TESTS PRÁCTICA PÚBLICA - MÓDULO II

El medio de ejecución de los actos administrativos que procede cuando el interesado venga obligado, por el acto administrativo a ejecutar, a satisfacer una cantidad dineraria líquida es: a) El apremio sobre el patrimonio. b) La multa coercitiva. c) La ejecución subsidiaria. d) La compulsión sobre las personas.

Señala la opción incorrecta. Los actos administrativos lícitos o válidos extinguen su eficacia por: a) Cumplimiento. b) concurrencia de las circunstancias que establezca el acto como contenido accidental. c) voluntad del particular. d) caducidad.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 35 LPAC deben ser motivados los actos administrativos que: a) resuelvan recursos administrativos. b) limiten derechos subjetivos. c) admitan pruebas propuestas por los interesados. d) acuerden el desistimiento de la Administración en procedimientos iniciados de oficio.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 14.2 LPAC, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Son nulos de pleno derecho los “Actos, expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento y por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos ____ para su adquisición” (artículo 47.1 Ley 39/2015). Completa el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: a) Establecidos. b) Esenciales. c) Básicos. d) legalmente establecidos.

Señala la opción incorrecta. Establece el siguiente artículo 98.1 LPAC “los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: a) Se solicite la suspensión de la ejecución del acto. b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. c) Una disposición establezca lo contrario. d) Se necesite aprobación o autorización superior”.

Señala la opción incorrecta. Establece el apartado 2 del artículo 98 LPAC que “Cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo …” a través de los medios que señala, sin perjuicio de Cualesquiera otros que se autoricen por el órgano competente en materia de Hacienda Pública. Estos medios que indica son: a) Tarjeta de crédito y débito. b) Transferencia bancaria. c) Domiciliación bancaria. d) Giro postal.

El certificado acreditativo del silencio producido en un procedimiento administrativo, puede solicitarlo el interesado al órgano competente para resolver: a) en cualquier momento. b) en el plazo de quince días desde que se produjo. c) no puede solicitarlo, pues ha de emitirlo de oficio el órgano competente para resolver. d) en el plazo de quince días a contar desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

El artículo 39.3 de la Ley 39/2015 establece que “Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto ......................: Complete el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: a) y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas”. b) y no se incurra en las causas de nulidad del artículo 47 de la presente ley”. c) y se solicite expresamente”. d) no hay nada que añadir.

Cuando las normas reguladoras del procedimiento no fijen el plazo máximo para resolver y notificar de que dispone la Administración, éste será de: a) 9 meses. b) 6 meses. c) 3 meses. d) 1 mes.

Cuando se acuerde la tramitación urgente de un procedimiento, los plazos se reducirán: a) a un tercio. b) a la mitad. c) a dos tercios. d) a menos de treinta días, que es la duración máxima del procedimiento abreviado.

De acuerdo con lo que establece el apartado 5 del artículo 32 de la Ley 39/2015, cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los interesados que prevé la normativa vigente, la Administración podrá acordar: a) la ampliación general de plazos de los procedimientos administrativos. b) lo que resulte precedente para recobrar el normal funcionamiento de los sistemas. c) la ampliación del plazo por tiempo no superior a la mitad del establecido. d) la ampliación del plazo por tiempo no superior al doble del establecido.

Establece el artículo 70 LPAC que “No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas …”. Ello, salvo que: a) se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. b) se trate de informes preceptivos solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento”. c) se trate de informes de órganos consultivos de la propia Administración”. d) no hay ninguna salvedad.

El apartado a) del artículo 16 LPAC establece que los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser ____, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. Completa el espacio en blanco con una se las siguientes opciones: a) plenamente accesibles. b) plenamente interoperables. c) asimilables y compatibles. d) accesibles.

Señala, de los siguientes, cuál no es uno de los derechos que el artículo 13 de la Ley 39/2015 reconoce a quienes tienen capacidad de obrar en sus relaciones con las Administraciones públicas: a) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. b) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. c) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. d) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

En un procedimiento iniciado de oficio, se requiere al interesado para que proponga y/o presente pruebas, habiendo establecido el órgano administrativo para ello un de prueba de cuarenta días dado el importante volumen de asuntos que ha de resolver. Sobre ello, indica la afirmación correcta: a) Tal período de prueba hará que el procedimiento sea nulo por abuso del derecho por parte del órgano administrativo. b) Tal período de prueba es el usual atendiendo a las circunstancias de saturación de trabajo del órgano administrativo. c) Tal período de prueba excede de lo dispuesto en la Ley 39/2015, que establece que los indicados períodos no podrán exceder de treinta días ni ser inferiores a diez. d) Tal período de prueba excede de lo dispuesto en la Ley 39/2015, que establece que los indicados períodos no podrán exceder de quince días ni ser inferiores a diez.

Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada, que deberán ser resueltos en un plazo determinado, este se cuenta desde: a) el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. b) el día en que se haya adoptado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. c) el día siguiente a aquel en que se haya adoptado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. d) el día en que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

Si en el procedimiento administrativo tramitado de manera simplificada resulta preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver, desde que se solicite el dictamen hasta: a) que se notifique el dictamen. b) que el dictamen sea emitido. c) que el texto del dictamen tenga entrada en el registro del órgano que tramita el expediente. d) que se acuse recibo de la recepción del dictamen por del órgano que tramita el expediente.

De acuerdo con la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, cuando un interesado en un procedimiento administrativo alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a quien se impute la situación discriminatoria: a) suspender el procedimiento y aportar al mismo de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. b) la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. c) adoptar las medidas precisas y proporcionadas para restablecer los derechos del interesado. d) la aportación de una justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

El Director General de Industrias Audiovisuales se considera incompetente para la resolución de un recurso de alzada que han presentado ante él. Lo que deberá hacer, además de inadmitir el recurso es: a) proceder al archivo y notificarlo al interesado. b) remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. c) notificarlo al interesado, y advertirle que ha de dirigirse al órgano competente. d) proceder al archivo del recurso.

Los actos presuntos desestimatorios podrán ser recurridos en reposición. a) En el plazo de quince días, a partir del día siguiente a aquel en que se tenga por producido el acto presunto. b) En el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente en que se tenga por producido el acto presunto. c) En cualquier momento, a partir del día siguiente en que se tenga por producido el acto presunto. d) En el plazo de un mes, a partir del día de expedición del certificado acreditativo del silencio administrativo expedido por el órgano competente.

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos: a) Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del recurso extraordinario de revisión. b) Directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del recurso extraordinario de revisión, previo anuncio de su interposición ante el superior jerárquico del órgano que los haya dictado. c) Preceptivamente en reposición ante el órgano superior jerárquico del que los hubiera dictado y, si fuere desestimado, ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del procedimiento que corresponda. d) A elección del recurrente, en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, a través del procedimiento que corresponda.

El plazo máximo que tiene el órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión es de: a) seis meses. b) nueve meses. c) tres meses. d) un año.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de: a) 6 meses. b) 3 meses. c) 2 meses. d) 1 mes.

Señala la opción incorrecta. Las causas de inadmisión de los recursos administrativos, de acuerdo con el artículo 116 LPAC son, textualmente: a) Carecer de legitimación el recurrente. b) Tratarse de un acto susceptible de recurso. c) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. d) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Presentada por Evaristo una solicitud de revisión de oficio de un acto administrativo emitido por la Dirección General de Industrias Pesqueras del Ministerio de Fomento, este, en cuanto órgano competente para la revisión de oficio, podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de la solicitud, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado, cuando esta (señala la opción incorrecta). a) no se base en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 de la Ley 39/201. b) carezca manifiestamente de fundamento. c) se hubiera solicitado fuera de plazo. d) cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

Cuando el procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de _ desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Completa el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: a) seis meses. b) nueve meses. c) tres meses. d) dos meses.

