos centrales unidades periféricas.
La Administración de la Comunidad de Castilla y León actúa en sus relaciones con otras Administraciones de acuerdo con los principios de: coordinación y cooperación, respeto pleno de sus competencias, subsidiariedad y ponderación de la totalidad de los intereses públicos implicados en sus decisiones lealtad institucional, respeto pleno de sus competencias, transparencia y agilidad, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho respeto pleno de sus competencias, descentralización, desconcentración y coordinación.
Los delegados territoriales excepcionalmente, podrán desconcentrar sus competencias propias no podrán desconcentrar las competencias delegadas a y b son ciertas.
En sus relaciones con los ciudadanos, la Administración de la Comunidad de Castilla y León actúa con: objetividad y transparencia con arreglo a los principios de simplicidad, claridad y proximidad, agilidad en los procedimientos administrativos y en las actividades materiales de gestión y con pleno respeto a sus derechos objetividad simplicidad, claridad y proximidad, y racionalización de sus procedimientos responsabilidad y racionalización de sus procedimientos.
El Consejero podrá desconcentrar tanto la titularidad como el ejercicio de las competencias propias el ejercicio de las competencias propias, en otros jerárquicamente dependientes, pero no su titularidad una competencia delegada.
Las resoluciones de los consejeros y los viceconsejeros adoptarán la forma de órdenes adoptarán la forma de órdenes y resoluciones, respectivamente adoptarán la forma de resoluciones.
El delegado territorial es sustituido por: el Secretario Territorial y, en su defecto, por el Jefe de Departamento Territorial que tenga mayor antigüedad, salvo que el Consejero de Presidencia y Administración Territorial disponga otra cosa por el Jefe de Departamento Territorial de mayor edad, siempre que el contenido de la función lo permita salvo que el Consejero de Presidencia y Administración Territorial disponga otra cosa por el titular del órgano del mismo rango con mayor antigüedad, salvo que el titular de éste disponga otra cosa.
La Ley podrá habilitar directamente para su desarrollo reglamentario al Consejero: con carácter general con carácter excepcional en ningún caso.
El Secretario General de cada Consejería prestará al respectivo Consejero en cuantos asuntos éste conveniente: asistencia técnica y jurídica asistencia técnica y administrativa asistencia jurídica y administrativa.
Los Gabinetes de los Secretarios Generales de las Consejerías: tendrán funciones de apoyo y asesoramiento, exclusivamente no existen podrán crearse por Acuerdo del presidente de la Junta, dentro de los límites establecidos por la legislación reguladora de la función pública.
El Secretario General de cada Consejería: Depende orgánicamente de la respectiva Consejería y funcionalmente de las Consejerías que corresponda por razón de las distintas competencias materiales. Es responsable de un sector de actividad específica del departamento, y como segunda autoridad del mismo en ese ámbito, le corresponde ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que le atribuya la norma de creación del órgano, las demás normas en vigor, y las demás que se le desconcentren o deleguen. Ejerce el control de eficacia y la inspección de la Consejería, sin perjuicio de las funciones que en este ámbito corresponda a la Consejería de la Presidencia.
Nombrar y cesar a los titulares de los puestos de libre designación funcionalmente dependientes de una Consejería es competencia de el secretario general el consejero cada director general en función de la adscripción del puesto a desempeñar.
En relación a los proyectos de Decretos y propuestas de Acuerdos que se elevarán a la Junta, los Consejeros preparan las cuestiones propias de su Consejería presentan las cuestiones propias de su Consejería preparan y presentan las cuestiones propias de su Consejería.
Los Consejeros están sujetos a las mismas incompatibilidades que el presidente de la Junta de Castilla y León los Vicepresidentes de la Junta de Castilla y León ambos.
Los Vicepresidentes percibirán la remuneración que les atribuyan los Presupuesto de la Comunidad Autónoma y los gastos de representación que les atribuya el Presidente en función de su número y competencias percibirán la remuneración y los gastos de representación que les asignen los Presupuestos de la Comunidad Autónoma no percibirán gastos de representación pero se les rendirán los honores que correspondan por razón de su cargo.
En caso de enfermedad, los Consejeros serán sustituidos en el ejercicio de sus funciones por el Consejero más antiguo el Consejero de la Presidencia, y de no ser posible, otro Consejero, por su orden otro miembro de la Junta designado por el Presidente.
En caso de ausencia, los Vicepresidentes serán sustituidos en el ejercicio de sus funciones por el Consejero de la Presidencia, y de no ser posible, por el Consejero, más antiguo otro miembro de la Junta designado por el Presidente ninguna de las anteriores.
Las competencias de las Delegaciones Territoriales se determinarán en: las correspondientes órdenes de desarrollo sus estatutos internos su reglamento orgánico.
Conforme al art. 40 de la ley reguladora del Gobierno y la Administración de la Castilla y León es competencia de los Directores Generales: resolver los asuntos de personal que le correspondan velar por la utilización de los medios materiales y de las dependencias a su cargo ambas.
La dimisión de un Consejero finaliza su mandato, si bien continuará en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Junta debe ser aceptada por el Presidente es automática.
En cada Consejería existirá al menos, un consejo de dirección un consejo de dirección una secretaria general y varios gabinetes de apoyo.
Los Departamentos Territoriales de las Delegaciones territoriales son de existencia preceptiva son los superiores jerárquicos de los órganos con rango superior a Servicio Territorial podrán existir excepcionalmente.
Los Servicios Territoriales dependen del Secretario Territorial dependen del Delegado Territorial, en cualquier caso dependen de un Departamento Territorial si los hubiere.
La ley reguladora del Gobierno y la Administración define al delegado territorial en su artículo 43 33 23.
Las Delegaciones Territoriales se ubicarán en capitales y municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad Autónoma las capitales de las provincias de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que alguno de sus órganos o unidades administrativas se localice en otros municipios de las correspondientes provincias las capitales de las provincias de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que algunas de sus unidades administrativas se localicen en municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad Autónoma.
La ley reguladora del Gobierno y la Administración define las competencias de los delegados territoriales en su Título III IV V.
Las Secretarías Generales son los órganos centrales a los que el artículo 29 de la Ley reguladora del Gobierno y la Administración de Castilla y León califica de segunda autoridad de cada Consejería los órganos de gestión administrativa, deliberación y coordinación de cada Consejería uno de los órganos directivos centrales a través de los cuales desarrollará sus competencias las Consejerías.
La ley reguladora del Gobierno y la Administración define a los Viceconsejeros en su artículo 36 38 40.
Los secretarios generales son miembros del consejo de dirección presidido por el titular de la respectiva Consejería podrán formar parte del consejo de dirección de la respectiva Consejería presiden los consejos de dirección de la respectiva Consejería.
Los delegados territoriales nombran y cesan libremente al personal de su Gabinete desempeñan la jefatura de personal de la Delegación, sin perjuicio de las funciones que en este ámbito correspondan a otros órganos administrativos a y b son ciertas.
Los delegados territoriales presiden el consejo de dirección de la Delegación Territorial velan por la correcta utilización de los medios materiales adscritos al funcionamiento de la Delegación Territorial y, en su caso, los gestionan resuelven todos los asuntos cuya tramitación esté encomendada a la Delegación Territorial.
De conformidad con el art. 16 de la ley reguladora del Gobierno y la Administración de Castilla y León, el nombramiento de los directores Generales exige Acuerdo expreso adoptado por el respectivo Consejero, que deberá ser publicado en el «Boletín oficial de Castilla y León» Propuesta del Consejero correspondiente al Consejo de Gobierno. Propuesta del Consejero de la Presidencia y deliberación del Consejo de Gobierno.
Los titulares de los órganos directivos centrales serán sustituidos en caso de ausencia, vacante o enfermedad por: El titular del órgano de la Consejería de igual rango o, en su defecto, del inmediatamente inferior, con mayor antigüedad, salvo que el Consejero disponga otra cosa El titular de la Secretaria General de la Consejería El titular del órgano directivo que determine el Consejero en todo caso.
Las Delegaciones Territoriales se ubicarán en las capitales de las provincias de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de que alguno de sus órganos o unidades administrativas se localice, en otros municipios de las correspondientes provincias: Por Decreto de la Junta de Castilla y León Por Acuerdo del Presidente Por resolución del Delegado Territorial.
La desconcentración de competencias, así como su revocación, se aprobará por: Decreto de la Junta de Castilla y León, y se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León. Acuerdo del Presidente de la Junta de Castilla y León Orden del titular de la Consejería afectada por la competencia.
Los organismos autónomos de Castilla y León actúan Con patrimonio y tesorería propios con personalidad jurídica diferenciada con personalidad jurídica diferenciada y con patrimonio y tesorería propios.
Los organismos autónomos de Castilla y León se adscriben a la Consejería competente por razón de el territorio la materia ambos.
La ley reguladora del Gobierno y la Administración regula los organismos autónomos dentro de su Título: VI VII VIII.
Los organismos autónomos de la Comunidad actúan: mediante descentralización funcional para el cumplimiento de los fines de interés público a y b son ciertas.
A tenor del art. 88 de la Ley reguladora del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el órgano de contratación de los organismos autónomos de la Comunidad es: el Consejero al que se encuentra adscrito el organismo el Presidente del organismo el que determine su Ley de creación en atención a la cuantía.
