La diferencia fundamental entre la sustracción de caudales o efectos públicos (art. 432 CP) y el destino a usos ajenos a la función pública (art. 433 CP) se encuentra en que: En el art. 432 CP el objeto sobre el que recae la acción tipica realizada por el funcionario —o la acción realizada por el tercero y consentida por aquel— esta constituido exclusivamente por bienes muebles, mientras que en el art. 433 CP el objeto de la acción se extiende también a los bienes inmuebles. En el art. 432 CP el sujeto activo extrae, separa, aparta los caudales o efectos públicos del ámbito del dominio publico en que se encuentran para colocarlos bajo el dominio privado, mientras que en el art. 433 CP no hay desplazamiento físico de los efectos públicos, ya que el funcionario público utiliza el bien público sin que exista una separación espacial de este del ámbito público En el art. 432 CP el funcionario público realiza la acción tipica con animus rem sibi habendi, esto es, con el propósito de incorporar definitivamente el caudal o efecto público al patrimonio del funcionario público o de un tercero, mientras que en el art. 433 CP el funcionario público ejecuta la acción tipica con un simple animus utendi, es decir, con el propósito o intención de utilizar la cosa de forma temporal y devolverla posteriormente. En el art. 432 CP se exige que el sujeto activo detente materialmente los caudales o efectos públicos, es decir, la tenencia directa y efectiva de estos, mientras que en el art. 433 CP es suficiente con que el sujeto activo tenga la disponibilidad jurídica de los caudales o efectos públicos, esto es, basta con la posibilidad de tomar decisiones vinculantes sobre estos sin necesidad de que estén efectivamente en su poder.
Los delitos que requieren la concurrencia en el sujeto de determinadas cualidades para poder ser autor de los mismos aunque existe una figura común paralela se denominan: Delitos especiales propios. Delitos especiales impropios. Delitos comunes propios. Delitos comunes impropios.
Señale cual de los siguientes enunciados no constituye un requisito de la excusa absolutoria contenida en el art. 426 CP: El particular debe haber accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva realizada por el funcionario público. El soborno debe tener lugar en una causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos
grados. La iniciativa corruptora ha de partir del funcionario público, esto es, que sea este quien haya solicitado la dávida u otra retribución al particular. La denuncia del hecho, ademas de realizarse ante la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación, debe respetar dos limites temporales: que tenga lugar antes de la apertura del procedimiento y que no haya transcurrido mas de dos meses desde la fecha de los hechos.
La opinión ampliamente mayoritaria en nuestro país, tanto entre los penalistas como entre los administrativistas, mantiene que: Entre el ilícito penal y el administrativo no hay diferencias cualitativas, sino únicamente cuantitativas. Entre el ilícito penal y el administrativo no hay diferencias cuantitativas, sino únicamente cualitativas. Entre el ilícito penal y el administrativo no hay diferencias cuantitativas ni cualitativa. Entre el ilícito penal y el administrativo hay diferencias cuantitativas y cualitativas.
Para que un funcionario cometa un delito de tortura se requiere: Que actúe abusando de su cargo. Que actúe con la finalidad de obtener una confesión o información o para castigar al torturado o por causa de discriminación. Que utilice métodos que atenten contra la integridad moral. Que se den simultáneamente los elementos mencionados en los tres números anteriores.
Señale cual de las siguientes no es una garantía o subprincipio del principio de legalidad penal recogido en el Código penal español. Garantia criminal. Garantia penal. Garantia jurisprudencial. Garantia ejecutiva.
En aquellos supuestos en que la realización del tipo o la producción del resultado típico no constituyen el fin ni aparecen necesariamente unidos a su consecución pero el sujeto los considera una consecuencia no absolutamente improbable de su conducta y cuenta con su producción, nos encontramos ante: Dolo directo de primer grado. Dolo mediato. Dolo eventual. Imprudencia consciente.
En el delito de acceso ilícito a datos de carácter reservado: Cualquier funcionario puede acceder a datos reservados de carácter personal de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos. Solo el funcionario autorizado puede acceder y utilizar los datos de carácter personal registrados en ficheros o soportes informáticos. En caso de necesidad el funcionario puede alterar los datos de carácter personal en perjuicio del titular La Ley autoriza a los funcionarios para que puedan mantenerse dentro de un sistema informático en contra de la voluntad de quien tiene el legitimo derecho a excluirlo.
Por lo que se refiere al tipo subjetivo, el delito de prevaricación judicial en causa criminal puede cometerse: Solo dolosamente. Solo con dolo directo. Dolosamente o por imprudencia. Dolosamente o por imprudencia grave.
El funcionario que promueve el abandono colectivo de un servicio público y abandona su puesto de trabajo: Realiza un acto preparatorio del delito de abandono de un servicio público. Su conducta constituirá un concurso ideal entre los delitos de promoción de abandono colectivo de un servicio público y de abandono colectivo. Cometerá un delito de promoción de abandono colectivo de un servicio público Será castigado por su participación en el abandono colectivo.
Los delitos contra el libre ejercicio de los derechos cívicos, regulados en el articulo 542 CP, se configuran como: Un tipo penal destinado a proteger los derechos electorales de los ciudadanos. Un tipo penal de carácter subsidiario o residual. Un tipo penal que protege el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los extranjeros. Todas las respuestas anteriores son falsas.