El alcalde de Torrelodones quiere impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo un acto favorable, emitido por el Ayuntamiento, que es anulable conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015. El órgano competente para adoptar la declaración de lesividad es: a) el Pleno de la corporación. b) el propio alcalde. c) la Junta de Gobierno local. d) el Pleno de la Diputación Provincial de Alicante.

Dentro del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, integrada en la Secretaría de Estado de Enseñanzas Medias y Formación Profesional está la Dirección General de Formación Continua. ¿Quién será competente para la revisión de oficio de actos nulos desfavorables emitidos por el Director General de Formación Continua?: a) el propio Director General. b) el Ministro. c) el Secretario de Estado. d) el Consejo de Ministros.

Si el instructor de un procedimiento de carácter sancionador apreciara que ha prescrito la infracción: a) podrá archivar las actuaciones y prescindir de la propuesta de resolución. Y si no lo hiciere, podrá declarar esta circunstancia en la propuesta de resolución. b) elevará el expediente al órgano competente para resolver para que decida si procede el archivo de las actuaciones. c) dará traslado al presunto responsable para que alegue lo que a su derecho convenga. d) podrá archivar provisionalmente las actuaciones hasta que se pronuncie el órgano competente para resolver.

El órgano competente para fijar el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad, es: a) el Ministro de Justicia. b) el Secretario de Estado de Justicia. c) el Consejo General del Poder Judicial. d) el Consejo de Ministros.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 40/2015, la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Los trámites que deben seguirse son: a) Alegaciones durante un plazo de quince días. b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días. c) Audiencia durante un plazo de diez días. d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de un mes a contar desde la incoación del procedimiento.

En el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a ______ euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. Completa el espacio en blanco con una de las siguientes opciones: a) 100.000. b) 75.000. c) 50.000. d) 30.000.

De acuerdo con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo previsión legal distinta, las multas por infracciones a las Ordenanzas locales deberán respetar la siguiente cuantía máxima para las infracciones de carácter grave: a) 3.000 euros. b) 2.500 euros. c) 1.000 euros. d) 1.500 euros.

La Ley 40/2015 establece que, si la ley correspondiente no establece plazos, las infracciones de carácter leve prescriben en el plazo de: a) 3 años. b) 2 años. c) 1 año. d) seis meses.

Sobre la iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, señala la afirmación incorrecta: a) el procedimiento se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. b) es necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. c) se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de veinte días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho. d) los particulares presuntamente lesionados podrán proponer cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento de su derecho.

Señala la opción incorrecta. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las condiciones en las que puede darse la imposición de sanciones administrativas son las siguientes: a) sujeción de la potestad sancionadora al principio de legalidad, lo que determina la necesaria cobertura de ésta en una norma con rango legal o reglamentario. b) la interdicción de las penas de privación de libertad, a las que pueda llegarse de modo directo o indirecto a partir de las infracciones sancionadas; límite que no es aplicable al régimen disciplinario militar, tal y como se deriva, a sensu contrario, del art. 25.3 de la Constitución. c) el respeto de los derechos de defensa reconocidos en el art. 24 de la Constitución, que son de aplicación a los procedimientos que la Administración siga para la imposición de sanciones, y. d) la subordinación de la potestad sancionadora de la Administración a la autoridad judicial, que consiste en el control posterior de los actos sancionadores por la jurisdicción contencioso-administrativa y la preferencia de la jurisdicción penal en el enjuiciamiento y determinación de los hechos susceptibles de ser enjuiciados por el orden administrativo y aquella jurisdicción.

Samanta presenta en el Ayuntamiento de Las Rozas una denuncia al advertir que determinados vecinos lanzan desde sus ventanas desperdicios a la vía pública. ¿Qué resulta preciso para que, en su caso, la Administración motive la no iniciación de procedimiento por tales hechos y le notifique la decisión de iniciarlo o no?. a) nada, ya que la Administración viene obligada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) que la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas. c) que solicite expresamente la incoación del procedimiento que corresponda. d) nada, ya que la Administración no está obligada a realizar comunicaciones a quienes no tiene la condición de interesados, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Señala la opción incorrecta. La denuncia, para ser tomada en consideración, deberá expresar en todo caso: a) la identidad de quien la presenta. b) el relato de los hechos que pudieran constituir infracción. c) la identificación de los presuntos responsables. d) la fecha en que se produjeron los hechos.

Pueden residenciarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa recursos contra actos emanados de las Cortes Generales?. a) No, en ningún caso. b) No pueden residenciarse aquellos actos que realizan las Cortes Generales en su calidad de órgano constitucional, como aprobar leyes. c) Pueden residenciarse los actos materialmente administrativos, como la celebración de un contrato de servicios. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

¿Ante qué jurisdicción debe interponerse un litigio surgido entre un integrante del personal laboral del Ministerio de Defensa y dicho Ministerio, estando dicha relación sometida al Derecho Laboral?. a) Jurisdicción contencioso-administrativa. b) Jurisdicción social. c) Ante cualquier de las dos anteriores, es indiferente. d) Todas las anteriores son falsas.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a) Un contrato civil de alquiler celebrado por una sociedad mercantil estatal es susceptible de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. b) Puede impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa la decisión del Gobierno de intervenir en una misión militar en el extranjero, en lo que afecta al fondo de dicha decisión. c) Los actos de un Colegio profesional en ningún caso son susceptibles de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. d) Todas las anteriores son falsas.

-¿Es posible interponer un recurso contencioso-administrativo contra los preceptos de un Real Decreto Legislativo?. a) No, porque tienen rango de ley. b) Sí, en todo caso. c) No, salvo que se autorice en la ley delegación. d) Sí, si los preceptos exceden los límites impuestos en la ley de delegación.

Señale cuál de las siguientes cuestiones es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa: a) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas. b) Las que se susciten en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados de las Administraciones Públicas. c) El recurso contencioso-disciplinario militar. d) Ninguna de las anteriores.

Indique en cuál de los siguientes órganos jurisdiccionales no existe una Sala especializada en materia contencioso-administrativa: a) Tribunal Supremo. b) Audiencias Provinciales. c) Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. d) Audiencia Nacional.

Señale cuál de las siguientes competencias no corresponde a las Secciones de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia: a) Las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. b) Las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública. c) El procedimiento previsto en el artículo 12 bis de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. d) La autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.

-¿Ante qué órgano jurisdiccional debe interponerse un recurso contra una resolución del Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia?. a) Audiencia Nacional. b) Tribunal Superior de Justicia. c) Tribunal Supremo. d) Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Central de Instancia.

Señal cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: a) El Tribunal Supremo conoce de un recurso interpuesto contra la exclusión de un licitador acordada por la Mesa del Congreso de los Diputados. b) El Tribunal Supremo conoce de los recursos interpuestos contra los actos de la Junta Electoral Central. c) El Tribunal Supremo conoce de los recursos de casación de cualquier modalidad. d) El Tribunal Supremo conoce de los recursos interpuestos contra los actos y disposiciones dictados por la Agencia Española de Protección de Datos.

La Ley de Santamaría de Paredes de 1888 introdujo en España un sistema de conocimiento de los litigios contencioso-administrativos: a) Francés de competencia retenida. b) Mixto o belga. c) Inglés de jurisdicción ordinaria. d) Inglés de jurisdicción específica.