Los Organismos autónomos de la Administración de Castilla y León se rigen por su ley de creación y por las disposiciones de aquellas otras Leyes que les sean de aplicación por la regulación interna que sus propios estatutos establezcan a y b son ciertas.
El título II del TREBEP lleva por denominación: Clases de personal de las Administraciones Públicas Clases de personal y personal directivo de las Administraciones Públicas Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Indique la respuesta incorrecta. Según el TREBEP, los empleados públicos se clasifican en Funcionarios de carrera Personal laboral fijo Funcionarios interinos.
Según el TREBEP, son funcionarios de carrera: Quienes, en virtud de nombramiento reglamentario están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente Quienes, en virtud de nombramiento reglamentario, están vinculados a una Administración Pública por una relación contractual regulada por el Derecho Público para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
Respecto del personal laboral, el TREBEP dispone que Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9.2. El personal laboral podrá desempeñar los puestos de trabajo que determine cada Administración Pública en su ámbito, excepto los que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas que corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos.
Según el TREBEP, ¿cuál de estos principios no es de aplicación a los procesos de selección del personal laboral fijo: Igualdad, mérito y capacidad Celeridad Publicidad.
Según el TREBEP, es personal eventual en que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente: Realiza funciones expresamente calificadas de confianza y las que se determinen en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto en cada Administración Pública. Realiza solo funciones expresamente calificadas de confianza o de asesoramiento que no esté reservado a personal funcionario de carrera. Realiza solo funciones expresamente calificadas de confianza o de asesoramiento especial.
Según el TREBEP, al personal eventual se será aplicable: El régimen general de los funcionarios de carrera, en lo que sea adecuado a su condición. El régimen general del personal laboral, en lo que sea adecuado a su condición. El régimen jurídico específico que se determine en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto por cada Administración Pública, que será adecuado a su condición.
Según el TREBEP, el cese del personal eventual: Se producirá automáticamente al cesar la autoridad que lo nombró. Se producirá automáticamente al cesar la autoridad que lo nombró, salvo que continue la autoridad a la que preste la función de confianza o asesoramiento y confirme su nombramiento. Tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
Respecto del personal directivo profesional establece el TREBEP: Solo podrá acceder a esta condición el personal funcionario de carrera del Grupo superior de clasificación de cada Administración Pública. Podrán acceder tanto el personal funcionario de carrera como el personal laboral del Grupo superior de clasificación de cada Administración Pública. Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación de carácter especial de alta dirección.
Según el TREBEP, podrán ser nombrados funcionarios interinos para desempeñar temporalmente funciones propias de funcionarios de carrera cuando concurra la circunstancia de: Exceso o acumulación de tareas, por plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses. Exceso o acumulación de tareas, por plazo máximo de doce meses dentro de un periodo de tres años. Exceso o acumulación de tareas, por plazo máximo de tres años.
Según el TREBEP, en función de la duración del contrato de trabajo que se formalice, el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas podrá ser: Fijo, fijo discontinuo o temporal. Indefinido o temporal de duración determinada. Fijo, por tiempo indefinido o temporal.
Según el TREBEP, podrán ser nombrados funcionarios interinos para desempeñar temporalmente funciones propias de funcionarios de carrera con ocasión de la ejecución de programas de carácter temporal, en cuyo caso los nombramientos: No podrán tener una duración superior a doce meses, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto No podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto No podrán tener una duración superior a tres años, salvo que aquellos estén financiados o cofinanciados con fondos de la Unión Europea.
Cuál de los siguientes derechos individuales de los empleados públicos recogidos en el TREBEP no se ejerce colectivamente: La libre asociación profesional La libertad sindical El ejercicio del derecho de huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios públicos.
Según lo dispuesto en el TREBEP, ¿cuántos días de vacaciones retribuidas le correspondería disfrutar a un funcionario en 2022 si en este año natural ha prestado servicios durante seis meses completos? 15 días naturales, computados los sábados. 12 días hábiles, sin computar los sábados 11 días hábiles, sin computar los sábados.
Según el TREBEP, el derecho al permiso de lactancia del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá por: El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público Los convenios colectivos que resulten de aplicación.
Según el TREBEP, los empleados públicos de las Administraciones respectivas están legitimados para convocar una reunión: En número no inferior al 10 por ciento del colectivo convocado En número no inferior al 20 por ciento del colectivo convocado En número no inferior al 40 por ciento del colectivo convocado.
Según lo establecido, los trienios es una retribución básica que tienen derecho a percibir los funcionarios públicos que Consisten en una cantidad, que será igual para todos los funcionarios, por cada tres años de servicio Consisten en una cantidad, que será igual para cada Grupo de clasificación profesional, por cada tres años de servicio Consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por cada tres años de servicio.
De conformidad con lo establecido en el TREBEP en materia de negociación colectiva de los funcionarios públicos, señale la respuesta incorrecta: Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Los Acuerdos se aplicarán directamente sobre el personal del ámbito correspondiente Los Pactos se celebrarán sobre materias que correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que los suscriban.
El TREBEP dispone que el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho: A ausentarse del puesto de trabajo durante un máximo de dos horas diarias, con carácter retribuido A la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución correspondiente de sus retribuciones A una reducción de hasta el 50 por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por el plazo máximo de un mes.
Según el TREBEP, los funcionarios públicos tendrán derecho a Un permiso de un día por el traslado de domicilio sin cambio de residencia. Un permiso de un día por el traslado de domicilio, si hubiere cambio de residencia Un permiso de dos días por el traslado de domicilio, si hubiere cambio de residencia.
Según el TREBEP, por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, los funcionarios públicos tendrán derecho a un permiso de: Cinco días hábiles. Cuatro días hábiles. Dos días hábiles.
Según el TREBEP, los funcionarios públicos tendrán derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda, cuando por razones de guarda legal tengan el cuidado directo: De un menor de catorce años. De una persona con discapacidad, desempeñe o no actividad retribuida. De una persona mayor que requiera especial dedicación.
En relación con lo dispuesto en el TREBEP sobre el derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna, la modalidad de carrera profesional de los funcionarios públicos consistente en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y conforme a lo establecidos en otros preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público, se denomina: Carrera horizontal. Carrera vertical. Promoción interna vertical.
Según el TREBEP, el Código de Conducta de los empleados públicos está configurado por: Los deberes básicos. Los principios éticos y de conducta. Los derechos y deberes básicos.
“Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vayan más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal” está definido en el TREBEP como: Un principio ético de los empleados públicos Un principio de conducta de los empleados públicos Una obligación moral de los empleados públicos.
El TREBEP dispone que los empleados públicos “ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos”, estando definida esta norma como: Un principio ético de los empleados públicos Un deber básico de los empleados públicos Un principio de conducta de los empleados públicos.
En relación con el derecho a la promoción interna de los funcionarios de carrera, el TREBEP determina que estos deberán reunir para su ejercicio, entre otros requisitos: Tener acreditados al menos dos años de servicios efectivos en cuerpos o escalas del Grupo de titulación inmediato inferior Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el Grupo de clasificación profesional inferior.
Según el TREBEP, en los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el permiso por nacimiento para la madre biológica se ampliará: En tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de seis semanas adicionales En tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de ocho semanas adicionales En tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
Según el TREBEP, el permiso por adopción de los funcionarios: Tendrá una duración de dieciséis semanas, que deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. Tendrá una duración de dieciséis semanas y se ampliará en dos semanas más por cada hijo o hija para cada uno de los progenitores. Tendrá una duración de dieciséis semanas y se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores.
Queda excluido del ámbito de aplicación del convenio: El personal que presta sus servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud El personal docente contratado en régimen laboral para impartir la asignatura de religión en los centros de enseñanza no universitaria de Castilla y León El personal laboral de alta dirección, de acuerdo con el artículo 2º.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y demás normas legales de aplicación.
Cuál es el órgano encargado de la vigilancia, control e interpretación del convenio: La Comisión paritaria de vigilancia, interpretación y del desarrollo del convenio. La Comisión paritaria de Aplicación e Interpretación del convenio. La Mesa Sectorial de Negociación del personal laboral.
El convenio colectivo regula la movilidad o traslado del personal laboral por causas extraordinarias. Indique cuál de las respuestas siguientes no es correcta: Se produce a petición del trabajador y debe ser informada favorablemente por la Comisión de traslados por acuerdo adoptado por unanimidad de sus miembros. El traslado por este procedimiento carácter provisional y con un año de duración. No será posible obtener traslado por causa extraordinaria, cuando la persona trabajadora tenga su destino y residencia, en la misma localidad donde reciba tratamiento médico.
Indique cuál de los siguientes puestos de trabajo no están incluidos entre los determinados por el convenio colectivo que puedan proveerse por el sistema de libre designación: Los puestos así declarados en los Planes de Empleo. Los puestos de director/a de las Bibliotecas de Castilla y León. Los puestos de personas responsables de Área de los Centros de la Tercera Edad.
Según el convenio colectivo, puede participar en el concurso de traslados abierto y permanente: El personal laboral fijo, con carácter continuo o discontinuo. El personal laboral que acredite una antigüedad de, al menos, dos años al servicio de la Administración o reconocido por esta. El personal fijo que sea de una categoría profesional incluida en la misma área funcional, pero distinta a la categoría profesional de origen.
