Tipo test administrativo 1.3

Si una Administración pública que haya expropiado un determinado bien de un particular se demora en el pago del justiprecio, ¿a partir de qué plazo puede el expropiado exigir a la Administración intereses de demora. A) Podrán exigirse intereses de demora a la Administración expropiante transcurridos 3 meses sin que se proceda al pago, una vez determinado el justiprecio. B) Podrán exigirse intereses de demora a la Administración expropiante transcurridos 4 meses sin que se proceda al pago, una vez determinado el justiprecio. C) Podrán exigirse intereses de demora a la Administración expropiante transcurridos 6 meses sin que se proceda al pago, una vez determinado el justiprecio. D) Podrán exigirse intereses de demora a la Administración expropiante transcurridos 7 meses sin que se proceda al pago, una vez determinado el justiprecio.

Según el REF, el premio de afección a que tiene derecho el propietario de un bien expropiado, pero que, por la naturaleza de la expropiación, conserva el derecho de uso y disfrute del mismo, es. A) El 2% del importe final del justiprecio. ´. B) El 3% del importe final del justiprecio. C) El 5% del importe final del justiprecio. D) En este caso, el propietario no tiene derecho al premio de afección.

El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, siempre que concurran las siguientes circunstancias: A) Que dichos actos decidan, ya sea directa o indirectamente, sobre el fondo del asunto o que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento. B) Que dichos actos produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. C) Las respuestas a) y b) son correctas. D) Que además de cumplir con los requisitos recogidos en las letras a) y b) hayan transcurrido menos de 10 días desde la notificación de dichos actos.

¿Cuál es el plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo?. A) 2 meses desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición. B) 6 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. C) La regla general determina que 2 meses para los actos expresos y 6 para los actos presuntos. D) 6 meses desde el día siguiente al que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

Julia, que recibió notificación de la incoación de un procedimiento administrativo, ha recibido la correspondiente propuesta de resolución por parte del órgano administrativo sin que haya habido trámite de audiencia. Julia se pregunta si la actuación de la Administración ha sido correcta. Indique la respuesta correcta: A) Sí, ya que antes de la redacción de la propuesta de resolución, la administrada pudo presentar las alegaciones y aportar los documentos que estimó oportunos, por lo que no se quebrantó el principio de ser oído. B) No, ya que antes de la redacción de la propuesta de resolución, se debió dar trámite a la audiencia del interesado y haberle puesto de manifiesto el expediente íntegro, siendo causa de nulidad absoluta la resolución adoptada si se hubiera causado indefensión. C) No, el órgano administrativo debió poner de manifiesto el expediente íntegro, una vez instruido e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. D) Sí, porque el órgano administrativo entendió que el interesado había efectuado todas las alegaciones y aportado todos los documentos en defensa de sus legítimos intereses y, por tanto, está legitimado para prescindir del trámite de audiencia.

El Ayuntamiento de Palencia ha suscrito un convenio de colaboración con los ayuntamientos de dos municipios de la provincia para la construcción y explotación de un museo del románico situado en Palencia. Abierto al público, Dª María resulta lesionada por la caída de un mural que se encontraba mal colocado en el interior del museo. ¿Qué Administración responderá de los daños causados?. A) Las tres Administraciones responderán de forma solidaria. B) La responsabilidad de cada Administración se fijará atendiendo a los criterios de competencia, interés público, e intensidad de la intervención. C) La responsabilidad será mancomunada. D) La responsabilidad será del Ayuntamiento de Palencia pues es en esa ciudad en donde se encuentra el edificio que alberga el museo.

Irina, de nacionalidad rusa, recibe una notificación de que se ha iniciado un procedimiento administrativo contra su persona que puede derivar en su devolución a Rusia: A) Al no tratarse de un procedimiento penal, Irina no tiene derecho a asistencia letrada ni a la asistencia de intérprete. B) Al tratarse de un procedimiento administrativo, Irina no tiene derecho a asistencia letrada, aunque sí a la asistencia de intérprete, para no dar lugar a su indefensión. C) Irina tiene derecho a asistencia letrada y a la asistencia de intérprete, de forma gratuita si carece de recursos económicos suficientes. D) Irina no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita.

El plazo para la interposición de recurso contencioso-administrativo, cuando el acto recurrido no fuera expreso será de: A) 6 meses, y se contará a partir del día siguiente al que se ponga fin a la vía administrativa. B) 2 meses, y se contará a partir del día siguiente al que de acuerdo con la normativa específica se produzca el acto presunto. C) 6 meses, y se contará a partir del día siguiente al que de acuerdo con la normativa específica se produzca el acto presunto. D) 6 meses, y se contará a partir del día siguiente al que se pudiera considerar el silencio administrativo como positivo.

