Los principios jurídico – naturales del proceso penal son: Principio de audiencia y contradicción únicamente. Principio de igualdad de partes únicamente. Principio de audiencia y contradicción y principio de igualdad de partes. Principio de oficialidad.
Algunas fuentes del Derecho Procesal penal: LO 5/ 1995 de 2 de Mayo que regula el procedimiento ante el Tribunal del Jurado. LO 6/1984 de 24 de Mayo reguladora del procedimiento de Habeas Corpus. LO 2/1989 de 13 de Abril, reguladora del Proceso Militar. Todas las anteriores son correctas.
El conocimiento y fallo de delitos instruidos por el Juzgado Central de Instrucción corresponde a: Audiencia Nacional Tribunal Superior de Justicia Juzgado de lo Penal Juzgado Central de Menores.
La inmunidad absoluta corresponde a: Al Rey, al Jefe de Estado y a Magistrados del TC.
Al Rey, al Jefe de Estado, y a Embajadores y Diplomáticos de otros Estados acreditados en España. Al Rey y al Jefe de Estado únicamente. A Diputados y Senadores.
El delito de traición correspondería conocerlo a España en virtud del: Principio de personalidad. Principio de universalidad. Principio real o de protección. Principio de Justicia.
Recibe el nombre de acusador particular: Persona que voluntariamente comparece en el proceso penal ejercitando la acción penal sin haber sido ofendido o perjudicado por el delito. Persona que en su condición de ofendido o perjudicado por un delito perseguible de oficio público o semipúblico, ejercita la acción penal contra el responsable criminal del hecho punible. Persona que en su condición de ofendido o perjudicado por un delito privado ejercita la acción penal contra el criminal del hecho. No existe la acusación particular en el Derecho procesal penal.
Que característica de las siguientes es errónea y por lo tanto no se da en la acusación particular: Es ofendido o perjudicado por el delito. Interviene en procesos por delitos públicos. Ejercita la acción penal y puede ejercitar también la acción civil. Presenta carácter público, al igual que el Ministerio Fiscal.
El concepto de ofendido y victima son sinónimos: Por supuesto, todo ofendido es víctima. Hay ofendidos o perjudicados que sin entrar en la categoría de victima conforme a la LEVD, pueden ejercitar la acción penal. Ofendido y víctima no actúan como sinónimos nunca. Ninguna de las anteriores es correcta.
La constitución como parte del acusador particular concede al ofendido o perjudicado: Un haz de posibilidades totalmente distintos a los del Ministerio Fiscal. Idénticas posibilidades que al Ministerio Fiscal. La LeCrim solo le permite tomar conocimiento de las actuaciones. La LeCrim les permite tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento (salvo que el sumario haya sido declarado secreto) pedir la práctica de las diligencias sumariales que considere procedentes, solicitar la adopción de medidas cautelares, solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento tras la conclusión de la instrucción.
La victima tiene derecho, entre otros, a: Entender y ser entendida en cualquier actuación que deba llevarse a cabo desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal incluida la información previa. Derecho a disfrutar de un periodo de reflexión, así como a la interpretación y traducción. Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo, y derecho a la protección de su intimidad. Todas las anteriores son correctas.
El acusador popular: Ejerce acción penal y puede ejercer acción civil. Solo ejerce acción civil. No ejerce la acción civil. Ninguna de las anteriores es correcta.
Pueden ejercer la acción popular: El Juez o Magistrado Ciudadanos españoles que no han sido ofendidos por el delito Persona menor de edad Todos los ciudadanos pueden ejercer la acción popular, sin ninguna limitación
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La acción popular se puede ejercer ante los Juzgados y Tribunales: Del orden penal, siempre. Del orden civil. Del orden penal salvo en la jurisdicción militar, en la de menores, y en el ámbito denominado de jurisdicción universal. A y B son correctas.
Cabe ejercicio de la acción popular en: De delitos públicos, de delitos perseguibles de oficio. De delitos privados A y B son correctas. Ninguna de las anteriores es correcta.