Según el convenio colectivo, el concurso de traslados abierto y permanente tendrá: Dos resoluciones anuales, en los meses de junio y diciembre. Cuatro resoluciones anuales, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Cuatro resoluciones anuales, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.
Cuál de estos procedimientos de provisión de puestos de trabajo adscritos a personal laboral tiene carácter de extraordinario según establece el convenio colectivo Permuta Libre designación Movilidad o traslado por causas extraordinarias.
El sistema de clasificación profesional de las personas trabajadoras establecido en el Convenio Colectivo se estructura en: Grupos profesionales, áreas funcionales y categorías profesionales. Grupos profesionales, áreas funcionales, competencias funcionales y, en su caso, especialidades. Grupos profesionales, área de actividad, categorías profesionales y, en su caso, especialidades.
Según el convenio colectivo, la promoción interna vertical del personal laboral incluido en su ámbito de aplicación consiste en: El ascenso de una categoría profesional distinta a la ostentada y encuadrada en el grupo inmediato superior. El ascenso de una categoría profesional distinta a la ostentada y encuadrada en un grupo superior. La promoción prevista en el artículo 71 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.
Según el convenio colectivo, para adquirir la condición de personal laboral fijo las personas aspirantes que hubieren aprobado un proceso selectivo de personal de nuevo ingreso de la categoría profesional de Ayudante de cocina del Grupo IV deberán superar un periodo de prueba que tendrá una duración de: Tres meses de trabajo efectivo. Un mes de trabajo efectivo. Quince días de trabajo efectivo.
Según la remisión expresa que hace el convenio colectivo al artículo 42 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, indique cuál es el sistema ordinario para la selección del personal laboral fijo: El sistema de concurso-oposición, con carácter general. El sistema de concurso-oposición, siempre que sea precisa la celebración de pruebas específicas para determinar la capacidad o aptitud profesional de las personas aspirantes. El sistema de oposición.
Según el convenio colectivo, en los procesos selectivos que se convoquen por el sistema de concurso-oposición para acceso a la condición de personal laboral fijo de nuevo ingreso, las pruebas teórico-prácticas representarán: El 50 por ciento del total de valoración del proceso selectivo. El 65 por ciento del total de valoración del proceso selectivo. El 85 por ciento del total de valoración del proceso selectivo.
Según el convenio colectivo, los órganos de selección de los procesos selectivos de acceso a la condición de personal laboral se ajustarán, en cuanto a su constitución, organización y funcionamiento se estará a lo previsto: En el artículo 47 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León. En la normativa básica estatal en materia de selección, garantizándose la presencia e ellos de, al menos, un representante del personal. En la normativa básica estatal aplicable.
Según el convenio colectivo, las convocatorias públicas que se realicen para cubrir vacantes por los sistemas selectivos correspondientes del personal laboral deberán estar previamente informadas: Por la Mesa Sectorial de Negociación del Personal Laboral. Por la Comisión paritaria. Por el Consejo Superior de la Función Pública.
Según el convenio colectivo, el porcentaje de vacantes reservadas a personas con discapacidad física y/o intelectual en los procesos para el acceso a la condición de personal laboral fijo de nuevo ingreso será: El 5 por ciento de las vacantes convocadas. Un 7 por ciento, como mínimo, de las vacantes convocadas. El fijado en la normativa de aplicación.
Las retribuciones del personal laboral comprendido en el ámbito de aplicación del convenio colectivo están compuestas por: El sueldo, los trienios y las retribuciones complementarias. Las retribuciones básicas y los complementos salariales. El salario base y los complementos salariales.
Según el convenio colectivo, el complemento de antigüedad es la cantidad que percibirá el personal por cada tres años de servicios completos y se devengará: El primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se cumplan. Desde el mismo día natural del mes en que se cumplan. Desde el día primero del mes en que se cumplan.
Indique cuál de estas retribuciones le corresponde percibir al personal laboral al servicio de esta Administración según el convenio colectivo: El plus de grupo profesional. El complemento de carrera profesional. El complemento de productividad.
El convenio colectivo prevé la posibilidad de compensar por tiempo de descanso, siempre que exista acuerdo de ambas partes, las horas trabajadas que excedan de la jornada convenida (horas extraordinarias), fijando el siguiente módulo de compensación: En 1,50 por hora trabajada En 1,75 por hora trabajada En 1,90 por hora trabajada.
Según el convenio colectivo, las personas trabajadoras tendrán derecho a la excedencia voluntaria agrupación familiar: Por un tiempo mínimo de dos años y sin un máximo de permanencia en ella. Por un tiempo mínimo de permanencia de un año su duración máxima será de quince años. Por un tiempo mínimo de permanencia de un año y su duración máxima podrá ser indefinida, siempre que se mantengan las circunstancias por la que fue concedida.
Indique en cuál de los siguientes supuestos, según lo establecido en el convenio colectivo, no procede conceder a las personas trabajadoras la excedencia forzosa: Hayan sido nombradas personal eventual. Ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que imposibilite el normal desempeño de puestos de trabajo o perciba retribuciones por su nombramiento o elección. Cuando sean autorizadas para realizar una misión por período determinado inferior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades públicas extranjeras, o en programas de cooperación internacional.
Según el convenio colectivo, el personal laboral fijo que solicite pasar a la situación de excedencia voluntaria por interés particular ha de acreditar: Haber prestado servicios efectivos en la Administración durante los cinco años inmediatamente anteriores. Una antigüedad al menos de un año en la Administración, a contar desde su ingreso en la categoría profesional como personal laboral fijo. Una antigüedad al menos de un año en la Administración, a contar desde su ingreso en la misma.
Según el convenio colectivo, la trabajadora excedente por razón de violencia de género tendrá derecho a percibir: Las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los dos primeros meses en esta excedencia. Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los seis primeros meses en esta excedencia. Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante el tiempo que permanezca en esta excedencia.
Según el convenio colectivo en relación con lo establecido en el artículo 97 del TREBEP, las infracciones o faltas disciplinarias continuadas de carácter leve prescribirán: A los seis meses, a contar desde que se hubieren cometido. A los seis meses, a contar desde el cese de su comisión. Al año, a contar desde el cese de su comisión.
Según el convenio colectivo, la medida cautelar de suspensión provisional: Se adoptará siempre que se incoe expediente disciplinario por la comisión de faltas muy graves. Se adoptará únicamente en el acuerdo de incoación del expediente disciplinario para asegurar la eficacia de la resolución final. Se podrá adoptar en cualquier fase de la tramitación del procedimiento disciplinario para asegurar la eficacia de la resolución final.
Según el convenio colectivo, por la comisión de faltas disciplinarias no podrá imponerse a las personas trabajadoras la sanción de: Suspensión de funciones. Apercibimiento. Deducción de haberes por la parte de jornada no realizada.
Según el convenio colectivo, el Comité Intercentros es el órgano unitario y representativo de cada uno de los Comités de Empresa de Centro que pueden existir en el ámbito del convenio y se compone de: Trece miembros Quince miembros El Presidente, el Secretario y trece vocales.
Según el convenio colectivo, el personal laboral podrá solicitar licencias por asuntos propios sin derecho a retribución, cuya duración acumulada: No podrá exceder de tres meses cada dos años, ni ser inferior a siete días. No podrá exceder de tres meses cada dos años, ni podrá ser inferior a cinco días hábiles No podrá exceder de seis meses cada dos años, ni con carácter general podrá ser inferior a diez días hábiles.
El personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo se regirá en materia de incompatibilidades: Por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Por la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública. Por las normas previstas en el Título X del convenio colectivo.
El personal laboral incluido en el ámbito de aplicación del convenio colectivo tendrá derecho a un permiso retribuido por el fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de familiares en tercer grado de consanguinidad o afinidad: De tres días naturales, si tales hechos ocurrieran fuera de la localidad de residencia de la persona trabajadora. De dos días naturales, si tales hechos ocurrieran fuera de la localidad de residencia de la persona trabajadora. El convenio colectivo no contempla el derecho a este permiso retribuido en tales casos.
El convenio colectivo establece respecto de la jubilación del personal incluido en su ámbito de aplicación que: La jubilación se declarará al cumplir este los sesenta y cinco años de edad. La jubilación del personal laboral se declarará a la edad que prevean las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad. Previo acuerdo entre la persona trabajadora y la Administración, aquella podrá acceder a la jubilación parcial, en los términos y condiciones establecidos en la normativa general de la Seguridad Social y sin que en ningún caso se modifique el sistema de acción protectora de la Seguridad Social.
Cómo se define “riesgo laboral” en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo Las patologías sufridas con motivo u ocasión del trabajo Una enfermedad laboral ocasionada en el trabajo.
La disciplina preventiva consistente en un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo, se denomina: Seguridad en el Trabajo Higiene Industrial Higiene en el Trabajo.
¿Cómo se define la ergonomía? El conjunto de técnicas para el uso adecuado equipos de trabajo. El conjunto de técnicas para la adecuación entre el trabajo y la persona. El conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo.
El concepto de “salud” según la OMS se engloba bajo los aspectos: Social, laboral y mental. Mental, físico y social. Mental, laboral y económico.
El primer principio de la actividad preventiva es: Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Evitar los riesgos. Combatir los riesgos en su origen.
¿Qué es un EPI? Equipo de producción industrial. Equipo de personalización interna. Equipo de protección individual.
