tribu parcial 3

El deber de información. No sólo se exige a los sujetos pasivos. Se limita a las propias obligaciones tributarias. Viene limitado por el secreto bancario y el secreto estadístico. Cuando afecta a terceros, no se limita a la deducida de relaciones económicas mantenidas con los mismos.

El recurso de reposición. Se inicia siempre de oficio. Es siempre obligatorio para agotar la vía administrativa. Es potestativo para agotar la vía administrativa. Es obligatorio exclusivamente en la esfera local.

Las actas de inspección con acuerdo. Permiten rebajar en un 65% la cuantía de la obligación principal liquidada. Se celebran siempre que lo proponga el obligado tributario. Exigen la tramitación conjunta del procedimiento sancionador. Sólo pueden producirse cuando no es necesaria la regularización.

Tras haber declarado un contribuyente la transmisión de un bien por valor de 400.000 euros, la Administración, tras una comprobación, valora el mismo por 600.000 euros. El obligado insta la tasación pericial contradictoria y aporta una peritación por valor de 420.000 euros. No pudiendo aceptar esta valoración se hace intervenir a un perito tercero que valora el bien por 550.000 euros. ¿Cuál será la valoración final que hay que retener y quien paga al perito tercero?. o 400.000 euros y paga la Administración. o 600.000 euros y paga el contribuyente. o 550.000 euros y paga la Administración. o 550.000 euros y paga el contribuyente.

La reclamación económico administrativa puede plantearse directamente ante el TEAC. o Cuando se ha recurrido previamente en reposición. o Cuando el acto que se pretende revisar se refiere a la hacienda estatal. o Cuando se procede per saltum. o Cuando la cuantía supera los 6.000 euros de cuota o los 72.000 euros de base o valoración.

Ante la notificación del inicio de un procedimiento inspector de alcance parcial el obligado tributario puede solicitar que dicho procedimiento tenga un alcance general. o Sin que la inspección de los tributos pueda negarse a ello. o En cualquier momento dentro del plazo de 18 o 27 meses en el que debe notificarse la resolución del procedimiento. o De forma que el rechazo de su solicitud evitará que el procedimiento interrumpa el cómputo del plazo de prescripción. o Todas las anteriores son incorrectas.

No es un órgano económico administrativo. o El TEAC. o Los Tribunales Económico administrativos regionales y locales. o La Sala Especial para la Unificación de Doctrina. o La Dirección General de Tributos.

La declaración de lesividad de un acto anulable. o Requiere informe favorable del Consejo de Estado. o Supone la anulación del mismo. o Es un requisito para que la Administración pueda acudir a la vía económico administrativa. o Sólo puede aplicarse si el acto perjudica al obligado tributario.

Tras haber declarado un contribuyente la transmisión de un bien por valor de 200.000 euros, la Administración, tras una comprobación, valora el mismo por 300.000 euros. El obligado insta la tasación pericial contradictoria y aporta una peritación por valor de 290.000 euros. ¿Puede la administración aceptar esa valoración y quién paga al perito?. o No la puede aceptar y es el contribuyente quién la paga. o La Administración puede aceptar esa valoración y le corresponde pagar al perito. o No la puede aceptar y es la Administración quién la paga. o Sí puede aceptarla y es el contribuyente quien paga al perito.

La revocación. o Sólo se aplica cuando ya existe resolución económico administrativa. o Sólo se aplica cuando ya existe sentencia judicial firme. o Sólo se aplica a actos favorables para la Administración. o Sólo se aplica a actos desfavorables para la Administración.

La inspección de los tributos puede requerir información. o A cualquier persona sobre las actividades económicas de su cónyuge. o A un abogado sobre la minuta cobrada a uno de sus clientes. o A un asesor fiscal sobre las actividades económicas de sus clientes. o Sobre cualquier tipo de operaciones y datos bancarios.

