TEMARIO CONTRATOS

La teoría del aliud pro alio: No se aplica en España. Se aplica en España, pero restrictivamente. Es un remedio legal contra los plazos muy cortos en las acciones por vicios ocultos. «B» y «C» son correctas.

Ante el riesgo de que venciera su acción, el letrado de IhrSchaft, S.L. envió un burofax a la sociedad Rumper, S.A., reclamándole una cantidad de dinero en nombre de su representada. Le servirá de poco, porque en el derecho mercantil solo se interrumpe la prescripción en vía judicial. No era necesario, puesto que las deudas dinerarias en el ámbito mercantil no prescriben. Se interrumpirá la prescripción puesto que, si bien el Código de comercio no lo contempla, la jurisprudencia admite este medio para enervar la prescripción. Interrumpirá la prescripción, porque en este ámbito, rige el Código Civil.

Si los contratantes pactan que un contrato perderá sus efectos si no se paga una cantidad aplazada en un plazo determinado, nos encontraremos ante: Una condición suspensiva. Una condición resolutoria. Una condición potestativa. Una condición impropia.

Si se pacta que A deberá transmitir a B un determinado bien inmueble en el momento en que fallezca cierta persona, nos encontraremos ante: Una obligación sometida a plazo cierto. Una obligación sometida a un plazo incierto. Una obligación sometida a condición suspensiva. Una obligación sometida a condición mixta.

El principio general del favor negotii o favor contractus, recogido en el art. 1284 CC, implica que: Deberán interpretarse los contratos conforme a la voluntad de la parte que los haya redactado. Deberán interpretarse los contratos a favor de la parte más débil. Deberá hacerse lo posible para evitar la nulidad de los contratos y salvaguardar su vigencia. Deberá favorecerse la interpretación teleológica de los contratos.

Gabriel le debe a Mario una cantidad, pero se declara insolvente. Mario se entera de que hace apenas un mes, Gabriel donó a su hija Julia unas acciones de su propiedad del Banco de Comercio. Mario puede instar la nulidad radical de esa donación. Mario puede instar la rescisión de la donación. Mario puede anular el contrato, por dolo. Mario no puede hacer nada.

Tras celebrar un contrato válido, una de las partes incumple sus obligaciones. ¿Qué podrá hacer la parte que sí ha cumplido con sus obligaciones?. Instar la nulidad radical del contrato. Instar la resolución del contrato. Desistir del cumplimiento de sus obligaciones. Instar la anulación parcial del contrato.

Marina quiere vender su vehículo a Jorge a cambio de 3.000 euros. Señale la respuesta correcta: Es obligatorio que realicen un contrato de compraventa en escritura pública y lo inscriban en el Registro de la Propiedad, como requisito de validez. Deberán formalizar la compraventa en escritura pública, como requisito de validez, pero no se precisa su inscripción en el Registro de la Propiedad. La compraventa del vehículo deberá realizarse necesariamente en documento privado, como requisito de validez. La compraventa podrá ser eficaz, cualquiera que sea la forma en que se celebre, si media el consentimiento de ambas partes y concurren los demás requisitos necesarios para su validez.

Paco es fiador de Alejandro, en la deuda que este mantiene con Paula. Paula muere, y en el testamento nombra a Paco heredero universal. La deuda se extingue por confusión. La deuda no se extingue, continúa viva, aunque ahora el acreedor es Paco. Si el heredero hubiera sido Alejandro, se habría extinguido la deuda, pero persistiría la fianza. Las deudas no se extinguen nunca por confusión, si esta procede de un acto mortis causa.

Carmen prestó a Emilio una cantidad, quien garantizó la devolución pignorando unas acciones, negocio que se hizo, en consecuencia, en escritura pública. Ahora, quieren sustituir a Emilio en la deuda, y que sea deudora Lucía. Es preciso acudir de nuevo a la escritura pública. No es necesario, porque es una novación modificativa. Al haber una garantia real, no es posible novar. Aunque se exige por ley, la jurisprudencia establece que no será necesario si no afecta a terceros de buena fe.

A y B pactan un contrato de compraventa. Posteriormente a la entrega de la cosa, pero antes de que B pague el precio, acuerdan que, en vez de entregar el precio pactado, B lleve a cabo unos trabajos de reforma en casa de A. La compraventa ha desaparecido porque el precio ya no es en dinero, y se ha transformado en un contrato de obra. Permanece la compraventa, aunque se ha producido una novación, ya que la cosa se había entregado antes. Ambas son correctas. Ambas son incorrectas.

Yendo a entregar la cosa a Juan, Natalia sufrió un robo, cuyo objeto fue, precisamente, la cosa. Si Juan, el comprador, quiere reivindicarla, deberá proceder contra: Contra Natalia, sin perjuicio de que esta proceda contra el ladrón. Contra el ladrón. Y si ya no la tuviera en su poder, contra el que la poseyera. Contra los dos, por economía procesal. Contra ninguno, ya que la cosa no es de su propiedad, por lo que no puede reivindicarla.

A recibe por venta la cosa de la que B era propietario por herencia, pero antes de entregar el precio, se entera de que el causante de B tenía un hijo, que resultó preterido en su testamento. Puede retener el precio, hasta que cese el riesgo. Tiene que entregarlo, y reclamar el saneamiento por evicción, en su caso. Es el típico supuesto de vicios ocultos, por lo que A solo puede reclamar en consecuencia. El contrato es nulo por falta de consentimiento (el vendedor no es el propietario, o, al menos, no está claro que lo sea).

¿Qué naturaleza jurídica tiene el pacto de retroventa?. Condición suspensiva. Es una condición potestativa. Es una condición resolutoria. No es una condición, porque depende de la voluntad de las partes.

El plazo máximo para ejercitar el retracto a falta de pacto entre las partes es de: Cuatro años desde la celebración del contrato. Diez años desde que se puede ejercitar. Diez años desde la celebración. Cinco años desde que se puede ejercitar.

La venta a plazos regulada en la Ley 28/1998: Se aplicará a la venta de bienes inmuebles a cambio de un precio a pagar en un plazo superior a seis meses. Deberá estar necesariamente acompañada de un contrato de concesión de crédito o financiación. Deberá constar por escrito en tantos ejemplares como partes intervengan. Reconoce al comprador la facultad de desistir del contrato en el plazo de siete días hábiles desde la entrega.

El plazo de desistimiento en las ventas a distancia: Es de 7 días naturales tras la compra. Es lo que se pacte, pero como mínimo 7 días tras la compra. Es de 14 días naturales tras la compra. Siempre será de doce meses tras la compra.

Se pactó que el vendedor cumple poniendo las mercancías a disposición del comprador en sus propias instalaciones, porque se usó el Incoterm: EXW. CIP. FOB. DAT.