Usted decide impugnar una resolución del Ayuntamiento de Madrid dictada en aplicación de un Reglamento aprobado a su vez por la Comunidad Autónoma de Madrid, siendo el motivo del recurso la ilegalidad del Reglamento que sirvió de base a la resolución. ¿Cuál sería la Administración demandada?. a) La Comunidad de Madrid. b) El Ayuntamiento de Madrid. c) La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. d) Puede demandarse a uno o a otra, es indiferente.

Un Abogado del Estado, al que se la ha sancionado con la separación del servicio, impugna la sanción ante la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿debe acudir asistido de Abogado y Procurador?. a) Sí, es obligatorio. b) No es obligatorio, puede asistir con Abogado y Procurador pero puede comparecer por sí mismo. c) Debe comparecer asistido por otro Abogado del Estado. d) Todas las anteriores son falsas.

Puede un ciudadano impugnar el resultado de un proceso de oposición al Cuerpo de Inspectores de Hacienda por considerar que en el mismo se ha vulnerado la legalidad, no habiendo participado dicho ciudadano en el proceso ni teniendo relación alguna con el mismo?. a) Si, porque cualquier ciudadano puede defender la legalidad vigente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. b) No, porque la mera invocación del respeto a la legalidad no confiere legitimación en el proceso contencioso-administrativo. c) Sí, porque es un proceso de concurrencia competitiva. d) Todas las anteriores son falsas.

Si el Ministerio de Fomento es demandado por haber incurrido en responsabilidad patrimonial, ¿quién debe defenderlo en el proceso contencioso-administrativo?. a) El Abogado del Estado. b) El Abogado que contrate el Ministerio. c) El Abogado de oficio. d) El Abogado de la Administración en cuyo territorio se hubiese producido el hecho lesivo.

-¿Puede interponerse un recurso contencioso-administrativo contra un acto por el cual se acuerda excluir a un licitador de un procedimiento de contratación con la Administración Pública?. a) No, porque es un acto de trámite. b) No, porque no es un acto administrativo. c) Sí, en virtud de lo previsto en el artículo 25.1 de la LJCA. d) Sí, porque es un acto confirmatorio.

Figúrese que impugna un acto administrativo alegando únicamente la ilegalidad del reglamento que le sirve de cobertura, y que dicha impugnación se realiza ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra dicho reglamento ¿Qué le solicitaría usted al Tribunal?. a) Que plantease la cuestión de ilegalidad. b) Que declarase en la sentencia la validez o nulidad del reglamento. c) Que le indicase cuál es el plazo para interponer el recurso directo contra dicho reglamento. d) Todas las opciones anteriores son válidas.

Un amigo le llama para comentarle que se han comenzado unas obras de construcción de una autopista que pasa por su finca sin que se le haya comunicado la existencia de ningún tipo de procedimiento, y añade que, una vez hechas las indagaciones pertinentes, en efecto, no se ha iniciado ningún procedimiento para la realización de dichas obras, ¿qué le aconsejaría?. a) Interponer un recurso contencioso-administrativo. b) Requerir a la Administración actuante para que cese su actuación y, si no se atiende dicho requerimiento, interponer un recurso contencioso-administrativo. c) Solicitar que se inicie el correspondiente procedimiento administrativo. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

-¿Qué puede hacer un ciudadano que ha ganado un Premio Literario convocado por el Ministerio de Cultura y Deporte y dotado con 6.000 euros, si dicho Ministerio no le realiza dicho pago en el plazo establecido en las bases del concurso?. a) Debe requerir el pago a través de la interposición de una demanda de reclamación de cantidad en la jurisdicción civil. b) Debe presentar ante el Ministerio de Cultura y Deporte una solicitud para que se inicie un procedimiento administrativo de reclamación de dicha cantidad. c) No puede hacer nada ya que la Administración, en virtud de su autotutela ejecutiva, puede decidir no ejecutar un acto concreto. d) Todas las anteriores son falsas.

Suponga que en relación con los hechos descritos en la pregunta anterior, el Tribunal competente de la jurisdicción contencioso-administrativa decide anular la concesión del Premio por haber apreciado vicios de nulidad en el procedimiento. ¿Podría dicho Tribunal declarar ganador a alguno de los participantes?. a) Sí, en virtud del artículo 31.2 de la LJCA. b) Sí, porque el Tribunal tiene la obligación de determinar el contenido del acto anulado. c) No, en virtud del artículo 71.2 de la LJCA. d) Sí, siempre que así se haya solicitado por alguna de las partes.

Qué recurso cabe interponer contra una resolución que deniegue una solicitud de acumulación?. a) Apelación. b) Queja. c) No cabe recurso. d) Reposición.

En el caso de que la Administración no haya dictado resolución expresa respecto de una solicitud efectuada por un particular dentro del plazo legalmente establecido, cuando la Ley dispone que la falta de resolución tendrá efectos desestimatorios de la solicitud, el interesado puede impugnar. a) en el plazo de 6 meses desde que se estima producido el silencio negativo. b) en el plazo de 2 meses desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para resolver. c) en el plazo de 2 meses una vez transcurridos tres meses desde la reclamación frente a la inactividad de la administración. d) en cualquier momento, mientras no se dicte resolución expresa, al no estar sujeto a plazo el recurso frente al silencio negativo.

Iniciado el procedimiento contencioso-administrativo, cabe inadmitir el recurso por alguno de los siguientes motivos: a) la falta de jurisdicción o la incompetencia del órgano judicial. b) la falta de legitimación del recurrente. c) haber presentado el recurso fuera del plazo legal. d) todas las anteriores son correctas.

En el proceso contencioso-administrativo, en relación con la vía administrativa previa: a) no cabe formular motivos distintos de los alegados en vía administrativa, pero sí plantear pretensiones nuevas. b) no cabe plantear ni cuestiones nuevas ni motivos nuevos. c) cabe plantear tanto nuevas cuestiones como nuevos motivos. d) no cabe plantear cuestiones nuevas, esto es, pretensiones no previamente formuladas en vía administrativa, aunque sí motivos nuevos.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dicta una resolución estimatoria en relación con el recurso planteado por un licitador contra la resolución de un procedimiento de contratación dictada por el órgano de contratación del Ministerio de Transportes. El Ministerio considera contraria a Derecho la resolución del tribunal especial, ¿cómo debe proceder?. a) La resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no es impugnable por la Administración licitadora, sólo por los particulares. b) El Ministerio de Transportes puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo. c) El Ministerio de Transportes debe formular con carácter previo requerimiento frente al tribunal especial de recursos. d) Con carácter previo a formular recurso contencioso-administrativo, el Misterio debe declarar la lesividad del acto.

La sentencia que declara la nulidad de determinados preceptos de un reglamento: a) sólo tienen efectos inter partes. b) tiene efectos erga omnes desde la notificación. c) tiene efectos erga omnes y ex tunc, siempre. d) tiene efectos erga omnes desde la fecha de la publicación de la sentencia en el diario oficial correspondiente, pero no afecta a los actos firmes anteriores que hayan aplicado el reglamento.

La sentencia que reconoce un determinado derecho a un funcionario: a) vincula sólo a las partes. b) puede extenderse a otros funcionarios en una situación jurídica idéntica, si lo solicitan en incidente de ejecución en el plazo de un año. c) tiene eficacia general. d) puede extenderse a otros funcionarios en una situación jurídica idéntica en cualquier parte del territorio, aunque el tribunal que dictó la sentencia no tenga competencia para conocer d esas pretensiones.

