TEXT - 1 Administrativo

Según dispone el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los créditos autorizados del presupuesto tienen carácter: Limitativo y vinculante. Ilimitado y vinculante. Limitativo y no vinculante.

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿a qué clasificación corresponde la división en los niveles el primero capítulo, el segundo al artículo y el tercero al concepto?. Clasificación económica. Clasificación orgánica. Clasificación por programas.

De conformidad al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de las siguientes NO se considera actividad empresarial a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas?. Las industriales. Las pesqueras. Las de servicios.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de los siguientes impuestos es un tributo indirecto?. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

De acuerdo al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de los siguientes impuestos es de establecimiento potestativo por parte de los municipios?. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Impuesto sobre Actividades Económicas.

¿A qué tipo de remuneración tendrán derecho los Magistrados del Tribunal Constitucional que hayan desempeñado el cargo durante un mínimo de tres años?. Estipendio. Indemnización por servicios prestados. De transición. Finiquito.

Estarán sujetos a licencia. El uso común general de los bienes de dominio público. El uso común especial normal de los bienes de dominio público. El uso privativo de los bienes de dominio público.

No es una facultad o prerrogativa de las Administraciones públicas para la defensa de su patrimonio, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003, 3 de noviembre): Investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio. Sancionar a terceros ante la aprobación indebida de sus bienes y derechos. Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.

Es proclamado Alcalde. El Concejal que encabece lista y que haya obtenido la mayoría simple de los votos de los Concejales. El Concejal que encabece lista y que haya obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Concejales. El Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio, si ninguno de los candidatos ha obtenido mayoría simple de los votos de los concejales.

Es un derecho individual ejercido de forma colectiva por los empleados públicos. La formación continua y la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.

No quedan sujetos al régimen de comunicación previa al Municipio. Los actos de construcción, edificación e instalación que realicen los particulares en terrenos de dominio público. Las obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación y las que modifiquen la distribución interior de las edificaciones o construcciones existentes, cualquiera que sea su uso, que no produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, el sistema estructural, no tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio, ni supongan impacto sobre el patrimonio histórico-artístico o sobre el uso privativo y ocupación de bienes de dominio público. El cerramiento de fincas, muros y vallados.

La comunicación previa conllevará: Un control municipal anterior al inicio de la actuación uso o actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora. Un control municipal posterior al inicio de la actuación, uso o actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora. No conlleva ningún tipo de control municipal.

Con la paralización inmediata de las obras en fase de ejecución que carezcan del título o presupuesto habilitante legalmente exigibles o contravengan sus condiciones, se podrán adoptar las siguientes medidas cautelares: Restauración de la legalidad urbanística mediante la legalización del acto o uso ejecutado o en curso de ejecución. Imposición de sanciones a las personas responsables por la comisión de una infracción urbanística. El precinto de los inmuebles, maquinaria y materiales, y la suspensión del suministro de los servicios de gas, agua y electricidad.

Las licencias urbanísticas se resolverán en el plazo máximo de: Dos meses. Tres meses. Un mes.

Se consideran contratos menores: Los contratos cuyo presupuesto base de licitación inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos cuyo presupuesto base de licitación es inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de suministros o de servicios, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal. Los contratos cuyo valor estimado es inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

Señale cuál de los siguientes no es un contrato administrativo: Contrato de concesión de obra. Contrato de servicio que tenga por objeto la creación e interpretación artística y literaria. Contrato de concesión de servicios.

El principio de inderogabilidad singular, recogido en el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, implica que: Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición particular. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en un acto de carácter inferior, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47.

El acuerdo de iniciación, en los procedimiento de naturaleza sancionadora, deberá contener al menos: Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la vista oral. Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos. Órgano competente para la sanción y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto culpable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 83.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de: Tres meses. Un mes. Dos meses.

Según el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP, señale la respuesta correcta: En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido.

El artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales define la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa, que contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar, como: Proposición. Dictamen. Moción.

Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en el caso siguiente: Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de recurso de constitucionalidad. Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

A los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, por presupuesto base de licitación se entenderá. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), salvo disposición en contrario. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), salvo disposición en contrario. El límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

El plazo máximo de duración de las concesiones, según el artículo 79 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, será: de 77 años. Se pueden conceder por tiempo indefinido. De 99 años.

¿Cuál de los siguientes recursos de las entidades locales no se considera como tributo propio?. Precios Públicos. Contriciones especiales. Tasas.

De las siguientes, cuál no se considera como una tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de domino público local: Autorización para utilizar en placas, patentes y otros distintivos análogos el escudo de la entidad local. Portadas, escaparates y vitrinas. Balnearios y otros disfrutes de aguas que no consistan en el uso común de las públicas.