Por una serie de circunstancias, A entregó a B en el lugar y tiempo señalados, una cosa distinta de la pactada. ¿Qué puede hacer B?. Retener la cosa entregada hasta que le sea entregada la debida. Rehusar la entrega, por disconformidad. Anular el contrato por error en el objeto. En el ámbito internacional, nada, porque así lo contempla la Convención: no se extiende a las cuestiones de traslado de dominio.

El consumidor y usuario tendrá derecho a oponerse a recibir ofertas comerciales no deseadas, por teléfono, fax u otros medios de comunicación equivalente. No, aunque tras la primera comunicación, puede solicitar el ingreso en listados especiales para evitar las posteriores. No, salvo por aplicación de la legislación sobre protección de datos. Así es y, además, en el marco de una relación preexistente, el consumidor y usuario tendrá derecho a oponerse a recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente. Son correctas la «A» y la «В».

La donación es un contrato: Consensual. Real. No es un contrato. Depende del animus.

A le dice a B por teléfono que le dona un coche, y este le responde que acepta en esa misma conversación, pero B muere en accidente cuando iba a recoger el vehículo. La donación no produce efectos. La donación no se consumó. Se consumo, pero no se perfeccionó. El coche pasa, como legado, al donatario frustrado.

La escritura pública de compraventa, en las donaciones encubiertas de bienes inmuebles, cumple el trámite de la forma ad solemnitatem: Puede ser, excepcionalmente, en casos de donación con cargo a la herencia. Ya no, por consolidación de una doctrina jurisprudencial que exige animus donandi expreso. Sí, porque acredita la intención de transmitir y aceptar la donación. A y B son correctas.

A, cliente del despacho, nos pregunta si puede disponer de sus bienes o está obligado a reservarlos por cuestión de las legítimas. No. Pero si los dona, deberá tomar en cuenta que se tratará de una donación colacionable en sentido amplio, conforme al art. 818 párr. 2.°. No. Pero si los dona a sus legitimarios, deberá tener en cuenta que se tratará, además de lo que se dice en la letra A, de una donación colacionable en sentido, estricto conforme al art. 1035 CC. Puede disponer, pero reservando la parte de las legítimas. A y B son verdaderas.

Reducida una donación por inoficiosa, A nos pregunta si la reducción se extiende a los intereses. No, porque los frutos pertenecen al donatario. Obviamente, acrecen el haber hereditario. Solo en la parte proporcional a la de los legitimarios no donatarios. En caso de donación remuneratoria, sí (art. 655.4 CC).

¿Cuál es el plazo de prescripción de la acción de revocación por ingratitud?. Quince años (es una acción personal). Tres para muebles y treinta para inmuebles, a contar desde que el donante tenga conocimiento del hecho. Cuatro años, tras la reforma del art. 1.964 CC. Un año desde que el donante pudo ejercitarla.

El derecho a renunciar a la reducción por inoficiosa de una donación es irrenunciable. Es renunciable a discreción del donante. En todo caso mientras viva el donante. Se entiende renunciado si los legitimados para ejercitar la acción aceptan la donación de manera tácita. Se entiende renunciado si los legitimados para ejercitar la acción aceptan la donación expresamente.

A, donante, interpone demanda contra B, donatario, para revocar la donación por ingratitud. Una vez presentada la demanda, A fallece. Los legitimarios de A, y solo los legitimarios, pueden sucederle en la acción entablada. Pueden continuar en la demanda todos los herederos. No existe sucesión procesal en este caso, por lo que procede el archivo. Todas son falsas, como puede comprobarse en las Ideas clave.

A donó a B un bien, y le impuso una condición que dependía exclusivamente de él (de A). Posteriormente, inició acciones contra B para revocarla. La donación es evidentemente nula, por falta de animus donandi. La condición se tiene por no puesta, por lo que debe entenderse que la donación fue simple, y no sometida a condición. Ambas respuestas tiene razón, en parte. Todas las respuestas podrían, según el caso, ser ciertas.

A, donante, pretende revocar una donación porque, después de otorgada la escritura a B, las pruebas de paternidad han demostrado que un tal C, nacido antes del otorgamiento, es su hijo (de A). Es, en efecto, una de las causas de revocación. No es causa de revocación, ya que C, ni es póstumo, ni nació con posterioridad. En todo caso, si procede, le quedará la acción de reducción por inoficiosa, llagado el momento. No es causa de revocación expresa, pero cabría una acción por analogia, ya que, en realidad, entre los supuestos contemplados por el Código, hay identidad de razón. «B» y «C» son correctas.

La ley de arrendamientos urbanos vigente es del año 1994. Correcto. Es la única ley vigente, ya que puso fin a todas las situaciones anteriores. Es de ese año, pero hay arrendamientos vigentes, bajo legislaciones anteriores. Están vigentes, exclusivamente, la LAU del 1994 y el «Decreto Boyer» de 1985, según ha sentado la jurisprudencia del TS. B y C son correctas.

El arrendamiento de plazas de garaje ubicadas en edificios de viviendas. Solo se regirá por la LAU si dicha plaza de garaje se alquila como accesoria de una vivienda principal. Les será de aplicación la LAU en todo caso al hallarse integradas en un edificio de viviendas. Se regula como contrato atípico, por la voluntad de las partes. No cabe dicho arrendamiento.

Un arrendamiento de local de negocio se rige: De forma imperativa, por lo dispuesto en los títulos I y IV de la LAU. Exclusivamente por la voluntad de las partes. Las dos respuestas son correctas. Por el Código Civil y nada más.

El plazo del arrendamiento se prorroga obligatoriamente hasta cinco años, en el arrendamiento para uso de vivienda por persona física. Si se hace constar expresamente en el contrato. Solo en los contratos anteriores al llamado Decreto Boyer. En todo caso. Solo si se pactó por plazo inferior a esos cinco años.

Para hacer valer la excepción a la prórroga del contrato de arrendamiento alegando necesidad de la vivienda, tiene que haber transcurrido: Cuatro años desde su vigencia. Tres años desde su vigencia. Un año desde su vigencia, cuando el arrendatario sea persona fisica. La mitad del tiempo pactado.

La LOE: Derogó tácitamente la normativa sobre el arrendamiento de obras del Código Civil. Convive con aquella, en función de sus ámbitos respectivos. La LOE es subsidiaria respecto del Código Civil. Es una ley mercantil, por lo que esta cuestión no se plantea, en realidad.

La responsabilidad civil de los agentes de la edificación: Es individual, en todo caso. Es solidaria, siempre. Es individual, pero si no es posible individualizarla, se aplicará la solidaridad. Depende siempre de si se ha excluido o no del contrato.