La satisfacción extraprocesal de la pretensión del recurrente: a) pone fin siempre al proceso contencioso-administrativo. b) pone fin al proceso sólo si no infringe de cualquier modo el ordenamiento jurídico. c) determina la terminación del proceso, si no supone infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. d) pone fin al proceso, pero la Administración puede con posterioridad dictar un acto revocando el reconocimiento.

En la ejecución forzosa de una sentencia condenatoria al pago de una cantidad líquida. a) cabe solicitar el embargo de cualquier bien patrimonial de la Administración. b) no cabe nunca el embargo de bienes de la Administración. c) se puede embargar un bien patrimonial de la Administración, siempre que no está afecto a un servicio o uso público. d) sólo resultan inembargables los bienes de dominio público.

La adopción de medidas cautelares: a) se acordará mediante providencia. b) se acordará en casos de urgencia, inaudita parte, como medidas provisionalísimas. c) sólo cabe solicitarla en el escrito de interposición o de demanda. d) se acordará por auto que no será recurrible.

La sentencia estimatoria que condena a un Ayuntamiento a dictar un acto administrativo: a) debe ejecutarse siempre a través de ejecución subsidiaria. b) puede no ejecutarse si existe una imposibilidad legal sobrevenida, fijándose la indemnización correspondiente. c) pueden ser objeto de expropiación de los derechos reconocidos en ella si se da una causa de utilidad púbica apreciada por el propio Ayuntamiento. d) si el cumplimiento de la sentencia afecta al ejercicio de los derechos fundamentales de los vecinos, el Ayuntamiento puede decidir no ejecutar.

El procedimiento abreviado es un procedimiento especial: a) a través del cual se tutelan los derechos fundamentales. b) a través del que se tramitan los asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros. c) que tiene el carácter de preferente en su tramitación. d) que puede emplearse para todo tipo de asuntos de personal al servicio de las administraciones públicas, incluidas las sanciones de separación del servicio.

El acto de la vista en el procedimiento abreviado: a) es un trámite obligado, en el que reside la característica oralidad del procedimiento. b) no tiene una regulación específica en la ley. c) puede no celebrarse, si el recurrente lo pide en otrosí en la demanda y los demandados no se oponen. d) si comparece sólo el demandante, se acordará su suspensión.

El procedimiento abreviado se inicia: a) mediante demanda, y previo requerimiento a Administración demandada. b) mediante demanda, pero si se presenta escrito de interposición cabe subsanar el defecto. c) mediante demanda o mediante escrito de interposición, según proceda. d) sólo a través de escrito fundado y sin necesidad de reclamar el expediente administrativo.

El objeto del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales se circunscribe. a) a la protección de los derechos fundamentales reconocidos en el capítulo II del título i de la Constitución. b) a la protección de los derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo constitucional. c) a la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la sección 1ª del capítulo II del título I de la Constitución. d) a la protección de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 y la sección 1ª del capítulo II del título I de la Constitución.

El carácter sumario del procedimiento de protección de derechos fundamentales determina. a) que se trata de un proceso de cognición limitada. b) que es un proceso abreviado en su tramitación, pero de cognición plenaria. c) que no existe trámite previo de admisión. d) que la sentencia no produce efecto de cosa juzgada.

A través del procedimiento de protección de derechos fundamentales cabe plantear cuestiones de legalidad ordinaria junto con las pretensiones basadas en vulneración de derechos fundamentales. a) cierto, cabe plantear ambos tipos de pretensiones a través de este procedimiento. b) falso, sólo cabe plantear pretensiones basadas en infracción de cualquier derecho constitucional. c) falso, sólo cabe plantear pretensiones fundadas en vulneración de derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional. d) cierto, el recurrente puede optar por plantear ambas pretensiones a través del procedimiento especial o a través de dos procedimientos, el ordinario y el especial, de forma paralela.

La sentencia dictada en el procedimiento para la protección jurisdiccional del derecho de reunión. a) no cabe recurso de ninguna clase. b) es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. c) sólo es recurrible ante el Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. d) cabe en todo caso recurso de súplica ante la propia Sala que la dictó.

Cuando una administración pública, de acuerdo con la ley, suspende el acuerdo dictado por otra administración pública: a) debe formular requerimiento previo, pero la suspensión puede ser impugnada por la administración afectada. b) debe impugnar el acuerdo suspendido ante la jurisdicción contencioso-administrativa. c) debe publicar en el diario oficial correspondiente la resolución por la que se acuerda la suspensión. d) puede acordar levantar la suspensión si la administración acuerda revocar el acto suspendido.

Si la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia impugna una disposición de una comunidad autónoma por lesionar la libertad de establecimiento reconocida en la Ley de Garantía de la Unidad del Mercado. a) puede pedir la suspensión de la disposición y ésta es automática tras la admisión del recurso. b) sólo puede pedir la suspensión con carácter excepcional, en caso de entender que es imprescindible por la especial relevancia del supuesto para la libertad de establecimiento y circulación. c) puede solicitar la suspensión de la disposición que se producirá si no hay oposición de la administración demandada. d) el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la posibilidad por la CNMC de impugnar actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas que vulneren la unidad de mercado.

La sentencia que se dicte resolviendo una cuestión de ilegalidad. a) si es estimatoria declarará la nulidad de los preceptos reglamentarios cuestionados con efectos para el caso. b) si es desestimatoria determinará la revisión de la situación jurídica previa derivada de la apreciación incidental de la ilegalidad del acto. c) si declara la nulidad de los preceptos cuestionados, se publicará en el diario oficial correspondiente y tendrá efectos generales. d) si es totalmente desestimatoria determinará la condena en costas de las partes que hayan comparecido defendiendo la nulidad de los preceptos cuestionados.

El recurso de reposición es un recurso no devolutivo ordinario que: a) cabe interponerlo frente a providencias o autos no susceptibles de apelación o casación. b) puede interponerse en el plazo de diez días frente a toda providencia o auto dictado por el órgano jurisdiccional. c) procede frente a los autos de fijación de cuantía, de medidas provisionalísimas y de planteamiento de la cuestión de legalidad. d) cabe interponer frente a los autos que resuelvan recursos de aclaración.

El recurso de apelación frente a autos y providencias dictadas por los Juzgados de lo contencioso-administrativo y los Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo en procesos de los que conozcan en primera instancia: a) tiene efecto devolutivo y también suspensivo. b) no cabe interponerlo frente a los autos de adopción de medidas cautelares. c) procede frente al auto de autorización de entrada en domicilio. d) procede en relación con todos los autos dictados en la instancia.

El auto que declare la inadmisión del recurso contencioso-administrativo es susceptible de recurso de casación: a) siempre y en todo caso. b) sólo si ha sido dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional o por las Salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y se ha interpuesto previamente recurso de reposición. c) sólo si ha sido dictado por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo o los Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo y presenta interés casacional. d) en este caso el recurso tiene efecto devolutivo y suspensivo.

El recurso ordinario de apelación procede frente a las sentencias dictadas por los juzgados provinciales y juzgados centrales: a) declaratorias de la inadmisibilidad del recurso, sólo si la cuantía excede de los 30.000 euros. b) dictadas en procedimientos para la protección de los derechos fundamentales. c) dictadas en asuntos cuya cuantía no excede de 30.000 euros. d) dictadas en materia electoral en relación con la proclamación de candidaturas.