Según establece la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro se denomina Señal de advertencia y riesgo. Señal de prohibición. No existen este tipo de señales.
¿Cuál es la principal obligación del empresario en materia de prevención de riesgos laborales? Reducir los costes de producción. Garantizar la producción de la empresa. Proteger la salud de los trabajadores.
Se denominan accidentes in itinere: Los que afectan a trabajadores con contratos de trabajo inferiores a 6 meses. Los que ocurren en el trayecto de ida y vuelta al trabajo. Los que se producen en los desplazamientos dentro del horario de trabajo.
Las enfermedades contraídas como consecuencia del trabajo y que no estén contempladas como enfermedades profesionales serán consideradas, a efectos legales Como accidentes no laborales Como accidentes de trabajo Como enfermedad laboral.
Los accidentes de trabajo: Se producen de forma súbita y se identifican por las pérdidas materiales que conllevan. Se producen de forma imprevista y se caracterizan por las lesiones que provocan a los trabajadores. Se inician de forma súbita e imprevista y sus causas son condiciones ambientales.
Cuáles de los siguientes son derechos de los trabajadores según el artículo 14 de la ley de prevención de riesgos laborales. A participar en el control y seguimiento de la gestión desarrollada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social A una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. A elegir las medidas preventivas a sus riesgos.
La herramienta para integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa es: La política preventiva El plan de prevención El poder de decisión del empresario.
Los representantes de los trabajadores con competencia en materia de prevención de riesgos laborales son: Los técnicos de prevención de riesgos laborales El Servicio de Medicina Preventiva Los delegados de prevención.
Los delegados de prevención serán: Nombrados entre los trabajadores con titulación de técnico de nivel básico. Designados por y entre los representantes de los trabajadores Trabajadores fijos de la empresa.
El artículo 17 de la ley de prevención de riesgos laborales establece que los equipos de protección individual deberán de utilizarse cuando: En todo caso siempre y cuando los facilite el empresario. Se anteponen siempre las medidas de protección colectiva Los riesgos no se puedan evitar.
Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para constituir un comité de seguridad y salud, ¿qué número mínimo de trabajadores debe tener la empresa? 30 50 60.
Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por "equipo de trabajo": Al personal Facultativo, Sanitario y no Sanitario que intervienen en la asistencia sanitaria Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo La ropa necesaria para la realización de las actividades laborales, incluido calzado.
Al conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados se le denomina Servicio de Salud Comité de Seguridad y Salud Servicio de Prevención.
¿Qué es un plan de emergencia? Un documento que establece las metas y objetivos de la empresa Un conjunto de procedimientos para gestionar situaciones de emergencia Una estrategia para aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo.
¿Cuál es el propósito de un comité de seguridad y salud laboral? Supervisar el cumplimiento de las normas de trabajo. Participación en diferentes fases de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. Realizar inspecciones sorpresa en el lugar de trabajo.
¿Cuál de los siguientes elementos es esencial en un programa de ergonomía laboral? Proporcionar entrenamiento en habilidades técnicas. Realizar exámenes médicos periódicos Diseñar puestos de trabajo adecuados y ergonómicos.
Los riesgos asociados a los lugares de trabajo se contemplan en la disciplina de: Higiene industrial Psicosociología Aplicada Seguridad en el Trabajo.
La psicología aplicada se ocupa de: La insatisfacción en el puesto de trabajo La fatiga en el puesto de trabajo y las lesiones por carga postural La adaptación del puesto.
La “vigilancia de la salud” de los trabajadores es una obligación que está recogida en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, esta obligación recae en: El trabajador El empresario Los delegados de prevención.
Los riesgos asociados al uso de pantallas de visualización de datos (PVD) se contemplan en la disciplina de: Seguridad en el trabajo Ergonomía Higiene industrial.
Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales pueden ser consideradas como faltas: leves, graves o muy graves Graves, muy graves y mortales leves, muy graves o falsas.
La empresa debe tener delegado de prevención: siempre que tenga más de 5 trabajadores solo cuando tenga más de 100 trabajadores solo cuando tenga Comité de Seguridad y Salud laboral.
No se consideran principios generales de acuerdo al art. 15 PRL Adaptar el trabajo a la persona Prevención de las imprudencias Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
Una evaluación de riesgo elemental requiere que la persona que la realice disponga de un nivel de formación en prevención de riesgos laborales: Universitarios Intermedio Básico.
La competencia que tiene atribuida la Comunidad en materia de Promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con particular atención a las mujeres víctimas de la violencia de género es Exclusiva De desarrollo normativo y de ejecución De desarrollo normativo de la legislación internacional y de la UE.
¿Contiene el Estatuto de Autonomía de Castilla y León alguna referencia al Derecho a la no discriminación por razón de género? No, es una materia regulada por la Constitución exclusivamente. Sí, en el artículo 14, dentro del Capítulo II Derechos de los castellanos y leoneses No expresamente, se refiere a este derecho de forma indirecta en varios capítulos.
¿Cómo define el principio de igualdad de trato la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres? ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
¿Qué se entiende, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, por el concepto acciones positivas? Medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Medidas dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad económica, social, cultural o laboral. Medidas dirigidas a discriminar a los hombres en aspectos laborales, sociales y económicos para promover la igualdad efectiva de oportunidades.
Las funcionarias públicas tienen los siguientes derechos en materia de violencia de género: reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica Todas las respuestas son correctas.
¿Cuáles de las siguientes medidas de acción positiva para la asistencia a la mujer maltratada o con necesidades especiales por razón de género están expresamente previstas en la ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León? Inserción social y laboral de las mujeres maltratadas. Acceso a la función pública. Ayudas económicas directas.
Conforme dispone la ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León, ¿tienen competencias en materia de promoción de la igualdad y asistencia a la mujer las Corporaciones Locales? Todas las Corporaciones Locales Solo las Diputaciones Provinciales y Áreas metropolitanas Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos con más de 20.000 habitantes.
la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León,
tiene el siguiente concepto de víctima de violencia de género: Entiende por tal no sólo a la mujer sino también a sus hijos e hijas y a otras
personas que dependen de ella Entiende por tal no sólo a la mujer sino también a sus hijos e hijas Entiende por tal sólo a la mujer.
Tienen la consideración de agentes del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género «Objetivo Violencia Cero» (Acuerdo 130/2015, de 10 de septiembre, JCyL): Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Instituciones Penitenciarias, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Universidades Las entidades privadas que tengan entre sus fines la lucha contra la desigualdad y la violencia de género y la atención a las víctimas de violencia de género Ambas respuestas son correctas.
El coordinador de caso que deben tener asignadas todas las víctimas de violencia de género, generalmente será: Personal funcionario destinado en las gerencias territoriales de servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Profesional del Equipo de Acción Social Básica Indistintamente pueden ser ambos.
La Ley 1/2011, de 1 de marzo, de Evaluación del Impacto de Género en Castilla y León, introduce como trámite preceptivo la elaboración del informe de impacto de género en los procedimientos de elaboración de: Leyes y reglamentos exclusivamente normas y planes de especial relevancia económica y social Normas, planes de especial relevancia económica y social y convenios y protocolos de colaboración.
¿Cuáles son los Órganos de participación en Castilla y León, en materia de igualdad
entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género: Consejo Económico y Social y Consejo Regional de la Mujer Consejo Regional de la Mujer y Observatorio de la Comunidad de Castilla y León (sección de género) Consejo Regional de la Mujer y Consejo contra la Violencia de Genero de
Castilla y León.
Los recursos residenciales previstos en el en el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género «Objetivo Violencia Cero»( Acuerdo 130/2015, de 10 de septiembre, JCyL),se clasifican: Centros de emergencia y viviendas residenciales Centros de emergencia, casas de acogida y viviendas Casas de acogida, viviendas residenciales y soluciones habitacionales para víctimas de violencia.
El Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025 ha sido aprobado por: Decreto 5/2022, de 5 de enero Acuerdo 5/2022, de 5 de enero, de la Junta de Castilla y León Ley de Igualdad de oportunidades de Castilla y León.
¿Cuantas AREAS ESTRATÉGICAS tiene el Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025? 5 6 7.
El órgano colegiado de coordinación interdepartamental del Plan Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025 es: Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales Comisión de Secretarios Generales Comité Técnico.
La discapacidad se define como: Deficiencias previsiblemente permanentes que presentas las personas Cualquier tipo de barreras que limiten o impidan la participación plena y efectiva en la sociedad, a las personas con deficiencias en igualdad de condiciones con las demás. situación que resulta de la interacción de los dos elementos referidos en las anteriores.
la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas» es presupuesto
de: Normalización Accesibilidad universal Igualdad de oportunidades.
Cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad, hablamos de: Conducta de acoso Discriminación directa por motivos de discapacidad Discriminación indirecta por motivos de discapacidad.
La Inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad que deberá realizarse preferentemente a través de servicios y centros para la atención de personas con discapacidad uso de los recursos generales de carácter comunitario disponibles Promoción de la autonomía personal.
la utilización de animales de asistencia para facilitar la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad, prevista en la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad se incardina dentro de las medidas de: garantía del principio de igualdad y de política de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad promoción de la autonomía personal Accesibilidad en el entorno.
El informe de impacto de discapacidad previsto en la Ley 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, es preceptivo en: Disposiciones administrativas de carácter general Anteproyectos de ley Ambas respuestas son correctas.