La responsabilidad por daños que afectan a la estructura de la edificación tiene un plazo de: Diez años de garantía. Diez años de caducidad. Diez años de prescripción. Todas son correctas, porque prescripción y caducidad son sinónimos.

Tras el peritaje de la compañía de seguros, se constata que, en la obra ruinosa, se ha empleado material de calidad inferior a la pactada. Prescrita la acción de la LOE, ¿queda alguna posibilidad procesal?. Ninguna. Puede haberlas fuera de la LOE. Sí, pero solo frente al promotor. Exclusivamente, demandar a la aseguradora.

¿Cuándo hay que acreditar y testimoniar las garantías por daños materiales previstas en la LOE?. Para comenzar los trabajos. Para perfeccionar el contrato. Al otorgar e inscribir la obra nueva. Ninguna de las anteriores es correcta.

Las aseguradoras tienen que ser sociedades mercantiles, y dedicarse en exclusiva a este objeto social. Así es. Solo si se dedican al ramo de vida. Hay ciertas excepciones, que se especifican en la Ley 50/80. Tienen que adoptar obligatoriamente la forma de mutualidad.

El contrato de seguro tiene como características: Es un contrato unilateral. Es un contrato oneroso y de tracto sucesivo. Es un contrato oneroso, pero no es sinalagmático. Todas las anteriores son incorrectas.

¿A qué idea responde el concepto de «interés asegurado»?. Al valor del bien que se asegura. Al valor que le dé el asegurado a la cosa. Ambas respuestas responden la pregunta. Ninguna es cierta.

Para calcular la indemnización en un seguro de cosas, se toma en cuenta: El valor inicial y el residual. El valor inicial y el valor final. El valor final y el residual. El valor inicial y el tiempo durante el cual se ha pagado la prima.

El tomador del seguro puede quedar exonerado de su obligación de declarar al asegurador las circunstancias que conozca del asegurado en los siguientes casos: El tomador del seguro no puede quedar exonerado en ningún caso, pues sobre él recae la obligación de realizar el cuestionario al asegurado y ponerlo de manifiesto ante el asegurador. El tomador del seguro no tiene obligaciones en este ámbito. El tomador del seguro puede quedar exonerado de dicha obligación si el asegurador no le somete a cuestionario. El tomador quedará exonerado cuando las circunstancias de las que conozca influyan en el resultado.

La posibilidad de que el evento dañoso se produzca, denominado riesgo, implica: Que el contrato surte alguno de los efectos que le son propios. No en todos los contratos de seguro debe existir el riesgo, como por ejemplo en los seguros para automóviles, en los cuales se contrata un seguro, pero no se ha generado un riesgo en ese momento. El riesgo no queda cubierto por todos los contratos. El riesgo se compone de una serie de cláusulas limitativas, y fuera de ellas el seguro no cubre en ningún caso.

La póliza puede ser: Nominativa. Al portador. Nominativa, al portador y a la orden. Básica.

¿Qué función tiene el documento de cobertura provisional?. Es un documento de formalización del contrato. Es un documento que se contrata durante un periodo de tiempo para probar el seguro. Es un documento que se contrata junto con la póliza y ofrece información adicional. No es un documento esencial del contrato de seguro.

Las obligaciones de las partes son las siguientes: El asegurado tiene la obligación de entregar la póliza al tomador del seguro. El asegurador tiene que pagar la indemnización para el supuesto de que surja el siniestro. El tomador no debe pagar la póliza del seguro. El asegurador tiene la obligación de declarar las circunstancias que conozca en relación con el riesgo para su correcta valoración.

El asegurador incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios se ajusta según: Lo establecido en el art. 20 LCS. Lo establecido en el art. 5 LCS. Lo establecido en el art. 3 LCS. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el Código civil, el contrato de depósito se constituye: Desde que ambas partes consienten en llevar a cabo el contrato. Desde la firma del correspondiente resguardo, que es constitutivo. Desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla. Desde que el depositario examina la cosa y la encuentra conforme.

La condición de contrato gratuito del depósito en el derecho común, ¿es esencial?. Es ius cogens. Es derecho dispositivo. La jurisprudencia se muestra dividida al respecto. Es que el depósito gratuito no existe en el derecho común.

El almacenista A recibe en depósito unos bienes de B. Tres meses después, el empresario C le reclama la entrega, aduciendo que B era propietario a non domino, y que él es el verdadero dueño. Si así se demuestra, deberá entregarlos. El almacenista responderá de los perjuicios, por no haberle pedido al depositario el acreditamiento de su propiedad. Se trata de un evidente caso de receptación, y habrá que reclamar en la vía penal. Todas las respuestas son verdaderas.

A deposita en el almacén de B unas cocinas de camping, de las que comercializa habitualmente. Inadvertidamente, una de ellas contiene todavía la bombona de gas, porque era la que estaba en exposición. Un día estalla, causando diversos daños. Se trata de un caso de fuerza mayor. Se trata de un caso fortuito. Debe responder el depositario, porque no se cercioró del riesgo. Debe responder el depositante.

¿Sobre qué tipo de bienes puede recaer el secuestro?. Tanto sobre bienes muebles como inmuebles. Sobre inmuebles, únicamente. Sobre muebles, únicamente. Depende de si es en la jurisdicción civil o mercantil.

A depositó una cosa en un local de B, amiga suya. No se trataba de una relación mercantil, y no se habló de precio alguno. Desafortunadamente, por razones que no vienen al caso, la cosa provocó ciertos daños en el inmueble. ¿Puede B ejercer derecho de retención, si A no la indemniza?. No, porque era gratuito. No, porque es una obligación de Derecho común. Sí, porque aun siendo gratuito, deben abonarse los gastos devengados. Sí, pero no por depósito, sino po por el art. 1101 y ss. CC.

¿Qué caracteriza al depósito separado?. Su carácter mercantil y que las cosas depositadas están individualizadas de las demás que pueda haber en el almacén. Lo mismo que en la respuesta anterior, pero es un contrato de derecho común. Que no es propiamente un depósito, sino una especie del mandato mercantil. Es un depósito, pero solo se da en el ámbito internacional.

El warrant se utiliza frecuentemente para: Transmitir la propiedad de los bienes depositados en un almacén general. Constituir prenda, sin transmitir, lógicamente, la propiedad. Asegurar las mercancías para el caso de siniestro. Es un simple resguardo de depósito, que debe mostrarse para recuperar la posesión.

Para el almacenamiento de cosas fungibles se empleará: Un depósito separado. Un depósito civil, en todo caso. Las dos anteriores son correctas, y compatibles. Un depósito colectivo.