Recibe el nombre de acusador privado: Parte acusadora privada que ejercita acción penal, pero nunca la civil, en aquellos delitos cuya
perseguibilidad exige previa querella del ofendido. Parte acusadora privada que ejercita acción penal, y en su caso la civil, en aquellos delitos cuya
perseguibilidad exige previa querella del ofendido. Parte acusadora privada que ejercita acción penal, pero nunca la civil, en aquellos delitos cuya perseguibilidad no exige previa querella del ofendido. Ninguna de las anteriores es correcta.
“Persona sometida a investigación por su relación con el delito, en diligencias previas”: Encausado. Procesado. Investigado. Acusado.
El proceso penal de adultos se puede dirigir contra: Mayores y menores de edad. Mayores de edad, que lo fuesen al iniciar el procedimiento, aunque en su comisión aun no alcanzaban dicha mayoría. Mayores de edad en el momento de comisión del delito, para el caso de los menores habrá que acudir a la Ley de Responsabilidad Penal del menor. Ninguna es correcta.
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La presencia del acusado en el juicio oral:
No es necesaria, sucede igual que el proceso civil, únicamente se le da al demandado la oportunidad de comparecer, si no lo hace el proceso seguirá su curso. Se exige que el acusado comparezca, para que pueda ser juzgado, de lo contrario su ausencia provocaría la suspensión del mismo, aunque existen algunas excepciones. Se exige que el acusado comparezca, para que pueda ser juzgado, de lo contrario su ausencia provocaría la suspensión del mismo, sin excepción alguna. Ninguna es correcta.
En el procedimiento para el juicio sobre delitos leves: La ausencia injustificada del acusado no suspende ni la celebración ni resolución del juicio, siempre que conste su citación. Suspende en todo caso la celebración del juicio, aunque coste citación. No suspende la celebración, pero no podrá dictarse resolución desfavorable. La ausencia injustificada del acusado no suspende ni la celebración ni resolución del juicio, aunque no conste su citación.
El investigado tiene derecho entre otros a: Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome declaración. Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla. Al contrario que la víctima no tiene derecho a la traducción e interpretación gratuita. A y B son correctas.
Se consideran delitos conexos, entre otros: Los cometidos por dos o más personas reunidas. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. Todas son correctas.
Se considera pluralidad sucesiva de objeto cuando: Desde el comienzo del proceso entran en él varios hechos punibles conexos. Inicialmente existían varios procesos en los que se enjuician diferentes hechos punibles, y se llegaría a un único proceso con pluralidad de objetos, esto únicamente podría suceder si dichos procesos se encuentran en fase de instrucción. Inicialmente existían varios procesos en los que se enjuician diferentes hechos punibles, y se llegaría a un único proceso con pluralidad de objetos, esto únicamente resultaría imposible si el juicio se encontrará en sentido estricto ya iniciado. Ninguna es correcta.
Se considera pretensión punitiva: Sinónimo de acción penal. Petición que se hace en un proceso penal al órgano jurisdiccional de que dicte sentencia condenando a la persona que considera autor de un delito. A y B son correctas. Ninguna es correcta.
La llamada acción civil ex delicto: Como regla general, Puede ser desistida por el perjudicado, y también es transigible. Puede ser desistida por el perjudicado, pero nunca es negociable. Puede ser negociable, pero el perjudicado nunca puede desistir. Ninguna de las anteriores es correcta.
El art 10.1 LOPJ mantiene que: A efectos prejudiciales cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente. Cada orden jurisdiccional no podrá conocer, a efectos prejudiciales, de asuntos que no le estén atribuidos privativamente. Ninguna de las anteriores es correcta. Este articulo no contempla las cuestiones prejudiciales.
Por denuncia entendemos: Declaración de conocimiento ante órgano competente. Declaración voluntad ante cualquier órgano. Declaración de voluntad ante órgano competente. Ninguna de las anteriores es correcta.
Existe la obligación de denunciar, aunque con excepciones: En delitos semipúblicos. En delitos públicos. En delitos públicos y semipúblicos. En delitos privados.
Los menores e incapacitados: No tienen la obligación de denunciar, son una de las excepciones contempladas por
la Ley. Sólo están exentos de la obligación de denunciar los incapacitados pero nunca los menores. Sólo están exentos de la obligación de denunciar los menores pero nunca los incapacitados. Ambos tienen siempre la obligación de denunciar.
La querella debe presentar: Forma escrita y oral. Forma escrita. Forma verbal. Forma escrita y otorgarse documento público.
