tipo test administrativo 1.1

1. En una Sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia, el letrado de la Administración de Justicia fijó la cuantía del recurso contencioso- administrativo en 135.000 euros. Dicha cuantía resulta de la suma de las dos pretensiones ejercitadas, una de 110.000 euros y otra de 25.000 euros. La sentencia estimó la pretensión de 110.000 euros, pero sin embargo desestimó la de 25.000 euros. Ante esta situación, ¿cabe interponer recurso de apelación con respecto a la pretensión de 25.000 euros?. Sí, ya que a estos efectos se tendrá que tener en cuenta la cuantía fijada por el letrado de la Administración de Justicia en 135.000 euros. No, puesto que la sentencia estima la pretensión principal y, en consecuencia, el proceso contencioso-administrativo no cabe frente a actos administrativos estimatorios. Sí, porque según se desprende de la LJCA art.81 cabe recurso de apelación cuando la cuantía de la pretensión no sea inferior a 30.000 euros. No, debido a que la cuantía del recurso en el caso de pretensiones acumuladas no implica el derecho de recurso a aquellas pretensiones que llegan a la cuantía del recurso, en la medida en que la sentencia no sea susceptible de extensión de efectos.

¿Ante que órgano administrativo se podrá interponer el recurso de alzada? Indique la respuesta correcta: Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto para que éste lo remita al superior jerárquico. El recurso de alzada se interpondrá siempre ante el órgano superior jerárquico del que dictó la resolución impugnada. Se podrá interponer ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolver el recurso. Se interpondrá ante el órgano administrativo central para que éste lo remita al superior jerárquico.

Aparte de la Administración pública contra la que se interpone el recurso contencioso-administrativo, ¿qué otros sujetos de derecho poseen la legitimación pasiva en un procedimiento contencioso-administrativo?. A) Las personas o entidades cuyos derechos e intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del recurrente. B) El tercero que actuando de buena fe vea perjudicadas sus pretensiones en un procedimiento análogo. C) Las aseguradoras de las Administraciones públicas. D) Las respuestas a) y c) son correctas.

En relación con la legitimación activa en la interposición de recurso contencioso-administrativo, ¿qué sujeto NO estaría legitimado para interponer dicho recurso?. Un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contra una disposición de una comunidad autónoma que afecte al ámbito de los fines y competencia de dicho organismo. La propia Administración de la que emanó el acto administrativo impugnado. Un particular obrando por delegación de la Administración General del Estado, con respecto a un acto de la misma. Una comunidad autónoma respecto del acto del Ministerio de Fomento que afecta al ámbito de su autonomía.

En cuanto a las reglas de determinación de competencia territorial establecidas en el LJCA: Si el acto impugnado afecta a una pluralidad de destinatarios, la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional en que tengan su domicilio los recurrentes. Si el acto impugnado afecta a una pluralidad de destinatarios, la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana. Si el acto impugnado afecta a una pluralidad de destinatarios, la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional en que tenga la sede el órgano administrativo que dictó el acto originario objeto de recurso. Si el acto impugnado afecta a una pluralidad de destinatarios, la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional que estimen conveniente las los recurrentes, acordándolo mediante votación.

No concurre interés casacional en los siguientes supuestos: La sentencia interpreta y aplica el Derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. La sentencia resuelve un proceso de impugnación del RD 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. La sentencia afecta a muchas situaciones, por sí misma o por trascender del caso objeto del proceso. La sentencia se dicta en un procedimiento relativo al derecho constitucional de reunión.

Toñi, en un procedimiento administrativo iniciado de oficio, ha sido requerida para que presente pruebas. El órgano administrativo ha establecido un período de prueba de 35 días, ya que dicho órgano se encuentra saturado de trabajo. Usted, abogado de Toñi, que sigue con detenimiento el procedimiento, advierte a Toñi de que: Dicho período de prueba excede de lo dispuesto por la LPAC, al establecer que los plazos no podrán ser superiores a 30 días ni inferiores a 10. Dicho período de prueba hará que el procedimiento sea nulo por abuso de derecho del órgano administrativo. Dicho período de prueba es contrario a la Ley, al establecerse que los plazos no podrán ser superiores a 15 días ni inferiores a 5. Aunque la E no dispone expresamente norma que fije un plazo concreto, la práctica habitual suele establecer esos períodos de prueba.

La Agencia Tributaria quiere notificar un determinado acto administrativo a Juan, pero en el momento de la notificación este no se encuentra en su domicilio, por lo que la notificación es entregada a su esposa María. ¿Es válida esta notificación?. Sí, siempre que María se encuentre en el domicilio de Juan y haga constar su identidad. No, porque las notificaciones únicamente podrán ser entregadas al obligado tributario al que se dirigen. Sí será válida la notificación a María, por ser cónyuge de Juan. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Madrid dictó auto mediante el cual se inadmitió la preparación del recurso de casación interpuesto por tu cliente Juan, al no haberse cumplido las exigencias que la LJCA art.8G.2 impone para el escrito de preparación del recurso. Contra esta resolución: Únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida por la LEC. No cabe recurso alguno. Los recursos que declaran la inadmisión son siempre recurribles en apelación. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Oleg Dostoievski, oriundo de Rusia, se pregunta: ¿cuáles son los requisitos que debe contener un visado para poder entrar en territorio español?. El visado ha de estar en vigor. El visado debe de extenderse en el pasaporte o documento de viaje que posibilite la entrada en España. El visado debe estar válidamente expedido. Todas las respuestas anteriores son correctas.