Para que exista un depósito mercantil, es necesario: Que ambas partes sean empresarios. Que se trate de operaciones de comercio y constituyan por si solas una operación mercantil. Que el depositario sea empresario. Que lo sea el depositante.

Un contrato por el que una persona natural o jurídica se obliga frente a otra de manera continuada o estable, a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones, se regula por: Se aplica el art. 1717 CC. Se aplica el art. 246 Ccm. Se aplica el art. 247 Ccm. Se aplica la Ley del contrato de agencia.

El mandatario responde frente al mandante: Por los actos culposos y por los actos dolosos. Solo por los dolosos. Por los culposos. Por los dolosos y culposos, incluido el caso fortuito.

Del exceso del mandatario: Responde el mandante si lo ratifica expresamente. Responde solo el mandatario. Responde el cliente (culpa in vigilando). Responde el mandante si lo ratifica expresa o tácitamente.

El defecto del mandato: Es insubsanable. Se puede subsanar por la ratificación posterior. Se puede subsanar por la ratificación, siempre que sea anterior. Carece de importancia, siempre que esté formalizado.

A, SA, apodera a B, pero le da instrucciones de que no contrate con C, SLP. B incumple esta instrucción. C debía de haberse enterado de esta circunstancia antes de contratar. El contrato compromete a A, aunque este puede reclamarle a B. El contrato es nulo por falta de consentimiento. El contrato es anulable, aunque puede subsanarse por ratificación de A.

A revoca el mandato representativo de B, y nos pregunta si puede anular, consiguientemente, los contratos celebrados en su nombre por B. Sí puede, con tal de que no se hayan formalizado por escrito. Tiene que asumirlos en toda su extensión, aunque el tercero supiera al contratar que el mandato había sido revocado. Sí puede, con tal de que se hayan formalizado ante notario. Ninguna de las respuestas es cierta.

La cláusula de indemnización por pérdida de clientela en el contrato de agencia: Es ius cogens. Es de esencia en el contrato. Debe pactarse por escrito. Debe pactarse.

Los gastos de la comisión los soporta: El comitente. Por mitad. El comisionista, salvo que emanen de un negocio elevado a escritura pública. Basta con que se formalice por contrato privado.

En caso de pluralidad de mandatarios, si nada se dice: Se entiende que son solidarios. No es posible esta situación. Se establece la mancomunidad simple. Ninguna es correcta.

¿Qué Administración queda encargada de la gestión de los registros de franquicias?. No hay obligación de inscribirse en ningún registro de franquiciadores. La autonómica. La Administración local. Dependen de organismos comunitarios.

El depósito bancario a la vista se diferencia del pactado a plazo fijo: En que en el depósito a la vista el depositante podrá retirar el dinero cuando así lo desee. En que en el depósito a plazo fijo el depositante solo podrá retirar el dinero, en principio, cuando haya transcurrido un determinado plazo de tiempo desde que el depósito se efectuó. Las dos anteriores son verdaderas. Las dos anteriores son falsas.

¿Cuál de las siguientes operaciones bancarias supone una operación activa?. La domiciliación bancaria de un recibo. La concesión de un préstamo. Realizar un depósito a plazo fijo. La apertura de una caja de seguridad.

La prenda de depósitos a plazo fijo implica: El cliente, cada vez que ingresa dinero en su cuenta, obtiene una serie de rendimientos fijos (habitualmente un 2%). El cliente, cada vez que obtiene dinero de la entidad, garantiza su devolución con sus nóminas. El cliente, cada vez que obtiene dinero de la entidad o de un tercero, garantiza su devolución con sus nóminas. El cliente, cada vez que obtiene dinero de la entidad, garantiza la devolución con el saldo del depósito.

María ha solicitado un préstamo mercantil en el que se fija un plazo determinado para que este se restituya. En este caso: Si el prestamista exige la restitución anticipada, María estará obligada a ello. El prestatario goza del beneficio del plazo, pero si el prestamista le pide la devolución anticipadamente, debe responder. El prestamista no puede exigir anticipadamente la devolución. Todas las anteriores son incorrectas.

El contrato de confirming se conoce como simple cuando: El cargo es el día siguiente del vencimiento de las facturas. El cargo el mismo día del vencimiento de las facturas. El cargo es una semana antes del vencimiento de las facturas. El cargo es quince días después del vencimiento de las facturas.

Pedro quiere retirar la cosa depositada sin pagar el precio estipulado ni los gastos de mantenimiento. El depositario tiene derecho a no devolverla mientras no le pague ambos conceptos, y puede dejar de hacer el mantenimiento. El depositario tiene que devolver la cosa cuando se lo pida el depositante, pero podrá reclamar todas las cantidades e indemnización de daños y perjuicios. El depositario puede retener la cosa hasta que le pague el precio y los gastos, pero debe seguir manteniéndola. Ninguna de las respuestas es correcta.

Los contratos de garantía: Tienen como característica esencial que son contratos unilaterales. Tienen como característica esencial que son contratos subsidiarios, pero en ningún caso accesorios. Únicamente son exigibles en caso de que no se cumpla la prestación del contrato principal. Tienen como características que son accesorios y subordinados.

En la relación existente entre el fiador y el acreedor en un contrato de fianza: El fiador puede oponer al acreedor todas las excepciones que competan al deudor principal y sean inherentes a la deuda. El acreedor no podrá citar al fiador cuando demande al deudor principal. El fiador puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de todos los bienes del deudor. El beneficio de división no tiene como presupuesto la existencia de varios fiadores con relación a una misma deuda, siempre que no se haya pactado entre ellos la solidaridad.

El contrato de prenda: Se realiza sobre bienes inmuebles, en todo caso, quedando perfeccionado al entregar la cosa. Se realiza sobre bienes inmuebles en ocasiones, quedando perfeccionado al entregar la cosa. Se realiza sobre bienes muebles, quedando perfeccionado al entregar la cosa. Ninguna de las anteriores es correcta.

Para que la hipoteca quede válidamente constituida: Deberá constar en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. Bastará con que se formalice mediante escritura pública. Bastará con que se inscriba en el Registro de la Propiedad, aunque se otorgue mediante documento privado. En Derecho español rige el principio de libertad formal, por lo que no se exige que la hipoteca se constituya bajo ninguna forma determinada para que quede válidamente constituida.

El contrato de compraventa: Tributa, según el objeto de la compraventa y su situación, por el IIVTNU. Consiste en el intercambio de uno o varios bienes por un precio. Ha de declararse por el transmitente en su IRPF, si es persona física. Todas las anteriores son correctas.

Una compraventa realizada por una persona jurídica en favor de otro sujeto: Ha de declararse dentro de los 25 días siguientes a los seis meses posteriores al cierre del ejercicio. No tributa porque es un bien empresarial afecto. Solo tributa si el comprador es empresario o profesional. Ninguna de las anteriores es correcta.