La Sra. Jiménez iba conduciendo su coche por una carretera de montaña cuando un jabalí invadió la calzada provocando que el coche se estrellara contra un muro. La carretera carecía de protección frente a la fauna salvaje. Como consecuencia del golpe, la Sra. Jiménez sufrió una serie de lesiones de las que al fin se ha curado, 2 años después de producido el accidente. ¿Puede la Sra. Jiménez iniciar un expediente de reclamación patrimonial ahora?. A) No, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho que motive la indemnización. B) Sí, en el caso de daños físicos el derecho a reclamar prescribe en 1 año desde la curación. C) No, el derecho a reclamar prescribe a los 6 meses de producido el hecho que motive la indemnización. D) Sí, la acción para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración es imprescriptible.

La empresa farmacéutica CBD, SA considera que varios preceptos de un Real Decreto por el que se regula la venta a distancia de medicamentos no son conformes a Derecho y resultan perjudiciales para sus intereses. Por ello, interpone un recurso contencioso-administrativo contra los referidos preceptos. ¿Podrá suspenderse la vigencia de los preceptos impugnados?. A) No, ya que los particulares no están facultados para alterar la vigencia de las normas del Ordenamiento jurídico. B) No, dado que la suspensión de una disposición general es contraria a los intereses generales. C) Sí, debiendo solicitar la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados en el escrito de interposición o en el de demanda. D) Sí, pudiendo solicitar la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados en cualquier fase del proceso.

Quedan excluidos del ámbito de la LCSP: A) Los contratos de obras, suministros y servicios que se celebren en el ámbito de la seguridad o de la defensa que estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la L 24/2011, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. B) Todas las respuestas son correctas. C) Los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en la LCSP o en normas administrativas especiales. D) Las encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público.

María entrega una comunicación previa al Ayuntamiento de Teruel que acredita que reúne los requisitos legales para montar una antena de televisión en el tejado de su casa. En este caso: A) María deberá llevar a cabo adicionalmente una declaración responsable, para poder instalar la antena. B) María no podrá instalar la antena de televisión hasta recibir la correspondiente autorización municipal. C) María debe presentar, además de la comunicación previa, el compromiso escrito de que se hará cargo de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros la instalación de la antena. D) María podrá instalar la antena desde el día de la presentación de la comunicación previa, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones públicas.

¿Qué ocurrirá si la Administración no remite el expediente en plazo?. A) El recurrente podrá solicitar del tribunal que se le conceda plazo para formalizar demanda. B) El recurrente no podrá formalizar demanda al no contar con el expediente para formular alegaciones. C) El recurrente podrá formalizar demanda siempre que lo solicite al juez y este lo considere conveniente. D) El letrado de la Administración de Justicia lo pondrá de manifestó a las partes por plazo de 10 días para que formalicen alegaciones.

Las sentencias de la Sección de lo contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia y de los Tribunales Centrales de Instancia serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado: A) En aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. B) En aquellos asuntos relativos a materia electoral comprendidos en la LJCA art.8.4. C) Las respuestas a) y b) son correctas. D) En aquellos asuntos cuya cuantía exceda de 30.000 euros y la sentencia no sea susceptible de extensión de efectos.

Durante un procedimiento administrativo, Jaime le pregunta, como experto abogado, si puede presentar alegaciones y aportar documentos para la defensa de sus intereses. Indique la respuesta correcta: A) Solo podrá presentar los documentos tasados en la LRJSP. B) Jaime podrá presentar alegaciones y aportar los documentos que estime oportunos admitidos por el Ordenamiento jurídico, al ser un trámite esencial proclamado por la Constitución, siempre que los aporte o presente en un momento anterior al trámite de audiencia. C) Las alegaciones deberán ser realizadas en los momentos en los que la Administración así lo estime, dando así cumplimiento al principio de que todo interesado debe ser oído en el procedimiento. D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Un ciudadano peruano, reputado arqueólogo, historiador y experto romanista ha solicitado una autorización de residencia temporal para trabajar como investigador en el descubrimiento de unas ruinas romanas. ¿Cuánto tiempo podrá trabajar en España si se le concediese dicha autorización?. A) 5 años como máximo. B) 4 años como máximo. C) 90 días como máximo. D) 3 años como máximo.