El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2016/2020. (ACUERDO 7/2017, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León): El Plan cuenta con 11 ejes estratégicos organizados en torno a 2 categorías: La PERSONA y El ENTORNO SOCIAL. El Plan cuenta con 7 ejes estratégicos organizados en torno a 3 categorías: La PERSONA, LAS PRESTACIONES y El ENTORNO SOCIAL El Plan cuenta con 10 ejes estratégicos organizados en torno a 4 categorías: La PERSONA, LAS PRESTACIONES, LOS SERVICIOS y El ENTORNO SOCIAL.
¿Qué tipos de discapacidad contempla el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2016/2020. (ACUERDO 7/2017, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León)? Física y Psíquica Física, por enfermedad mental e intelectual Física, por enfermedad mental, intelectual y visual y auditiva.
La integración laboral de personas con discapacidad se desarrolla a través de: Centros Especiales de Empleo Centros Ocupacionales Centros de Atención a Personas con Discapacidad.
El enfoque ecológico-sistémico del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2016/2020. (ACUERDO 7/2017, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León: tiene en cuenta especialmente a la propia persona con discapacidad, y sus deficiencias tiene en cuenta no sólo a la propia persona con discapacidad, sino al resto de agentes con los que interactúa en el entorno próximo (familia, organizaciones sociales del ámbito de la discapacidad, administraciones públicas, otras entidades y recursos comunitarios) tiene en cuenta a la propia persona con discapacidad, los servicios y prestaciones que precisa y los diagnósticos de integración social y laboral.
El grado de discapacidad resultante del proceso de valoración se expresará en: Cuatro niveles (en Números Romanos) Porcentaje Ambos sistemas son correctos.
Los Equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad están formados, en todo caso, por profesionales del área sanitaria exclusivamente profesionales del área social y del área sanitaria Profesionales del área socio-sanitaria y del área jurídico- procedimental.
Dispone el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que las administraciones públicas protegerán de manera singularmente intensa a aquellas personas o grupo de personas especialmente vulnerables a la discriminación múltiple como: niñas, niños y mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género personas con pluridiscapacidad u otras personas con discapacidad integrantes de minorías Todas las respuestas anteriores son correctas.
¿Cuál de las siguientes no es una acción protectora del sistema especial de prestaciones sociales y económicas para las personas con discapacidad? Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica Asistencia jurídica gratuita Rehabilitación y habilitación profesionales.
Donde se regulan los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León: (SEÑALAR LA INCORRECTA) En el Título Preliminar y Título I de la Ley 2/2010, de 11 de marzo. En el Título I del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En el Título Preliminar y Título I de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, tiene por objeto fundamental: Garantizar que la actuación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se oriente a la adecuada atención a los ciudadanos Regular y desarrollar el derecho a una Buena Administración reconocido en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el marco del propio Estatuto de Autonomía y de la legislación básica del Estado Garantizar la efectividad de los derechos y la prestación de unos servicios públicos de calidad.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, tiene como finalidad: La gestión pública y las medidas de modernización y mejora de la Administración de la Comunidad. Garantizar que la actuación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se oriente a la adecuada atención a los ciudadanos, a la efectividad de sus derechos y a la prestación de unos servicios públicos de calidad, que satisfagan sus necesidades y expectativas, en el marco del interés público. La evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos de la Administración autonómica.
¿Qué se entiende por ciudadano en la Ley 2/2010, de 11 de marzo? Toda persona física que tenga la condición política de ciudadano. Toda persona física que tenga la condición de residente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Las personas naturales, personas jurídicas y entidades sin personalidad, que se relacionen o sean susceptibles de relacionarse con la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
En los términos establecidos en la legislación estatal sobre procedimiento administrativo común, los ciudadanos tienen derecho a que la Administración autonómica les notifique resolución expresa de los procedimientos en los que tengan condición de interesados en el plazo máximo previsto en sus normas reguladoras o, en su defecto, en el plazo máximo de: 6 meses 1 mes 3 meses .
Sin perjuicio de los principios generales de aplicación e interpretación de las normas, la aplicación de esta ley 2/2010, de 11 de marzo, se regirá por los principios de: (SEÑALAR LA INCORRECTA) Interpretación más favorable a los ciudadanos Equidad, buena fe y confianza legítima Transparencia.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, ante peticiones colectivas de especial trascendencia para el interés público, el órgano competente para resolver: Solicitará información al órgano consultivo correspondiente Pedirá informe al órgano competente por razón de la materia Convocará a los firmantes o parte de los mismos a una comparecencia personal, previa a la decisión que se adopte sobre la petición.
¿Qué se entiende por transparencia en la Ley 2/2010, de 11 de marzo? La obligación de la Administración de facilitar información. La obligación de la Administración de no facilitar la información reservada. La obligación de la Administración de facilitar información solo a los ciudadanos que lo solicitan.
De conformidad con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la formulación de quejas por parte de los ciudadanos: Paralizará los plazos establecidos en la legislación básica estatal para la interposición de recursos administrativos. No paralizará los plazos establecidos en la legislación básica estatal para la interposición de recursos administrativos, pero sí condicionará, en el modo más favorable, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los interesados. No paralizará los plazos establecidos en la legislación básica estatal para la interposición de recursos administrativos ni condicionará en modo alguno el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercitar los .
¿Qué comprende la atención al ciudadano según la Ley 2/2010, de 11 de marzo? (SEÑALAR LA INCORRECTA) Ser atendidos de forma respetuosa, confidencial y adaptada a sus circunstancias físicas, psíquicas, sensoriales, sociales y culturales, garantizándose la igualdad en la atención, sin discriminaciones. Comparecer ante un órgano o unidad de la Administración de la Comunidad de la forma menos gravosa posible y que solo sea exigida cuando sea estrictamente indispensable El derecho de los interesados, a que el órgano competente dicte resolución expresa, aunque no sea motivada, e el plazo establecido por la Ley.
El Derecho a una Buena Administración se recoge en el Estatuto de Autonomía de
Castilla y León aprobada por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, en el artículo: Artículo 11 Artículo 12 Artículo 10.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, en los términos previstos en la legislación básica estatal, los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos de forma: (SEÑALAR LA INCORRECTA): Amable Sin discriminaciones Respetuosa.
De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, ¿Qué derecho tienen los ciudadanos en relación a la tramitación de los procedimientos administrativos? El derecho a la gratuidad en la tramitación. El derecho a la identificación de los responsables de la tramitación. El derecho a la modificación de los plazos establecidos conforme sus necesidades.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son titulares de derechos, en sus relaciones con ellas: Los que tengan capacidad de obrar de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015 Los que tengan capacidad de obrar de acuerdo con la Constitución Los que tengan capacidad de obrar de acuerdo con el Derecho administrativo.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos: Cuando solicitan el inicio del expediente En todo momento En cualquier momento y no podrán volver a relacionarse por el canal tradicional.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. (SEÑALAR LA INCORRECTA): Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Las personas sin personalidad jurídica Los empleados de las Administraciones Públicas para todos los trámites y actuaciones que realicen con ellas, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. .
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿En qué situaciones no será necesaria la traducción al castellano de los documentos y expedientes por parte de la Administración Pública instructora? Cuando deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. Cuando los documentos estén dirigidos a los interesados. Cuando deban surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial la misma lengua distinta del castellano.
La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales, es un derecho fundamental protegido por el artículo: 18.4 de la Constitución Española. 17.4 de la Constitución Española 16.4 de la Constitución Española.
De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo. ¿Cuál es el derecho que tienen los ciudadanos en relación al tratamiento de sus asuntos por parte de la Administración
Autonómica? Derecho a un trato preferencial y subjetivo de sus asuntos. Derecho a un tratamiento imparcial y objetivo de sus asuntos. Derecho a un tratamiento legal y sumario de sus asuntos.
En relación a los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de los procedimientos
sancionadores, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos: (SEÑALAR LA INCORRECTA) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario A ser parte en un proceso judicial, para poder defender sus intereses legítimos. .
El derecho a una Buena Administración se regula en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León: En el artículo 14 En el artículo 12 En el artículo 13.
De acuerdo con el Estatuto de Autonomía, el derecho a una Buena Administración
comprende entre otros: A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en el plazo más breve posible. A formular sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos A un tratamiento imparcial y objetivo de los asuntos que les conciernan y a la resolución de los mismos en un plazo razonable.
Según lo regulado por la Ley 2/2010, de 11 de marzo, los interesados aportarán al procedimiento administrativo, conforme a lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común: Todos los datos y documentos previstos en la normativa aplicable, así como aquellos que estimen convenientes. Únicamente, los datos y documentos que sean preceptivos para la resolución del procedimiento. Únicamente los que le sean requeridos por la Administración.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, reconoce diferentes formas ejercitar el derecho de
participación. (SEÑALAR LA INCORRECTA): Derecho de consulta Derecho a convocar consultas Derecho a formular sugerencias.
De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la Administración Autonómica dará respuestas expresas a las quejas en un plazo máximo de: Un mes Tres meses Seis meses.
Los ciudadanos tiene derecho a participar en la elaboración de las políticas públicas: Solamente en los procesos electorales Solamente cuando sean consultados en un referéndum A través de las audiencias, foros de consulta, paneles y demás instrumentos que se establezcan en la Ley 2/2010, de 11 de marzo.