Una compraventa de un inmueble urbano: Tributa por AJD. Tributa por TPO si el transmitente es un profesional. Se declara en el IRPF del transmitente persona física como rendimiento del capital inmobiliario. No tributa por IIVTNU.

EI ITPAJD: Grava en todo caso las compraventas, los arrendamientos, las donaciones y los préstamos. Su modalidad de AJD es incompatible con el IVA. Su modalidad del TPO es incompatible con el IVA. Siempre es incompatible con el IVA.

El arrendamiento de un local: Lleva IVA. Normalmente está sujeto a retención del 19%. Tributa por IIVTNU. Las respuestas A y B son correctas.

El arrendatario: Es quien presta el servicio. Es el propietario del bien. Es el prestatario. Ninguna de las anteriores es correcta.

El arrendamiento: Puede ser financiero u operativo. Incluye opción de compra, por lo que es una compraventa. Tiene una reducción del 40% en el IRPF del arrendador. No se declara por debajo de los 900 euros anuales.

La base imponible de las donaciones de inmuebles: Es el valor neto contable. Es el valor de transmisión. Es el valor de referencia. Es el valor de mercado.

El préstamo: Si es simple, solo puede recaer sobre dinero o bienes no fungibles. Si es comodato, recae sobre bienes no fungibles. Si es simple, es retribuido. Si es comodato, recae sobre bienes no fungibles.

El préstamo de dinero entre particulares: No tributa. Se presume gratuito. Se presume remunerado. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

La competencia para conocer en primera instancia de las demandas relativas a la propiedad intelectual recae sobre: Los Juzgados de Primera Instancia. Los Tribunales de Instancia Sección de lo Mercantil. La Audiencia Nacional. Todas las respuestas son falsas.

Luisa tiene que presentar en nombre de su cliente una demanda por infracción de propiedad intelectual solicitando la cesación de la conducta infractora y una indemnización de 3000 euros. ¿Qué procedimiento deberá instar?. Procedimiento ordinario por razón de la materia. Procedimiento verbal. Procedimiento ordinario por razón de la cuantía. Procedimiento monitorio.

La acción para reclamar los daños y perjuicios de una infracción de la propiedad intelectual prescribe: Al año desde que el legitimado pudo ejercitarla. A los cinco años desde que el legitimado puedo ejercitarla. A los seis años desde que el legitimado pudo ejercitarla. A los quince años desde que el legitimado pudo ejercitarla.

Antonio ha sido contratado para presentar una demanda por plagio de una novela escrita por su cliente. Para determinar la indemnización de daños y perjuicios: Antonio podrá optar entre las consecuencias económicas negativas sufridas por su cliente a resultas de la infracción (incluidos los beneficios obtenidos por el infractor) o la remuneración que el infractor habría tenido que pagar a su cliente de haberle pedido autorización para utilizar la obra. Antonio sumará los beneficios obtenidos por el infractor a resultas de la infracción más la remuneración que habría percibido su cliente de haber autorizado la utilización de la obra. Antonio no podrá tener en cuenta en ningún caso el daño moral sufrido por su cliente. Todas las respuestas anteriores son falsas.

En cuanto a la protección civil de la propiedad intelectual: El titular de los derechos infringidos puede pedir la publicación de la resolución judicial que declare la infracción. El titular de los derechos infringidos no puede solicitar medidas cautelares anticipatorias. Para la adopción de medidas cautelares para la defensa de la propiedad intelectual no es preciso acreditar la apariencia de buen derecho del solicitante. Las acciones de cesación e indemnizatoria no son acumulables por ser incompatibles.

Un dibujante que colabora asiduamente dibujando tiras cómicas para revistas y otras publicaciones pide asesoramiento a Roberto, abogado, sobre el alcance del derecho de autor. Señala la respuesta correcta: El dibujante no ostentará ningún derecho sobre sus tiras cómicas mientras no las inscriba en el Registro de la Propiedad Intelectual. El derecho de autor del dibujante se compone únicamente de facultades patrimoniales. El dibujante no puede ceder a las entidades editoras de las revistas o publicaciones sus derechos morales sobre las tiras cómicas que realice. El derecho de autor del dibujante es perpetuo.

La entidad productora de un álbum de música, constituida en forma de sociedad anónima, solicita a Gabriela, abogada, asesoramiento sobre qué derechos de propiedad intelectual puede ostentar: La productora no puede ser titular de derechos de propiedad intelectual, porque es una persona juridica. La productora puede adquirir los derechos sobre la música del álbum, pero no sobre la fotografia carente de originalidad insertada en su portada, porque esta fotografía no es objeto de ningún derecho de propiedad intelectual. La productora ostenta un derecho conexo sobre el fonograma producido, independiente y compatible con el derecho de autor sobre las obras musicales grabadas en el mismo. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Señala la alternativa correcta: El derecho moral del autor es irrenunciable. El derecho moral del autor es transmisible. Los artistas intérpretes o ejecutantes no tienen derechos morales. Los editores ostentan derechos morales sobre las obras literarias.

Un operador de gestión independiente (OGI) de derechos de propiedad intelectual solicita asesoramiento a Claudia, abogada, sobre qué puede hacer y qué no: EL OGI no puede operar en España sin autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El OGI puede operar en España sin comunicar el inicio de su actividad al Ministerio de Educación, Cultura y Hacienda. El OGI no puede tener ánimo de lucro. El OGI no puede administrar derechos de gestión colectiva obligatoria, como los derechos de simple remuneración.

Pedro, que ha traducido al español una novela de Baricco, pregunta a Susana, su abogada, a quién le corresponden los derechos sobre su traducción (obra derivada). Señala la respuesta correcta: Los derechos le corresponden originariamente a Baricco. Los derechos les corresponden originariamente a Pedro y a Baricco, en comunidad de bienes. Los derechos le corresponden originariamente a la editorial que edite la traducción, porque ésta es una obra colectiva. Los derechos le corresponden originariamente a Pedro, sin perjuicio de los derechos de Baricco sobre su obra original (o, si los ha cedido en exclusiva, sobre su cesionario), cuya autorización será necesaria para explotar la traducción.

La Ley de Competencia Desleal (LCD 3/1991, de 10 de enero): Se aplica a todos los comportamientos previstos en la misma, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. Solo se aplica a los empresarios o profesionales. Solo se aplica cuando existe relación de competencia entre el sujeto pasivo y el sujeto activo del acto de competencia desleal. Todas las anteriores son verdaderas.