Al tratarse de una querella, en los supuestos de delitos leves Se exige intervención de procurador pero no la firma del abogado. No se exige intervención del procurador pero debe presentar la firma del abogado. No se exige presencia del procurador ni la firma de la misma por abogado. Ninguna es correcta.
En la querella no sería necesaria: Determinación del objeto. Relación hechos. Diligencia a practicar. Calificación jurídica.
El plazo de la instrucción preliminar compleja es de: 6 meses prorrogables. 18 meses prorrogables. 12 meses prorrogables. 24 meses prorrogables.
Se conoce como instrucción preliminar: Aquellas actuaciones realizadas por el Juez de Instrucción. Aquellas actuaciones realizadas por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal. En España en el proceso penal no existe instrucción preliminar. Ninguna de las anteriores es correcta.
La instrucción judicial: La instrucción judicial:
. a) Excluye la investigación preliminar, es decir si el proceso penal se inicia por el órgano judicial competente la investigación del Ministerio Fiscal o de la Policía Judicial. No cesa la investigación preliminar, es decir el Ministerio Fiscal o Policía Judicial pueden continuar con esta aun cuando el proceso penal se inició por el órgano judicial. Será el Juez competente para la instrucción judicial el que debe decidir si cesa o no la investigación del Ministerio Fiscal o Policía Judicial.
Ninguna de las anteriores es correcta.
La LECRIM regula como forma de actuación de la Policía Judicial: Por impulso propio, que se correspondería con la instrucción preliminar. A petición de la autoridad Judicial o Fiscal. Ninguna de las anteriores es cierta. A y B son correctas.
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En cuanto a los medios para la identificación del presunto responsable: Sólo se contempla el reconocimiento en rueda. Sólo se contempla el reconocimiento en rueda y reconocimiento fotográfico. Junto al reconocimiento en rueda la LECRIM admite cuantos medios fueran
conducentes para acreditar la identidad del procesado. Solo se admite el reconocimiento fotográfico o por video. .
Los Derechos Fundamentales previstos en la UE con relación a la declaración del investigado es/ son: Derecho a la Defensa y asistencia del Letrado.
Derecho a ser informado de la acusación, imputación. Derecho a no declarar contra si mismo y no confesarse culpable. Todas las anteriores son correctas.
El presidente y demás miembros del Gobierno, en cuanto su declaración como testigos: Tienen la obligación de comparecer y declarar. Están exentos de concurrir al llamamiento y declarar. Están exentos de concurrir al llamamiento pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por su cargo. Están exentos de declarar, pero en todo caso deben concurrir.
Los testigos declaran: Separada y secretamente a presencia del Juez instructor y del Letrado de la Administración de Justicia. Conjuntamente a presencia del Juez instructor y del Letrado de la Administración de Justicia. Separadamente y con presencia del Letrado de la Administración de Justicia. Es indiferente la forma en que declaren los testigos.
Por registro entendemos: La actividad ordenada por el Juez para la que puede utilizarse incluso la fuerza física autorizando que Fuerzas de Seguridad, o Funcionarios del propio Juzgado puedan acceder al interior de un domicilio pese a la oposición de sus ocupantes. Actividad mediante la cual los Agentes y Funcionarios indicados pueden proceder a la búsqueda, localización y ocupación de los efectos o instrumentos del delito que pudieran ser hallados en domicilio de un español o extranjero. Ninguna definición anterior es correcta. A y B son correctas.
La autorización judicial, o consentimiento del titular para la entrada y registro: Es necesaria en todo caso. No es necesaria en ningún caso. No será necesaria en caso de que se trate de un flagrante delito. No será necesaria en caso de que se trate de un flagrante delito, siempre que concurran los requisitos de inmediatez de la acción, temporalidad, necesidad urgente de intervención judicial.
Sólo podrá autorizarse la captación y grabación de comunicación oral cuando se trata de: Delitos de terrorismo. En toda clase de Delitos, siempre que sean dolosos. Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de al menos tres años de prisión. A y C son correctas.