La Administración de la Comunidad dará respuesta a las sugerencias de los ciudadanos y ¿hará un reconocimiento público?: No, en ningún caso, por ser anónimas de acuerdo con la Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Solo cuando así lo solicite el ciudadano que haya presentado la sugerencia. Si, de aquellas que hayan posibilitado una mejora de los servicios.
De acuerdo con lo regulado por la Ley 2/2010, de 11 de marzo, si un escrito de petición se dirigiese a un órgano de la Administración Autonómica que no fuera competente para pronunciarse sobre ella: Este extremo se comunicará al interesado, devolviéndole el escrito a fin de que lo presente en el órgano competente. Se remitirá al órgano competente y se advertirá de tal circunstancia al firmante. Se remitirá al órgano competente sin más trámites.
Las peticiones dirigidas a la Administración autonómica, pueden ser: Plurales Organizativas Individuales o colectivas.
En relación al ejercicio del derecho de petición: (SEÑALAR LA INCORRECTA) Cualquier ciudadano puede recabar su tutela, ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. Cualquier ciudadano puede acudir, tras el cumplimiento de los requisitos y tramitaciones establecidas para ello, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Cabe el recurso de inconstitucionalidad.
A partir de la entrada en vigor de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, se desarrollará reglamentariamente el Capítulo I, Derecho de acceso a la Administración, del Título I, en el plazo de: 4 meses 8 meses Ninguna es correcta.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, entrará en vigor en el plazo de: 3 meses desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León 1 mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León 20 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, en los términos establecidos en la legislación básica estatal, los ciudadanos podrán utilizar el registro electrónico de la Administración autonómica para presentar sus escritos, solicitudes y comunicaciones: Conforme determine la normativa vigente en materia de atención e información al ciudadano. Los días laborales y durante las 24 horas del día. Todos los días del año y durante las veinticuatro horas del día.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, sin perjuicio de los principios generales de aplicación e interpretación de las normas, la aplicación de esta Ley se regirá por los principios de: (SEÑALAR LA INCORRECTA): Equidad Buena fe y confianza legítima Transparencia.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, el Principio de orientación al ciudadano se refiere a que: La Administración Pública tendrá en cuenta la opinión ciudadana mediante la apertura de un plazo de audiencia pública. La actuación de la Administración y los servicios públicos que presta han de estar dirigidos a la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos. La Administración pública promoverá que sus políticas beneficien al mayor número de ciudadanos.
Dentro de los principios de actuación autonómica no se encuentra, según la Ley 2/2010, de 11 de marzo: El de proactividad El de simplicidad El de prudencia.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, NO regula según su artículo 1.2: Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración autonómica y el establecimiento de garantías para su efectividad. Los derechos y garantías de los ciudadanos al relacionarse electrónicamente con la Administración y la puesta a disposición de los medios para su consecución de forma universal. La gestión pública y las medidas de modernización y mejora de la Administración de la Comunidad.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, el principio de prevención implica que la Administración Autonómica llevará a cabo: Una prevención de las situaciones discriminatorias. Una prevención de las situaciones de riesgo que pudieran materializarse en daños y perjuicios para los ciudadanos como consecuencia de la gestión administrativa, especialmente en aquellos sectores en los que el riesgo pueda ser mayor Una prevención situaciones antijurídicas, mediante la elaboración de protocolos de actuación que garanticen la seguridad y transparencia de los procedimientos administrativos.
A los efectos de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, se entiende por Administración de la Comunidad de Castilla y León: (SEÑALAR LA INCORRECTA): La Administración General de la Comunidad. Las empresas públicas, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad. Los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, en cuanto ejerzan potestades públicas.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, el principio de responsabilidad implica que: Los empleados públicos, en su ejercicio, deben garantizar la imparcialidad y objetividad en sus actuaciones. La Administración de la Comunidad, promoverá la imparcialidad y objetividad de en todos sus procedimientos, así como su evaluación mediante la elaboración de auditorías anuales. La Administración de la Comunidad, en su forma de gestionar, ha de asumir de forma expresa sus obligaciones ante los ciudadanos. .
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, se entiende por principio de eficiencia: La utilización del mejor número de recursos públicos posibles La óptima utilización de los medios que posibilite la consecución directa de los fines públicos perseguidos La consecución de los objetivos pretendidos por la Administración logrados mediante un coste económico eficaz.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la Administración en sus políticas públicas conciliará: La protección de la accesibilidad con el desarrollo urbanístico La defensa de la igualdad de género con el desarrollo económico La protección y mejora del medio ambiente con el desarrollo económico y el progreso social.
De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la actuación administrativa facilitará la actividad empresarial mediante: Su promoción en el exterior, especialmente en el ámbito de la Unión Europea Reducción trámites y la eliminación de intervenciones innecesaria La reducción de las cargas tributarias dentro del marco de la regulación básica del Estado.
En relación al derecho a la información regulado en la Ley 2/2010, de 11 de marzo, ésta se canalizará a través de un sistema de carácter: (SEÑALAR LA INCORRECTA) Múltiple Único Multicanal.
Para hacer efectivo el principio de proactividad de la Administración, de acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo: La administración impulsará de oficio los trámites dentro de un procedimiento administrativo. La administración se anticipará a las necesidades de los ciudadanos La Administración puede actuar de oficio en los procedimientos administrativos.
Teniendo en cuenta la Ley 2/2010, de 11 de marzo, en relación a los derechos procedimentales ¿Qué deben aportar los interesados al procedimiento administrativo? Únicamente los datos y documentos previstos en la normativa aplicable Únicamente los documentos que la Administración solicite Los datos y documentos previstos en la normativa aplicable y aquellos que estimen convenientes.
De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, ¿Quién es el encargado de hacer pública y mantener actualizada la relación de unidades que realicen la función de registro de documentos? La Consejería competente en materia de atención al ciudadano La Consejería competente en materia de administración electrónica La Consejería competente en materia de función pública.
¿Cuál es el objeto de la Ley 2/2010, de 11 de marzo? Regular el acceso y la participación de los ciudadanos en la Administración de Castilla y León Regular los derechos de los ciudadanos en su relación con la Administración de Castilla y León Regular la organización y funcionamiento de la Administración de Castilla y León.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Publicas: Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previsto en el artículo 98.2 Obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley .
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Publicas. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Qué sucederá si existiría discrepancia en cuanto a la lengua en un procedimiento tramitado por la Administración General del Estado en el que concurrieran varios interesados? El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado que tenga mayor antigüedad en el procedimiento El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado que haya iniciado el procedimiento El procedimiento se tramitará en castellano, aunque los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Qué derecho tienen los interesados en un procedimiento administrativo en relación a la tramitación del mismo? Tienen derecho a recibir notificaciones por correo postal Tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente para la instrucción, en su caso, y resolución, y a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento Tienen derecho a presentar documentos originales en todas las ocasiones y a aportar documentos en cualquier fase anterior a la propuesta de resolución.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo: (SEÑALAR LA INCORRECTA): Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. No presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos así como recibirlos.
Según La Ley 2/2010, de 11 de marzo, los ciudadanos tienen derecho a ser consultados periódica y regularmente sobre su grado de satisfacción con los servicios públicos y las actividades realizadas por la Administración autonómica mediante, entre otros instrumentos: (SEÑALAR LA INCORRECTA) Encuestas Paneles de usuarios Cartas de Servicios.
Según La Ley 2/2010, de 11 de marzo, los ciudadanos podrán conocer los motivos concretos del eventual retraso en la notificación de una resolución expresa: Verdadero Falso Verdadero, solo cuando se haya iniciado el procedimiento administrativo a instancia del interesado.
Según La Ley 2/2010, de 11 de marzo, los ciudadanos tienen derecho a formular quejas para (SEÑALAR LA INCORRECTA): Poner de manifiesto los retrasos Poner de manifiesto cualquier otra anomalía que observen en los órganos y unidades administrativas o en el funcionamiento de los servicios públicos Identificar el funcionario responsable del objeto de la queja.
Según la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la participación ciudadana se desarrollará a través de las audiencias, foros de consulta, paneles y demás instrumentos que se establezcan en la presente ley, en otras leyes sectoriales o en normas reglamentarias. El resultado de dichas acciones: No tendrá carácter vinculante para la Administración Autonómica Tendrá carácter vinculante para la Administración Autonómica Se tendrá en cuenta en la elaboración del plan normativo anual.
El derecho a acudir al Procurador del Común se regula: En el artículo 18 del Estatuto de Autonomía según la regulación dada por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León En el artículo 33 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo Ambas son correctas.
De acuerdo con la Constitución Española la Ley regulará, la audiencia de los ciudadanos, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten: Solamente de forma directa A través de las organizaciones y asociaciones inscritas en los registros correspondientes Directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley.
De acuerdo con la Constitución Española la Ley regulará, el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la: (SEÑALAR LA INCORRECTA) Seguridad y defensa del Estado La averiguación de los delitos El derecho a la propiedad de las personas.
El artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece los colectivos obligados al uso de medios electrónicos en sus relaciones con la Administración, y entre otros, los siguientes: Profesionales para los que se requiera colegiación obligatoria para los trámites relacionados con su actividad profesional, excepto notarios y registradores de la propiedad. Profesionales para los que se requiera colegiación obligatoria para los trámites relacionados con su actividad profesional, incluidos notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Profesionales para los que no se requiera colegiación obligatoria, salvo notarios y registradores de la propiedad.