Una patente se concede: Por 20 años desde la fecha de su presentación sin posibilidad alguna de extensión de la protección. Por 10 años desde la fecha de su presentación con posibilidad excepcional de extensión de la protección por 5 años más. Por 22 años desde la fecha de su presentación, pero renovables indefinidamente. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

El acto que conlleva un beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación adquirida por otro en el mercado es: Un acto de imitación. Un acto de engaño. Un aprovechamiento indebido. Un acto de denigración.

Los actos de comparación pública mediante alusión explícita o implícita a un competidor: Están totalmente prohibidos. Están permitidos cuando los bienes o servicios comparados tengan distinta finalidad o satisfagan distintas necesidades. Están permitidos cuando la comparación se realice de modo subjetivo. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Las dos notas esenciales que debe reunir un signo para poder constituir una marca: Ser susceptible de ser representado gráficamente, con independencia de si tiene carácter distintivo o no. Tener carácter distintivo, con independencia de si es susceptible de ser representado gráficamente. Ser susceptible de ser representado y tener carácter distintivo. Ser susceptible de ser representado gráficamente o tener carácter distintivo.

De acuerdo con lo que dispone el artículo 41 de la Ley de Marcas, el titular de una marca cuyo derecho haya sido lesionado, podrá reclamar: La cesación de los actos que violen su derecho. La destrucción o cesión con fines humanitarios. La publicación de la sentencia. Todas las respuestas anteriores son correctas.

En relación con las acciones que pueden ejercitarse al amparo de la Ley de Competencia Desleal, resulta que: La acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal solo puede ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada. La acción de enriquecimiento injusto solo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otro de análogo contenido económico. La acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal se deriva automáticamente de la declaración de deslealtad, sin que sea necesario la concurrencia de dolo o culpa en el agente. Todas las anteriores son verdaderas.

De acuerdo con la Ley de Competencia Desleal: La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es, en principio, libre. Se considera en todo caso desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado. Se admite la publicidad comparativa siempre que no implique actos de engaño, denigración o explotación de la reputación ajena. Todas las anteriores son falsas.

Son características de los derechos de propiedad industrial: Son derechos exclusivos, pero no excluyentes. Son derechos registrales. Son derechos de carácter internacional. Son derechos ilimitados temporalmente.

Son marcas notorias: Son aquellas conocidas por el público en general. Son aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen. Son aquellas conocidas tanto por el público en general como por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

¿Es posible la asistencia a la junta de una sociedad de capital por medios telemáticos?. No, en ningún caso. Sí, en cualquier caso, siempre que garanticen debidamente la identidad del sujeto. Sí, en las sociedades de responsabilidad limitada, cuando se refleje expresamente en la convocatoria de la junta concreta de que se trate. Sí, en las sociedades anónimas, siempre que así se prevea en los estatutos, y que los medios telemáticos garanticen debidamente la identidad del sujeto.

Luis es socio de Panificadora García, S. L., sociedad domiciliada en Móstoles, ostentando una participación del 0,75% del capital social de dicha sociedad. El consejero delegado de la sociedad convoca junta general de socios a celebrarse en fecha 18 de mayo de 2010, en cuyo orden del día figura la adopción de un acuerdo de ampliación de capital. Luis acude a la junta y vota en contra del citado acuerdo. ¿Puede impugnar el mismo con posterioridad?. No, porque no hizo constar en acta su oposición al acuerdo una vez adoptado. No, porque no es titular de un 1% del capital social. Sí, porque para la impugnación de los acuerdos de ampliación de capital está legitimado cualquier socio que no vote a favor. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Roberto es también socio de Panificadora García, S. L., ostentando una participación del 12,25 % del capital social de dicha sociedad, y en la junta general de socios anteriormente citada votó en contra del acuerdo de ampliación. ¿Qué plazo tiene para impugnar dicho acuerdo?. Tiene de plazo hasta el 18 de mayo de 2011. Un plazo de 1 año a contar desde el día de celebración de la junta, salvo que interrumpa la prescripción enviando un requerimiento notarial a la sociedad. Un plazo de 40 días naturales a contar desde la inscripción del acuerdo en el Registro Mercantil. Puede impugnarlo en cualquier momento, ya que se trata de un acuerdo contrario al orden público.

En relación con la demanda de impugnación de acuerdos sociales que tiene que presentar Roberto, es cierto que: Debe presentarse ante el Tribunal de Instancia Sección de lo Mercantil de Madrid. Debe seguir los trámites del juicio verbal siempre que la ampliación de capital acordada sea por importe inferior a 15 000 euros. Debe ir acompañada de una solicitud de medidas cautelares solicitando la anotación preventiva de la demanda en el Registro Mercantil. Todas las anteriores son falsas.

Manuel es socio de Inmobiliaria Martínez, S. A., sociedad administrada por Lorenzo desde su nombramiento por junta general de fecha 15 de mayo de 2003, y es titular de un 7% del capital social. Manuel ha descubierto que Lorenzo ha emitido en nombre de la sociedad un pagaré por importe de 30 000 euros, que no obedece a ninguna operación comercial, y lo ha descontado, ingresando el importe en la cuenta de una sociedad de su propiedad. Señala la respuesta correcta: Manuel puede ejercitar una acción individual de responsabilidad frente a Lorenzo, reclamando el daño que su actuación ha ocasionado al patrimonio de la sociedad. Manuel puede solicitar la convocatoria judicial de la junta general, al Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal de Instancia Sección de lo Mercantil o al Registrador Mercantil del domicilio de la sociedad. Manuel puede solicitar a la JG que acuerde ejercitar la acción social de responsabilidad frente a Lorenzo, y si la junta vota en contra de la adopción de del acuerdo, ejercitar la acción social de responsabilidad. Todas las anteriores son falsas.

En el caso anterior, Lorenzo no ha convocado la junta general ordinaria de la sociedad Inmobiliaria Martínez, S. A. dentro de plazo legalmente previsto. Señala la respuesta correcta: Manuel debe requerir por burofax a Lorenzo que la convoque, y si este no lo hace en el plazo de dos meses, proceder a convocarla él, como titular de más de un 5% del capital social. Manuel puede solicitar la convocatoria judicial de la junta general, al LAJ del Tribunal de Instancia Sección de lo Mercantil o al registrador mercantil del domicilio de la sociedad. Manuel puede solicitar la convocatoria judicial de la junta general, pero debe correr con los gastos de la convocatoria. Todas las anteriores son verdaderas.