En cuanto al recurso de apelación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?. Se interpondrá ante el Tribunal que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los 15 días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Se interpondrá ante el Tribunal de una instancia superior a aquel que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los 15 días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Si transcurriese el plazo de 15 días sin haberse interpuesto el recurso de apelación, la sentencia quedará firme. Las respuestas a) y c) son verdaderas.

¿Cuál de los siguientes sujetos no está legitimado para interponer un recurso contencioso-administrativo?. La Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a un acto del Ministerio de Fomento que afecta a su ámbito de autonomía. El Consejo Superior de Deportes, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con respecto a una disposición de una comunidad autónoma que afecta al ámbito de sus fines. La propia Administración actora del acto administrativo impugnado. Un particular que obre por delegación de la Administración General del Estado, con respecto a un acto de la misma.

¿Cuál es el plazo del que dispone el juez para dictar sentencia en un procedimiento de defensa de los derechos fundamentales?. El órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 5 días desde que hayan quedado conclusas las actuaciones. El órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 4 días desde que hayan quedado conclusas las actuaciones. El órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 10 días desde que hayan quedado conclusas las actuaciones. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán: A los 6 meses. Al año. A los 3 años. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En la fase de determinación del justiprecio, ¿quién extenderá hoja de aprecio?. El Jurado Provincial de Expropiación. El propietario en el plazo de 20 días, cuando no hay acuerdo para la determinación del justiprecio. El Consejo de ministros, cuando por ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública para categorías o clases determinadas de obras, servicios o concesiones. La Administración no extenderá nunca hoja de aprecio en la determinación del justiprecio.

Al escrito de interposición se habrá de acompañar necesariamente la siguiente documentación: A) El documento que acredite la representación del compareciente en todo caso. B) El documento que acredite la legitimación del recurrente en caso de que la ostente por haberla recibido por herencia o por cualquier otro título. C) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si estuviese unido a otras actuaciones de un recurso pendiente de resolución ante el mismo tribunal. D) Las respuestas b) y c) son correctas.

En lo que respecta a las transacciones judiciales en el procedimiento contencioso-administrativo, señale cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera: A) El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen. B) El intento de conciliación podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia. C) El intento de conciliación suspenderá el curso de las actuaciones. D) Las respuestas a) y b) son correctas.

Las salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ de las comunidades autónomas, no tienen competencia objetiva para conocer de los recursos que se deduzcan en relación con: Disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-administrativo Central en materia de tributos cedidos. Convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito de la comunidad autónoma. En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.

Abel interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial que había presentado, como consecuencia de los daños sufridos en un accidente al caer en una zanja que no estaba señalizada en una de las calles de Valladolid. El Ayuntamiento, en su escrito de contestación, alega nuevos hechos que podrían desvirtuar la relación de causalidad entre los daños sufridos y la actividad municipal. Ante esta circunstancia, ¿actuará correctamente Abel si pidiese el recibimiento a prueba para esclarecer estos nuevos hechos?. Abel únicamente podrá aportar los documentos que tengan por objeto desvirtuar las alegaciones contenidas en la contestación a la demanda. Se desestimaría la petición porque las pruebas únicamente pueden proponerse y practicarse de oficio. Abel actuaría correctamente siempre que lo hiciera dentro de los 5 días siguientes al de la notificación de la contestación de la demanda. El tribunal desestimaría el recibimiento a prueba en esta fase, ya que la prueba se puede solicitar, únicamente, en los escritos de demanda y contestación, y en los escritos de alegaciones complementarias.

En un procedimiento general de expropiación forzosa, una vez determinado el justiprecio, ¿cuál es el plazo máximo del que dispone la Administración expropiante para retribuir el justiprecio al administrado?. Según dispone la ley, una vez determinado el justo precio, la Administración expropiante procederá al pago de la cantidad que resultare del justiprecio en el plazo máximo de 3 meses. Según dispone la ley, una vez determinado el justo fprecio, la Administración expropiante procederá al pago de la cantidad que resultare del justiprecio en el plazo máximo de 6 meses. Según dispone la ley, una vez determinado el justo precio, la Administración expropiante procederá al pago de la cantidad que resultare del justiprecio en el plazo máximo de 2 meses. Según dispone la ley, una vez determinado el justo precio, la Administración expropiante procederá al pago de la cantidad que resultare del justiprecio en el plazo máximo de 1 año.