¿El Registro Electrónico de Apoderamientos de cada Administración Pública ha de ser interoperable con el de las demás administraciones? Sí, en condiciones de reciprocidad. No es exigible esta condición al Registro Electrónico de Apoderamientos. Sí, ha de ser compatible informáticamente, estar interconectado con el del resto de Administraciones Públicas, y garantizar la transmisión telemática.
El Sistema de Interconexión de Registros (SIR): Es la plataforma a través de la cual la Administración de la Comunidad de Castilla y León realiza las interconexiones con los registros pertenecientes a otras administraciones públicas. Es el sistema a través del cual las unidades administrativas pueden intercambiar notas interiores electrónicas. No aplica a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
La organización actual de la atención al ciudadano autonómica se articula en torno a: Las oficinas de registro La página web. Las oficinas de asistencia en materia de registros, el Servicio 012, y la Sede Electrónica de la Comunidad de Castilla y León. .
La sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León tendrá como contenido, entre otros: La relación actualizada de los servicios y trámites administrativos electrónicos. Servicios de asesoramiento electrónico al usuario. Todas las respuestas son correctas.
La transmisión de documentos por telefax para su registro administrativo: Sólo puede efectuarse a los números declarados oficiales. Requieren en todo caso de perfeccionamiento posterior mediante la presentación de la documentación en cualquier oficina de asistencia. Se encuentra actualmente derogada la normativa autonómica en esta materia.
Cuando el interesado presente en papel una copia de un documento público administrativo o de un documento privado, para incorporarlo a un expediente administrativo, el proceso de digitalización realizado por la oficina de asistencia en materia de registros generará: Una copia auténtica. Una copia electrónica que tendrá el mismo valor que la copia presentada en papel. Ninguna respuesta, a) ni b), son correctas.
Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: En las representaciones diplomáticas u oficinas consultares de los países extranjeros en España. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. En las oficinas de asistencia en materia de archivos. .
La Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León está accesible a través de la siguiente url: www.sedeelectronica.jcyl.es www.registroelectronico.jcyl.es www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
La difusión de las oficinas en las que se presta a la ciudadanía asistencia en el uso de medios electrónicos: Se encontrará permanentemente actualizada en la sede electrónica de cada Administración. Incorporará un directorio geográfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio. Todas las respuestas son correctas.
El Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: Es una aplicación. Es el conjunto de órganos, unidades y aplicaciones que registran cuantos documentos se reciban o remitan en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. No integra la información de los apuntes registrales realizados en el Registro Electrónico General autonómico.
Ante cualquier incidencia técnica, temporal o permanente, en las plataformas o aplicaciones electrónicas que imposibiliten la prestación del servicio de asistencia electrónica por parte de la oficina autonómica en materia de registros: Se recogerá su petición y se atenderá en cuanto se recupere la plataforma o la aplicación electrónica. Será informada a la persona interesada y se le ofrecerá al interesado la posibilidad de realizar un registro administrativo de su solicitud, escrito o comunicación en tanto la incidencia resulte solventada. Se inadmitirá y se certificará al interesado las causas de la inadmisión.
El artículo 12 del Decreto 13/2021, de 20 de mayo, establece como funciones de las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, entre otros: Información administrativa general y, en su caso, particular. Recepción y registro de documentos a las personas no obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración. Todas las respuestas son correctas.
De conformidad con la ORDEN de 17 de mayo de 2002, de desarrollo del Decreto 193/2001, de 19 de julio, por el que se regula el Servicio Telefónico 012 de Información Administrativa y Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y se organiza dicho servicio, el Servicio 012: Prestará sus servicios en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes laborables Realizará sus funciones en horario de mañana de lunes a sábados, excepto festivos Desarrollará sus funciones durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
Por su contenido, el Decreto 13/2021, de 20 de mayo, clasifica la información administrativa en: General o particular. Notificación o comunicación. Información pública o privada.
La identificación o firma electrónica de la persona interesada en el procedimiento administrativo se podrá realizar (señalar la opción que NO procede): Previa identificación y consentimiento expreso de la persona interesada. Sólo para sujetos incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Por personal funcionario público habilitado.
La información administrativa particular: Incluye facilitar gratuitamente los modelos de solicitud para iniciar un procedimiento o para solicitar la prestación de un servicio Es la información administrativa concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación o finalizados en los que se cuente con la condición de interesado. Corresponde en exclusiva su suministro a las oficinas de asistencia en materia de registros.
Las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (señalar la que NO procede): Deben realizar el bastanteo de los poderes cuya inscripción se les solicita en el registro electrónico de apoderamientos. Han de suministrar el código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa al que el ciudadano desea dirigir la documentación presentada a registro, si éste lo desconoce. Deben expedir certificación acreditativa por motivo de discrepancia, recurso administrativo o litigio, respecto de solicitud, escrito o comunicación presentado a registro, cuando así sea requerida por la persona interesada.
El Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad de Castilla y León es plenamente interoperable (señalar la que NO proceda): Porque garantiza su compatibilidad informática e interconexión entre registros, órganos y unidades, inclusive con los sistemas de gestión de expedientes de las unidades de tramitación. Porque garantiza la transmisión telemática de asientos registrales y de la copia electrónica de los documentos que se presenten por la ciudadanía en cualquier registro. Inclusive con destino a otras Administraciones Públicas, a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR). Ambas respuestas, a) y b) son incorrectas.
La representación de un interesado en el procedimiento administrativo puede acreditarse
(señalar lo que NO proceda): Exclusivamente mediante certificado electrónico cualificado de representante. Entre otros, mediante apoderamiento apud acta efectuado en comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. Mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.
El Servicio Telefónico 012 realizará las siguientes funciones establecidas en el Decreto 193/2001, de 19 de julio, por el que se regula el Servicio Telefónico 012 de Información Administrativa y Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: Información administrativa general y, también, particular en la medida en que ello vaya siendo posible técnicamente, concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación o finalizados, y a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración Autonómica bajo cuya responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos. La realización de determinados trámites administrativos, cuando los avances técnicos de la Administración Autonómica lo permitan. Todas ellas son correctas. .
La información sobre los servicios encomendados a las oficinas autonómicas en materia de registros, sobre los derechos de los ciudadanos, los compromisos y estándares de calidad en su prestación, así como los indicadores que permitan el seguimiento de su cumplimiento, se recogen en: La relación de oficinas que prestan asistencia en el uso de medios electrónicos, que se ha de publicar y mantener actualizada en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Dirección Electrónica Habilitada Única. La Carta de Servicios de las oficinas autonómicas de asistencia en materia de registros. .
En el caso de los apoderamientos apud acta inscritos en comparecencia personal del interesado en la oficina de asistencia en materia de registros: Supondrán la realización de las copias auténticas, a través de la digitalización de los documentos aportados en soporte papel por la persona interesada. El funcionario interviniente no será, en ningún caso, responsable del contenido, autenticidad, validez o suficiencia de la documentación presentada por la persona interesada. Ambas respuestas, a) y b), son correctas.
Conforme al Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las autoridades y el personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León utilizarán los sistemas de firma electrónica que se determinen en cada caso, entre los siguientes (señalar la que NO corresponde): Firma basada en el Documento Nacional de Identidad electrónico. Firma basada en certificado de empleado público al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, expresamente emitido con esta finalidad. Sistemas de código seguro de verificación en el desarrollo de actuaciones administrativas no automatizadas. .
Las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: No suministran información alguna en materia de protección de datos, ya que tal responsabilidad sólo corresponde a los órganos administrativos competentes para la tramitación del correspondiente procedimiento. Deben requerir el consentimiento de la ciudadanía para proceder al tratamiento de sus datos personales. Suministrarán a la persona interesada la información sobre la protección de datos correspondiente al tratamiento de los datos personales que efectúen en el curso de la prestación de los servicios que les corresponden.
Los asientos registrales se han de remitir a los órganos, centros o unidades administrativas autonómicas a los que están destinados (señalar la que no corresponde): De forma inmediata. De forma electrónica si se encuentran integrados en el Sistema de Interconexión Registral (SIR) Urgentemente, en un plazo máximo de tres días, por el medio más idóneo según el destino y la naturaleza o contenido de la documentación registrada.
La obligatoriedad de relacionarse electrónicamente podrá extenderse a determinados colectivos de personas físicas (seleccione la que NO proceda): Según se establezca reglamentariamente. Cuando por su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otras materias, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Sólo para los que enumera el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se deberán registrar: Todos los documentos presentados o recibidos en las oficinas para su incorporación al expediente administrativo electrónico. Los documentos que tengan naturaleza publicitaria, comercial, informativa y análogos. Los documentos presentados por el ciudadano, aunque carezcan absolutamente de los requisitos mínimos legalmente establecidos.
De acuerdo con la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, el Sistema de Información al Ciudadano en la Administración de la Comunidad de Castilla y León será: Multicanal. Único, horizontal e interoperable. Todas las respuestas son correctas.
La exigencia de identificación de la ciudadanía que acude a una oficina de asistencia en materia de registros a solicitar la prestación de sus servicios: Es exigible en todo caso. No es exigible para el suministro de información administrativa general. Sólo ha de exigirse para registro administrativo de documentos para su incorporación al expediente administrativo electrónico.