El recurso de revisión frente a sentencias firmes: a) sólo procede dentro de un plazo de caducidad de cinco años desde la fecha de publicación de la sentencia que se pretende impugnar, salvo si se alega vulneración de un derecho del Convenio Europeo de Derechos Humanos declarada por sentencia del Tribunal de Estrasburgo que deberá interponerse dentro del año siguiente a la STEDH. b) procede si la sentencia firme en una manifiesta y grosera infracción del ordenamiento jurídico, a juicio de la parte perjudicada por la sentencia. c) procede si se recobrasen documentos decisivos, que no pudieron presentarse en el proceso a tiempo. d) procede por los motivos previstos en la LJCA y aquellos otros extensibles por analogía.

En relación con las diligencias de ordenación y decretos dictados por el Letrado de la Administración de Justicia: a) si se trata de un decreto que resuelva un recurso de reposición no cabe ulterior recurso. b) pueden siempre, en cualquier caso, ser impugnadas mediante recurso directo de revisión. c) la decisión del LAJ, mediante decreto, sobre un recurso de reposición siempre puede ser revisada ante el juez o tribunal. d) pueden ser impugnadas en reposición en un plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la notificación.

El recurso de amparo constitucional puede plantearse frente a violaciones de derechos fundamentales: a) sólo de los reconocidos por los artículos 14 a 29 y 30.2 CE e imputables a actos de un poder público español. b) también procede frente a violaciones de los derechos fundamentales enumerados en la letra a) e imputables directamente a un particular. c) también procede frente a violaciones de los derechos fundamentales enumerados en la letra a e imputables directamente a una norma con rango de ley, sin necesidad de acto de aplicación. d) también procede frente a violaciones de los derechos fundamentales enumerados en la letra a e imputables directamente a una autoridad extranjera.

La admisión del recurso de amparo depende, entre otros criterios, del cumplimiento como requisito procesal: a) del agotamiento de la vía judicial previa, salvo en el caso de que se dirija contra actos parlamentarios. b) de la invocación previa del derecho fundamental lesionado, tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para ello. c) de la interposición del recurso dentro del plazo de 20 días desde la notificación de la resolución firme que agota la vía judicial, salvo el caso de que se dirija contra actos parlamentarios. d) todas las anteriores son correctas.

La demanda mediante la que se formula el recurso de amparo. a) expondrá con claridad y concisión los hechos que la fundamentan y fijará con precisión el amparo que se solicita. b) se interpondrá dentro de un plazo de 30 días desde la notificación de la resolución, cualquiera que sea el objeto del recurso de amparo. c) no es necesario que justifique expresamente la especial trascendencia constitucional del amparo solicitado. d) únicamente puede interponerla el titular del derecho lesionado o de un interés legítimo.

La especial trascendencia constitucional de recurso de amparo es un requisito de admisión que concurre: a) si el órgano judicial se aparta manifiestamente de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional. b) si existen resoluciones judiciales contradictorias sobre la interpretación del derecho fundamental alegado. c) cuando la vulneración del derecho fundamental provenga de la ley aplicada. d) son correctas todas las anteriores.

-Las sentencias de los Juzgados de lo contencioso-administrativo dictadas en única instancia: a) no pueden ser objeto del recurso de casación. b) sólo son recurribles si la cuantía del proceso excede de los 600.000 euros. c) son recurribles si contienen una doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y son susceptibles de extensión de efectos. d) ninguna de las anteriores es correcta.

Cabe recurrir en casación ante la Sala Tercera del TS una sentencia dictada por una la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ: a) sólo si se alega infracción de norma estatal o de derecho de la UE, o de la jurisprudencia que la interpreta. b) en ningún caso. c) siempre, alegando cualquier infracción del ordenamiento jurídico. d) alegando tanto infracciones del derecho autonómico como del derecho estatal.

Cuando la sentencia recurrida se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea: a) se presume iuris et de iure la concurrencia de interés casacional objetivo. b) es un criterio indicativo de interés casacional objetivo. c) se presume iuris tantum la concurrencia de interés casacional objetivo. d) ninguna de las anteriores es correcta.

La regulación del recurso de casación en la LJCA vigente: a) prevé tres clases de recurso de casación: ordinaria, para la unificación de la doctrina y en interés de la ley. b) prevé la casación ante la Sala Tercera del TS y ante la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ. c) sólo prevé la impugnación de las sentencias dictadas por las Salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ. d) establece como presupuesto necesario la cuantía económica del asunto.

La concurrencia de interés casacional objetivo: a) sólo la aprecia el Pleno de la Sala tercera del TS. b) la aprecia, en primer lugar, el órgano jurisdiccional de instancia al objeto de tener por preparado el recurso de casación. c) el órgano jurisdiccional de instancia puede emitir una opinión sobre si concurre, si lo considera oportuno. d) la aprecia cada una de las secciones que integran la Sala tercera del TS.

La inadmisión del recurso de casación: a) se decide en todo caso por providencia. b) se decide siempre por auto. c) se decide por providencia, como regla general, salvo los casos legalmente previstos que lo será por auto. d) ninguna de las anteriores es correcta.

El escrito de interposición del recurso de casación: a) se presenta ante la sección de admisión del TS. b) no debe exceder de 25 folios, según el acuerdo de la Sala de Gobierno del TS. c) debe presentarse en un plazo de 20 días. d) se presenta ante el órgano judicial que dictó la resolución impugnada.

Las pretensiones que se formulan a través del recurso de casación: a) puede ser de anulación total o parcial de la sentencia recurrida, de resolución del litigio por la propia Sala Tercera o retroacción de las actuaciones. b) sólo puede ser la pretensión de anulación. c) pueden ser de revisión de los hechos declarados probados y de anulación total o parcial de la sentencia impugnada. d) ninguna de las anteriores es correcta.

La vulneración de un derecho fundamental por la sentencia recurrida en casación: a) es indicio de interés casacional objetivo si se ha dictado en un procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales. b) es un supuesto de presunción iuris et de iure de concurrencia de interés casacional objetivo. c) puede ser alegada siempre en casación, incluida la infracción del derecho de reunión por sentencia desestimatoria del recurso contra la resolución gubernativa de prohibición de una manifestación. d) sólo puede ser alegada en unión de una infracción de legalidad ordinaria de carácter estatal.

El recurso de casación es: a) un recurso extraordinario y devolutivo. b) un medio de impugnación que tiene una función nomofiláctica. c) un medio de impugnación que garantiza la igualdad en la aplicación de la Ley. d) son correctas todas las anteriores.

El contenido de las contestaciones a consultas tributarias: a) Es vinculante tanto para la administración como para el contribuyente. b) Es vinculante para la administración y los tribunales, pero no para el contribuyente. c) Es vinculante únicamente para los órganos de aplicación de los tributos. d) Es vinculante únicamente para el contribuyente.

El señor X es un reputado profesional en el campo de la cirugía plástica, estética y reparadora. En los últimos años ha adquirido cierta relevancia social por sus exitosas operaciones de liposucción realizadas a personajes célebres del mundo del espectáculo, el cine y la televisión. El señor X ha recibido una notificación de la Agencia Tributaria por la que se le requiere que aporte información, exclusivamente, acerca de los honorarios percibidos durante el año anterior por las intervenciones practicadas a un conocido presentador de televisión. Señale la respuesta correcta: a) El señor X está obligado a aportar esa información. b) El señor X puede negarse a la aportación de esa información amparándose en su secreto profesional. c) El señor X puede negarse a la aportación de esa información amparándose en la protección de la intimidad de su cliente. d) El señor X puede negarse a la aportación de esa información amparándose en la irrelevancia de la información a efectos tributarios.