Pedro es socio de Pinturas Lujo, S. A., sociedad administrada por Luis desde su nombramiento por junta general de fecha 23 de octubre de 2006. Pedro quiere ejercitar una acción individual contra Luis por un acto ilícito cometido por este en fecha 12 de junio de 2007, que le ocasionó un daño directo en su patrimonio. Pero antes de que interponga la acción individual de responsabilidad, se dicta una sentencia firme que declara nulo el acuerdo de la junta general de 23 de octubre de 2006 que nombró administrador a Luis. Señala la respuesta correcta: Como se ha declarado nulo el nombramiento de Luis como administrador, Pedro no puede ejercitar la acción individual de responsabilidad contra él, ya que se considera que nunca fue administrador. Pedro podía haber ejercitado la acción individual de responsabilidad contra Luis hasta el momento en el que se declaró nulo su nombramiento como administrador, pero no después. Pedro puede ejercitar la acción individual de responsabilidad contra Luis a pesar de que su nombramiento se haya declarado nulo, porque ha ejercido de hecho la administración de la sociedad. Pedro puede reclamar a Luis, pero no ejercitando una acción individual de responsabilidad, sino únicamente por la vía de la responsabilidad extracontractual del artículo 1902 del Código Civil.

Javier es acreedor de Transportes Condi, S. A., y obtiene a su favor una sentencia firme de condena a dicha sociedad a abonarle la cantidad de 28 035 euros. Del procedimiento de ejecución de la sentencia, resulta que la sociedad no tiene bienes y acumula deudas desde hace cuatro años. Javier quiere demandar a los administradores de Transportes Condi, S. A. por la vía del artículo 367 del TRLSC. Señala la respuesta correcta: Javier no puede demandar a los administradores de Transportes Condi, S. A., porque estos solo responden de su gestión ante la propia sociedad. Javier puede demandar a los administradores de Transportes Condi, S. A., pero debe ejercitar su acción en el plazo de un año desde la finalización del procedimiento de ejecución de sentencia. Para que Javier pueda demandar a los administradores su responsabilidad solidaria por deuda social debe acreditar su actuación u omisión ilícita, el daño sufrido, y una relación de causalidad entre la actuación u omisión y el daño. Puede demandar a los administradores acreditando que la sociedad estaba incursa en causa legal de disolución y los administradores no actuaron de conformidad con la ley.

Juan y Rocío son titulares, cada uno, del 50% del capital social de Distribuciones Marco, S. L., y son además administradores mancomunados de la sociedad. A raíz de una disputa entre ambos, Juan y Rocío han dejado de hablarse y no se ponen de acuerdo en ninguno de los asuntos relacionados con la sociedad. Rocío quiere poner remedio a esta situación. ¿Qué puede hacer?. Puede convocar ella sola junta general para que acuerde la disolución y liquidación de la sociedad. Puede presentar una demanda contra la sociedad para solicitar la disolución judicial de la misma por paralización de los órganos sociales de modo que resulta imposible su funcionamiento. Puede presentar una demanda contra Juan en su condición de administrador mancomunado para solicitar la disolución judicial de la sociedad. Puede ejercitar una acción social de responsabilidad contra Juan.

Juan, Pedro, Elena y Marta han constituido una sociedad limitada para distribuir productos de belleza, y han otorgado ante notario la escritura pública de constitución, en la que han nombrado administrador único a Juan. Pasados 3 meses desde el otorgamiento de la escritura pública, la sociedad todavía no figura inscrita en el Registro Mercantil. Señala la respuesta correcta: La sociedad es una sociedad devenida irregular, a la que se le aplicarán las normas de la sociedad colectiva. La sociedad es una sociedad en formación, que no puede adquirir derechos ni asumir obligaciones hasta que no esté inscrita. La sociedad es una sociedad en formación, que una vez inscrita, quedará obligada por aquellos actos y contratos celebrados en su nombre antes de su inscripción, así como por los que acepte dentro del plazo de 3 meses desde la misma. Juan, como administrador de la sociedad, es el único legalmente obligado a presentarla a inscripción en el Registro Mercantil.

Una sociedad de responsabilidad limitada quiere modificar los estatutos sociales, para eso convoca junta general extraordinaria de socios. ¿Cuál será la mayoría necesaria para adoptar el acuerdo de modificación estatutaria?. Un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en las que se divida el capital social. Dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital social. Voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones sociales en las que se divide el capital social. Mayoría estatutaria reforzada.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?. En el Registro Mercantil se inscribirán las constituciones de sociedades mercantiles. En el Registro Mercantil se inscribirá la organización y funcionamiento de aquellos actos que afecten al estado civil de las personas. En el Registro Mercantil se inscribirán las ampliaciones y reducciones de capital de las sociedades. En el Registro Mercantil se inscribirán a los empresarios y demás sujetos establecidos por la ley, así como los actos y contratos relativos a los mismos.

En el Registro Mercantil... Las certificaciones son expedidas por los registros territoriales y el Registro Mercantil Central. Las certificaciones acreditan de forma fehaciente el contenido de los asientos del Registro Mercantil. Las certificaciones son expedidas por el registrador del Registro Mercantil Central. Ninguna de las anteriores.

El Registro Mercantil... Se encarga de la legalización de los libros obligatorios que deben llevar las empresas. Se encarga del nombramiento de expertos independientes para la valoración de las aportaciones dinerarias y no dinerarias. Las inscripciones en el Registro Mercantil tienen eficacia constitutiva. Está establecido en Madrid.

El capital en la S. A. Tiene que estar plenamente suscrito y desembolsado. Tiene que estar integramente desembolsado y con una suscripción mínima del 25% del capital social. Requiere suscripción plena y desembolso mínimo del 25% de cada una de las acciones que integran el capital social. Requiere suscripción plena y desembolso mínimo del 25% del capital social.

En relación con la junta general en la sociedad anónima... Los requisitos de convocatoria son libremente fijados en los estatutos sociales. En la junta general no se puede tratar ningún asunto que no conste incluido en el orden del día. El juez está obligado a convocar la junta general ordinaria cuando así se lo solicite cualquiera de los socios. Los estatutos pueden limitar o condicionar el derecho de asistencia del socio a la junta general.

Cuando los socios que representen al menos el 5% del capital social soliciten la celebración de una junta, esta deberá ser convocada para su celebración: En los quince días siguientes al requerimiento notarial. En los dos meses siguientes al requerimiento notarial. Al mes siguiente del requerimiento notarial. En los tres meses siguientes del requerimiento notarial.

En relación con el impuesto sobre sociedades... Tipo general es del 25% o 23% para entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del ejercicio inmediato anterior sea inferior a diez millones de euros. Se trata de un impuesto indirecto. El tipo impositivo depende de la base imponible. Ninguna de las anteriores.

Las sociedades de profesionales de abogados sin objeto mercantil... Tributan por el impuesto sobre sociedades. Tributan por el IRPF. Están exentas de tributación. Ninguna de las anteriores.