¿Puede tramitarse el recurso de reposición con posterioridad a la reclamación administrativa?. o Sí, en el supuesto de que la reclamación se hubiera presentado primero. o Sí, pero sólo si la reclamación ha sido desestimada previamente. o No, porque el órgano que dictó el acto quedaría vinculado por la resolución de la reclamación. o No, porque son dos vías de revisión que se excluyen recíprocamente.

La tasación pericial contradictoria. o Puede ser instada de oficio. o Puede arrojar un valor inferior al declarado por el obligado. o No puede arrojar un valor superior al comprobado por la Administración. o Ninguna de las anteriores es correcta.

No es una circunstancia eximente de responsabilidad por infracción tributaria. o La imputación, por los mismos hechos, de un delito contra la Hacienda Pública. o Carecer de capacidad de obrar. o Los supuestos de fuerza mayor. o Salvar el voto en una decisión colectiva.

Tras haber declarado un contribuyente la transmisión de un bien por valor de 400.000 euros, la Administración, tras una comprobación, valora el mismo por 600.000 euros. El obligado insta la tasación pericial contradictoria y aporta una peritación por valor de 420.000 euros. No pudiendo aceptar esta valoración se hace intervenir a un perito tercero que valora el bien por 680.000 euros. ¿Cuál será la valoración final que hay que retener?. o 400.000 euros. o 600.000 euros. o 420.000 euros. o 680.000 euros.

En relación con su declaración del IRPF del ejercicio 2015, cuyo plazo de presentación voluntaria terminó el 30 de junio de 2016, un contribuyente ha sido objeto de una comprobación limitada, cuya resolución le fue notificada el 15 de enero de 2017, y de un procedimiento inspector iniciado el 20 de noviembre de 2020. ¿Podría la Inspección de los tributos continuar sus actuaciones más allá del plazo de 18 meses fijado por la normativa?. o No, porque el procedimiento habría caducado. o Sí, porque si se inició dentro del plazo de prescripción ya no prescribe nunca aunque se supere el plazo legalmente establecido para su terminación. o Sí, porque el procedimiento de comprobación limitada interrumpió el cómputo del plazo de prescripción. o No, porque el derecho de la Administración a comprobar la situación del contribuyente ha prescrito.

El hecho de poner la diligencia debida en el cumplimiento de la obligación tributaria. o No exime de la posible aplicación de una sanción. o Se presume cuando se sigue una interpretación acorde con los criterios manifestados por la Administración. o Reduce la sanción en un 30%, al que se añadirá un descuento del 40% adicional si existe pronto pago. o Permite, en consonancia con la buena fe manifestada, no hacer frente al pago de la obligación tributaria.

Dictada una resolución en un procedimiento de comprobación limitada. o Cabe el inicio de un nuevo procedimiento de comprobación. o Cabe el inicio de un procedimiento de inspección. o Cabe el inicio de un procedimiento de recaudación. o Ninguna de las anteriores es incorrecta.

Las contestaciones a consultas tributarias escritas. o Vinculan a los tribunales económico administrativos. o No vinculan a los órganos encargados de la aplicación de los tributos. o Vinculan a todos los sujetos pasivos. o Todas las anteriores opciones son incorrectas.

No es una circunstancia que incremente la cuantía de la sanción. o La comisión repetida de la infracción. o El perjuicio económico para la Hacienda Pública. o La comisión de la infracción en el marco de una actividad económica desarrollada por un grupo de sociedades. o El incumplimiento sustancial del deber de facturación o documentación.

El procedimiento de inspección. o Caduca a los 18 meses de la notificación de su inicio. o No caduca aunque se sobrepase el plazo máximo de resolución. o Ni caduca ni, una vez válidamente iniciado, permite la prescripción aunque se sobrepase el plazo máximo de resolución. o Debe terminar siempre con una regularización.