El contenido de una autoliquidación: a) No puede ser empleado para perjudicar los intereses de los contribuyentes, por lo que basta con una mera declaración del obligado tributario para invalidar su contenido. b) Se presume cierto, por lo que corresponde al obligado tributario probar que su contenido es erróneo. c) No altera la regla general de reparto de la carga de la prueba en materia tributaria previsto en la LGT. d) Obliga a la administración, pero no al contribuyente.

-¿Puede la administración tributaria obtener información bancaria de terceros sin su consentimiento?. a) En ningún caso puede, ya que, si no recaba consentimiento, vulneraría la Ley Orgánica de Protección de Datos. b) No puede ya que vulneraría la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero este impedimento se puede solventar mediante autorización judicial. c) Puede, en cualquier caso, independiente del tipo de información que esté recabando. d) Puede solamente si dicha información tiene trascendencia tributaria.

La obligación de comunicar mecanismos transfronterizos (DAC-6): a) Recae sobre los intermediarios que asesoran al cliente sobre estrategias de planificación fiscal internacional y aplica a todas las operaciones transfronterizas que superen los cien mil euros de cuantía. b) Recae sobre los intermediarios (nunca sobre el obligado tributario) y aplica a ciertas operaciones transfronterizas, que son las que cumplan las características previstas en la Directiva de cooperación administrativa en el ámbito tributario. c) Recae sobre los intermediarios que asesoran al cliente sobre estrategias de planificación fiscal internacional agresiva y aplica en casos en que exista fraude o simulación. d) Recae sobre los intermediarios generalmente y aplica a ciertas operaciones transfronterizas, que son las que cumplan las características previstas en la Directiva de cooperación administrativa en el ámbito tributario.

-¿Pueden los obligados tributarios negarse a presentar un documento que la administración ya tiene en su poder?. a) No, siempre tienen que presentar la documentación que la administración requiera para llevar a cabo sus funciones. De otra manera, dicha conducta podría ser objeto de sanción por obstrucción a la actividad de la administración. b) Sólo pueden negarse si dicha información carece de trascendencia tributaria. c) Sí pueden negarse, así lo prevé expresamente la LGT. d) No pueden negarse, si bien su conducta no será objeto de sanción.

En referencia al valor probatorio de las diligencias: a) Las diligencias constituyen actos administrativos sujetos al régimen de recursos previsto en la normativa tributaria y la normativa de procedimiento administrativo común. b) Las diligencias constituyen actos administrativos no susceptibles de recurso. c) Las diligencias son consideradas documentos públicos, por lo que hacen prueba de los hechos en ella reflejados, salvo que el contribuyente demuestre que su contenido es erróneo. d) Las diligencias son consideradas documentos públicos, por lo que hacen prueba de los hechos en ella reflejados, sin posibilidad de que el contribuyente rebata su contenido.

El plazo de los procedimientos iniciados de oficio: a) Se computa desde la notificación del acuerdo de inicio de las actuaciones. b) Se computa desde el momento en que el obligado tributario comparece ante la administración para presentar la documentación que ésta haya requerido. c) Se computa desde que la administración comience a comprobar la situación tributaria del obligado tributario. d) Se computa desde que el obligado manifieste su conformidad o disconformidad con el inicio de las actuaciones.

Si un obligado tributario rechaza la notificación del inicio de actuaciones inspectoras: a) La notificación se entenderá por efectuada. b) La administración deberá notificar por edictos. c) La administración podrá hacer uso de sus facultades de autoridad pública para entrar en el domicilio del obligado para forzar la admisión de la notificación. d) La administración podrá imponer una sanción al obligado por este motivo.

-¿Debe un abogado revelar información sujeta a secreto profesional de su cliente con implicaciones en el ámbito tributario?. a) No, en ningún caso. b) Solamente cuando la información tiene trascendencia tributaria. c) Solamente si así lo determina un juez. d) Sí, en cualquier caso, a requerimiento de la administración tributaria.

Indique qué impuesto no se encuentra sujeto al régimen de autoliquidación: a) Los impuestos aduaneros. b) Impuesto sobre la renta de las personas físicas. c) Impuesto sobre el patrimonio. d) Impuesto especial sobre el tabaco.

En relación con las liquidaciones tributarias: a) La liquidación provisional es susceptible de ser rectificada mediante el ejercicio de las facultades de comprobación e investigación por la Administración en tanto no haya transcurrido el período de prescripción. b) La liquidación provisional, en el momento en que se convierte en definitiva, al haber transcurrido el plazo para su impugnación por el sujeto pasivo, ya no es susceptible de ser revisada por la Administración en ningún caso. c) Las liquidaciones definitivas siempre son firmes, por lo que no son susceptibles de revisión por la Administración en ningún caso. d) La administración puede comprobar e investigar los hechos que dieron lugar a una liquidación provisional en todo caso, siempre y cuando el cauce empleado sea el procedimiento de inspección.

La liquidación tributaria: a) Es un acto de la administración tributaria que determina el importe de la deuda que resulte de acuerdo con la normativa tributaria. b) Es un documento que el contribuyente presenta para cumplir con sus obligaciones fiscales, en que relaciona hechos relevantes para que la administración calcule la deuda. c) Es un documento que el contribuyente presenta para cumplir con sus obligaciones fiscales, en que relaciona hechos relevantes y calcula la deuda resultante. Siempre irá acompañado por el ingreso de la cuantía resultante. d) Es un documento que el contribuyente presenta para cumplir con sus obligaciones fiscales, en que relaciona hechos relevantes y calcula la deuda resultante. No tiene por qué ir acompañado por el ingreso de la cuantía resultante.

El Sr. X solicita la valoración fiscal del adosado que pretende transmitir para que la Administración se posicione antes de efectuar una operación, sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. A los siete meses recibe respuesta de la administración, que tasa el inmueble en 700.000€. El Sr.X no está conforme con la valoración puesto que ha consultado con un perito y entiende que el valor correcto asciende a 690.000€. El Sr.X pretende presentar la liquidación del impuesto en plazo ¿qué podrá hacer?. a) El Sr.X está vinculado por la valoración de la administración, pero podrá recurrir la valoración antes de efectuar la liquidación del impuesto. b) El Sr.X podrá liquidar el impuesto empleando la valoración efectuada por el perito que contrató. c) El Sr.X debe promover una tasación pericial contradictoria antes de efectuar la liquidación del impuesto. d) El Sr.X está vinculado por la valoración de la administración, y no podrá recurrir la valoración antes de efectuar la liquidación del impuesto.

La apertura de un procedimiento de verificación de datos: a) Responde a supuestos tasados en la norma. b) Puede llevarse a cabo por la administración en cualquier circunstancia, si bien los medios de actuación están limitados. c) Puede iniciarse a instancia de parte. d) Sólo puede ser instada por órganos de inspección de los tributos.

La notificación de inicio de actuaciones de un procedimiento de comprobación limitada: a) Debe contener en todo caso un requerimiento de información hacia el obligado tributario. b) Debe practicarse en todo caso por medios telemáticos. c) Puede contener una propuesta de liquidación provisional sin haber dado audiencia al interesado de manera previa. d) Puede requerir al interesado para que presente sus cuentas anuales, si bien de manera voluntaria.