Sobre las medidas cautelares personales y reales podemos decir que: Las medidas personales recaen sobre bienes y las reales afectan al Derecho Fundamental
a la Libertad. Las medidas personales afectan al Derecho Fundamental a la Libertad y las reales
recaen sobre bienes. No existe diferencia entre ellas, ambas impiden la insolvencia sobrevenida del presunto responsable y aseguran las acciones civiles derivadas del delito. Ambas afectan al Derecho Fundamental a la Libertad del artículo 17 de la CE.
Algunas características de las medidas cautelares son:
Homogeneidad, jurisdiccionalidad y proporcionalidad. Heterogeneidad, jurisdiccionalidad y proporcionalidad. Jurisdiccionalidad, oficialidad y publicidad. Todas son correctas.
La detención por los particulares regulada en el artículo 490 LeCRIM: Puede llevarse a cabo en todo caso.
Podrá llevarse a cabo en caso de flagrante delito. Podrá llevarse a cabo en caso de fuga o rebeldía del detenido, preso o condenado. B y C son correctas.
La detención preventiva no podrá durar más de: 72 horas. 48 horas. Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas. Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso en el plazo máximo de 48 horas.
Las medidas cautelares que pueden imponerse a la persona jurídica imputada pueden ser: Clausura temporal de los locales o establecimientos. Suspensión de las actividades sociales. Intervención judicial para salvaguardar los Derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario. Todas son correctas.
Las medidas cautelares impuestas la persona jurídica: No pueden exceder de 2 años. No pueden exceder de 6 años. No pueden exceder de 5 años. No pueden exceder de 20 años.
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La competencia para el enjuiciamiento cuando el hecho sea constitutivo de delito de terrorismo cometido por menores de edad corresponde a: Juzgado de menores del lugar donde se cometió el hecho. Juzgado Central de Menores. Audiencia Nacional.
Audiencia Provincial.
La instrucción, en el proceso penal de menores se encomienda a: Ministerio Fiscal. Juzgado de Instrucción. Juzgado de Menores. Juzgado Central de Menores.
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La sentencia en un proceso penal de menores se dictará por el juez competente: En los 10 días siguientes a la terminación de la audiencia, sin perjuicio de anticipar oralmente el fallo al término de la audiencia. En los 15 días siguientes a la terminación de la audiencia, sin perjuicio de anticipar oralmente el fallo al término de la audiencia. En los 5 días siguientes a la terminación de la audiencia, sin perjuicio de anticipar oralmente el fallo al término de la audiencia. En los 20 días siguientes a la terminación de la audiencia, sin perjuicio de anticipar oralmente el fallo al término de la audiencia.
Uno de los rasgos fundamentales al artículo 117.5 de la Constitución Española en el ámbito de la Jurisdicción militar es: Que lo estrictamente castrense no puede extenderse más allá de aquello que tenga que ver con los objetivos, medios y fines de las Fuerzas Armadas. Que el estado de sitio sea determinado por las Cámaras, en especial el Senado. Que en estado de alarma se vulneren derechos fundamentales. Que sea competente en cualquier ámbito de Derecho.
Se critica según el principio de la independencia de los Órganos Jurisdiccionales Militares en: Que los vocales tengan una función pública. Que los Jefes de mando sean asimismo Jueces. Que los militares no cumplan la sentencia firme al ser una jurisdicción especial. Todas son incorrectas.
Como Característica General de la Jurisdicción militar: Cualquier Militar en estado de alarma no podrá ser Juzgado por la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Todo órgano judicial militar, en el ámbito de su competencia, será Juez ordinario predeterminado por la Ley. La jurisdicción militar se extiende a materia penal, tutela jurisdiccional en vía disciplinaria y demás materias. B y C son correctas.
Se considera calumnia: La imputación de un delito hecha conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. La acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Ambas definiciones anteriores son correctas. Ninguna de las anteriores es correcta.
Las injurias o calumnias pueden perseguirse: En virtud de querella de la persona ofendida por el delito únicamente, sin que quepa por su representante legal. En virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante
legal. Por denuncia de la persona ofendida por el delito. Por denuncia de la persona ofendida por el delito y de oficio por el Ministerio Fiscal.
La renuncia de la persona ofendida en un delito de injurias o calumnias: No extingue la acción penal. Extingue la acción penal, cuando así lo considere también el Ministerio Fiscal. Extingue la acción penal. Ninguna de las anteriores es correcta.
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