Son procedimientos de comprobación a cargo de los órganos de gestión. o Verificación de datos e inspección. o Verificación de datos, comprobación limitada y comprobación de valores. o Comprobación limitada, inspección y verificación de datos. o Verificación de datos, recaudación y comprobación de valores.

Las liquidaciones definitivas. o Pueden emanar de los órganos de gestión. o Son cualquiera que emane de los órganos de inspección. o Resultan de una inspección de alcance general. o Todas las anteriores opciones son correctas.

Tras haber declarado un contribuyente la transmisión de un bien por valor de 400.000 euros, la Administración, tras una comprobación, valora el mismo por 600.000 euros. El obligado insta la tasación pericial contradictoria y aporta una peritación por valor de 420.000 euros. No pudiendo aceptar esta valoración se hace intervenir a un perito tercero que valora el bien por 380.000 euros. ¿Cuál será la valoración final que hay que retener?. o 400.000 euros. o 600.000 euros. o 420.000 euros. o 380.000 euros.

El acta de inspección. o No pone fin al procedimiento inspector. o Determina las sanciones aplicables como resultado de las actuaciones inspectoras. o Rebaja la sanción en un 40% si se firman de conformidad. o No puede impugnarse si se firma de disconformidad.

El embargo de los bienes y derechos del obligado sigue un orden de prelación. o Que resulta obligatorio para el obligado. o Que puede ser libremente alterado por el obligado. o Que se inicia por los bienes inmuebles del obligado. o Que obliga a la Administración.

No forma parte de los denominados procedimientos de aplicación de los tributos: o El procedimiento de gestión. o El procedimiento de recaudación. o El procedimiento de revisión. o El procedimiento de inspección.

El procedimiento de revisión de los actos nulos de pleno derecho permite anular. o Sólo los actos que no sean firmes en vía administrativa. o Cualquier acto que sea anulable. o Sólo actos que sean firmes en vía administrativa. o Sólo actos contrarios a los intereses de los obligados tributarios.

El procedimiento de verificación de datos. o Se inicia de oficio. o Puede terminar por caducidad. o No puede dar lugar a una liquidación definitiva. o Todas las anteriores son correctas.

El procedimiento de recaudación no se suspende. o Si se presenta una tercería de mejor derecho. o Si se presenta una tercería de dominio. o Si se presenta cualquier tipo de tercería. o Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

El procedimiento sancionador tributario. o Se tramita conjuntamente con los de comprobación o inspección. o Se tramita generalmente de forma separada del procedimiento inspector. o Se tramita conjuntamente con el de inspección si ha de firmarse un acta de conformidad. o Puede tramitarse conjuntamente si lo exige el inspector jefe.

El TEAR conocerá en única instancia las reclamaciones económico-administrativas cuya cuantía: o Supere los 6.000 euros de cuota o los 72.000 de base. o No supere los 150.000 euros de cuota o 1.800.000 euros de base. o Supere los 150.000 euros de cuota o 1.800.000 euros de base. o No supere los 6.000 euros de cuota o los 72.000 de base.

Las notificaciones. o Siempre tendrán que hacerse en el domicilio fiscal del obligado. o Pueden hacerse por edictos a elección de la Administración. o Pueden hacerse siempre de forma electrónica. o Todas las anteriores son incorrectas.

La notificación de la providencia de apremio. o Interrumpe la prescripción del derecho a determinar el importe de la obligación tributaria. o Abre un nuevo plazo para el pago en el que será de aplicación el recargo de apremio reducido. o Conlleva automáticamente el embargo de bienes suficientes del obligado. o Todas las anteriores son correctas.

El procedimiento de comprobación limitada. o No permite requerir el examen de documentación contable. o Permite realizar actuaciones fuera de las dependencias públicas. o Permite obtener información por captación. o Todas las anteriores son correctas.

Los órganos de recaudación pueden realizar funciones. o De comprobación e investigación. o De obtención de información. o De adopción de medidas cautelares. o Todas las anteriores son correctas.