El Sr. A presentó en periodo voluntario la autoliquidación del IRPF del año 2018 el 28 de junio de 2019 (el plazo finalizaba el 30 de junio). En la citada autoliquidación omitió la ganancia patrimonial derivada de la venta de acciones (1.200 acciones de la sociedad Y). El 18 de febrero de 2022 recibió una notificación de la AEAT por la que se inició un procedimiento de comprobación limitada, en relación con las ganancias patrimoniales obtenidas en el IRPF en el ejercicio 2019. Tras distintos requerimientos y diligencias suscritas en el curso del mencionado procedimiento, finalmente, el 25 de septiembre de 2022, el órgano de gestión tributaria de la AEAT notificó al Sr. A una liquidación provisional por importe de 7.800 €. De acuerdo con la regulación legal y reglamentaria de dicho procedimiento señale la respuesta correcta: a) El procedimiento ha caducado y no cabe iniciar un nuevo procedimiento de comprobación, dado que ha prescrito el derecho de la administración tributaria a determinar la deuda tributaria. b) El procedimiento no ha caducado, pero al incumplirse su plazo de duración, no se ha interrumpido el plazo de prescripción. c) El procedimiento ha caducado, pero en el presente caso ello no impide iniciar un nuevo procedimiento de comprobación. d) El procedimiento no ha caducado, pero el ingreso que presente el obligado tributario será considerado espontáneo.

La valoración resultante de un procedimiento de comprobación de valores: a) Admite recurso de manera independiente, si bien también se puede instar la tasación pericial contradictoria. b) Puede ser discutida por un perito propuesto por el obligado, cuyo criterio prevalecerá si no es inferior al 15% del valor comprobado. c) Puede ser discutida por un perito propuesto por el obligado, cuyo criterio prevalecerá si no es inferior al 20% del valor comprobado. d) No admite recurso de manera independiente, si bien el obligado tributario puede instar la tasación pericial contradictoria.

La señora A presentó e ingresó el 5 de junio de 2024 una autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2023, omitiendo los rendimientos de capital inmobiliario derivados del alquiler de un apartamiento turístico. Ante el temor de que la AEAT inicie un procedimiento de inspección para regularizar su situación tributaria en relación con el citado impuesto, señale la respuesta correcta (asumiendo que el período de liquidación del IRPF de 2022 finaliza el 30 de junio de 2024): a) La señora A puede presentar una autoliquidación complementaria que incluya los rendimientos omitidos. b) La señora A puede presentar una rectificación de autoliquidación que recoja los rendimientos omitidos. c) La señora A puede solicitar la rectificación del error material derivado de la omisión de los rendimientos. d) La señora A puede solicitar la rectificación del error material derivado de la omisión de los rendimientos.

Indique en qué supuestos es necesario prever un trámite de audiencia del interesado: a) Comprobación de valores. b) Comprobación limitada y comprobación de valore. c) Verificación de datos y comprobación de valores. d) Comprobación de valores, comprobación limitada y verificación de datos.

El incumplimiento del plazo de 6 meses de duración del procedimiento sancionador: a) No supone el archivo de las actuaciones, pero éstas no tendrán la consideración de requerimiento previo a efectos de presentación de una autoliquidación extemporánea espontánea. b) Supone el archivo de las actuaciones, pero la administración puede abrir un procedimiento nuevo siempre y cuando aparezcan nuevos hechos relevantes. c) Implica la imposibilidad de iniciar un nuevo procedimiento. d) Supone el archivo de las actuaciones, pero la administración puede abrir un procedimiento nuevo siempre que la conducta del obligado tributario.

En relación con el desarrollo del procedimiento sancionador: a) Con carácter general, la imposición de sanciones se realizará por el juez mediante el expediente que le remita la Administración Tributaria instruido en la comprobación de la situación tributaria del sujeto infractor. b) Con carácter general, la imposición de sanciones se realizará mediante un expediente distinto o independiente del instruido para la comprobación de la situación tributaria del sujeto infractor, salvo cuando el resultado de esta hubiera arrojado una cuota tributaria a ingresar, en cuyo caso se tramitarán conjuntamente. c) Con carácter general, la imposición de sanciones se realizará en el mismo expediente instruido para la comprobación de la situación tributaria del sujeto infractor, salvo que hubiera conformidad a la propuesta de regularización, circunstancia que determinará la apertura de expediente distinto. d) Se puede apreciar infracción tributaria cuando se pruebe que el inspeccionado solicitó indebidamente devoluciones derivadas de la normativa del tributo mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes.

Indique cuál de los siguientes supuestos no podría dar lugar, en ningún caso, a la aplicación del régimen de estimación indirecta de bases imponibles. a) El incumplimiento sustantivo de las obligaciones contables. b) La resistencia, negativa u obstrucción a la labor de la Inspección. c) La falta de presentación de las declaraciones tributarias. d) El retraso en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La tramitación de la liquidación vinculada a la posible comisión de un delito fiscal: a) Debe suspenderse de inmediato, pues las investigaciones correrán a cargo del juez instructor. b) No se suspende, sino que continúa hasta la notificación de la liquidación. c) Debe suspenderse a petición del obligado tributario, sin necesidad de que aporte garantías. d) Debe suspenderse, si bien el juez instructor recabará auxilio del órgano que ha tramitado el procedimiento de comprobación.

Señale qué conducta no conlleva sanción: a) Solicitar indebidamente devoluciones mediante el falseamiento de datos. b) Cuando se presenta una autoliquidación en plazo pero no se ingresa el importe de la deuda. c) Incumplimiento de obligaciones de facturación. d) Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración encaje en los supuestos tasados que señala la LGT para este tipo de situaciones.

El principio de responsabilidad en materia de infracciones tributarias: a) Refleja el carácter subjetivo de las normas punitivas. b) Refleja la posibilidad de que los responsables, tanto solidarios como subsidiarios, puedan tener que responder por las sanciones del obligado tributario. c) Refleja el carácter temporal de la pena. d) Refleja la posibilidad de que los responsables solidarios (no así los subsidiarios) puedan tener que responder por las sanciones del obligado tributario.

Tras el desarrollo de las actuaciones inspectoras respecto del IS de 2020 y 2021 de un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal en el que la Sociedad Y es la matriz del grupo, iniciadas el 10 de diciembre de 2022 (fecha de notificación de inicio), la inspección tributaria ha incoado un acta en conformidad, y como consecuencia se procede a regularizar la situación del contribuyente. En concreto, ha notificado liquidación por cada periodo inspeccionado el día 11 de mayo de 2024. ¿Se ha practicado correctamente la notificación?. a) La notificación se ha efectuado en un plazo superior a 18 meses y, por tanto, el procedimiento ha caducado. b) La notificación se ha producido en un plazo superior a 18 meses y, aunque el procedimiento no ha caducado, ello dará lugar a la aplicación de las consecuencias previstas en el art.150.6 LGT. c) La notificación se ha efectuado en plazo, que en este caso es de 27 meses desde la notificación de inicio de las actuaciones inspectoras. d) La notificación se ha efectuado en plazo, pero aplican las consecuencias previstas en el art.150.6 LGT.

Indique cuál de las siguientes circunstancias se menciona expresamente en el art. 53 LGT como presupuesto de aplicación de la estimación indirecta de bases imponibles: a) La comisión de un delito de defraudación tributaria del artículo 305 del Código penal por disfrute ilícito de beneficios fiscales. b) La renuncia expresa al régimen de estimación objetiva. c) Tener el sujeto pasivo la condición de empresario o profesional. d) El incumplimiento sustancial de las obligaciones contables.

El acta de conformidad: a) Se extiende cuando el obligado tributario acepta íntegramente la propuesta de liquidación efectuada por el inspector actuario. b) Procede cuando el actuario estima correcta la conducta del obligado, no habiendo por tanto necesidad de regularizar su situación. c) Procede cuando el actuario estima que debe regularizarse la situación tributaria del obligado y no resulta, sin embargo, una deuda a ingresar. d) Procede cuando el actuario considera que debe regularizarse la situación tributaria del obligado y resulta una deuda a ingresar que el obligado ya satisfizo en su momento.