El Decreto 7/2013, de 14 de febrero: Regula la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León exclusivamente destinada a sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración. Establece que la sede electrónica se ubicará en la web de la Administración General del Estado. Regula el Registro Electrónico, integrado en el Sistema de Registro Único, bajo la responsabilidad de la Consejería competente en materia de Administración Electrónica.
Las oficinas de asistencia en materia de registros, serán competentes para la expedición de copias auténticas: De documentos públicos administrativos, que sean originales o copias auténticas de originales, aunque no se presenten a registro. De documentos públicos administrativos o de documentos privados, que sean originales o copias auténticas de originales, que sean presentados a registro para su incorporación a un expediente administrativo. De documentos privados siempre que sean originales.
La inscripción de cualquier apoderamiento efectuada en comparecencia personal del poderdante o apoderado en una oficina de asistencia en materia de registros, debe contener, entre otros (señalar la que NO proceda): La identificación del poderdante y apoderado. El tipo de poder a inscribir. El período de vigencia del apoderamiento, que no podrá exceder de 10 años.
En cuanto a la sede electrónica (señalar la que NO proceda): Indicará la fecha y hora oficiales y el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos. Contendrá un PAGe. Incluirá un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de asistencia, que permita al interesado identificar la más próxima.
En cuanto a la lengua en que se encuentran redactados los documentos presentados a registro en una oficina de asistencia autonómica: Sólo se admite el castellano. Se admite cualquier lengua nacional o internacional, delegando la responsabilidad de su traducción en el órgano competente para su tramitación por razón de la materia. Se han de presentar en castellano, pero se admitirá otra lengua cooficial en España si la documentación a registrar se dirige a una administración pública con sede en el territorio de una comunidad autónoma con lengua cooficial y se acompaña de traducción al castellano.
Las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León efectuarán la inscripción de los siguientes tipos de poderes: Los de carácter general para todas las administraciones públicas y para todos sus trámites y actuaciones. Los otorgados para una determinada administración, cualquiera de ellas a nivel nacional. Los otorgados para alguno o algunos de los procedimientos, trámites y actuaciones de una determinada Administración, cualquiera de ellas a nivel nacional.
Respecto al Registro de Funcionarios Habilitados a que se refiere el artículo 12.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: En él deben constar todos los empleados públicos de cada Administración. Sólo deben constar los empleados con la condición de funcionarios públicos que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registro. Todas las respuestas son incorrectas.
El Decreto 193/2001, de 19 de julio, por el que se regula el Servicio Telefónico 012 de Información Administrativa y Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: Regula el Servicio 012 como servicio telefónico único. Señala que es compatible con la información prestada por todos los órganos y unidades administrativas autonómicas. Todas las respuestas son correctas.
En cuanto al apoderamiento “apud acta”, referido en el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre: Deberá poderse realizar presencialmente, mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros, o mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica. Permitirá comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas, interoperando con otros registros similares, pero también mercantiles, de la propiedad y de los protocolos notariales. Todas las respuestas son correctas.
Las oficinas autonómicas de asistencia en materia de registros prestarán asistencia para la presentación de solicitudes, escritos o comunicaciones a través la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: A cualquier ciudadano que lo solicite Sólo a sujetos no obligados al uso de medios electrónicos en sus relaciones con la Administración y respecto de procedimientos de competencia autonómica específicamente habilitados. Respecto de los procedimientos de cualquier Administración a nivel nacional.
De conformidad con el artículo 37 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, los registros electrónicos de las Administraciones Públicas: Recibirán y remitirán documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen. Admitirán cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigida a cualquier administración Pública Ambas respuestas, a) y b), son correctas.
Las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León son: Los Puntos, las Oficinas Generales y Oficinas Departamentales. Otros órganos y unidades que pueden prestar servicios de asistencia en materia de registros. Todas las respuestas son correctas.
Las notificaciones al interesado se deberán practicar preferentemente de forma electrónica, pero La notificación electrónica es obligatoria siempre que el interesado sea sujeto obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración La notificación se podrá practicar por medios no electrónicos cuando el interesado o su representante lo soliciten en comparecencia espontánea en las oficinas de asistencia en materia de registros o resulte necesaria la entrega directa por empleado público para asegurar la eficacia de la actuación administrativa Todas las respuestas son correctas.
La realización de la identificación y firma de una solicitud electrónica por parte de un funcionario de una oficina de asistencia en materia de registros en sustitución del interesado: Requiere de la acreditación previa de la identidad del interesado. Ha de constar el consentimiento expreso del interesado. Todas las respuestas son correctas.
Cuando el tamaño de los documentos registrados exceda de la capacidad que se determine para el Sistema de Interconexión de Registros (señalar la que NO proceda): No se admitirán a registro. Se remitirán de conformidad con las instrucciones de la Guía Funcional SIR para todas las oficinas de asistencia a nivel nacional. Se podrá sustituir por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros.
De conformidad con el artículo 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados: Sin excepción alguna, en beneficio de la seguridad jurídica de los procedimientos en los que constan como interesados. Con las únicas excepciones de que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptible de digitalización. No resulta necesario digitalizar si el interesado, o su representante, entrega un soporte digital. .
De conformidad con el artículo 16.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las oficinas de asistencia en materia de registros emitirán el correspondiente recibo: Que acredite la fecha y hora de presentación a registro. Que acredite los documentos aportados a registro y su respectiva naturaleza jurídica. En el caso de que sea así solicitado por las personas interesadas.
Las oficinas de asistencia en materia de registros podrán realizar las siguientes actuaciones en el Registro Electrónico de Apoderamientos: Si quien comparece personalmente en la oficina es el interesado o poderdante: el apoderamiento, la consulta, la renuncia, y la prórroga del poder. Si quien comparece personalmente es el representante o apoderado: el apoderamiento, la aceptación, la consulta y la revocación. Ninguna de las repuestas, ni a) ni b), es correcta.
Respecto de las copias auténticas de documentos privados realizadas por las Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Surten únicamente efectos administrativos, pero tendrán validez en todas las Administraciones. Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos privados si bien, al menos, constarán las oficinas de asistencia en materia de registros. Todas las respuestas son correctas.
Las oficinas autonómicas de asistencia en materia de registro realizan: La identificación o firma electrónica del interesado, cuando se trate de persona obligada a la relación electrónica con la Administración, en los procedimientos en los que se haya previsto habilitación. Sólo efectúan la información en materia de identificación y firma electrónica para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a través de medios electrónicos en los trámites y procedimientos para los que se haya conferido la habilitación. Ninguna de las respuestas, a) y b), son correctas.
Respecto de las copias auténticas de documentos públicos administrativos realizadas por una Administración Pública: Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. Los interesados, en cualquier momento, pueden dirigir su solicitud al órgano que emitió el documento original, el cual deberá expedir copia auténtica en el plazo de 15 días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u organismo competente. Todas las respuestas son correctas.
Se encuentran obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. a) y b) son correctas. .
El personal funcionario que presta sus servicios en las oficinas autonómicas de asistencia en materia de registros, se encuentra habilitado: Para la identificación y firma electrónica de las personas interesadas en los trámites y procedimientos que se determinen. Para la expedición de copias electrónicas auténticas de cualquier documento que se presente a registro por los interesados. Ambas respuestas, a) y b) son correctas. .
Los empleados públicos, de conformidad con el artículo 14.2, en su letra e), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Son sujetos obligados a relacionarse electrónicamente, en cualquier caso No están obligados a relacionarse electrónicamente para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas por razón de su condición de empleado público Estarán obligados a relacionarse electrónicamente en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
Las Administraciones Públicas deberán garantizar que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos: A través de los canales de acceso que sean necesarios, de conformidad con el artículo 12.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según determine cada Administración Pública. Las oficinas de asistencia en materia de registros constituyen el único medio. Exclusivamente a través del registro electrónico de cada Administración.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, regula el derecho de los ciudadanos: De acceder sin barreras físicas o arquitectónicas a cualquier edificio de la Administración autonómica. A ser atendidos de forma respetuosa, confidencial y adaptada a sus circunstancias físicas, psíquicas, sensoriales, sociales y culturales, garantizándose la igualdad en la atención, sin discriminaciones. a) y b) son correctos.
El horario de asistencia a la ciudadanía de las Oficinas Generales: Los hábiles de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 horas, y de lunes a jueves de 16,30 a 18,30 horas; los días 24 y 31 de diciembre que no caigan en domingo, de 9 a 14 horas. Durante los meses de julio y agosto, los días hábiles, de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 horas Es igual que el de los Puntos. Es igual que el de las Oficinas Departamentales.
De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, son posibles canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos (señale la incorrecta): Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen Redes sociales. Ambas a) y b) son incorrectas.
Según el artículo 7.4 del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ¿a quién corresponde la titularidad de la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León? A la Administración de la Comunidad de Castilla y León. A la Presidencia de la Junta de Castilla y León. A la Consejería Competente para la dirección y ejecución de las actuaciones en materia de administración electrónica.
Los puntos de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (señalar la que NO proceda): Se justifican por razones de servicio público y eficacia administrativa. Se adscriben orgánicamente a la correspondiente delegación territorial a través de su oficina general. Se ubican en localidades distintas a la capital de la provincia, entre otras Medina de Rioseco, Ágreda y San Andrés del Rabanedo.
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