El sujeto pasivo del tipo de protección de los intervinientes en el proceso del articulo 464 del Código Penal: Sigue la formula del numerus apertus pudiendo ser cualquiera. Sigue la formula del numerus clausus siendo la persona que ha de comparecer en juicio (denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, interprete o testigo). Puede ser el Ministerio Fiscal. Las respuesta b y c son correctas.
Como requisitos de la inducción se exige de modo unánime: Que sea directa y propia. Que sea directa o indirecta y eficaz. Que sea directa y eficaz. Que sea indirecta y propia.
Las consecuencias penales de la infracción penal, como las penas y las medidas de seguridad y reinserción social que preve el vigente Código penal: Afectan a las Administraciones públicas en cuanto tales, dado que las mismas pueden ser penalmente responsables. No pueden afectar a las personas físicas que desempeñarían su función dentro de las Administraciones públicas como pueden ser los funcionarios, autoridades o empleados públicos, ya que tales Administraciones no pueden ser penalmente responsables. Pueden afectar a las personas físicas que desempeñarían su función dentro de las Administraciones públicas como pueden ser los funcionarios, autoridades o empleados públicos. Pueden afectar a las personas físicas que desempeñarían su función dentro de las Administraciones publicas como pueden ser los funcionarios, autoridades o empleados públicos, pero solo por los delitos o faltas que cometan con ocasión del ejercicio de sus cargos públicos.
El bien jurídico protegido en los delitos contra la Administración de Justicia es, principalmente: La seguridad jurídica. La persecución y castigo de los delitos y la protección de las víctimas del delito. El correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Ninguno de los anteriores ya que el bien jurídico solo puede ser individual.
El delito de comisión del deber de impedir delitos: Se refiere a todos los delitos y faltas. Se refiere solamente a todos los delitos. Se refiere solamente a todos los delitos, aunque la gravedad del delito influye en la individualización de la pena. Se refiere a los delitos que afectan a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad
sexual.
Según el vigente Código penal español será considerados autores: Los que realizan el hecho por si solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. Los cooperadores necesarios y los cómplices. Los inductores y los cómplices. Los cooperadores necesarios y los inductores.
La Constitución española en su art. 25.2. hace referencia a que "Las penas privativas de libertad... estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social...". Ello supone que en el sistema penal español no es aplicable una teoría de la pena de carácter: Absoluto. Relativo o utilitario. Mixto. El art. 25.2 CE no tiene repercusión alguna en la teoría de la pena, será el legislador el que decidirá en cada momento cual es la mas adecuada.
Cuando nos referimos a bienes jurídicos en cuya protección es fundamental tener presente el valor de su incardinación en el seno de políticas complejas de carácter social, cultural, asistencial o incluso diplomáticas y que deben situar la función del Derecho penal en un plano decididamente secundario, amortiguando el impacto fundamentalmente negativo que las regulaciones penales puedan producir, estamos hablando de bienes jurídicos de carácter: Extrapenal. Individual. Colectivo. Supraindividual.
En el delito de falso testimonio se admite: La excusa absolutoria de retracción en tiempo y forma manifestando la verdad para que surta efecto antes de la sentencia. La condición objetiva de perseguibilidad de retractación en tiempo y forma manifestando la verdad para que surta efecto antes de la sentencia. La atenuante de retractación en tiempo y forma manifestando la verdad para que surta efecto antes de la sentencia. Ninguna de las respuestas precedentes es correcta..
La estrecha conexión espacial o temporal entre las diversas acciones típicas así como la existencia de una idéntica situación de motivación desde la perspectiva subjetiva, constituyen elementos o requisitos que se suelen exigir para apreciar: La existencia de unidad tipica en sentido estricto. La existencia de unidad tipica en sentido amplio. La existencia de un delito complejo. La existencia de un delito compuesto.
Señale cual de las siguientes afirmaciones es falsa: El principio ne bis in idem solo se aplica en el ámbito penal, pero no se extiende a todo orden jurídico sancionador. El principio ne bis in idem tiene una vertiente procesal —derecho a no ser juzgado dos veces por lo mismo, o prohibición de doble proceso- y una vertiente material —derecho a no ser sancionado dos veces por lo mismo-. El principio ne bis in idem en su vertiente procesal ha sido interpretado de manera cada vez mas amplia por el Tribunal de Justicia de la Union Europea. El principio ne bis in idem es un derecho fundamental reconocido en diversos convenios internacionales.
Al particular que induce a un funcionario público a dictar una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia, se le podrá imponer: La pena prevista para los cómplices de prevaricación. La pena prevista para el autor del delito, pero siempre en su mitad inferior. La pena establecida para el funcionario público o autoridad o la pena inferior en un grado. La pena superior en grado a la correspondiente al funcionario público o autoridad.
¿Qué tipo de responsabilidad civil puede ser predicable de las Administraciones públicas por los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos cuando estos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones? Directa. Solidaria. Subsidiaria. Mancomunada.
El elemento típico mas común a los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales es: Prevalerse de un cargo público. La protección del prestigio de la Administración Pública. La actuación de los funcionarios públicos fuera de la ley o fuera de las vías legales. El abuso de la función pública.
|