-El Sr.X, abogado de profesión, está siendo objeto de una inspección por el IRPF de los ejercicios 2020 a 2013. El inspector ha requerido varias veces al Sr.X para que presente los documentos contables relativos a su actividad económica, pero éste se niega a aportar tal información. No obstante, entre las pertenencias incautadas al abogado en un registro que se practicó al inicio del procedimiento, se encuentra un USB que contiene un programa de contabilidad B (paralela) cuya veracidad es más que dudosa, puesto que hay contradicciones insalvables respecto a cierta información que obra ya en poder de la inspección, obtenida de terceros clientes y proveedores. Señale la respuesta correcta y razone su elección: a) El inspector deberá calcular la base imponible según el método de estimación directa, empleando los datos que obran ya en poder de la Administración y los resultantes de la contabilidad paralela. b) El inspector deberá calcular la base imponible según el método de estimación objetiva, método que obvia la deducción de gastos derivados de la actividad económica. c) El inspector deberá calcular la base imponible según el método de estimación indirecta y no se permitirá la deducción de gastos derivados de la actividad económica salvo que el contribuyente los pruebe. d) El inspector deberá calcular la base imponible según el método de estimación indirecta y deberá tener en cuenta aquellos gastos derivados de la actividad económica que descubra a lo largo del procedimiento.

Si la administración ha dictado una liquidación sin haber notificado al contribuyente y han pasado 3 meses desde la notificación de la providencia de apremio resultante: a) El contribuyente podrá presentar un recurso económico-administrativo frente a dicha liquidación. b) El contribuyente deberá instar un procedimiento de rectificación de errores. c) El contribuyente podrá instar la declaración de nulidad de pleno derecho. d) El contribuyente deberá instar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

En relación con el ingreso correspondiente a una declaración-liquidación realizada fuera de plazo sin requerimiento previo: a) Se aplicarán simplemente los intereses de demora y las sanciones por la infracción tributaria simple cometida. b) Si se efectúa dentro del sexto mes siguiente al término del plazo voluntario de presentación e ingreso se aplicará un recargo único del 6%, con exclusión de los intereses de demora y de las sanciones que en otro caso hubieran podido exigirse. c) Si se efectúa dentro de los tres meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso se aplicará un recargo único del 5% y los intereses de demora. d) Si se efectúa dentro de los doce meses siguientes al plazo voluntario de presentación e ingreso dará lugar a la exigencia de un recargo único del 15% y las sanciones correspondientes.

Ante un supuesto de duplicidad en el pago de una sanción por parte de un obligado tributario, se debe instar: a) Un procedimiento de devolución de ingresos indebidos. b) Un procedimiento de revocación de actos. c) Un procedimiento de rectificación de errores. d) La declaración de nulidad de pleno derecho de uno de los pagos.

En el contexto de un recurso de reposición: a) El plazo para resolver es de 1 mes desde la presentación del recurso, tras el cual se produce silencio negativo, sin que la administración quede eximida de la obligación de resolver. b) El plazo para resolver es de 1 mes desde la presentación del recurso, tras el cual se produce silencio negativo, quedando la administración eximida de la obligación de resolver. c) El plazo para resolver es de 1 mes desde la presentación del recurso, tras el cual se produce silencio positivo, quedando la administración eximida de la obligación de resolver. d) El plazo para resolver es de 6 meses desde la presentación del recurso, tras el cual se produce silencio negativo, quedando la administración eximida de la obligación de resolver.

Tras la notificación de una liquidación resultante de un procedimiento de inspección el día 16 de mayo de 2023, el período de pago voluntario se extiende: a) Hasta pasado 1 mes. b) Hasta el día 5 del mes posterior. c) Hasta el día 5 del segundo mes posterior. d) Hasta el día 20 del mes posterior.

El Sr.X, propietario de una joyería en el centro de Madrid acaba de recibir una notificación expedida por órganos de recaudación en que se indica que se han embargado dos de las cuentas corrientes de su negocio. Al preguntar por tal actuación, le responden que el embargo va referido al procedimiento de recaudación referido a una providencia de apremio referida al IRPF de 2020. Señale la respuesta correcta: a) Los órganos de recaudación no están facultados para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Sólo un juez puede autorizar el embargo de cuentas corrientes. b) Los órganos de recaudación están facultados para llevar a cabo este tipo de actuaciones. c) Los órganos de recaudación están facultados para llevar a cabo este tipo de actuaciones, si bien debían haber notificado al joyero la actuación previamente. d) Los órganos de recaudación no están facultados para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Deberían haber recabado auxilio de los órganos de inspección.

El Sr. X presenta declaración extemporánea sin requerimiento previo referida al IRPF de 2023, 16 meses después de haber finalizado el plazo para declarar. No ingresa la deuda correspondiente, pero solicita un aplazamiento. Señale la respuesta correcta suponiendo que dos meses después la administración le notifica que no acepta la solicitud de aplazamiento, pero el Sr. X abona la deuda tributaria antes de que le notifiquen la providencia de apremio: a) El Sr. X tendrá que hacer frente a la cuota del impuesto y un recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo del 10% e intereses de demora. b) El Sr. X tendrá que hacer frente a la cuota del impuesto y un recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo del 20%. c) El Sr. X tendrá que hacer frente a la cuota del impuesto, un recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo del 20% e intereses de demora. d) El Sr. X tendrá que hacer frente a la cuota del impuesto, recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo, recargo del período ejecutivo e intereses de demora.

El inicio del período ejecutivo: a) Lleva aparejado, en todo caso, el devengo de un recargo de apremio del 20 por 100 de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora, devengadas desde el inicio del período ejecutivo. b) Lleva aparejado, en todo caso, el devengo de un recargo de apremio del 20 por 100 de la deuda no ingresada, con exclusión de los intereses de demora. c) Lleva aparejado el devengo de un recargo de apremio del 20 por 100 de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora, salvo que el deudor satisfaga la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio, en cuyo caso se le excluirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo. d) Podría llevar aparejado el devengo de un recargo de apremio del 20 por 100 de la deuda no ingresada, así como el de los intereses de demora, aunque si el deudor satisface la deuda antes de la notificación de la providencia de apremio, el recargo de apremio será del 5 por 100 y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

La Ley General Tributaria recoge un procedimiento de revisión de oficio, en virtud del cual la Administración: a) Puede corregir, de oficio o a instancia de parte, los errores materiales y aritméticos, pero no los de hecho. b) Puede corregir, de oficio o a instancia de parte, los errores materiales y de hecho, pero no los aritméticos. c) Puede corregir, exclusivamente de oficio, los errores materiales, aritméticos y los de hecho. d) Puede corregir, de oficio o a instancia de parte, los errores materiales, aritméticos y los de hecho.

Con relación al ámbito objetivo de la responsabilidad: a) La responsabilidad abarca en cualquier caso todos los conceptos que constituyen la deuda tributaria enumerados en el artículo 58.2 de la Ley General Tributaria. b) La responsabilidad se limita exclusivamente a la cuota tributaria, pero no alcanza a ningún otro componente de la deuda. c) La responsabilidad comprende la totalidad de la deuda tributaria, no alcanzando como regla a las sanciones ni al recargo de apremio, que sólo podrá aplicarse si el responsable no ingresa en el plazo voluntario que se le conceda para ingresar la deuda. d) La responsabilidad se limita exclusivamente a la cuota tributaria y a los intereses de demora.