¿Cuál es el principio o principios que delimitan el régimen de otorgamiento de autorizaciones?. El principio de no discriminación en función de la nacionalidad del solicitante. El principio de necesidad. El principio de proporcionalidad. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De los sujetos de derecho que aparecen aquí enumerados, ¿cuál de ellos no goza de legitimación activa para interponer recursos contencioso- administrativos contra la Administración?. Las personas jurídicas en general. El deportista sancionado por dopaje en un procedimiento contencioso administrativo contra una resolución sancionadora del Tribunal Administrativo del Deporte. Los particulares cuando actúen por delegación o como agentes o mandatarios de la Administración autora del acto, disposición o actuación. Las entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten a su autonomía y hayan sido dictados por la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Se entiende que un extranjero está en régimen de estancia: Cuando está autorizado para permanecer en España por un período de tiempo no superior a 60 días. Cuando está autorizado para permanecer en España por un período de tiempo no superior a 90 días. Cuando está autorizado para permanecer en España por un período de tiempo no superior a 90 días, sin perjuicio de lo dispuesto en la LO 4/2000 art.33 para la admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, actividades de investigación, prácticas no laborales o voluntariado. Cuando está autorizado para permanecer en España por un período de tiempo no superior a 60 días, sin perjuicio de lo dispuesto en la LO 4/2000 art.33 para la admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, actividades de investigación, prácticas no laborales o voluntariado.

¿Cómo se define el procedimiento para la obtención de autorizaciones administrativas?. Tiene carácter reglado. Debe ser objetivo e imparcial. Debe ser transparente, proporcionado al objetivo de interés general y darse a conocer con antelación. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Es posible la sustitución del recurso de alzada en las leyes por otros procedimientos de impugnación?. Sólo en aquellos casos referentes a la contratación del sector público. Únicamente se prevé esta posibilidad en el procedimiento de responsabilidad de las Administraciones públicas. Sí, las leyes podrán sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje. No, en ningún caso.

En un procedimiento administrativo se ha notificado la resolución motivada al interesado y, dentro del plazo, éste ha interpuesto recurso de alzada contra la resolución. ¿La interposición de dicho recurso suspende la ejecución del acto impugnado?. La interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado de cara a dotar de eficacia a la actuación administrativa. Cuando, a juicio del órgano competente para resolver el recurso, una resolución administrativa pudiera suponer un perjuicio para el administrado de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se fundamente en causas de nulidad de pleno derecho, se podrá suspender, de oficio o a solicitud del interesado, la ejecución del acto impugnado. La interposición de cualquier recurso, nunca suspenderá la ejecución del acto impugnado, ya que los actos administrativos tienen presunción de legalidad y dotan al acto de continuidad, regularidad y eficacia de la actuación administrativa. Solo en los casos en los que el administrado funde su recurso en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho, el órgano administrativo deberá suspender la ejecución del acto administrativo.

El procedimiento de urgencia en materia expropiatoria se caracteriza por: A) Solo puede ser declarado por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, lo que restringe enormemente su aplicación. B) Con la declaración de urgencia, se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y los reformados posteriormente, y dará derecho a su ocupación inmediata. C) Puede disponerse a través de una ley sectorial, lo que lo convierte actualmente en el procedimiento más utilizado. D) Las respuestas b) y c) son correctas.

Las infracciones graves: Siempre prescribirán a los 2 años. Prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y en su defecto a los 2 años. Prescribirán a los 3 años.

Las clases de actas de inspección que se pueden dar en un procedimiento tributario son: Acta de conformidad y acta con acuerdo. Acta de conformidad y acta de disconformidad. Acta con acuerdo, acta de conformidad y acta de disconformidad. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

D. Ezequiel acude a las dependencias administrativas del Ayuntamiento de León para realizar una serie de gestiones. Súbitamente se encuentra indispuesto y, a pesar de la diligencia de los funcionarios que se encontraban en el lugar, fallece a los pocos minutos de un ataque al corazón. Sus herederos se preguntan si es posible reclamar al Ayuntamiento de León una indemnización sobre la base de la responsabilidad patrimonial de la Administración: Sí, los herederos podrán reclamar una indemnización pues la responsabilidad patrimonial de la Administración es objetiva. No, porque no se da una relación de causalidad entre la actividad administrativa y el fallecimiento de D. Ezequiel. Sí, porque el derecho a ser indemnizados surge tanto del funcionamiento anormal de la Administración como del funcionamiento normal, sin que exista ninguna circunstancia que exima a la Administración siempre que exista la relación de causalidad. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El orden jurisdiccional civil es el competente para resolver: El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que se atribuyen a la Administración concedente. Las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. Las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según se establece en la LGT, los procedimientos tributarios se iniciarán: A) De oficio o a instancia de parte. B) De oficio, a instancia de parte o a instancia del tribunal de lo contencioso-administrativo competente en el caso concreto. C) Mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. D) Las respuestas a) y c) son correctas.

Marta pretende incoar un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento de Santander por los daños sufridos como consecuencia de un accidente de moto provocado por el pésimo estado de la calzada. ¿Puede realmente instar un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial?. Sí, porque estos procedimientos siempre se inician a instancia de parte. No, porque siempre se inician de oficio. Sí, este tipo de procedimientos puede iniciarse a instancia de parte, aunque también de oficio. No, únicamente pueden iniciarse por un tercero de buena fe que haya presenciado el accidente.