La inadmisibilidad del recurso administrativo se declarará cuando: A) El tribunal contencioso-administrativo carezca de jurisdicción. B) Se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada. C) Tuviera por objeto disposiciones, o actuaciones no susceptibles de impugnación. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

El órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación en la Administración General del Estado es: A) El Tribunal Administrativo de Contratación Pública. B) El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. C) El TS. D) La AN.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón impone una sanción a Jacinta y procede a ejecutar el acto administrativo dos días después de la imposición de tal sanción. Esta actuación de la Administración: A) Es totalmente legal pues los actos de la Administración son títulos ejecutivos. B) Es totalmente legal pues ha dejado trascurrir el plazo previsto en la LPAC para recurrir. C) No es legal, pues no se trata de un acto inmediatamente ejecutivo. D) No es legal puesto que la Administración no tiene potestades ejecutivas directas, debiendo acudir a la Sección de lo contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia para que sean estos los que ejecuten.

Podrán ser sancionadas: A) Las personas físicas que tengan capacidad de obrar y que resulten colaboradores necesarios en los hechos constitutivos de infracción administrativa. B) Las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los hechos constitutivos de infracción administrativa. C) Cualquier persona física a la cual sea imputable una infracción administrativa. D) Únicamente las personas jurídicas que resulten responsables de los hechos constitutivos de infracción administrativa.

CONSTRUCCIONES SEGURAS, SA se encuentra inmersa en un procedimiento de licitación para la construcción de un puente en Asturias. Uno de los miembros del tribunal administrativo resulta ser la mujer del director general de dicha empresa. ¿Podrían, otras sociedades presentadas al concurso, plantear la recusación de ese miembro del tribunal? Indique la respuesta correcta: A) Sí, por tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado. B) No, si dicho miembro del tribunal administrativo procede a abstenerse. C) Sí, por tener interés personal en el asunto que trata la licitación. D) Sí, ya que la Administración debe garantizar la imparcialidad más absoluta, estableciendo las reglas de recusación de los funcionarios intervinientes en cada procedimiento.

En el caso de que se dicte una sentencia anulatoria de una disposición, ¿sobre qué persona desplegará esta resolución sus efectos?. A) Solo sobre aquellas personas que hayan actuado como partes en el proceso. B) Sobre todas las personas sometidas al Ordenamiento jurídico español. C) Sobre aquellas personas que se encuentren afectadas por la referida resolución. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Entre los derechos del presunto responsable se encuentra el derecho: A) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, pero nunca de conocer la identidad del instructor, por motivos de seguridad. B) A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento jurídico que resulten procedentes. C) A una reducción en la indemnización por buen comportamiento. D) Las respuestas b) y c) son correctas.

Dª Marta interpuso recurso contencioso-administrativo, tras haber agotado la vía administrativa, exigiendo la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Gijón. Iniciado el procedimiento judicial, el Ayuntamiento decidió allanarse asumiendo la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por Dª Marta. ¿Tiene el juez que dictar sentencia de conformidad?. A) Sí. El juez, sin más trámite, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones de la demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de 10 días. B) No. Se dictará un auto o una diligencia de ordenación ya que, si el allanamiento supusiere infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico, el juez, tras oír a las partes por plazo común de 10 días, dictará la sentencia que estime ajustada a Derecho. C) No, porque no es posible allanarse en la jurisdicción contencioso-administrativa. D) No, porque el Ayuntamiento únicamente podría allanarse en el escrito de contestación de la demanda.

Entre las causas de anulabilidad de Derecho administrativo se encuentran: A) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. B) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco celebrado con varios empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema dinámico de adquisición en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitador. C) La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del contrato. D) Las respuestas b) y c) son correctas.

Presentado el recurso extraordinario de revisión frente a una resolución administrativa, ¿puede el órgano competente acordar la inadmisión a trámite sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma?. A) Sí. Siempre que dicho recurso no se funde en alguna de las causas previstas para este tipo de recurso en la LPAC, el órgano competente podrá inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión, sin necesidad de recabar el referido dictamen. B) Solo podrá inadmitir a trámite el recurso cuando se hubieran desestimado, en cuanto al fondo, otros recursos sustancialmente iguales, pero siempre recabando con anterioridad el referido dictamen. C) El órgano competente deberá recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma para inadmitir el recurso extraordinario, en cualquier caso. D) Los recursos extraordinarios deberán resolverse mediante resolución motivada, no cabiendo la inadmisión a trámite sin necesidad del referido dictamen.

Blanca, que se encuentra inmersa en un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Sanidad, es titular de los siguientes derechos: A) Derecho a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, incluidas las posteriores a la audiencia. B) Derecho a formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento, incluidas las posteriores a la audiencia. C) Derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la L 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento jurídico. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

La resolución en el procedimiento sancionador: A) Será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa, pudiendo adoptarse, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sean ejecutiva. B) Será ejecutiva cuando ponga fin a la vía ejecutiva pudiendo adoptarse, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sean ejecutiva. C) Nunca será ejecutiva, ya que para ello tendrá que iniciarse un procedimiento contencioso-administrativo. D) Únicamente será ejecutiva en los supuestos tipificados en la propia normativa sobre el procedimiento administrativo común y sobre el régimen jurídico del sector público.