Seleccione la afirmación correcta acerca del letrado asesor. Todas las sociedades mercantiles están obligadas a contar con un letrado asesor. Solo las sociedades mercantiles domiciliadas en España están obligadas a contar con un letrado asesor. Solo las sociedades mercantiles domiciliadas en el extranjero están obligadas a contar con un letrado asesor. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál es la principal norma procedimental en materia de competencia de la Unión Europea?. Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002. Ley de Defensa de la Competencia, 15/2007. Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003. Real Decreto 261/2008, de Defensa de la Competencia.

El intercambio de información entre competidores: Siempre restringe la competencia. No siempre restringe la competencia. Nunca beneficia al consumidor. Siempre beneficia al consumidor.

¿Quién debe aplicar el derecho de la competencia comunitario en España?. La CE, la CNMC, las autoridades autonómicas y los tribunales. La CNMC y los tribunales. La CE, la CNMC y los tribunales. La CE y los tribunales.

¿Qué conductas están prohibidas bajo la LDC y el TFUE?. Acuerdos verbales entre empresas competidoras con la finalidad de restringir la competencia. Recomendaciones colectivas de asociaciones. Prácticas concertadas entre competidores. Todas las anteriores son correctas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?. En general, los acuerdos verticales suelen producir mayores restricciones de competencia que los horizontales. Los acuerdos verticales pueden producir en ocasiones efectos positivos. Los acuerdos verticales entran dentro de las prácticas colusorias. Existen directrices de la UE tanto en materia vertical como horizontal.

¿Qué artículos regulan el abuso de posición de dominio?. Artículo 1 LDC/101 TFUE. Artículo 2 LDC/102 TFUE. Artículos 1 y 2 LDC/101 y 102 TFUE. Ninguna de las anteriores es correcta.

¿Cuáles de los siguientes requisitos debe concurrir para que esté justificada la obligación de la empresa dominante a ofrecer el acceso de sus servicios a un competidor?. Que la negativa implique eliminación de toda competencia en el mercado de referencia. Que la negativa no tenga ninguna justificación objetiva. Que el acceso sea imprescindible para el desarrollo de las actividades del competidor solicitante. Todas las anteriores son correctas.

Umbrales en España que obligan a notificar una concentración a la Comisión Nacional de la Competencia. Más del 10% del mercado relevante o más de 240 millones de euros. Más del 20% del mercado relevante o más de 600 millones de euros. Más del 30% del mercado relevante o más de 240 millones de euros. Más del 10% del mercado relevante o más de 60 millones de euros.

¿Cómo puede definirse una restricción accesoria a una concentración?. Aquella que permite obtener la máxima rentabilidad a la concentración. Aquella directamente vinculada a la concentración y necesaria para su realización. Aquella que tiene la misma duración y ámbito geográfico que la concentración. A y B son correctas.

La no notificación de una concentración requerida de oficio por la Comisión Nacional de la Competencia se considera... Una infracción leve. Una infracción grave. Una infracción muy grave. No se considera una infracción.

El concurso de acreedores se inicia: De oficio siempre. A instancia de parte siempre. De oficio o a instancia de parte, en función de las circunstancias. Ninguna de las anteriores es correcta.

En relación con el incidente concursal, señala la respuesta correcta: En principio, no suspende el curso del procedimiento. Se inicia por escrito de demanda que debe reunir los requisitos del artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que deben proponerse los medios de prueba de los que intente valerse la parte. Sirve para ventilar las cuestiones que se susciten durante el concurso que no tengan señaladas en la ley otra tramitación. Todas las anteriores son correctas.

La sociedad Ternessa, S. L. está en situación de insolvencia y quiere solicitar el concurso voluntario. Señala la respuesta correcta. Cualquiera de sus socios puede solicitarlo ante el Tribunal de Instancia Sección de lo Mercantil correspondiente al domicilio social. Debe hacerlo por medio de demanda a la que únicamente debe acompañar un poder especial para solicitar el concurso. Puede presentar, junto con la solicitud de concurso voluntario, una propuesta anticipada de convenio, a la que se acompañen adhesiones de acreedores que alcancen la décima parte del pasivo. Todas las anteriores son correctas.

El auto de declaración del concurso: No contendrá ningún pronunciamiento sobre medidas cautelares, ya que esta cuestión tiene que ser resuelta por el juez en un auto específico. Produce sus efectos de inmediato, salvo que sea objeto de recurso. Abre la fase de convenio. Contendrá, en su caso, la decisión sobre la procedencia de aplicar el procedimiento especial para microempresas.

Una vez calificado el concurso como culpable: No tiene ninguna consecuencia. Finaliza el concurso de acreedores. Cesará, como regla general, la administración concursal. Todas son falsas.

El informe de la administración concursal: Debe contener un inventario de la masa activa en el que conste el avalúo de los bienes en el momento de la solicitud del concurso. Se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del tribunal. Debe presentarse en el plazo de 4 meses desde la aceptación de su cargo por el administrador concursal único o desde la aceptación de dos de los administradores concursales. Todas las anteriores son correctas.

En lo que se refiere a la impugnación del informe de la administración concursal, es cierto que: Si afectan a menos del 20% del activo o del pasivo del concurso, el juez puede ordenar la finalización de la fase común y la apertura de la fase de convenio o de liquidación. La impugnación de la lista de acreedores únicamente puede referirse a la inclusión o exclusión de créditos y a su cuantía, pero no a su calificación, que es discrecional para la administración concursal. Se sustanciará por los trámites del incidente concursal, pudiendo el juez acumularlas de oficio para resolverlas conjuntamente en un solo auto. Todas las anteriores son correctas.

En relación con la fase de convenio, señala la respuesta correcta: Se inicia por la propuesta de convenio que solo puede presentar el deudor. Deberá ser tramitada por escrito cuando el número de acreedores exceda de 300 euros. Si el convenio aceptado no es objeto de oposición, el juez podrá introducir en este las modificaciones necesarias, pero nunca rechazarlo. Ninguna de las anteriores es correcta.

En relación con la fase de calificación del concurso, señala la respuesta correcta: Constituye la sección sexta del procedimiento concursal, que se abre en todo concurso para depurar las posibles responsabilidades del deudor. Cualquier persona que acredite interés legítimo puede personarse y formar parte de ella, alegando por escrito lo que considere relevante para la calificación del concurso como culpable. Si el informe de la administración concursal y el del Ministerio Fiscal coinciden en calificar el concurso como culpable, el juez dictará directamente sentencia calificándolo de esta forma. Todas las anteriores son correctas.

El presupuesto objetivo del concurso de acreedores necesario es: La insolvencia inminente. La insolvencia actual. A y B son correctas. A y B son incorrectas.