A Ticio y a Plinio se les ha notificado la resolución de un procedimiento administrativo incoado a petición de los mismos, pero dicha resolución acaba condenándoles al pago de una sanción superior a la establecida inicialmente. ¿Es esto posible? Indique la respuesta correcta: A) Sí, en los casos en los que el órgano administrativo pueda probar la comisión de una infracción por parte de los administrados. B) Sí, siempre que la resolución esté suficientemente motivada, sea congruente y no vulnere el Ordenamiento jurídico. C) No, ya que nuestras normas del procedimiento administrativo prohíben expresamente que los procedimientos puedan agravar la situación inicial de los interesados. D) Sí, ya que la Administración pública ejerce la potestad sancionadora cuando queden probados los hechos típicos de la infracción administrativa.

Una funcionaria ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo solicitando el reconocimiento y abono de unos trienios. Todavía en vía administrativa, la Administración, decide reconocer y pagar los trienios reclamados. ¿Qué sucederá con el proceso iniciado?. A) La funcionaria podrá ponerlo en conocimiento del juez o tribunal, para que, una vez oídas las alegaciones de las dos partes en el plazo de 10 días, dicte auto en el que declarará terminado el procedimiento. B) El proceso continuaría su curso sin que se viera afectado por el reconocimiento de la pretensión en vía administrativa. C) El proceso seguiría su curso, pero el reconocimiento de la Administración de la pretensión en vía administrativa conllevará una reducción de las costas que se le pudieran imponer. D) La funcionaria podrá ponerlo en conocimiento del juez o tribunal, para que, una vez oídas las alegaciones de las dos partes en el plazo de 5 días, dicte auto en el que declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del recurso, siempre y cuando el reconocimiento no suponga una infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

Si un particular quisiese iniciar un procedimiento contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales de la persona contra un determinado acto administrativo. ¿Cuál sería el plazo del que dispone para interponer el recurso?. A) Dispone de un plazo de 10 días computados desde el día siguiente a la notificación del acto. B) Dispone de un plazo de 15 días computados desde el día siguiente a la notificación del acto. C) Dispone de un plazo de 48 horas computados desde el día siguiente a la notificación del acto. D) Dispone de un plazo de 20 días computados desde el día siguiente a la notificación del acto.

Aureliano Buendía, ciudadano venezolano, ha solicitado asilo político en España alegando que el actual gobierno del país le considera un contrarrevolucionario y un opositor al régimen. No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió un informe en el que se demuestra que el Sr. Buendía es un famoso asesino a sueldo y traficante de armas condenado en repetidas ocasiones y buscado por varios países de Sudamérica. ¿Debe el Gobierno español concederle asilo?. A) El gobierno español debe concederle asilo porque todos los que solicitan asilo tienen derecho a entrar en España. B) No, porque los refugiados únicamente pueden pedir asilo por motivos raciales, religiosos o sexuales, no políticos. C) No, porque tiene antecedentes penales en otros países y su entrada en España puede generar un riesgo importante para la seguridad nacional. D) No, porque para merecer la condición de refugiado tiene que haber sido condenado injustamente en el país de origen.

Pepe y Otilio son mecánicos y presentaron ante la Administración competente una declaración responsable para abrir un taller alegando que poseían las instalaciones y herramientas necesarias. Sin embargo, con motivo de varias quejas de clientes descontentos, un técnico municipal visitó su taller para comprobarlo y descubrió que el local no cumplía con los requisitos mínimos exigidos para ese tipo de actividad, por lo que se ordenó el cese de la actividad y la clausura del local. ¿Es correcta la actuación del órgano administrativo?. A) No, la Administración no puede realizar actividades de comprobación una vez que se ha presentado la declaración responsable. B) Sí, la Administración en cualquier momento puede realizar actividades de comprobación a fin de verificar que los datos de la declaración responsable son correctos y se ajustan a la realidad. C) La Administración competente puede efectuar operaciones de comprobación, pero no puede imponer sanciones. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Admitido el recurso de casación, el letrado de la Administración de Justicia de la Sección de admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS dictará diligencia de ordenación en la cual: A) Dispondrá remitir las actuaciones a la Sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de 30 días, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la secretaría de esa Sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. B) Dispondrá remitir las actuaciones a la Sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de 2 meses, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la secretaría de esa Sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. C) Dispondrá remitir las actuaciones a la Sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de 20 días, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la secretaría de esa Sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. D) Dispondrá remitir las actuaciones a la sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de 40 días, a contar desde la notificación del requerimiento del recurrente, para presentar en la secretaría de esa Sección competente el escrito de interposición del recurso de casación.